Las entrañas se nos estremecen cuando conocemos hechos tan difícilmente asumibles por la ciudadanía como los del caso Bretón. Son acontecimientos que nos unen de manera especial con quienes padecieron y están padeciendo en primera persona la violencia y la perversión de la que es capaz el ser humano. La empatía se antoja fácil, y todos, a una, reclamamos esa justicia, que se convierte casi en la única medicina posible para seguir viviendo, sobre todo para los más allegados. Y teóricamente todos reconocemos que por más que se castigue al que infringió el daño, nada puede hacer que se devuelva a la vida a dos seres inocentes. Pero aún así, vemos como la única salida que calma el profundo dolor, cargar lo más duramente posible contra el infractor, llegando incluso a pedir el mismo final para el victimario de su víctima. De ahí que, a primera vista, la cadena perpetua revisable sea el siguiente paso lógico a dar para endurecer una ley penal que parece no disuadir a aquellos que deciden actuar monstruosamente.
Categoría: <span>Política criminal</span>
Ya está aquí la cadena perpetua. Nueva vuelta de tuerca del populismo punitivo. La nueva (trigésima y pico desde 1995) reforma del Código Penal no apunta nada nuevo pues sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social.
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El alcalde de Sevilla acaba de nombrar a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesor del grupo municipal del PP en el Consistorio hispalense, con una categoría de técnico medio y unas retribuciones de 36.000 euros anuales. En unos de los actos de la plataforma de apoyo a los niños desaparecidos en Córdoba, sus convocantes reconocieron que la infraestructura de la movilización se la proporcionó el Partido Popular de Córdoba. La delegada del Gobierno del PP en Madrid, Cristina Cifuentes ha declarado al diario ABC que “no tiene sentido que el sistema penitenciario esté enfocado a la rehabilitación del delincuente”. El Ministro Gallardón prepara una reforma del Código Penal que contempla la cadena perpetua en nuestro país bajo la eufemística denominación de “prisión permanente revisable”.
Se suelen difundir varias creencias erróneas, pues no se apoyan en ninguna razón digna de tal de nombre, sino en pasiones, acerca del carácter supuestamente blando de nuestras cárceles y de nuestro sistema jurídico penal. Entran por una puerta y salen por la otra, así como que las cárceles son hoteles, son tópicos que incomprensiblemente reinan en la sociedad española y sus medios de comunicación.
La aproximadamente trigésima reforma del Código Penal de 1995 inicia su andadura como Anteproyecto en uno de los últimos Consejos de Ministros anteriores a las vacaciones de agosto. Y aún nos espera la reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, que ya se anticipa que va en la misma línea ideológica.
La línea político-criminal sigue la estela de las anteriores ―con unos matices u otros pero en lo esencial indistinta entre un partido de gobierno u otro― que se pueden sintetizar en unas ideas clave: más mano dura, populismo punitivo, modelo penal de la seguridad, uso meramente simbólico del derecho penal, autoritarismo e injusticia social.
Reproducimos el siguiente artículo de opinión, publicado ayer en www.elpais.com bajo el título «la privación de libertad», a pesar de que su autor es un sociólogo carcelero de la prisión de mujeres de Alcalá de Henares, uno de los encargados de aplicar el llamado «tratamiento penitenciario», que sustenta al mismo tiempo la mano abiertamente destructiva de la actividad penitenciaria (la del aislamiento, la deshumanización y la tortura) y la mano supuestamente benévola (la del «principio de rehabilitación» y la reinserción en la miseria), los dos aspectos inseparables y complementarios de la máquina de tortura carcelaria y de la bifurcación, una de sus estrategias fundamentales. Lo hacemos porque resume con toda claridad los argumentos esenciales del «ala izquierda» de este debate, la que carga el acento sobre la demagogia regeneracionista para justificar la cárcel. Aunque no se preocupa más que de las apariencias y formas jurídicas de esa justificación, llega a decir alguna verdad que otra.
La actual legitimidad y práctica sistemática de la tortura y de la forma degradante de aplicar la privación de libertad por parte de los estados, instancias supraestatales y grupos de poder vinculados a ellos, es uno de los exponentes del fracaso de la modernidad. Su ideario fundacional se sustentaba en la máxima de construir un orden social que garantizase derechos básicos como la vida, la intimidad o la integridad física de todas las personas. Hoy vemos cómo jamás se superaron las penas corporales y ejemplarizantes del Antiguo Régimen. Muy al contrario, se han incrementado e intensificado en crueldad y sofisticación técnica hasta límites inimaginables.
La modernidad no humanizó la penas ni prescindió de la tortura, de igual modo que no civilizó la barbarie policial y política. Lo que hizo fue construir un discurso destinado a encubrirlas. Las deslegalizó formal y meta-judicialmente, pero no las deslegitimó ni política, ni socialmente. Fabricó, desde el lenguaje ilustrado, dispositivos para invisibilizarlas y adscribirlas geopolíticamente a los lugares propios de los estados emergentes. La situó de un modo central, aunque no exclusivo, en los «espacios oscuros del poder», en las instituciones de reclusión, custodia y detención (comisarías, cárceles, centros de internamiento de extranjeros y menores, etcétera).
«Hace apenas una semana intentábamos desmontar el mito de la vinculación entre inmigración y delincuencia. Aunque pudimos comprobar como hay gente que es impermeable a los datos no nos importa, a raíz de aquello salió a colación otro de los tópicos más socorridos de los últimos tiempos: la benevolencia y laxitud del sistema penal español. No creo que, a estas alturas, quede alguien que no haya escuchado eso de que el sistema penal español es demasiado blando, que España es algo así como el paraíso de la delincuencia y que por ello todos los delincuentes planetarios (e incluso interplanetarios) vienen a parar aquí, pozo infecto de criminalidad malsana, el infierno en la Tierra, vaya.
Según el blog de la abogada Lourdes Chasco:
«Toda reforma supone un reto y, también antes de su entrada en vigor, nuestra intervención puede ser esencial.
A veces no todos los resquicios de la ley saltan a la vista y es de agradecer la iniciativa de la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía. Fruto de su trabajo, nació la Circular 70/2010, de 26 de octubre, del Consejo General de la Abogacía Española, que se remitió a los Colegios de Abogados. Se nos han ofrecido argumentos a los Letrados que defendemos a las personas condenadas a las que se les debe aplicar la nueva norma como más favorable, sin que esperemos al vencimiento del período de «vacatio legis», y promovamos la inmediata aplicación de la reforma.
Se nos allanó el camino con un formulario orientativo.
El trabajo amablemente ofrecido por Don Carlos García Castaño (Abogado y Coordinador del SOAJP de Madrid) a todos los que tengan interés en la materia, reforma del Código Penal, revisión de sentencias e inmediata aplicación de la reforma, está a vuestra disposición.»
La reforma del C. P. reduce en algunos casos la duración de las penas como por ejemplo el art. 368, sobre delitos contra la salud publica, que rebaja de la pena máxima de prisión de 9 a 6 años en caso de sustancias que causen grave daño a la salud
Ver/Descargar: REVISION-DE-CONDENA-sin-abogadoPOR-REFORMA-CODIGO-PENAL.