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CONTENIDO: Reflexiones sobre la escandalosa prepotencia judicial que ha absuelto a un policía asesino que causó la muerte, en Cáceres, en 2018. de un preso huido, Hernando Sierra, en 2018, disparándole por la espalda cuando intenataba escapar corriendo y desarmado. Referencia a la presentación, el 13 de mayo, en el CSOA la Algarroba Negra de Badajoz del libro «Fundamentos y estrategias de la COPEL», de Agustín Moreno Carmona, después de una marcha a la cárcel, durante las jornadas anticarcelarias que se celebtarán alli del 12 al 14 de mayo. Anuncio de la la XXIV marcha a la cárcel de Topas en Salamanca, el próximol 21 de mayo y de las jornadas anticarcelarias que la acompañarán a partir del 18 de mayo.

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Actividad en la calle Sociedad-cárcel

Si se hubiera cumplido la ley, ni siquiera tendría que haber entrado, pero le han tenido cuarenta y ocho días sin cuidados ni tratamiento, tirado en un patio, abandonado a su dolor, sin paliativos, sin alimentación adecuada, teniéndose que cambiar él mismo la bolsa de evacuación, sufriendo malos tratos y abusos.

Mientras las autoridades «competentes», carceleras, judiciales, gubernativas, en lugar de acelerar su excarcelación, urgente por su gravísimo estado y obligatoria según la ley, preocupados por su peligrosidad ─la de alguien a quien los médicos consideran un enfermo terminal y que no ha cometido nunca ningún delito violento─, en lugar de preocuparse por su dignidad y por sus derechos humanos, retrasaban su liberación todo lo que podían, aplicando unos mecanismos legales totalmente contradictorios con el humanitarismo ideológico de las leyes, pergeñados para neutralizar los aspectos garantistas de las mismas y potenciar los destructivos, al socaire del populismo punitivo y de la fascistización de los procedimientos de dominio pareja con el desarrollo capitalista desbocado.

«Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes». O esto es lo que dice el artículo 15 de la constitución española de 1978, todavía supuestamente en vigor. Tampoco es que nos tomemos muy en serio esa «magna ley», democratizadora del régimen franquista, y menos ese artículo por el que también queda abolida la pena de muerte, aunque no del todo, ya que permite a los militares aplicarla en tiempo de guerra. Y eso es lo que pasa con toda la palabrería constitucional y legal, que es difícil poner en claro si está hecha en nuestro favor o contra nosotrxs.

Y, aunque analizando su desarrollo legal, así como la actividad interpretativa correspondiente de la autoridad jucial y la práctica ejecutiva que van de la mano, cada vez nos convencemos más ─¡qué remedio!─ de que está hecha contra nosotrxs, cuando la dureza de la vida bajo el dominio del Capital nos agobia y no parece quedar otro recurso, a todxs se nos ocurre invocar esos derechos “concedidos” por el Estado. Sobre todo, cuando lo que te acorrala es el sistema punitivo y no puede menos que venirte la idea de que, si te castigan por desobedecer la ley, quienes deciden o ejecutan el castigo no pueden, en buena lógica, desobedecer esa misma ley que se supone están defendiendo.

Pero veamos cómo desarrolla el código penal ese principio que, al mismo tiempo que conserva la pena de muerte, prohíbe los tratos crueles, inhumanos y degradantes, para el caso de «enfermos muy graves con padecimientos incurables» que se encuentren en manos del Estado condenados a pena de cárcel, ya que la ley orgánica penitenciaria no dice nada al respecto, olvidando en una situación tan sensible la supuesta humanidad exigida por ella misma, en cumplimiento de la ley suprema.

El artículo 91 del código punitivo dicta que, en un caso así, los penados muy gravemente enfermos con padecimientos incurables, sin necesidad de haber cumplido una porción determinada de ella, “podrán obtener la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la concesión de la libertad condicional”. Y que , entonces, la administración penitenciaria «elevará el expediente de libertad condicional, con la urgencia que el caso requiera, al juez de vigilancia penitenciaria». Pero, atención a la claúsula de seguridad, porque, igual que unx tiene derecho a la vida salvo que el Estado decida, según su lógica violenta, que no lo tiene, también nos es «concedido» el derecho a ser tratados humana y dignamente, a no ser que la autoridad judicial decida, basándose en informes policiales y carcelarios, que unx no se encuentra suficientemente destrozadx para que su capacidad para delinquir y su peligrosidad hayan quedado considerablente mermadas.

Y el artículo 91 CP continúa: «Si el peligro para la vida del interno, a causa de su enfermedad o de su avanzada edad, fuera patente, por estar así acreditado por el dictamen del médico forense y de los servicios médicos del establecimiento penitenciario, el juez o tribunal podrá, sin necesidad de que se acredite el cumplimiento de ningún otro requisito y valorada la falta de peligrosidad relevante del penado, acordar la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional sin más trámite que requerir al centro penitenciario el informe de pronóstico final al objeto de poder hacer la valoración a que se refiere el apartado anterior». Reiterando, para que nadie lo olvide, el conjuro asegurador.

No requiere muchos comentarios esta lógica de la dignidad humana supeditada, incluso en los casos más extremos, al rígido formalismo de la violencia llamada «legítima» y del sometimiento frente a ella. El sentido común ya comprende que toda esa palabrería y los «razonamientos» compuestos a su sombra serían absurdos o grotescos, si no se revelaran al primer vistazo como lo que son, el producto de la petulancia prepotente de un poder arbitrario y abusivo.

Y en manos de esa prepotencia que cumple siempre sus amenazas y rara vez sus promesas de autolimitación «humanitaria» ha estado Alberto Romero Varela esos cuarenta y ocho días, preso en la horrible cárcel de Teixeiro, donde reinan la arbitariedad y el abuso. El último día en total ilegalidad, porque la dirección de la cárcel, cuya inhumana negligencia ha retrasado innecesariamente todos y cada uno de los trámites necesarios para su excarcelación, decidió retenerle por una estúpida duda en la interpretación del auto judicial, haciendo volver a casa a su compañera que ya estaba esperándole en la puerta, después de un largo viaje, para volverla a llamar al día siguiente, notificándole que tenía que viajar de nuevo para recoger a Alberto.

¡Abajo las cárceles! ¡Muerte al Capital y al Estado! ¡Ahí dentro queda mucha gente sufriendo la degradación, el abandono, la inhumanidad y la crueldad de la máquina punitiva española! Nuestra única fuerza es la solidaridad. Las redes de la misma son demasiado débiles, como comprobamos cada vez que tenemos que movernos y vemos que apenas llegan para hacer un poco de compañía a las víctimas en su sufrimiento y ansiedad, ejerciendo muy poca presión efectiva para obligar al estado a aflojar su presa sobre ellas. ¡Es necesario fortalecer esas redes! Y no hablamos de las «redes sociales» o de la «sociedad civil»: ¡Sólo el pueblo salva al pueblo! ¡Solidaridad, apoyo mutuo, acción directa, de eso estamos hablando! ¿Es que se han quedado para siempre en meros fetiches ideológicos?

Cárcel=Tortura La cárcel mata Sociedad-cárcel

Mohamed Achraf cumplió una dura condena (en cuanto a condiciones y duración) en octubre de 2018. Sigue en prisión desde entonces pues una nueva operación policial, “Operación Escribano”, contra una supuesta red de radicalización con fines de captación, le mantiene encerrado en régimen preventivo. Todo carece de fundamento pues esta operación se nutre del testimonio de confidentes. Mohamed Achraf tiene todas las comunicaciones intervenidas, incluso con su abogado. Por tanto, si hubiera desarrollado algún tipo de relación con otras personas, esta relación sólo se habría podido producir con la connivencia de la dirección y el personal penitenciario. Su abogado sostiene este último argumento para reclamar la libertad de Mohamed. Por otra parte, resulta sorprendente –si verdaderamente creen que existe tal red y tal sospecha sobre su capacidad reclutadora– que le hayan trasladado de cárcel en más de una decena de ocasiones. Ningún informe policial respecto a estas acusaciones había sido presentado hasta hace bien poco a las autoridades judiciales aunque interesadamente se iban filtrando informaciones a la prensa que se han incluido en dicho informe.

El juicio se celebra en la Audiencia Nacional esta semana entre el 4 y el 9 de julio.

Mohamed (Abderramane Tahiri es su verdadero nombre, aunque siga constando en las bases de datos policiales, judiciales y penitenciarias con su alias) es un preso que se ha dignificado en la lucha y la resistencia a la cárcel. Ha participado en luchas y huelgas de hambre, con carácter rotativo, por la salud de las personas encerradas y por una propuesta de reivindicación colectiva de 14 puntos. Se ha mostrado solidario con la situación de otras personas presas, haciendo una petición de solidaridad hacia estas personas. Esperamos que el juicio no sea una representación simbólica, una teatralidad donde la decisión está tomada de antemano, y que Mohamed pueda obtener la libertad que lleva anhelando tanto tiempo(hasta se le negó la sustitución del resto de condena por la expulsión cuando a otros presos en situación y condenas similares se les había aplicado).

Más información sobre Mohamed Acharf en Tokata

Política criminal Sociedad-cárcel

Jean-Marc Rouillan, fue miembro en los años 70 primero del MIL (Movimiento Ibérico de Liberación) [1], después de los GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internaconalista) [2] y más tarde de otros grupos autónomos. Estuvo preso en total más de 28 años, los últimos veinticinco por acciones realizadas como miembro de Action Directe, organización que hizo su aparición reivindicando el ametrallamiento de la sede central de la patronal francesa el 1 de mayo de 1979 y que se había formado al decidir algunos individuos y grupos autónomos participantes en las luchas del proletariado salvaje durante la década anterior coordinarse bajo unas siglas permanentes en una estrategia común a largo plazo. Mediante acciones armadas simbólicas, intentaron enfrentarse a la reestructuración capitalista que se iniciaba entonces, señalar sus puntos neurálgicos, poner de manifiesto sus principales líneas de fuerza, atacando, por ejemplo, en momentos clave, las sedes patronales, los ministerios de trabajo, comercio o sanidad, las oficinas de extranjería, del paro o de gestión urbanística, los bancos y empresas de armamento, inmobiliarias o de trabajo temporal, los bancos de datos informáticos, los comercios de artículos de lujo, las sedes del FMI o del Banco Mundial, de la UE, de INTERPOL o de la OTAN, atentando contra confidentes y policías, militares traficantes de armas, un dirigente empresarial responsable de miles de despidos…

En una primera etapa, actuaron casi siempre en estrecho contacto con luchas sociales concretas. A principios del 81, al iniciarse la campaña para las elecciones presidenciales y legislativas a las que se presentaba una coalición de la izquierda liderada por François Mitterrrand, el número de presos de AD había crecido mucho. Durante la campaña y en la primera etapa de mandato de aquél, la gente de AD decidió abandonar temporalmente las acciones armadas limitándose a apoyar las luchas de los presos por su libertad, las cuales se resolvieron con una amnistía del gobierno. A partir de ahí, actuaron durante un tiempo a la luz del día, participando abiertamente en las luchas sociales. Incluso mantenían una sede pública en una casa ocupada del barrio de Barbès. Muchos de sus integrantes decidieron abandonar el proyecto por no considerarlo ya necesario en la nueva situación. Entre los que quisieron seguir hubo varias escisiones. Aunque se mantuvieron las siglas, la organización resultó bastante disminuida numéricamente. Cuando el Estado volvió a declararla ilegal, y a medida que se iban debilitando las luchas sociales, la línea de acción fue cambiando cada vez más en una dirección «antiimperialista», y de especialización en la lucha armada. Finalmente se aliaron con la RAF alemana y otras «organizaciones de guerrilla» de corte leninista y los atentados se dirigieron mayoritariamente contra el «complejo militar-industrial» occidental, aunque sin olvidar la denuncia de la reestructuración capitalista. La última acción fue la muerte del director general de la Renault, un especialista en «reestructuraciones de plantilla», responsable de unos 50.000 despidos, en noviembre del 86.

Jean-Marc tiene ahora 70 años y vive exclusivame de la pensión mínima de vejez.  Fue preso en febrero de 1987 por las acciones de AD y le condenaron a dos cadenas perpetuas, que estuvo cumpliendo en duras condiciones de encierro durante veinte años, hasta que en diciembre de 2007 le pusieron en régimen de semilibertad, una especie de tercer grado, sometido a condiciones como la de “abstenerse de cualquier intervención pública relativa a la infracción cometida”. Pero el Estado francés o sus poderes judicial y policial se han empeñado en ensañarse con él, intentando una y otra vez devolverle a lo más profundo de la cárcel. El 2 de octubre de 2008, le fue retirada la semilibertad por insinuar en una entrevista de prensa que no estaba arrepentido de sus acciones Durante el año 2009, estuvo ingresado en un hospital y se le diagnosticó una rara enfermedad autoinmune que no se podía tratar en prisión. Sus abogados solicitaron su libertad condicional y el juez antiterrorista encargado se pronunció a favor, el 16 de febrero de 2011, de ponerle en semilibertad desde el 7 de marzo, pero ese mismo día el ministerio fiscal recurrió en apelación, oponiéndose.

Finalmente, cuando ya llevaba más de 24 años en la cárcel y no sin que la fiscalía se opusiera una vez más, el tribunal de aplicación de penas de París acordó nuevamente su semilibertad a partir del 19 de mayo de 2011, trabajando y durmiendo en la calle, controlado por pulsera electrónica. Pasado un año en esta situación sin ningún incidente o incumplimiento de las condiciones impuestas tendría derecho a la condicional. Un año después, el viernes 18 de mayo de 2012 por la mañana, Jean Marc Rouillan logró la libertad condicional. El martes había sido rechazada la apelación de la fiscalía contra la decisión correspondiente del Tribunal de aplicación de penas de París. Llevaba un año en régimen de semilibertad, en la calle, pero sin poder moverse de Marsella donde trabajaba en la editorial Agone, controlado con una pulsera electrónica. Ahora tendría que someterse todavía durante seis años a numerosas medidas de control:  no prodría, por ejemplo, salir del departamento de Bouches-du-Rhône, ni decir o publicar nada sobre los hechos que le llevaron a la cárcel; se vería obligado, además, a trabajar y tendría que entregar una parte de su salario mensual a las familias de Georges Besse y del general Audran por cuyas muertes fue condenado.

Entre 2016 y 2018,  el Tribunal de Apelación de París lo condenó a 18 meses de prisión por «apología del terrorismo», por unas declaraciones en una entrevista concedida a Le Ravi el 23 de febrero del 2016, donde habló del valor de los autores de los atentados de París contra Charlie Hebdo y el Hyper Cacher: “Lucharon valientemente. Lucharon en las calles de París, sabían que había 2.000 o 3.000 policías. A menudo ni siquiera preparan sus salidas porque piensan que serán asesinados antes de que terminen la operación. Los hermanos Kouachi, cuando estaban en la imprenta, lucharon hasta la última bala. Podemos decir que estamos en contra de sus ideas reaccionarias, que podemos hablar de muchas cosas en su contra, diciendo que fue una tontería hacerlo, pero no podemos decir que son niñxs o cobardes». Fue juzgado el 24 de junio de 2016 y condenado el 7 de septiembre a ocho meses de prisión. Pero la fiscalía apeló una vez más y en mayo de 2017 el veredicto del tribunal fué aún más severo que en primera instancia: 18 meses de prisión condicional, junto con una multa de 1.000 euros para la Asociación Francesa de Víctimas del Terrorismo (AFVT) y la prohibición de comentar el caso en público.

Habiendo estado primero varios meses en arresto domiciliario y después unos cuantos más en estricta libertad condicional, el final del cumplimiento de esa condena estaba previsto para el 2 de junio próximo. Pero, hace seis días, la oficina de la libertad condicional les anunció a él y a sus abogados que había sido juzgado en septiembre de 2017, sin notificárselo, sin su presencia y sin la de su defensa. Fue condenado a pagar 18.000 euros a las «víctimas» de sus manifestaciones. Tampoco se dignaron advertirle de su condena. Ni siquiera el propio agente de libertad condicional, con el que está obligado a reunirse cada mes, estaba al corriente. Así que hace cinco días se le conminó a pagar 18.000 euros antes del 2 de junio. La fiscal antiterrorista ya ha solicitado su encarcelamiento. Esta «sorpresa» judicial es la última maniobra del Estado francés y de su justicia antiterrorista para ejercer su venganza perpetua. En noviembre de 2020, la fiscal que pide hoy su encarcelamiento, le dijo: «Te enviaremos de regreso allí de donde nunca debiste haber salido». O sea, otra vuelta de tuerca  en el ensañamiento judicial que sufre Jean-Marc Rouillan desde su condena en 1987, víctima de un Estado dispuesto a hacerle volver a la cárcel con cualquier pretexto. Lo que el Estado le hace pagar es no haber renegado nunca de sus ideas revolucionarias, así como de su actividad literaria y política, que no ha abandonado a pesar de años de «tortura blanca» tras las rejas.

Notas:

[1] El  MIL fue el producto efímero (de enero del 71 a agosto del 73) del acuerdo de personas y grupos de diferentes procedencias en apoyar los intentos de autoorganización del proletariado contra la manipulación dirigista de los burócratas cristianos, leninistas y demócratas que luchaban por el poder dentro de las Comisiones Obreras de entonces, que habían surgido unos años antes, como espontáneos comités de huelga, extendiéndose rápidamente por todo el territorio industrial, y cayendo finalmente bajo la hegemonía del PCE. Los estalinistas  propugnaban ya la «Reconciliación Nacional» con el régimen franquista, la colaboración con sus estructuras sindicales, con vistas a su posible democratización, y la negociación con los sectores liberales de la burguesía necesitada, para sus proyectos de modernización económica y social, de «fuerzas políticas y sindicales progresistas» que integraran en ellos a la clase obrera. La línea del resto de las organizaciones izquierdistas sólo se diferenciaba en que soñaban con sustituir al PCE en la dirección mientras le seguían el juego. Frente a todo eso, los Grupos Autónomos de Combate, que utilizaron a veces la sigla MIL, o 1000, se propusieron contribuir al fortalecimiento de una corriente obrera autónoma y anticapitalista difundiendo textos antiguos y actuales en defensa de una concepción de la revolución comunista como insurrección general del proletariado autoorganizado. Y también por medio de la agitación armada (consistente, en su caso, principalmente en expropiaciones de dinero y de material de impresión), que había de servir «como expresión de ira por la cotidianidad humillada del proletariado»; para autofinanciarse y apoyar económicamente las luchas autónomas y la agitación teórica en su defensa; y para demostrar que «el nivel de violencia con el que se puede, y por lo tanto se debe, responder a la violencia capitalista es mucho mayor de lo que comúnmente se cree». Quisieron practicar, contra todo militarismo o vanguardismo, «el terrorismo mediante la palabra y el acto contra el capital y sus fieles guardianes, sean de derechas o de izquierdas». Para ellos la democracia era, como la dictadura, una forma de la dominación capitalista y los partidos llamados obreros y sus sindicatos, «la izquierda del programa político del Capital». Cuando, poco después de su autodisolución, cayeron presos la mayor parte de los miembros –entre los que estaba Salvador Puig Antich, posteriormente condenado a muerte por el régimen franquista–, fueron abandonados  por los mismos «demócratas» que ahora quieren ensuciar su memoria dándoles el mismo título de «antifranquistas» que, fanfarroneando, se dan a sí mismos.

[2] La verdadera solidaridad con los presos, fue practicada, sobre todo en forma de atentados, manifestaciones violentas y alguna huelga salvaje, por algunos incontrolados, los cuales, a raíz de la condena a muerte y posterior asesinato de Salvador, respondieron al llamamiento lanzado un poco antes por el GAC Septiembre 73, que agrupaba a los antiguos miembros del autodisuelto MIL ahora presos, en el sentido de que «la intensificación de la lucha por la destrucción del sistema que engendra la represión es la mejor manera de desarrollar la solidaridad revolucionaria con los represaliados». Hasta que cayeron presos algunos de los participantes, sólo se supo de ellos por sus actos, pues nunca utilizaron unas siglas fijas ni se pudo percibir ninguna estructura permanente en su manera de organizarse: se coordinaban sencillamente en y por la práctica. Y, de hecho, la mayor parte de sus acciones no las reivindicó nadie: se entendían por sí mismas y por el contexto. Todo lo cual recuerda también otra propuesta del MIL: «la organización es la organización de tareas». La policía y la prensa, íntegramente adicta al régimen de dominación, más o menos como hoy en día, llamaron OLLA (Organització de LLuita Armada) a algunos detenidos, en un intento de aparentar que se había desarticulado una organización, supuestamente responsable de una parte de esas acciones. Además de en el territorio del Estado español, hubo acciones de ese tipo en Francia (donde, por ejemplo, fueron volados con explosivos varios puentes y otras vías de comunicación con España), en Suiza, Bélgica y otros países. Posteriormente, una coordinación de grupos autónomos utilizó las siglas GARI (Grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista) para reivindicar una serie de acciones realizadas en territorio francés y belga entre mayo y agosto del 74, en solidaridad con los presos del MIL. Por ejemplo: secuestro del director del Banco de Bilbao en París, atentado contra los autobuses de los peregrinos españoles a Lourdes, sabotajes contra el tour de Francia, atentados contra representaciones diplomáticas españolas, contra oficinas de Iberia, trenes y autobuses con destino a España, puestos fronterizos, etc. Otros grupos autónomos continuaron realizando después con parecido estilo acciones de solidaridad a ambos lados de los Pirineos.

Artículo de 2007 sobre Jean-Marc y sus compañeros y compañeras de AD cuando todavía estaban en la cárcel

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Sociedad-cárcel Abolicionismo

«El glorioso pasado libertario es ahora patrimonio de los que quieren rescatar y actualizar el potencial subversivo de una revolución dolorosamente vencida. Convertirlo en objeto de culto como se trata de hacer a menudo equivaldría a matarlo dos veces. Se trata de algo más sencillo: adecuar la experiencia emancipadora de la revolución perdida a las nuevas exigencias intelectuales y materiales de la lucha contemporánea por la liberación de los oprimidos. Y ello pasa por el conocimiento verídico de dicha revolución.»

Miquel Amorós, en una anterior presentación del libro

Algunas de las personas que participamos en las actividades relacionadas con el nombre «Tokata» hemos decidido implicarnos en la organización de esta presentación, como lo hicimos antes, por ejemplo, en la de un documental sobre la revolución asturiana de 1934. La razón es que en nuestra manera de entender lo que se ha dado en llamar «lucha anticarcelaria» no existe ningún horizonte para la abolición del castigo dentro de la sociedad capitalista y de las formas de gobierno correspondientes. Porque el capitalismo no es ninguna «sociedad», sino, más sencilla y claramente pensado y dicho, un régimen totalitario de dominación y explotación, digno heredero de los históricamente anteriores, pero que se caracteriza específicamente por la trinidad Capital-Estado-Cárcel que, desde su surgimiento histórico, constituye lo más íntimo de su naturaleza propia. Los únicos intentos más o menos reales que conocemos de abolir el castigo, la dominación y la explotación han sido las revoluciones proletarias del siglo XX, masacradas a sangre y fuego por la violencia sistemática, o sistémica, en que consiste fundamentalmente la autodenominada «civilización» que padecemos. De esas revoluciones vencidas, pero no del todo olvidadas, la que se produjo en 1936 en el territorio hoy dominado por el Estado español es la más profunda de la que hayamos tenido noticia y, dentro de ella, la de la Columna de hierro, «célebre milicia revolucionaria del proletariado», ha sido una de las experiencias más conscientes, reveladoras y memorables. Por eso nos parece una excelente referencia para el trazado de una perspectiva sobre la abolición simultánea del sistema punitivo, del Capital y del Estado, que para nosotros vienen a ser tres de los aspectos esenciales de esa misma monstruosidad histórica de la que quisiéramos liberarnos.

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Para Kropotkin, la justicia nunca puede consistir ni plasmarse en un ordenamiento jurídico (esto es, estatal coactivo), sea éste el vigente u otro posible. El anarquismo no confunde la idea de justicia con la de derecho, El anarquismo separa tan radicalmente los conceptos de derecho (norma positiva coactiva) y de justicia que los contrapone de manera definitivamente irreconciliable pero muestra una tendencia iusnaturalista realmente sorprendente: en la doctrina anarquista el Derecho Natural no sirve para fundamentar el Derecho positivo sino únicamente para combatirlo, y probablemente para tenerlo por el único Derecho verdadero. Por Benjamín Rivaya

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