El alcalde de Sevilla acaba de nombrar a Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz, asesor del grupo municipal del PP en el Consistorio hispalense, con una categoría de técnico medio y unas retribuciones de 36.000 euros anuales. En unos de los actos de la plataforma de apoyo a los niños desaparecidos en Córdoba, sus convocantes reconocieron que la infraestructura de la movilización se la proporcionó el Partido Popular de Córdoba. La delegada del Gobierno del PP en Madrid, Cristina Cifuentes ha declarado al diario ABC que “no tiene sentido que el sistema penitenciario esté enfocado a la rehabilitación del delincuente”. El Ministro Gallardón prepara una reforma del Código Penal que contempla la cadena perpetua en nuestro país bajo la eufemística denominación de “prisión permanente revisable”.
Acudimos al desmantelamiento del Estado, y la Justicia y nuestro orden constitucional no son ajenos a la piqueta que el capitalismo más salvaje acciona contra los cimientos de la cultura humanista en la que se sostiene nuestra civilización. Antes al contrario, el comportamiento incívico de algunos individuos está provocando el desmoronamiento de un orden social que se ha ido construyendo a lo largo de siglos de maduración que ahora varios programas de televisión se están empeñando en destrozar.
La televisión es la gran adoctrinadora de masas del siglo 21 y a ella se deben también los políticos que nos gobiernan y la gobiernan, en muchos casos. Es la herramienta más manipuladora con la que cuentan los tejedores de la conciencia colectiva, los dueños de los medios de producción y sus administradores políticos. Desde el crimen de Alcasser, una estela de sensacionalismo y amarillismo impregnan no sólo los programas de entretenimiento, que mezclan la incineración de unos cadáveres infantiles con la receta para que no se corte la mayonesa, sino también a los servicios informativos de las grandes cadenas televisivas. También la prensa escrita comienza a contaminarse de esa línea truculenta que proporciona el acercamiento de sus lectores ante la tediosa oferta informativa que salpica sus páginas.
La difusión y recreación de casos tan repugnantes como el de los dos críos de Córdoba, con un tratamiento más propio de un culebrón o telenovela, ahonda en los sentimientos más primarios de los espectadores a los que se les entrega todos los días una dosis de la presunta crueldad de un hombre para que la consuman. Crean una ingente indignación social, convocan manifestaciones e influyen para cambios normativos en nuestra legislación penal. Ya he hablado en otras ocasiones en la podredumbre de quienes habitualmente sentencian en estos platós y no voy a reincidir en esa apreciación. Lo grave de este circo es su alcance.
Los bien llamados por María Antonia Iglesias padres espectáculo, son recibidos por las autoridades que empatizan con el clamor social que anima el endurecimiento de las condenas para individuos a todas luces reprobables. Los responsables públicos aparecen al lado de las víctimas que en su dolor y tragedia reclaman venganza para los autores de estos atroces crímenes. Son, las víctimas, las grandes olvidadas del sistema penal español. Pero esos lazos no deben arruinar un ordenamiento que se sustenta en la reinserción social que, como te escribía al principio, ya niegan portavoces autorizados del PP. La cadena perpetúa niega ese principio constitucional, si es que no lo es ya una pena de cuarenta años, que podría cumplir íntegros el padre de los dos hermanos en el caso de que fuera condenado.
El cuestionamiento de ese principio de reinserción social niega por tanto la tarea de la institución penitenciaria, que así pasaría a ser sencillamente un contenedor donde abandonáramos a los infractores, sin “tratamiento”, que ya resulta caro pagar las nóminas de sicólogos, juristas, criminólogos y mediadores, y por ahorrar se introduce también esa “inutilidad” del sistema penal, eliminando para todos los condenados esa posibilidad de recuperación social.
En este empeño privatizador, ocurriría en las prisiones lo que acontece en los centros de menores: se adjudican a empresas privadas que contratan a vigilantes de seguridad como educadores, impartiéndose voces, malos tratos y castigos en vez de terapias humanizadoras para sacar del pozo a los llamados asociales. Esa es la línea que están trazando los mercados: socavar el orden constitucional para huir de los objetivos reeducadores que vienen recogidos en el artículo 25,2 de la Constitución Española.
La cadena perpetua, lo diga como lo digan los técnicos de la reconversión del lenguaje, es un gigantesco paso atrás para la sociedad. Nos devuelve a las mazmorras del Siglo 17, a la época colonial, a la cultura vindicativa que preconizan los altavoces televisivos que se irá extendiendo a toda la población reclusa; en una época en la que los presos aparecen como privilegiados a los que hay que retirar la merienda, como en Cataluña, y las piscinas, que ya el presupuesto no da para más. Esa marea de intolerancia ,que avivan los agitadores sociales, se va extendiendo como una mancha de aceite.
Los problemas sociales dejarán de entenderse como lacras de un Estado injusto y desigual, los profesores serán sustituidos por policías,(en Córdoba se jactan ya de poner un poli en cada cole), los educadores por verdugos, las leyes por plataformas en twitter, el humanismo por el “que se pudran” y un nuevo orden se aplicará a los que no se sometan a las leyes que serán implacables contra todos los que no se sometan. La aplicación de la excepcionalidad a unos pocos malhechores se extenderá al resto bajo las premisas de la peligrosidad social que comportan actitudes tan condenables como que un grupo de desharrapados se lleve un carrito de un supermercado y se pida para ellos el castigo por ser pobres o ayudar a otros a comer.
El caso Bretón ilustra ese caldo que se está cocinando. Un presunto crimen terrible, unos medios enloquecidos por abastecer la voracidad de la publicidad que reúne espectadores ante la cochambre, la aparición de plataformas justicieras, la adhesión política a los postulados de los tele predicadores y sus fieles, un juicio y condena paralelos, una sentencia ya dictada y la venganza contra un presunto asesino que llevó presuntamente el machismo más fundamentalista al extremo más salvaje.
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