Categoría: <span>Vagos y maleantes</span>

Una visión parcial e interesada que forma parte del blanqueamiento del periodo mal llamado Transición. Una perspectiva falsamente «objetiva» de la lucha por la amnistía de los presos sociales, donde se finge mantener la equidistancia dando, de hecho, mucho mayor peso a la versión oficial. Además de a César Lorenzo, autor de «Cárceles en llamas; el movimiento de presos sociales en la Transición», a la hermana de Agustín Rueda y a varios compañeros que participaron en su día en la COPEL, de alguno de los cuales se ha reproducido sin su permiso parte de lo dicho en el documental «COPEL, una historia de rebeldía y dignidad», da voz a los carceleros, a un mando de la policía antidisturbios, a un ministro del Interior y a dos directores generales de prisiones, uno de ellos Carlos García Valdés quien, después de engañar a la COPEL con su proyecto reformista, fue el responsable de la brutal represión contra cientos de presos en lucha a partir de 1978, de las torturas de Herrera de la Mancha y de la falaz, manipuladora y arteramente represiva ley orgánica general penitenciaria de 1979, todavía en vigor, donde se legalizan de hecho la tortura impune, el régimen especial de máxima crueldad y la degradación disfrazada de «tratamiento». También habla mucho un jurista de instituciones penitenciarias, premiado por la secretaría general carcelera por un estudio apologético de su ley orgánica, que empezó como carcelero, ejerciendo esa miserable profesión durante muchos años, y publicó el año pasado un libro llamado «Concordia en las Cortes y violencia en las cárceles: la Transición penitenciaria española» que habrá que leer para ver como tergiversa la historia de la lucha de los presos sociales contándola desde el punto de vista de los carceleros y apoyándose en el acceso a la documentación oficial y oficiosa que la SGIP no deja ver a ningún investigador independiente. Lo mismo que los periodistas serviles que han realizado este programa pueden echar mano del enorme depósito de materiales de la radio-televisión pública que a quien no sea funcionario de la casa le costaría un ojo de la cara poder utilizar. Desde luego, una visión de quienes formaron parte de la lucha la tienes en el documental «Copel  una historia de rebeldía y dignidad». Dejamos en el reproductor el contenido del programa «Documentos RNE», sobre COPEL, emitido el 18 de marzo de 2022. También reproducimos su presentación y dejamos el enlace al programa. Y en los dos del final del todo puedes encontrar algo de información sobre la COPEL vista desde abajo.

https://www.rtve.es/play/audios/documentos-rne/copel-transicion-presos-comunes-18-03-22/6452261/

Durante la dictadura franquista, los presos, tanto políticos como comunes, sufrían las consecuencias de una legislación anticuada y represiva. La Transición tuvo que abordar el cambio hacia un sistema penitenciario que se ajustara a la Constitución, en el que la reinserción social de los reclusos primara sobre el castigo, y en el que se superaran las graves deficiencias de las prisiones.

En ese tiempo, los presos comunes agrupados en la Coordinadora de Presos en Lucha, COPEL, iniciaron su movimiento particular. Su gran reivindicación fue lograr una amnistía similar a la que se estaba concediendo a los presos políticos. Junto a ella figuraban otras reivindicaciones como la depuración de jueces y funcionarios de prisiones o la mejora de las condiciones de vida.

El punto de inflexión se produjo en la conocida como la batalla de Carabanchel: un motín el 18 de julio de 1977 y en el que cientos de presos permanecieron cuatro días en el tejado de la prisión. Desde entonces, motines, incendios, huelgas de hambre y autolesiones, fueron noticia casi a diario.

La tensión llegó al límite el 14 de marzo de 1978, cuando el militante de la COPEL Agustín Rueda murió a consecuencia de la paliza propinada por algunos funcionarios en Carabanchel. El día 22, los GRAPO asesinaron al director general de Instituciones Penitenciarias, Jesús Haddad, con el que se había iniciado un cambio de rumbo para pacificar las cárceles.

Su sucesor, Carlos García Valdés, llevó a la práctica esas líneas de actuación. Atendió algunas de las reivindicaciones de los presos: permisos de salida, visitas vis a vis, traslado de presos al régimen de segundo o tercer grado cuando era posible, etc. Aunque hubo algún episodio espectacular, como la fuga de 45 presos de la cárcel Modelo de Barcelona, el 2 de junio de 1978, las cárceles se fueron pacificando. Además, el apoyo social a la COPEL se esfumó en un país cada vez más preocupado por la inseguridad ciudadana y el orden público.

En septiembre de 1979, el rey sancionó la Ley General Penitenciaria, la primera ley orgánica de la democracia, prueba de la importancia que las cárceles habían adquirido en los últimos dos años. La transición penitenciaria en España se consolidó y, aunque seguiría habiendo algunos motines y huelgas de hambre, la situación en las cárceles sería ya distinta.

Más información sobre la COPEL en Tokata

https://expresxsocialescopel.wordpress.com/

 

Vagos y maleantes

Traducimos al castellano dos artículos publicados en catalán en el número 539 de La Directa, firmados el primero por Ester Fayos, Gemma García y Vicent Almela y el segundo por éste último, donde se tratan algunos aspectos de la evidencia resumida en el dicho popular que hemos puesto en el título y se puede encontrar escrito en las paredes de cualquier prisión del territorio dominado por el Estado español. El cartel de arriba es la convocatoria de sendas mesas redondas sobre este tema convocadas en Castellón para el próximo viernes, 11 de febrero, y en Barcelona para el jueves de la semana que viene, 24 de febrero.

VIDAS MARCADAS POR LA POBREZA Y LA CÁRCEL

La comisión de delitos condicionados por el entorno socioeconómico o la imposibilidad de hacer frente al pago de penas de multa aboca a muchas personas a los centros penitenciarios y a un escenario de indefensión antes, durante y después de cumplir la condena

Una muda de ropa, utensilios de higiene personal y documentación. Esto es todo lo que lleva en una mochila Marouan Daif desde que vive en la calle. El peso más pesado que arrastra es el paso por la cárcel. Ha ingresado en los centros del complejo de Brians (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat) en tres ocasiones: veinte días, un mes y dos semanas –respectivamente– por no haber pagado multas derivadas de delitos leves en los últimos cuatro años. De alguna de estas condenas no se enteró hasta que la policía le detuvo para decirle que estaba en busca y captura. De otras supo cuando los plazos para pagar o sustituir el ingreso por trabajos en beneficio de la comunidad ya habían expirado. Pronto podría estar de nuevo entre rejas si no hace frente al pago fraccionado de una nueva pena de multa que ha establecido un juez. En origen, carga una vida familiar complicada, un proceso migratorio y un estado de salud delicado que le han llevado donde está: “La calle me está pasando mucha factura, nunca había entrado en prisión”.

En el caso de Daif, las entradas en prisión son consecuencia de peleas en la calle, pero también hay muchas personas en situación de calle o con graves dificultades económicas, sociales y de salud que acaban privadas de libertad por hurtos, robos o tráfico de drogas. La pobreza hace más probable el paso por prisión y así lo apuntan las estadísticas del Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña y de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del gobierno español, que recogen porcentajes relevantes de encarcelamientos por hechos delictivos muy relacionados con la carencia de recursos o con situaciones de marginalidad. Asimismo, también transparentan la discriminación por origen, incluso antes de la condena: las personas “extranjeras” –aquellas que no tienen regularizada su situación administrativa, las que tienen NIE, pero no nacionalidad, y las que son ciudadanas de otros estados de la UE– ingresan más del doble de veces en prisión preventiva que el resto, puesto que, para dictarla, la ley de enjuiciamiento criminal tiene en cuenta el arraigo “laboral” y “familiar”.

Los datos más recientes disponibles de Cataluña (31 de diciembre de 2020), Comunidad Valenciana e Islas (14 de enero de 2022) revelan que más de un tercio de las personas presas cumplían condena por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico ( el 40% en Cataluña, el 35,8% en País Valenciano y el 38,9% en Islas) y casi una quinta parte, por delitos contra la salud pública, en gran parte relacionados con el tráfico de drogas (17% en Cataluña , 16% en País Valencia y 18% en Islas). Si lo desgranamos con las estadísticas del mismo año incluidas en el informe SPACE del Consejo de Europa, aflora que, en el Estado español, el 36% de los delitos son robos y hurtos, y el 17% son contra la salud pública. La experiencia del abogado Xavier Muñoz, quien cada quince días se desplaza a la cárcel de Wad-Ras (Barcelona) para brindar asesoramiento gratuito, lo avala: “Hay muchas personas encarceladas por okupaciones, hurtos, venta de droga o por pinchar la luz. En definitiva, por delitos derivados de situaciones de pobreza”.

Las cifras contrastan con que en Cataluña en el 2020 sólo 36 personas fueron privadas de libertad por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social, como el fraude fiscal; y únicamente once por delitos contra la administración pública, como la prevaricación, el cohecho, el tráfico de influencias o la malversación de caudales públicos. Las personas ricas o famosas inmersas en procedimientos judiciales por fraude fiscal o corrupción a menudo consiguen librarse de la cárcel recurriendo a lo que en términos jurídicos se llama «conformidad previa a juicio», consistente en pactar con la Fiscalía una condena más baja para eludir la prisión ya cambio declarar su culpabilidad y asumir la responsabilidad civil devolviendo las cantidades apropiadas ilícitamente más una multa económica. Mientras Marouan Daif ha pasado más de dos meses en prisión por no pagar penas de multa, el abogado Emilio Cuatrecasas evitó pisarla en el 2014, a pesar de haber confesado un fraude de 4,1 millones de euros a Hacienda a través de un entramado societario.

Entre rejas por no poder pagar

Una de las realidades que mejor refleja el estrecho nexo entre carencia de recursos económicos y encarcelamiento es la aplicación de las penas de multa, una pena pecuniaria que consiste en la imposición del abono de una cantidad de dinero a raíz de la comisión determinados delitos. Si no se satisface el pago, se activa la responsabilidad personal subsidiaria (RPS) que, en términos generales, significa un día de prisión por cada dos días de cuota pendiente. Desde Metzineres, una entidad que acompaña a mujeres y personas no binarias que viven múltiples situaciones de violencia, la abogada Marta Valldaura alerta de que entrar en prisión en estas circunstancias comporta que se rompan procesos: “Hay mujeres que habían logrado acceder a un albergue y pierden la plaza o personas con problemas de salud mental que ven truncada su medicación o las visitas con profesionales”.

Susana Moreno entró por primera vez en el penal de Wad-Ras con 18 años, ahora tiene 53. La vida en la calle la llevó a consumir drogas y las drogas a vivir en la calle. Es difícil averiguar por qué orden. “Robaba para cubrir las necesidades de consumo, para encontrarme bien. Sólo lo entiende quien lo ha pasado”, reconoce. Los pequeños hurtos se convirtieron en penas de multa y los impagos en prisión. Ha entrado cuatro veces a lo largo de su vida: en total, más de siete años entre rejas. El sufrimiento ha moldeado las facciones de su cara, pero las ganas de salir adelante se leen en el destello de sus ojos: “Había cosas que no me gustaban de la sociedad, me removieron mucho y terminé cayendo en heroína. Fueron años muy duros, perdí a mucha gente que amaba, pero la última vez en prisión me dije que sería la última”. Ha tejido un vínculo estrecho con Metzineres y ahora vive en una habitación en el barrio barcelonés del Raval, el único que puede permitirse con una pensión de 400 euros, de la que aún pierde más de cien al mes, intuye que por alguna pena de multa pendiente.

También por hurtos inferiores a 400 euros, Laura Iñigo lleva seis meses privada de libertad en Barcelona. Con tan sólo 18 años, Eduardo Prado cumple pena de cárcel en Picassent (l’Horta Sud) porque no pudo pagar una multa de cien euros por lesiones. Diana Rueda, aunque actualmente se encuentra en tercer grado por robo en un domicilio, pisó por primera vez un centro con la mayoría de edad cumplida debido a no pagar una pena de multa por robar una moto. Son sólo algunas historias, con nombres ficticios, que se esconden detrás de las cifras de ingresos por cumplimiento de la responsabilidad personal subsidiaria. Representan una parte relevante del total y han experimentado una tendencia al alza en los últimos años.

Condenadas sin saberlo

Según datos facilitados por el Departamento de Justicia de la Generalidad de Cataluña a la Directa, en los últimos dos años, entre un 12% y un 13% de la población reclusa lo está por penas de multa, 1.018 en 2020 y 947 en 2021; y, desde 2017, los números absolutos no han parado de crecer. El abogado Xavier Muñoz está convencido de que la crisis económica derivada del COVID-19, así como las restricciones en la movilidad, la incomunicación con los juzgados y la consiguiente desconexión de los procedimientos, han incrementado este tipo de ingresos.

De acuerdo con el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña, de 2014, elaborado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada, dos terceras partes de las personas presas por impago de multa son “extranjeras” y han cometido un delito contra la propiedad , casi la mitad tiene antecedentes, y la mayoría tienen como máximo estudios primarios y carecen de domicilio fijo o residen fuera de Cataluña.

Precisamente, el no estar localizable y que no sea obligatorio contar con abogada ante un delito leve hace que muchas condenadas no sepan ni que lo están. De este modo, se les acumulan causas y un día la policía las identifica por la calle y quedan detenidas, como le ocurrió a Marouan Daif. «Se hace un juicio y se dicta una sentencia sin ellas, que no pueden recurrir», lamenta Marta Valldaura. El desconocimiento es el primer eslabón de indefensión que también señala Bea Fernández, responsable del servicio jurídico de la Fundación Arrels: “Puede que las personas sin hogar hayan sido ilocalizables durante muchos años y se les generen asuntos judiciales que no controlan”. Además, si la afectada no lo solicita antes de que se dicte sentencia, pierde la posibilidad de optar a la sustitución de la pena por trabajos en beneficio de la comunidad.

Si logran empadronarse en el centro de alguna entidad o en un domicilio fijo, es cuando comienzan a emerger las citaciones o notificaciones judiciales. En plural, porque el último informe sobre reincidencia penitenciaria en Cataluña subraya que un 53,4% de las penadas con penas de multa reincide; lo que, según las responsables del estudio, evidencia «la poca eficacia de esta medida».

La desproporcionalidad

El Código Penal contempla un sistema de proporcionalidad para penas de multa en función de la “situación económica del preso, deducida de su patrimonio, ingresos, obligaciones y cargas familiares”, una idea que se refuerza desde el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña: «El juez hace una consulta oficial a la administración correspondiente». Ahora bien, de la teoría a la práctica, según Muñoz, existe un largo trayecto. Este letrado lamenta que normalmente no se indaga y acaba siendo una pena desproporcionada para una persona empobrecida.

El informe “La prisión por impago de multa en Cataluña”, publicado por el Centro de Estudios Jurídicos y Formación Especializada en 2016 va más allá y denuncia que “las carencias procesales, organizativas y materiales dificultan la adecuada indagación de la auténtica capacidad económica en los dos grupos de casos más extremos”, en referencia a quien dispone de recursos elevados y a quien se encuentra en situación de exclusión social o con ingresos modestos. A los primeros, por imponerla inferior a la disponibilidad económica y, a los segundos, todo lo contrario.

Al margen de los motivos del ingreso, la falta de recursos económicos también deja huella en el paso por la cárcel y la posibilidad de volver a ella. Las expertas en sociología y derecho entrevistadas coinciden en afirmar que el combate contra la reincidencia es poco fructífero porque no se erradican las causas que motivaron las conductas delictivas, como la pobreza, la marginalidad o los problemas de drogodependencia. De hecho, según el citado informe, un 48,3 % de la población interna reincidente que se evaluó presentaba problemas de empleo y un 40,2% problemas económicos.

«La prisión es un círculo muy peligroso», apunta Cristina Garés, psicóloga y miembro del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos (OSPDH). Especializada en criminología y sociología, Garés advierte que si sales y no hay un buen acompañamiento, las posibilidades de volver a delinquir son mucho más altas. Cuando una persona abandona la cárcel, puede solicitar el subsidio para personas liberadas de prisión –de 463,21 euros, actualmente– una cuantía que, para Diego Salvador, psicólogo de Iniciativas Solidarias, una entidad que acompaña a presas y expresas, no es suficiente para poder hacer frente a las necesidades básicas. Por eso, suelen priorizar la búsqueda de trabajo, que puede eternizarse por la misma estigmatización y aislamiento que sufre la población exreclusa: “La sociedad no quiere contratar a un camarero o a un cocinero que ha estado en prisión. Además, los vínculos sociales creados se han cortado. Todo esto todavía les aboca más a la pobreza y es muy sencillo volver a la vida que tenían antes”, advierte.

La historia de Donatello Priami ejemplifica a la perfección cómo la prisión agrava la situación de vulnerabilidad o cómo, incluso, puede conducir a ella. Priami trabajaba como cocinero en un restaurante de Valencia, hasta que fue condenado a nueve meses de cárcel por un delito de injurias. A los tres meses y medio logró la libertad condicional, pero volvió a delinquir, porque, aunque lo intentó, no logró un nuevo puesto de trabajo. «Vendía marihuana para obtener algunos ingresos, me pillaron y me encerraron seis meses más», relata. Hace dos semanas que recuperó la libertad, pero el miedo a enfrentarse de nuevo a la pobreza le persigue.

Defensa precaria

“Dentro, sin una familia que te meta dinero todos los meses, tampoco es nada fácil sobrevivir y, mucho menos, defenderte”. Son palabras de Jaime Trapote quien, con 44 años, ha pasado más de la mitad de su vida encarcelado. A los 15 años pisó un centro penitenciario por primera vez, pero, después de tres días insistiendo en que era menor de edad, le trasladaron de Alcalá-Meco a un centro de menores, del que se escapaba siempre que podía. Nacido en una familia de clase obrera, con 23 años empezó a cumplir la primera condena por varios robos, reincidiendo hasta en catorce ocasiones. Hace menos de un mes, salió de la cácel de Villena, en l’Alt Vinalopóe, recuperando la libertad  después de once años y catorce días encerrado.

Trapote destaca la «pésima» asistencia jurídica gratuita que ha recibido, bien por la «falta de conocimientos y compromiso» de algunas letradas o bien por las reiteradas sustituciones de estas profesionales. A lo largo de la última condena, el ex preso se vio inmerso en toda una odisea para recibir la asistencia legal: “Tuve que esperar meses y meses. Incluso puse una reclamación, que me desestimaron porque decían que ya me habían visitado, pero no era cierto”.

La ley 1/1996, así como los decretos 252/2016 y 17/2017 de la Generalidad de Cataluña y la Valenciana, respectivamente, permiten a las personas en situación de vulnerabilidad solicitar asesoramiento y defensa gratuita. Las abogadas asumen la defensa de la acusada durante todo el procedimiento judicial y, obligatoriamente, deben seguir ofreciendo servicio durante los dos años posteriores a la sentencia. Sin embargo, la abogada de la asociación valenciana Àmbit, Pilar Serrano, denuncia que “muchas veces, los compañeros de oficio entienden que con la sentencia ha terminado su trabajo y la ejecución de la pena se queda coja de asesoramiento” . Comparte la mirada crítica Salvador, quien recuerda que la indefensión jurídica ha marcado el futuro de algunas de las personas que ha acompañado: “Ha habido casos en los que los recursos no han llegado a tiempo o el acusado no conocía a su abogado ni la estrategia jurídica”.

El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, no lo ha sufrido en propia piel, pero sí ha podido testimoniarlo durante su paso por las prisiones de Lledoners (El Bages) y Soto del Real (Madrid), donde ha estado tres años y ocho meses. Cuixart ha conocido a reclusos que no podían ejercer sus derechos penitenciarios por desconocimiento o falta de capacidad para defenderlos: “Si tienes dinero para unos buenos abogados, puedes ir batallando y, al final, un traficante condenado a quince años puede llegar a salir antes que un pequeño vendedor de barrio con recursos limitados y decenas de condenas menores, derivadas de problemas estructurales”, ejemplifica. La eficiencia del servicio de asesoramiento gratuito dentro, por Cuixart, «siempre depende del compromiso de la dirección de la prisión y, en última instancia, del responsable del módulo».

La condena a la soledad

Además del asesoramiento jurídico, la red de apoyo también es un salvavidas en la cárcel y Luis Antonio Machado no la tuvo. Se quedó huérfano cuando tenía sólo 5 años y los reformatorios y la calle se convirtieron en sus lugares de residencia. Cuando cumplió 18 años, sufrió su primera condena en el centro penitenciario de Monterroso, en Lugo. Ha estado entre barrotes en tres ocasiones, la última por un delito de desobediencia, resistencia y atentado contra la autoridad, con una pena de nueve años y medio que sigue cumpliendo en régimen abierto en Valencia, donde vive, en uno de los espacios que habilita a la entidad Casal de la Pau para personas en libertad condicional o que acaban de salir de la cárcel.

Durante el cumplimiento de la última condena, Machado debía trabajar para cubrir algunas de las necesidades básicas dentro del centro. Al poco de entrar, le ofrecieron trabajar como bibliotecario y aceptó el lugar sin dudarlo. Por una jornada de cuarenta horas semanales, cobraba 212 euros al mes, de los que una pequeña parte la destinaba a comprar comida o productos de higiene en el economato penitenciario. “No tener familia fue lo peor –explica Machado–, porque te encuentras solo ante el peligro. Cuando entre en prisión, tengo que defenderme en todos los sentidos: física, económica y moralmente”.

Machado no pudo contar con un contrafuerte familiar, pero tenerlo tampoco es garantía de poder disponer de recursos económicos suficientes. Según un estudio sobre la situación de las personas con problemas de drogas en prisión del año 2008, elaborado por la Red de Atención a las Adicciones en colaboración con el Ministerio de Sanidad español, el perfil familiar predominante se caracteriza por las carencias económicas: el 36,6% de los padres son pensionistas y el 45,8% de las madres son trabajadoras del hogar.

Mari Carmen Molina es una de estas madres con dificultades para apoyar económicamente a su hijo, que desde hace dos años cumple condena en la cárcel de Córdoba, a más de 500 kilómetros de Xilxes (la Plana Baixa), su pueblo natal . Hace dos años que su familia no le ve. El marido de Molina se encuentra en paro y ella perdió su puesto de trabajo en un almacén de naranja después de un accidente. Con el tiempo se recuperó, pero no volvieron a contratarla y tuvo que sobrevivir con un subsidio de 400 euros al mes. «Intentamos visitarlo en dos ocasiones, pero el viaje costaba unos 400 euros, entre transporte, comida, hotel…», lamenta.

Si la pobreza condiciona la entrada y el paso por prisión, la salida no es una excepción. A la hora de obtener permisos, tercer grado o libertad condicional, juega un papel clave el hecho de poder vivir en un espacio adecuado para la reinserción o disponer de una residencia legal. Pero la realidad en España es que el 57,5 ​​% de las personas presas no disponen de vivienda propia o de alquiler, según la Red de Atención a las Adicciones. Las trabas crecen en el caso de la población penitenciaria extranjera que no tiene residencia legal en el Estado y con quien, según el abogado Xavier Muñoz, «las instituciones penitenciarias catalanas son especialmente restrictivas respecto a la concesión de beneficios penitenciarios». En estos casos, entidades como Àmbit o Arrels trabajan para ofrecer una alternativa habitacional en residencias o pisos de acogida.

Acompañar a la gente presa

Las entidades no hacen ni mucho menos el único acompañamiento a la población reclusa. Las asociaciones de familiares, los grupos de apoyo y los colectivos anticarcelarios también atienden a necesidades básicas de las personas presas, pero de forma autogestionada. La Asociación de Familiares y Amigos de Presos y Expresos (AFAPE) sembró una semilla en este sentido en 1976, cuando nació en el marco de la lucha de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), y ha servido de referente para a la aparición de otros espacios, como la gallega Nais contra la impunidade, Familias Frente a la Crueldad Carcelaria o Familias de Presos en Cataluña. Gracia Amo, portavoz de la asociación catalana de familiares, considera que tienen un conocimiento más directo de las necesidades a cubrir, en la mayoría de casos asociadas a problemas de pobreza: “Ingresamos peculio periódicamente, entramos ropa, pagamos abogados para conseguir derechos básicos y visitas psiquiátricas… Intentamos sacar dinero de donde sea para hacer frente a las necesidades”.

La tercera pata en el acompañamiento de personas presas es lo que ofrecen desde los grupos de apoyo y colectivos anticarcelarios, como Tokata, La Corda o Fuig. Fernando Alcatraz, miembro del colectivo Tokata de Valencia, recuerda que en los orígenes de los grupos de apoyo, en los años setenta, los barrios se implicaban para intentar excarcelar a los presos. Ahora, en cambio, su labor se centra principalmente en paliar las carencias afectivas, denunciar las vulneraciones de derechos, facilitar que se coordinen dentro para poner en marcha acciones y luchar contra la indefensión jurídica.

‘VAGOS’, MALEANTES Y OTRAS DISIDENCIAS INCÓMODAS PARA EL SISTEMA PENAL

Un repaso histórico muestra cómo la cárcel, desde sus orígenes en el siglo XVII, se ha utilizado para ‘sacar de la circulación’ los sectores abocados a la exclusión social

Desestructuración familiar, dificultades afectivas, rebeldía adolescente, marginación social, pobreza y violencia. Éstos son los patrones comunes que encontró Daniel Pont entre la población penitenciaria la primera vez que ingresó en una cárcel en 1967, poco después de cumplir la mayoría de edad. Haber cometido algunos delitos menores durante la adolescencia le convirtió en una víctima más de la entonces llamada ley de vagos y maleantes, aprobada por las Cortes de la Segunda República en 1933, en lo referente al tratamiento penal de personas sin techo, que practicaban la mendicidad, trabajadoras sexuales, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales por parte del gobierno republicano, y que posteriormente fue ampliada por la dictadura franquista para reprimir también la homosexualidad. Esta legislación, basada en el concepto de higienismo social no sancionaba delitos sino conductas, intentando evitar su comisión futura, por lo que incluía medidas de alejamiento, control y retención de los individuos supuestamente peligrosos. Pont pasó cuatro años de prisión en prisión por todo el Estado, en los entonces llamados «reformatorios de vagos y maleantes», que en la práctica resultaban ser campos de trabajo forzado para personas sin recursos.

“Con 22 años salí de prisión con un odio social muy fuerte, que me llevó a cometer delitos mayores, sobre todo atracos, y a volver a ingresar en prisión pocos años después”. En esta segunda ocasión, aparte de la condena asociada a un delito de atraco, se le aplicaría también la entonces recientemente aprobada ley de peligrosidad social –que en 1970 había sustituido a la ley de vagos y maleantes–, que le comportaría de nuevo cumplir la condena “a pulso” –sin beneficio penitenciario ni rebaja–, lo que le mantuvo privado de libertad hasta 1979. Precisamente, una de las reivindicaciones de la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL), que se fundó en la prisión de Carabanchel a finales de 1976 con el objetivo de luchar para que la nueva ley de amnistía para las personas presas políticas de la dictadura que estaba en proceso de negociación incluyera también a los presos sociales –los cuales, finalmente, quedarían excluidos– y en la que Daniel Pont tuvo un rol muy activo, fue acabar con estas jurisdicciones especiales que suponían una doble condena para las personas sin recursos: una por su perfil social de “posible” delincuente, y la otra por los delitos cometidos.

Código Penal con mayor penalidad

“El uso del sistema penal y la reclusión de los pobres para ponerlos a trabajar es muy anterior a la ley de vagos y maleantes. De hecho, la misma genealogía de la cárcel en el siglo XVII, mediante las llamadas casas de corrección, ya lo contemplaba”, recuerda César Lorenzo, doctor en Historia y autor del libro Cárceles en llamas (Virus Editorial, 2013). En España, según explica Lorenzo, el sistema penal sigue desde el principio la misma doctrina “encerrar a la gente marginal por su comportamiento antisocial y a las personas que atentan contra la seguridad o la moral del régimen”, y añade que después se aplican leyes como la de vagos y maleantes y peligrosidad social, “que les vienen muy bien también para criminalizar y perseguir a los obreros de las fábricas, especialmente anarquistas, y cualquier disidencia política del momento”.

Con el fin de la dictadura y el inicio del llamado proceso de Transición democrática se producen algunos cambios y reformas en el Código Penal, como la eliminación de las sanciones a las personas por su orientación sexual y, en 1983, se producía la excarcelación de una parte considerable –5.000 personas– de la población penitenciaria preventiva, que rondaba el 40% del total, mediante la modificación de la ley de enjuiciamiento criminal. A pesar de las reformas, la ley de peligrosidad social seguiría activa hasta el nuevo Código Penal de 1995, considerado por mucha gente el primero de la democracia.

“Paradójicamente, es con este nuevo Código Penal cuando se produce el mayor aumento de población penitenciaria de la historia”, explica Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona. En todo el Estado se pasa de 44.000 personas presas en 1995 a 74.000 en 2010. Según describe Rivera, existen varios factores que explican este aumento de la población entre rejas: “Por un lado, el aumento de la penalidad, impulsada por estrategias de alarma social y el populismo punitivo, hacia dos tipos de delitos vinculados a situaciones de pobreza y marginalidad, como son los delitos contra el patrimonio y la salud pública; por otra, la eliminación de la redención de penas por trabajo incluida en el anterior Código Penal y la dificultad para acceder a beneficios penitenciarios, lo que supondría que quien entraba en prisión se quedaba mucho más tiempo y, por último, la nueva penalidad hacia las mujeres y las personas migrantes recién llegadas”. Según Rivera, el perfil de las víctimas del sistema penal ha ido cambiando, pero siempre responde al mismo patrón: personas que estructuralmente tienen menos recursos.

Ser mujer es otro de los factores que penalizan dentro de la población penitenciaria. Isabel Almeda Samaranch, profesora y catedrática de Sociología por la Universidad de Barcelona, ​​conoce bien esta intersección entre migración y pobreza en las mujeres presas: “La prisión afecta sobre todo a mujeres que ya estaban excluidas previamente a su proceso de privación de libertad, principalmente mujeres migradas, sin redes de contención, que han sufrido violencia –física o estructural– o usuarias de drogas en contextos de marginalidad”. Más de un 90% de mujeres que cumplen prisión están condenadas por delitos contra el patrimonio –por robos vinculados al consumo o la supervivencia– o contra la salud pública –por el mercadeo o transporte de sustancias a través de fronteras, normalmente ejerciendo de lo que se conoce como “mulas”. El Estado español tiene una de las mayores tasas de encarcelamiento de mujeres de la Unión Europea (alrededor del 7%), algo que, según Almeda, se explica en la alta feminización de la pobreza, el poco desarrollo de el estado del bienestar, la fuerte criminalización de las migraciones, la progresión de las políticas punitivistas y la falta de alternativas a la prisión y de una sociedad civil organizada en torno a este tema. “La cárcel es la punta del iceberg del patriarcado. Una prisión nunca puede ser feminista, pero es una cuestión feminista, que desde los feminismos debemos abordar”.

Nuevas represiones

La tendencia de crecimiento continuo de la población penitenciaria se detuvo hace una década, cuando las estadísticas de personas privadas de libertad –tanto en los Països Catalans como en el Estado español– comienzan a disminuir, algo que se intenta explicar desde diferentes campos del derecho penal y la sociología. Según Iñaki Rivera, la explicación de este fenómeno es muy clara: la expulsión masiva de personas migradas a sus países de origen y el inicio de lo que llama la “burorrepresión”. “Llega un punto en el que las prisiones comienzan a ser insostenibles por el estado en términos económicos, y, por tanto, estratégicamente, se buscan nuevas fórmulas sancionadoras que implican recaudar fondos para las arcas públicas y gastar lo menos posible”. El mejor ejemplo es la nueva Ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, en la que se tipifican nuevas infracciones administrativas y se incrementa la cuantía de las sanciones, que de nuevo encuentran a sus principales infractoras en el mismo sector social de siempre: jóvenes, personas que provienen de entornos de marginalidad, disidentes políticas y personas migradas.

«No es casualidad que el sistema penal actúe de nuevo selectivamente contra este sector social» explica Rivera. Este hecho viene facilitado, según el jurista, por «la docilidad de una sociedad cada vez más plastificada e individualista que no da ni construye ninguna resistencia colectiva para erradicar la criminalización de la pobreza y la disidencia». Y avisa que, si no nos implicamos, deberemos prepararnos para tiempos mucho peores: “Veremos cuál será el próximo objetivo del sistema penal”.

Indefensión jurídica Mujeres presas Sociedad-cárcel Vagos y maleantes

«El movimiento de presos sociales que bajo el rótulo COPEL convulsionó las cárceles del Estado español en pleno proceso de transición, demandando principalmente la amnistía total al considerarse también presos de la dictadura franquista, y por otro lado exigiendo una transformación y depuración del modelo carcelario que seguía operando bajo los sombríos métodos del franquismo donde las condiciones y los tratos infrahumanos eran inherentes al sistema penitenciario, marcó un hito en la historia de la lucha al interior de las prisiones en España, tanto por la radicalidad de su accionar como por la profundidad de sus reivindicaciones y la lucidez de los contenidos que desarrollaron en torno a su luchas y exigencias.

La presente investigación busca comprender, desde una mirada antropológica, un fenómeno socio histórico particular de la historia reciente de España a través de la reconstrucción de relatos de vida, relatos que nos hablan, por una parte, de un capítulo clave de la historia contemporánea: el ocaso del franquismo y la transición política y social tras 40 años de dictadura, y por otra parte, nos hablan y nos permiten adentrarnos sobre un fenómeno en específico que aconteció en aquel momento histórico: la lucha que los presos sociales de la transición llevaron a cabo a través de una orgánica informal que plasmó sus demandas y acciones entre los años 1976 y 1979: la Coordinadora de Presos en Lucha (COPEL)Los tres testimonios que sustentan este trabajo corresponden a ex integrantes de la COPEL.

Tres itinerarios biográficos que se entrecruzan en la vivencia carcelaria del periodo en el cual nos situamos y por sobretodo en la experiencia de una lucha llevada a cabo por presos comunes, sin precedente hasta ese momento en la historia de las movilizaciones de presos en las cárceles del país. Tres memorias vivas que desde la subjetividad de sus relatos nos entregan, no solo datos descriptivos, sino que significados y representaciones en primera persona que, desde una lectura interpretativa y un análisis reflexivo, nos brindan la oportunidad de abordar el fenómeno de la COPEL desde un prisma teórico y metodológico que trasciende lo historiográfico para situarse en el campo antropológico.»

Pablo Bravo González, en el primer capítulo («Fundamentos y descripción de la investigación») del trabajo de fin de máster «La COPEL como fenómeno socio-histórico (1976-1979). Una lectura antropólogica a través de relatos de vida»

Para ver o descargar el texto completo del trabajo clica en este texto o en la imagen que ilustra la entrada

Vagos y maleantes

Agustín Moreno, ex-preso social COPEL sigue su lucha reivindicando por medio de huelgas de hambre y sed, autolesiones y otras acciones, en las calles de Don Benito (Badajoz), a sus 74 años, una jubilación digna, que le correspondería si, cumpliendo la ley, se le reconocieran las cotizaciones a la seguridad social por los años pasados en las cárceles bajo las leyes represivas franquistas tal como reconoció el relator especial de la ONU en 2014, así como una indemnización justa por las injusticias padecidas a manos del Estado español. Compartimos el texto que ha acompañado a la acción del 1 de Mayo en las calles de Mérida en la que Agustín se ha autolesionado cortándose las venas estando encadenado por el cuello. (El vídeo que ilustra esta entrada es de una acción similar hace unas semanas en los juzgados de Don Benito)

Es imposible saber las fechas de las detenciones durante el Franquismo. No existia registro de alta de los apresados en calabozos debido a la ausencia de controles independientes. Tanto la Policía política como la criminal mantenían a las personas presas en locales de tortura opacos, sin ingresarlos en los los departamentos de Policía Nacional que sí disponían de libro de ingresos con filiación. Esta arbitrariedad no era una excepción, más bien la organización general premeditada en las comisarias de Policía, cuartes del Guardia Civil y militares para la práctica de interrogatorios secretos y sin garantías. Es la misma práctica utilizada por la inquisición que por medio de la brutalidad, obtenían confesiones verdaderas o falsas. Por estar falsificada la voluntariedad de la víctima, esa confesión forzada realmente pertenece a la policía franquista o al inquisidor. Por no ser verdadera la voluntad de la víctima en una autoconfesión contra si misma cuando está sola, aislada e indefensa en locales coercitivos, si podemos aseverar sin error que la mano que mueve la rúbrica del subyugado pertenece a los representantes del terrorismo de Estado. Quien no firmaba moría traumáticamente en el secuestro clandestino o su firma y confesión eran falsificadas.

Esta denuncia también representa a miles de familias victimas del franquismo que ocultó la infame Transición, victimas que no pudieron integrarse a en el nuevo Régimen porque fueron excluidas de las leyes de Amnistía y el nuevo orden constitucional surgido de la Transición.

Las pruebas impropias obtenidas en secreto, sin declaración de derechos, sin conocimiento familiar del secuestro, sin Habeas Corpus, sin médico forense y sin firma de abogado, las utilizaban los jueces franquistas para condenar a gente vulnerable, analfabeta y descendientes empobrecidos del republicanismo. Al primar la eficacia adulterada, que no la verdad, la Dictadura lograba reclutar industrialmente a falsos culpables para la autopromoción de su falsa seguridad.

Se está denunciando el sustento camorrista que ocultó la mayoría de crímenes del Franquismo invisibilizados por una falsa reconcialiación nacional. La Transición no pasó de la Ley a la Ley, sino del crimen al crimen. Estas injusticias siguen presentes, impidiendo mi jubilación plena por las cotizaciones robadas mediante los encarcelamientos franquistas.

¡NO ES MÁS QUE PUBLICIDAD SACAR AL CAUDILLO DEL VALLE Y DEJAR VIVOS SUS CRÍMENES!

Actividad en la calle Vagos y maleantes

Seguimos solidarizándonos con la lucha y las reivindicaciones de Agustín Moreno, que son que le hagan constar como días cotizables a la seguridad social los días que pasó en prisión bajo leyes represivas franquistas tal como reconoce y recomienda el relator de la ONU, Agustín en estos días de estado de excepción permanente vive en la calle como protesta. Nos va a contar su última acción en la que cortándose las venas firma dos denuncias con su sangre. Nos habla de la dignidad de la COPEL, de lo que el llama justicia por pesetas en la que el pobre es condenado a no ser que pueda pagar bajo cuerda para evitar la cárcel. Nos explica como las grandes empresas como Telefónica usaban el trabajo esclavo de los presos en las cárceles franquistas para amasar grandes beneficios. Nos despedimos con el canto guerrero de Pastora.

Explotación en prisión Radio: Tokata Y Fuga Vagos y maleantes

Entrevistamos a Agustín Moreno Carmona, que estuvo preso durante 16 años, una gran parte de ellos en pleno franquismo, sufriendo, después de la tremenda persecución política contra su familia, encarcelamiento arbitrario por la ley de peligrosidad social, torturas en comisarías y cárceles, condenas sin garantía alguna, marginación, discriminación y otros abusos, a los que se enfrentó participando en la lucha colectiva de los presos sociales y en la COPEL, cuya actividad continúa hoy en día, reivindicando por medio de huelgas de hambre y sed, autolesiones y otras acciones, en las calles de Don Benito (Badajoz), a sus 74 años, una jubilación digna, que le correspondería si, cumpliendo la ley, se le reconocieran las cotizaciones a la seguridad social por los años pasados en las cárceles, así como una indemnización justa por las injusticias padecidas a manos del Estado español.

Actividad en la calle Radio: Tokata Y Fuga Vagos y maleantes

Según la Federación de Grupos de la Cruz Negra Anarquista, el 5 de febrero, la Audiencia Nazional comunicó a la defensa de Antuan Nieto Galindo la desestimación del recurso presentado contra la orden europea de detención y entrega que está en vigor contra él y que en diez días debía ser entregado a las autoridades francesas; a partir de hoy, 8 de febrero, serán ya siete días. «De nada ha servido que la ley de extradición reconozca como motivo de sobreseimiento la prescripción y que contemple la posibilidad de que la autoridad judicial española archive el caso desde aquí. No ha habido voluntad de negar la entrega», dicen los autores de la noticia.  «Tenemos esperanza –dicen más adelante– de que una vez en Francia, cuando por fin permitan acceder a su expediente a la defensa que la sección hermana de CNT-AIT en Francia nos ha procurado, por fin pueda ponerse fin a este montaje absurdo, por las múltiples evidencias documentales que prueban que lo es. (…) La campaña por su libertad sigue en marcha, y se está dando a conocer su historia. A todos los que están difundiendo pedimos, que esto no pare. (…) Si nos tocan a uno, nos tocan a todos.»  Arriba va un cartel que se ha estado pegando por Jaén, enviado por lxs compañerxs de Radio El Aporreo. La foto es de las calles de Barcelona.

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Actividad en la calle Cadena perpetua Vagos y maleantes

En el blog del colectivo anticarcelario HENAS (Hermanas Entalegadas No Andáis Solas), de Cantabria, se hacen eco de la propuesta que hace el colectivo anticarcelario Todo Puede Caer, de Madrid, de pintar, cartelear u otras cosas que se nos puedan ocurrir, en empresas y entidades francesas, sobre todo, reivindicando la Libertad de Antuan, concentrando todas las acciones en la semana del lunes, 3 de febrero al domingo 9, para que puedan tener más repercusión «y para que nuestro compañero Antuan se sienta acompañado en estos días tan jodidos.»

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Actividad en la calle Cadena perpetua Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Presxs en lucha Vagos y maleantes

El comité pro presos de la regional de Levante de la CNT AIT ha publicado, junto con un comunicado del compañero, el siguiente informe sobre la situación legal de Antuan. Aunque, al parecer, el magistrado de la audiencia nazional responsable del caso está decidido a entregar a Antuan al Estado francés, no se sabe todavía cuando se realizará su traslado, porque los abogados van a recurrir, si no lo han hecho ya, el auto correspondiente.

EL JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIÓN N.º 5 DECRETA LA ENTREGA A FRANCIA DE ANTOINE NIETO GALINDO

El pasado día 4 de enero de 2020 se publicó un Informe de la situación Jurídica de nuestro compañero Antonio Carlos Nieto Galindo, en el que entre otras cuestiones informábamos de la actualidad de su situación y de la OEDE que de nuevo ha presentado la Oficina de SIRENE en España por los hechos sucedidos en París en 1978. Ésta nueva Orden Europea de Detención y Entrega ha venido a presentarse contra nuestro compañero por unos hechos por los que anteriormente ya se le había reclamado, y que el Juez Baltasar Garzón archivó provisionalmente la OEDE por la confusión de procesos.

A esta notificación de la OEDE el Juzgado Central de Instrucción N.º 4 de Madrid decretó, en primer lugar, un AUTO de Prisión Provisional contra nuestro compañero Antonio; un nuevo AUTO entregándole la causa al Juzgado N.º 5 y un AUTO dando una prórroga para resolver la entrega, o no, de nuestro compañero a las autoridades judiciales francesas.

El 3 de enero de 2020 se extinguió la condena de privación de libertad que estaba cumpliendo Antonio Nieto Galindo pero, sin embargo, nuestro compañero no ha sido puesto en libertad por cumplir el AUTO de prisión provisional desde aquel día.

El pasado día 15 de enero el Juzgado Central de Instrucción N.º 5 de Madrid, en relación a la OEDE 0000208/2019 acordó que se procediese «a la entrega del reclamado Antonio Carlos NIETO GALINDO, de nacionalidad española, nacido el 5 de noviembre de 1952 en Almería, a las autoridades judiciales de FRANCIA, en virtud de OEDE, emitida por el Fiscal General ante la Corte de Apelación de Paris, que se funda en la Orden de arresto del 15 de noviembre de 1996, por el Juzga de Instrucción en el Tribunal Grande Instance de Paris, en el expediente n 97/003324, para el cumplimiento de la pena impuesta en rebeldía de 20 años de prisión por un delito de agresiones y robo.»

Al mismo tiempo, el Juzgado ha decretado que la entrega se condicionará a que “Se le notifique al reclamado la sentencia dictada en rebeldía, informándole expresamente de su derecho a un nuevo juicio o a interponer un recurso en el que tendrá derecho a comparecer y volverán a examinarse los argumentos presentados e incluso posibles nuevos elementos probatorios y de que el juicio podrá dar lugar a una resolución contraria a la inicial.”

Y, por otra parte, a que en el caso de que“el reclamado fuere condenado, pueda optar por la devolución a España para cumplir la pena o medida de seguridad privativa de libertad que pudieran pronunciar en su contra los órganos judiciales del Estado emisor.”

Por otra parte, cuando le hicieron comparecer a Antonio por videoconferencia no renunció al principio de especialidad, por el cual solamente se le entregaría a las autoridades francesas para ser juzgado o para cumplir la pena de esa OEDE. Es decir, que las autoridades francesas no podrían aprovechar para juzgar a Antonio por otros sucesos que no fueran los recogidos en la OEDE.

Pese a todos los intentos por que nuestro compañero no sea entregado a Francia, el aparato judicial español está firmemente decidido a entregar a nuestro compañero Antonio Nieto Galindo, como así se ha manifestado en diversas ocasiones la magistratura cuando el abogado de Antonio se ha dirigido a él. El magistrado Juan de La Mata Amaya se ha expresado siempre conforme con la entrega de Antonio, pese a todas las irregularidades que se han visto en el proceso y montaje contra él.

Sin embargo, la defensa de Antonio va a presentar recurso contra el AUTO de entrega, iremos informando de las próximas noticias.

Como anarcosindicalistas tenemos claro que la justicia, así sin paliativos -en un sistema capitalista- no puede representar la justicia de la clase trabajadora, y menos aún la de una sociedad libre; principalmente porque la justicia de la sociedad capitalista no puede ser otra cosa que la de ésta misma clase, organizada como aparato judicial.

Esta situación no es más que las consecuencias miserables de una sociedad capitalista que condena a una parte inmensa de la sociedad a una necesidad económica que debe cubrir, y que, para ello debe entregarse casi sin condiciones a la clase capitalista, o mediante sí misma, arrancando a ésta última por medio de la fuerza lo que a toda la sociedad nos pertenece.

Aprovechamos para hacer público un comunicado que hizo público Antoine durante el día de ayer.

COMUNICADO

A día de hoy, domingo 19 de enero de 2020, yo saludo a todos los compañeros anarquistas así como a todos los camaradas que continúan la lucha contra los financieros y contra el gobierno reaccionario de Macron. Me excuso si no sé expresarme bien en francés puesto que por mis años de prisión apenas tengo ocasión de hablarlo.

Yo me llamo Antoine Nieto Galindo. El estado español me tiene en prisión desde 1979 y desde enero de ese año he terminado mi condena en enero de este año, pero no terminaré de estar preso puesto que el gobierno español me pone a disposición de la Audiencia nacional, un tribunal especial de tiempos de Franco, y me extraditarán a Francia, París, por delitos del año 1978, la cual la policía y la justicia francesas me han acusado. Fui condenado a perpetuidad conmutada por 20 años de reclusión criminal sentenciado en rebeldía, con todo fraude de ley. Le demando que ejerzan la justicia, es la respuesta que les doy a toda las autoridades francesas con la complicidad de las españolas.

Quisiera localizar a mis camaradas Francois y Noel Besse.

Por la revolución social y libertaria, Antoine de la CNT AIT de España.

Para contactarme, contactar al Comité Pro-Presos de la región Levante CNT-AIT. Yo quiero enviaros fuerza a todos,

Salud a todos.

Más Información Sobre Antuan En Tokata

Cadena perpetua Presxs en lucha Vagos y maleantes

Empezamos con la necesidad y urgencia de actuar para evitar que Antonio Nieto Galindo, preso en lucha, antiguo miembro de la COPEL, condenado a una cadena perpetua nada encubierta y enfermo de cáncer, sea extraditado a Francia para seguir preso hasta la muerte. Con Adrián, de la Campaña por le cierre de los CIEs de Valencia, hablamos de los últimos acontecimientos en la cárcel racista de Zapadores, donde se ha impedido la deportación de un chaval, y de la coordinación, comunicación y solidaridad en esta lucha. Por último, alentamos al debate de la huelga de hambre rotativa con la lectura de varias cartas de press en lucha.

Cárceles racistas Huelga de Hambre Rotativa 2019-2020 Radio: Tokata Y Fuga Vagos y maleantes