Categoría: Política criminal

Damos algo de información sobre la situación de Anahí Esperanza Salcedo, compañera anarquista, presa en la cárcel de Ezeiza, en Argentina, a quien el Estado niega la atención médica que necesita con urgencia. También sobre la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, en su 22º día, y sobre el apoyo que está trecibiendo de algunxs presxs en lucha. Entrevistamos a Paz Francés, que ha venido a Valencia a hablar sobre feminismo antipunitivista y a presentar un libro recién publicado, escrito por ella en colaboración con Diana Restrepo: “¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal?”. Leemos algunas cartas de presxs en lucha.

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Entrevistamos a Laura Delgado, abogada solidaria e investigadora del derecho penitenciario, sobre las condiciones de la defensa jurídica de los derechos de las personas presas en las cárceles del Estado español o, mejor dicho, de la indefensión casi absoluta en que están, y de qué se puede hacer, teoría y práctica, para conocer y afrontar la situación real.

Política criminal Radio: Tokata Y Fuga

La demanda por parte de la mayoría de la población de un endurecimiento de las leyes, que se resume en más control y más cárcel, no surge casualmente como exigencia espontanea fruto de un mundo supuestamente más inseguro. Tampoco es por azar que la idea que genera ese desplazamiento del pensamiento general hacia el miedo, el populismo punitivo, ya no solo cuaje en los sectores más conservadores. Ahora el “vivan las caenas” cuaja por fin a todos los niveles sociales, izquierdismo incluido, en virtud principalmente de la aprobación de una serie de leyes de carácter “progre”, que se abrazan como males menores necesarios, y a una cierta sensación de derrota e incapacidad para elaborar crítica. Es un tema complejo, que nos enfrenta a contradicciones, por lo que sería conveniente hacer un poquito de historia.

El denominado por el pensamiento crítico criminológico como populismo punitivo es un término acuñado a mediados de los 90 y se concretaba como: “la utilización del Derecho penal por parte de los políticos para aumentar sus réditos electorales”. A día de hoy podemos afirmar que esta corriente de pensamiento reaccionario actúa, impulsada por dinámicas generadas durante décadas, como un cuerpo social con vida propia siendo finalmente ella quien rige las agendas de la política.

Pero las razones estructurales de la actual deriva autoritaria de las autodenominadas “democracias occidentales”, así como su interrelación con los massmedia, arranca en los 70 en plena recesión económica. Es entonces cuando se empieza a abandonar los discursos garantistas a nivel penal junto al asistencialismo de los años de prosperidad*, acentuando la criminalización de la pobreza como retórica que justifique el “auge de la delincuencia” y por tanto el aumento de la represión. A su vez la violencia política que surge en este contexto es utilizada para aprobar un arsenal de leyes de excepción bajo el manto de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

En estos años el papel de los massmedia será fundamental en la construcción del populismo punitivo. La introducción en las “agendas-setting” (la selección previa de las noticias que se deciden que deben ser las más importantes) de los temas como la inseguridad y la delincuencia se convierten en claves para ganar las elecciones. La mano dura transmite la sensación de estar haciendo algo y sacia la furia cobarde entre los de abajo. A su vez, o como consecuencia, comenzarán a construir la figura de “la víctima” como eje entorno al que enderezar la idea de una justicia vengativa, así como a desarrollar el concepto de “alarma social” como forma de naturalizar esa sensación de inseguridad construida artificialmente. Paulatinamente el miedo inoculado de manera individual al fin será colectivo, dando pie a lo que se vino a denominar “pánico moral”. Pero más allá de los noticieros y la prensa, justo cuando la policía era más impopular, arranca el género televisivo por excelencia, las series policíacas,  llegando hasta hoy desarrollado a unos niveles delirantes. La justificación y la simpatía hacia los esbirros es algo único de nuestros días, pues tanto en la literatura como en la tradición oral nunca salieron bien parados. Hoy utilizando como espejos desde los roles de mujeres fuertes en un mundo de hombres hasta los de polis machotes de los de toda la vida, empujan a admirar al verdugo y despreciar al ajusticiado.

Los cambios legislativos que se derivarán de este clima de miedo se concretarán en dos tendencias, no excluyentes e interrelacionadas entre sí:

La desarrollada en EE.UU. más liberal desde el punto de vista económico que resolverá con la transformación del antiguo sistema penal deficitario, y en teoría de vocación reinsertora, en una mera industria con la progresiva privatización de las cárceles. Nace así el denominado “complejo industrial penitenciario” como lo define Angela Y. Davis (feminista afroamericana y teórica del abolicionismo de las cárceles) alimentado por más de 2 millones de personas en distinto grado de encierro y explotación. Si bien, como apunta Davis, se trataría del resurgir de un esclavismo nunca abolido en la práctica. Siempre hubo trabajo forzado y el porcentaje de negros fue el más elevado.

La otra tendencia, la de marca Europa, a remolque de la lucha contra la insurgencia armada en los ´70, desarrollará las leyes de excepción que vulnerarán su sistema de garantías procesales. Sistema del que antaño alardeaba como seña  demócrata frente a los regímenes fascistas derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la península ibérica no contaba. Se doblan las condenas en los delitos “políticos”, se amplía la represión a lo que se considere entorno social de estas organizaciones armadas y se reconoce veladamente la tortura como una herramienta más.  La necesaria complicidad de toda la socialdemocracia europea está fuera de toda duda. La lucha contra ETA, en todas sus etapas, es emblemática de este proceso.

Sin embargo el hecho de que  del populismo punitivo haya adquirido una dinámica propia como forma de juzgar la sociedad, lo lleva inexorablemente con los años a extenderse a otros ámbitos más allá del “terrorismo” y búsqueda de la rentabilidad económica del sistema penal.

 Más cercano en el tiempo, y en esta misma ciudad, el caso de Marta del Castillo, junto con otros previos y posteriores debidamente publicitados,  marcaría estos nuevos horizontes. Curiosamente lo que hoy sería denominado, sin duda, como asesinato machista pasó a ser bandera de la extrema derecha sevillana a favor de la pena de muerte. Coincidiendo en el tiempo  y jaleados por casi toda la prensa, la familia de una niña de Huelva, Mari Luz, junto a la de Marta llevarían a cabo una exitosa campaña a favor de la cadena perpetua. Sin embargo ahora ya no son solo los fachas, o lo que con suficiencia solemos denominar la masa, la que pide más cárcel.

La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción, la violencia machista o las leyes para proteger minorías son algunas de las nuevas vías por las que el discurso del control y el miedo está pasando de hegemónico a ser ya prácticamente incuestionable. En la batalla de las ideas parece que también vamos perdiendo.

La izquierda del capital ya abandonó hace unos años la crítica anticapitalista al considerarla casposa, señalando solo al capital financiero como culpable y soñando con un desarrollismo sostenible vigilado de cerca por las instituciones. Ahora ya ni eso: unas hipotecas bien regladas, unos gastos de gestión más austeros, su poquita de regeneración democrática y pa´casa. Que la lucha contra la corrupción es un caramelo que nos dan para dulcificar el amargor de las recientes derrotas no es ningún secreto. Que jueces estrella, periodistas tenaces o policías cargando ordenadores le están lavando la cara al sistema penitenciario tampoco. Regocijarse con la imagen de un pez gordo entrando al talego es lo que tiene, o esa manita en el cogote de Rato, y es que nuestros cerebros son esponjas.

La violencia machista

La violencia machista es tema más delicado y complejo,  y es justo por ello que no debiera obviarse. Que una mujer en una situación extrema, que no tiene porque ser que peligre su vida, utilice todos los recursos que tenga a su alcance no es algo que aquí vayamos a cuestionar. No van por ahí los tiros. No es que precisamente esta vez las “agendas-sitting” hayan sido las que sacaron el feminicidio a la luz, pero ya lo absorbieron. De nuevo el endurecimiento de las condenas, el autobombo policial y el tratamiento sensacionalista de los medios ahogan en este caso las ideas y propuestas más críticas contra el patriarcado como origen de esta violencia y opresión. Esa gran capacidad de fagocitación de la idea del miedo y el control al final siempre ofrecerá la misma receta. Que en nuestro fuero interno quizás nos sea comprensible que haya colectivos feministas que pidan mano dura al Estado debe llevarnos al menos a alguna reflexión. En este sentido el artículo de opinión publicado por SALHAKETA-NAFARROA, a raíz de los casos “Yllanez” y “La Manada”, abre una vía de debate necesario. Parte del hecho de que la justicia del Estado es patriarcal por definición al estar construida “en y desde el patriarcado” y no tanto porque, además, en su práctica tienda a perjudicar a las mujeres como fiel reflejo de la sociedad que nos envuelve a todas, jueces y fiscales incluidas.

Y es que la violación en San Fermín por parte de cinco tíos del grupo denominado La Manada de una chavala, y el posterior circo mediático del juicio, resulta revelador. Imposible no empatizar con la víctima y aborrecer a los agresores, pero de golpe todo el casco viejo de una ciudad  monotorizado por más de 200 cámaras (paradójicamente con alcaldía de EH-BILDU) nos parece un mal menor y 20 años de prisión lo mínimo. No es cuestión de tenerles pena o no que eso tiene que ver más con la percepción que cada cual tenga de la prisión, es que esas cámaras y esas cárceles también nos aguardan a todas, pero a su vez queriendo o no las afianzamos echando leña a la hoguera. En cuanto a la defensa de los acusados de una violación que no reconocen es normal que nos resulte repugnante. Los juzgados son lo que son, que nadie busque ahí templos de la verdad y la justicia.

Los denominados delitos de odio.

Los denominados delitos de odio surgen como respuesta a las reivindicaciones de mayor protección por parte de asociaciones de minorías vulnerables a la violencia fascista callejera. Fue principalmente el chiringuito de la órbita del PSOE “Movimiento contra la intolerancia” del señor Esteban Ibarra, quien mediáticamente se erigió como voz de dichas minorías pidiendo leña también. Nada bueno se estaba cociendo. Los motivos de raza, religión, orientación sexual, pero también  los ideológicos surgen como agravantes. Así en virtud de esta carambola, por ejemplo, cada vez más antifascistas detenidos en acciones se enfrentan a  mayores condenas, la figura del radical se construye como la del nuevo terrorista, antisistema como antisocial. A esta categoría de delitos le debe bastante lo peligroso que se ha vuelto volcar un poquito de guasa y mala leche en internet, aunque para este espacio en concreto ya andan en marcha nuevas reformas penales que sin duda estrecharán a un más el cerco.

Sí, definitivamente Orwell y Foucault pasaron de moda. Justo por eso no es mal momento para revisitar la crítica de la sociedad del control, en vez de desprendernos de ella como de un equipaje incómodo que no sabemos dónde colocar.

* Más que discutible axioma de la progresía que utilizaremos para iniciar el relato.

Pablo de Ronda

Fuentes consultadas en el artículo:

Democracia de la Abolición. Prisiones, racismo y violencia.  Angela Davis. Editorial Trotta.

La Sociedad ImplosivaCorsino Vela. Muturreko Burutazoiak.

Medios de comunicación y populismo punitivo en España: estado de la cuestión. VV. AA. Revista Crítica Penal y Poder, nº 9 (marzo, 2015)

El Populismo Punitivo. Análisis de las reformas y contrareformas del Sistema Penal en España. VV. AA. OSPDH, Universitat de Barcelona

El abordaje de los casos “Yllanes” y “La Manada” como reto. www.salhaketa-nafarroa.com

Ilustración: Belén Moreno Núñez

Fuente del artículo: El Topo. El periódico tabernario más leído de Sevilla

Política criminal Sociedad-cárcel

Charla en video de Laura Delgado, abogada solidaria e investigadora del derecho penitenciario, sobre la indefensión jurídica que sufren las personas presas, pronunciada en las “Jornadas Penitenciarias: Resquebrajando muros de silencio”, que tuvieron lugar en la universidad de Salamanca los días 18 y 19 de abril de este año.

Actividad en la calle Política criminal

Hablamos sobre la campaña ahora mismo vigente contra el régimen carcelario de aislamiento y otras actividades de la “sociedad civil” catalana, comentamos sus implicaciones políticas y nos referimos también a sus equivalentes en el resto del territorio dominado por el Estado español, intentando valorar hasta qué punto puede ser aprovechado todo eso en una lucha real contra la cárcel y el poder punitivo.

Política criminal Radio: Tokata Y Fuga

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la semana pasada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba, porque, según los carceleros responsables, “todavía le queda mucho tiempo de condena”. Esta persona ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado, sobre todo, por una serie de robos realizados en su juventud, cuando era drogodependiente. La demanda recuerda que el Tribunal Supremo dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería “inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora”,  y que el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que el sistema penal español es “excesivamente duro” y que la pena máxima de 40 años que contempla la legislación, es superior a la de media internacional. Se refiere también a que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre quienes lo sufren y a que el mismo TEDH ha estimado contrarias al Convenio Europeo, las condenas que no se puedan revisar, y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena. Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, además de las condenadas por “terrorismo” –unos 260 presos, casi todos con grandes condenas–, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en las cárceles del Estado español, lo que vulnera claramente el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad como objetivos prioritarios del sistema penal, según la Constitución española. Copiamos a continuación buena parte de dos de las secciones del apartado de la demanda donde se expone su objeto.

Exposición de los hechos

XXX está ingresado en prisión desde el año 1981. Cumple desde entonces una condena acumulada de 58 años y 247 días de privación de libertad. A causa de dicha condena lleva ya privado de libertad unos treinta años en los que disfrutó de algunos beneficios penitenciarios luego frustrados. No ha disfrutado de ninguno de ellos en los últimos ocho años. Su comportamiento en prisión es excelente y no ha sido nunca sancionado.

La extraordinaria duración de su privación de libertad no responde a una condena de cadena perpetua o prisión permanente revisable (recién instaurada en España), sino a 13 condenas acumuladas por delitos de robo, utilización de vehículo de motor, falsificación de DNI, tenencia de armas y quebrantamiento. Se trata esencialmente de delitos de carácter patrimonial, vinculados a la drogadicción. No ha sido nunca condenado por delitos contra la vida o libertad sexual.

Al día de hoy a D. X le falta por cumplir más de 11 años efectivos de condena. De acuerdo a su expediente penitenciario, las tres cuartas partes de su condena se cumplieron el día 9 de agosto de 2014. La fecha prevista de cumplimiento total es en 2028. Sobrepasando todo ello –con mucho- el limite máximo previsto en el sistema penal español.

En noviembre de 2015 solicitó, por primera vez tras ocho años, de la junta de tratamiento que se le otorgara un permiso de salida, de cara a facilitar su resocialización y al haber cumplido ya más de las ¾ partes de su condena.

Por resolución de 3 de diciembre de 2015, la Junta de Tratamiento de la prisión de Córdoba, visto el informe del equipo de tratamiento, le denegó el permiso solicitado. En la resolución, de escasísima fundamentación, se señalaba exclusivamente como motivos para denegar el permiso su “trayectoria delictiva consolidada por comisión de nuevos delitos” y “lejanía de la fecha de cumplimiento de los ¾ partes de condena”. Éste último motivo era erróneo, al haberse sobrepasado con creces dicho sector temporal tal y como señaló posteriormente por la Audiencia Provincial.

Cadena perpetua Política criminal

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES EN PRISIÓN

Las personas transexuales y transgénero en nuestra sociedad son un grupo numéricamente pequeño, pero con una situación personal y social de riesgo para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere al derecho a la igualdad y a la no discriminación y al derecho a la salud.

Este riesgo aumenta dentro de prisión.

Es habitual utilizar como sinónimos las palabras transexual y transgénero, pero no lo son. La persona transexual es aquella que se identifica como hombre o mujer, habiendo nacido biológicamente como mujer u hombre respectivamente; y la persona transgénero, es aquella que, independientemente de su sexo biológico, no se identifica ni como hombre ni como mujer o se identifica con las dos categorías.

Hoy por hoy, la administración penitenciaria, a través de sus instrucciones, reconoce la existencia de personas transexuales, pero no de personas transgénero.

Respeto a la identidad sexual

El reconocimiento de las personas transexuales en prisión se realizó a través de una Instrucción que recoge el respeto a la identidad sexual de los internos. Aunque poco conocida, dicha Instrucción tiene ya más de diez años. Es la Instrucción 7/2006, de 9 de marzo, sobre Integración Penitenciaria de Personas Transexuales, la que establece un marco a priori protector de los legítimos intereses de este colectivo, en orden a evitar que sufran discriminación por razón de sexo.

Anteriormente, en 2001, se había aprobado la Instrucción 1/2001, en la que ya se acordaban medidas para que la persona transexual a la que no se le hubiera reconocido su cambio de sexo en documento oficial acreditativo de su identidad fuera ingresada en la prisión que correspondiera según el sexo socialmente reconocido y según el que se desarrollara su vida. Sin embargo, esta Instrucción sólo reconocía este derecho a las personas que se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.

La exclusión de otros criterios motivó la aprobación de la Instrucción 7/2006, que viene a reconocer que “las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerda con su identidad psico-social de género podrán solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de ésta a los efectos de separación interna a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria”. Es decir, con esta Instrucción se amplían los supuestos respecto a la anterior que solo reconocía el derecho en caso de haberse sometido a intervención quirúrgica de cambio de sexo.

Cárcel=Tortura Política criminal

1. Introducción

Un tema como el presente ha ciado lugar a tratados y tesis doctorales de altura. Aunque no tantas como el tema se merece. Se pueden destacar varias, pero especialmente dos, una ya antigua del profesor Iñaki Rivera, del año 1997, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos: la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría y otra más reciente de López Melero, del año 2011, Los derechos fundamentales de los presos y su reinserción socialcon más de 400 y 800 páginas respectivamente.

Iñaki Rivera ya identificaba hace 20 años un problema en construcción, la del recluso como ciudadano de segunda categoría, cuya realidad al día de hoy, es indudable.

En un reciente post en el blog de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española1, junto al Fiscal ante el Tribunal Constitucional Manuel Miranda, identificábamos de forma breve algunas cuestiones relevantes.

La mayor parte de la exposición se fundamenta en la experiencia compartida con otros compañeros en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (en adelante, APDHA). También ha sido relevante la adquirida como abogado del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (en adelante SOAJP) de Córdoba. No obstante, las críticas que se viertan deben ser entendidas únicamente como propias de quien suscribe y en su caso de la citada Asociación.

La posición no neutral, sino de defensa que nos corresponde a los abogados de las personas privadas de libertad (en adelante, presos en sentido no técnico) debe suponer una apuesta decidida por sus derechos fundamentales. Estos intentos han generado desde antaño una sensación agridulce a los letrados que trabajamos, desde cualquier ámbito de procedencia, en prisión. Por un lado, satisfacción personal y apuesta por los derechos de los más desfavorecidos, con un enganche especial por este tema; y, de forma simultánea, impotencia e insatisfacción profesional por los escasos resultados conseguidos.

Así desde una libertad crítica, me permito identificar algunas cuestiones preocupantes en los operadores de control para la plena vigencia de los citados derechos. Percepciones, que tal vez no sean compartidas por el lector:

Cárcel=Tortura Política criminal

Audio de una ponencia dentro de las jornadas del Tattoo Circus Euskadi 2017

A finales de 1975, las cárceles españolas “guardaban” a 8.440 personas presas. Treinta y cinco años después, ese número se había multiplicado por nueve –sobre 77.000 en mayo de 2010. El endurecimiento de las normas penales y el alargamiento de la privación de libertad han sido las causas principales de ese incremento del secuestro institucional pero no las únicas ni las primeras. La burbuja penal española debe interpretarse como parte y producto de una dinámica civilizatoria (económica, política, cultural…) que exige la toma en consideración de una multiplicidad de factores entre los que no figura la simple variación de las tasas de delito. En términos cuantitativos, esos índices nunca han podido explicar los aumentos de la esfera punitiva desde una supuesta correlación entre crimen y castigo, paradoja que sustenta una de las más básicas premisas de esta tesis: “la inutilidad de cualquier aproximación al funcionamiento del sistema penal desde su única descripción normativa”.

Daniel Jiménez

Política criminal

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.

Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.

Firma el manifiesto

Las madres y padres de los imputados por el altercado en un bar de Altsasu, con el objetivo de aportar todos los datos e información, hemos creado esta pagina web donde podrás encontrar contenido relativo a este caso y buena muestra de toda la solidaridad que hemos recibido.

http://www.altsasugurasoak.com/es/

Actividad en la calle Política criminal