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Tokata Y Fuga 13-IV-2017. Política, Sociedad Civil Y Lucha Anticarcelaria

Hablamos sobre la campaña ahora mismo vigente contra el régimen carcelario de aislamiento y otras actividades de la “sociedad civil” catalana, comentamos sus implicaciones políticas y nos referimos también a sus equivalentes en el resto del territorio dominado por el Estado español, intentando valorar hasta qué punto puede ser aprovechado todo eso en una lucha real contra la cárcel y el poder punitivo.

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Demanda Ante El Tribunal Europeo De Derechos Humanos Por Un caso De Cadena Perpetua Encubierta

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la semana pasada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba, porque, según los carceleros responsables, “todavía le queda mucho tiempo de condena”. Esta persona ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado, sobre todo, por una serie de robos realizados en su juventud, cuando era drogodependiente. La demanda recuerda que el Tribunal Supremo dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería “inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora”,  y que el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que el sistema penal español es “excesivamente duro” y que la pena máxima de 40 años que contempla la legislación, es superior a la de media internacional. Se refiere también a que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre quienes lo sufren y a que el mismo TEDH ha estimado contrarias al Convenio Europeo, las condenas que no se puedan revisar, y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena. Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, además de las condenadas por “terrorismo” –unos 260 presos, casi todos con grandes condenas–, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en las cárceles del Estado español, lo que vulnera claramente el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad como objetivos prioritarios del sistema penal, según la Constitución española. Copiamos a continuación buena parte de dos de las secciones del apartado de la demanda donde se expone su objeto.

Exposición de los hechos

XXX está ingresado en prisión desde el año 1981. Cumple desde entonces una condena acumulada de 58 años y 247 días de privación de libertad. A causa de dicha condena lleva ya privado de libertad unos treinta años en los que disfrutó de algunos beneficios penitenciarios luego frustrados. No ha disfrutado de ninguno de ellos en los últimos ocho años. Su comportamiento en prisión es excelente y no ha sido nunca sancionado.

La extraordinaria duración de su privación de libertad no responde a una condena de cadena perpetua o prisión permanente revisable (recién instaurada en España), sino a 13 condenas acumuladas por delitos de robo, utilización de vehículo de motor, falsificación de DNI, tenencia de armas y quebrantamiento. Se trata esencialmente de delitos de carácter patrimonial, vinculados a la drogadicción. No ha sido nunca condenado por delitos contra la vida o libertad sexual.

Al día de hoy a D. X le falta por cumplir más de 11 años efectivos de condena. De acuerdo a su expediente penitenciario, las tres cuartas partes de su condena se cumplieron el día 9 de agosto de 2014. La fecha prevista de cumplimiento total es en 2028. Sobrepasando todo ello –con mucho- el limite máximo previsto en el sistema penal español.

En noviembre de 2015 solicitó, por primera vez tras ocho años, de la junta de tratamiento que se le otorgara un permiso de salida, de cara a facilitar su resocialización y al haber cumplido ya más de las ¾ partes de su condena.

Por resolución de 3 de diciembre de 2015, la Junta de Tratamiento de la prisión de Córdoba, visto el informe del equipo de tratamiento, le denegó el permiso solicitado. En la resolución, de escasísima fundamentación, se señalaba exclusivamente como motivos para denegar el permiso su “trayectoria delictiva consolidada por comisión de nuevos delitos” y “lejanía de la fecha de cumplimiento de los ¾ partes de condena”. Éste último motivo era erróneo, al haberse sobrepasado con creces dicho sector temporal tal y como señaló posteriormente por la Audiencia Provincial. (más…)

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Personas Transexuales En Prisión

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES EN PRISIÓN

Las personas transexuales y transgénero en nuestra sociedad son un grupo numéricamente pequeño, pero con una situación personal y social de riesgo para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere al derecho a la igualdad y a la no discriminación y al derecho a la salud.

Este riesgo aumenta dentro de prisión.

Es habitual utilizar como sinónimos las palabras transexual y transgénero, pero no lo son. La persona transexual es aquella que se identifica como hombre o mujer, habiendo nacido biológicamente como mujer u hombre respectivamente; y la persona transgénero, es aquella que, independientemente de su sexo biológico, no se identifica ni como hombre ni como mujer o se identifica con las dos categorías.

Hoy por hoy, la administración penitenciaria, a través de sus instrucciones, reconoce la existencia de personas transexuales, pero no de personas transgénero.

Respeto a la identidad sexual

El reconocimiento de las personas transexuales en prisión se realizó a través de una Instrucción que recoge el respeto a la identidad sexual de los internos. Aunque poco conocida, dicha Instrucción tiene ya más de diez años. Es la Instrucción 7/2006, de 9 de marzo, sobre Integración Penitenciaria de Personas Transexuales, la que establece un marco a priori protector de los legítimos intereses de este colectivo, en orden a evitar que sufran discriminación por razón de sexo.

Anteriormente, en 2001, se había aprobado la Instrucción 1/2001, en la que ya se acordaban medidas para que la persona transexual a la que no se le hubiera reconocido su cambio de sexo en documento oficial acreditativo de su identidad fuera ingresada en la prisión que correspondiera según el sexo socialmente reconocido y según el que se desarrollara su vida. Sin embargo, esta Instrucción sólo reconocía este derecho a las personas que se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.

La exclusión de otros criterios motivó la aprobación de la Instrucción 7/2006, que viene a reconocer que “las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerda con su identidad psico-social de género podrán solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de ésta a los efectos de separación interna a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria”. Es decir, con esta Instrucción se amplían los supuestos respecto a la anterior que solo reconocía el derecho en caso de haberse sometido a intervención quirúrgica de cambio de sexo. (más…)

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Los Derechos Fundamentales De Las Personas Privadas De Libertad

1. Introducción

Un tema como el presente ha ciado lugar a tratados y tesis doctorales de altura. Aunque no tantas como el tema se merece. Se pueden destacar varias, pero especialmente dos, una ya antigua del profesor Iñaki Rivera, del año 1997, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos: la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría y otra más reciente de López Melero, del año 2011, Los derechos fundamentales de los presos y su reinserción socialcon más de 400 y 800 páginas respectivamente.

Iñaki Rivera ya identificaba hace 20 años un problema en construcción, la del recluso como ciudadano de segunda categoría, cuya realidad al día de hoy, es indudable.

En un reciente post en el blog de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española1, junto al Fiscal ante el Tribunal Constitucional Manuel Miranda, identificábamos de forma breve algunas cuestiones relevantes.

La mayor parte de la exposición se fundamenta en la experiencia compartida con otros compañeros en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (en adelante, APDHA). También ha sido relevante la adquirida como abogado del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (en adelante SOAJP) de Córdoba. No obstante, las críticas que se viertan deben ser entendidas únicamente como propias de quien suscribe y en su caso de la citada Asociación.

La posición no neutral, sino de defensa que nos corresponde a los abogados de las personas privadas de libertad (en adelante, presos en sentido no técnico) debe suponer una apuesta decidida por sus derechos fundamentales. Estos intentos han generado desde antaño una sensación agridulce a los letrados que trabajamos, desde cualquier ámbito de procedencia, en prisión. Por un lado, satisfacción personal y apuesta por los derechos de los más desfavorecidos, con un enganche especial por este tema; y, de forma simultánea, impotencia e insatisfacción profesional por los escasos resultados conseguidos.

Así desde una libertad crítica, me permito identificar algunas cuestiones preocupantes en los operadores de control para la plena vigencia de los citados derechos. Percepciones, que tal vez no sean compartidas por el lector: (más…)

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[Audio] La Función Político-Social Del Secuestro Institucional

Audio de una ponencia dentro de las jornadas del Tattoo Circus Euskadi 2017

A finales de 1975, las cárceles españolas “guardaban” a 8.440 personas presas. Treinta y cinco años después, ese número se había multiplicado por nueve –sobre 77.000 en mayo de 2010. El endurecimiento de las normas penales y el alargamiento de la privación de libertad han sido las causas principales de ese incremento del secuestro institucional pero no las únicas ni las primeras. La burbuja penal española debe interpretarse como parte y producto de una dinámica civilizatoria (económica, política, cultural…) que exige la toma en consideración de una multiplicidad de factores entre los que no figura la simple variación de las tasas de delito. En términos cuantitativos, esos índices nunca han podido explicar los aumentos de la esfera punitiva desde una supuesta correlación entre crimen y castigo, paradoja que sustenta una de las más básicas premisas de esta tesis: “la inutilidad de cualquier aproximación al funcionamiento del sistema penal desde su única descripción normativa”.

Daniel Jiménez

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Manifiesto Y Web En Apoyo Y Solidaridad Con Los Detenidos Y Encarcelados De Altsasua

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.

Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.

Firma el manifiesto

Las madres y padres de los imputados por el altercado en un bar de Altsasu, con el objetivo de aportar todos los datos e información, hemos creado esta pagina web donde podrás encontrar contenido relativo a este caso y buena muestra de toda la solidaridad que hemos recibido.

http://www.altsasugurasoak.com/es/

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Antecedentes Penales, ¿Qué Son Y Cómo Se Cancelan?

Información realizada según el Código Penal vigente tras las modificaciones de las LO 1/2015 y 2/2015 de 30 de marzo.

Fuente: Red Jurídica

Modelos de solicitudes:

Modelo 370

Modelo solicitud cancelación

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[Argentina] ¡No A La Ley Sepultura!

Luego de obtener media sanción en Diputados, el senado deberá debatir la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24660 que, de ser aprobada, agravará la situación de los seres humanos privados de libertad en los campos de concentración Siglo XXI de la Argentina, incrementará la llamada inseguridad, aunque probablemente garantice votos al PRO y al Frente Renovador, impulsores de la medida. En ningún país del mundo la mano dura y la represión, legal o ilícita, bajaron los “delitos”. Por caso, Estados Unidos es el país con mayor índice de prisioneros del planeta y también el que ostenta el mayor número de delitos. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la represión a los pobres y a los retobados es el resultado más evidente de estas leyes regresivas. Los países que disminuyeron el índice de delitos y demuelen cárceles lo realizaron con mayor equidad social y penas alternativas al encierro.

La llamamos Ley Sepultura porque – de hecho- extenderá la permanencia de los privados de libertad, en las cárceles de mala muerte del país, haciendo cumplir las condenas “de punta a punta” arrasando sus derechos Desde la Procuración Penitenciara de la Nación, organismo de contralor del Servicio Penitenciario Federal, Ariel Cejas Meliare indicó a esta Agencia: “Se trata de un proyecto que propone aumentar la prisión preventiva y elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, pues impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Esto conllevará el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por la mayoría de los delitos que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala. Además, implica avanzar sobre la autonomía provincial, pues pretende extender este criterio restrictivo a las legislaciones locales”. (más…)

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21 Horas Al Día En Una Celda. Manifiesto Contra El Aislamiento Penitenciario

Veintiuna horas sin ver ningún rostro ajeno. A veces incluso, si no hay espejo, ni siquiera el propio. Veintiuna horas sin estímulos, en silencio, sin conversación, sólo con tus propios pensamientos. Veintiuna horas sin actividad física. Veintiuna horas sin poder fijar la vista en el horizonte.

El régimen de aislamiento en la prisión impone un régimen de vida a las personas presas basado en el encierro en soledad durante la mayor parte del día, entre dieciocho y veintiuna horas. Hay personas que están días, otros meses, y otros incluso años, a pesar de que las normas internacionales para el tratamiento de las personas reclusas, conocidas como las “Reglas Nelson Mandela”, establecen que el tiempo máximo de reclusión en aislamiento tiene que ser de quince días.

Este sistema de vida se impone como tratamiento permanente, medida regimental a los preventivos, sanción puntual o medio coercitivo. A lo largo del 2016 pasaron por el régimen de aislamiento en las prisiones catalanas un total de 2.156 personas: 1.487 por haber sido sancionadas y 669 por haber sido clasificadas en primer grado del tratamiento penitenciario.

Si partimos de la premisa constitucional que la prisión, en principio, tiene que actuar como agente de reinserción de las personas presas y, por lo tanto, a una vida en comunidad, ¿qué sentido tiene el aislamiento? Se mantiene afirmando que estos tratamientos funcionan, mientras las personas presas se autolesionan o, incluso, llegan a suicidarse. Ante estos resultados, ¿por qué se sigue aplicando como tratamiento penitenciario?

El Relator Especial de las Naciones Unidas para cuestiones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes ha recomendado en numerosas ocasiones a todos los países prohibir la reclusión en aislamiento de las personas presas, excepto en circunstancias excepcionales y, en estos casos, por el menor tiempo posible. Entendemos que la reclusión en aislamiento de más de 15 días tiene que ser prohibida dado que numerosos estudios han mostrado que puede causar un daño mental crónico. El aislamiento prolongado genera situaciones que pueden llegar a ser consideradas como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además de la vulneración de derechos humanos que supone, es injustificada, por anacrónica e ineficaz.

¿Una sociedad democrática del siglo XXI se puede permitir seguir perpetuando una institución como el aislamiento? A pesar de que la competencia legislativa es del Estado Español, Cataluña en el marco de la ejecución penal puede dejar de aplicar el régimen de aislamiento.

Las entidades y las persones firmantes exigimos que:

– Que el Parlamento de Cataluña se pronuncie sobre la necesidad de suprimir el régimen de aislamiento del sistema penitenciario catalán, para no ser compatible con la dignidad humana ni con el principio de reinserción social.

– Que con el objetivo de dar pasos firmes hacia este objetivo, inste en el Gobierno catalán a respetar la legalidad internacional y, en consecuencia, a aplicar únicamente el aislamiento de forma absolutamente excepcional y exclusivamente como sanción, con una duración inferior a quince días, dejando de aplicarse en cualquier de los otros supuestos previstos en la normativa vigente.

21hores.cat

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El Tribunal Supremo Reduce La Condena A Francisco Solar Y Mónica Caballero De 12 Años A 4 Años Y 6 Meses

El pasado 19 de Octubre tuvo lugar la vista sobre el recurso a la sentencia de 12 años que condenaba a los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero por la explosión en la Basílica del Pilar en Octubre de 2013. El argumento de la defensa se basaba en varios puntos, destacando los siguientes:

• Falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó.
• Falta de pruebas categóricas.
• Rebajar la figura penal de “daños terroristas”, al no resultar afectados bienes artísticos, ni culturales, ni históricos.
•  Cambiar la acusación de “lesiones terroristas”, ya que en todo caso debería considerarse como una “falta”.
•  Desproporcionalidad de las condenas que recibieron en primera instancia.

El 16 de Diciembre de 2016 se ha hecho pública la resolución del Tribunal Supremo que acorta la sentencia de nuestros compañeros a 4 años y medio de prisión para cada uno, además de 143.317 euros en calidad de indemnización por los daños causados. Teniendo en cuenta que ya han cumplido tres años de prisión, les quedaría por cumplir un año y medio más en las jaulas del Estado. Pero cabe la posibilidad que al ser extranjeros puedan ser expulsados a territorio chileno, quedando en libertad antes de que se cumpla ese plazo, al ser su condena inferior a 6 años.

Nuestra alegría es inmensa pero no completa, pues ya son tres largos años los que permanecen en las garras del enemigo sin poder abrazarles. Hasta el momento de verles de nuevo en las calles y después de ello también, seguiremos luchando contra el encierro, el Estado y la dominación, ya que es tan grande el amor a nuestros compañeros como el odio a quien los encierra.

(vía mail)

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La Inflación Punitiva: Más Presos Con Menos Delitos

La relación entre libertad y seguridad sufre en España un claro desequilibrio a favor de la segunda, o en perjuicio de la primera, en materia de seguridad ciudadana. Las tasas de delincuencia del país se encuentran entre las más reducidas de Europa mientras las de población penitenciaria destacan por su elevación entre las de los Estados de ese mismo ámbito. Resulta paradójico: más presos de lo normal con menos delincuentes de lo habitual al mismo tiempo.

Parece, en cualquier caso, un caso de inflación punitiva, en el que los legisladores amplían constantemente el catálogo de infracciones de las leyes penales, en un proceso expansivo en el que crecen los ámbitos y las acciones criminalizados al tiempo que se agravan las condenas, con lo que su aplicación se traduce en un insólito aumento de las reclusiones –y de su duración–, en las que, por otra parte, no siempre se materializa el componente educativo o de reinserción que convive en las condenas con el retributivo o de castigo.

La criminalidad, además de ser reducida, tiende a la baja en España. Según Eurostat, el sistema estadístico de la UE, el país pasó de registrar 2.396.900 infracciones criminales –delitos y faltas– en 2008 a 2.268.900 en 2012, periodo en el que la cifra también se redujo en otros quince países comunitarios. Y, según el Ministerio del Interior, la delincuencia cayó a partir de entonces de una manera vertiginosa, ya que el 2015 se cerró con un cómputo oficial de 2.035.625, que supone un descenso ligeramente superior al 15% conforme avanzaba la crisis económica. Esos datos situaron la tasa de criminalidad en 43,7 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, “la más baja de los últimos doce años”, señala el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Más de la mitad de los delitos de los que tienen conocimiento las fuerzas de seguridad son robos y hurtos: 564.657 de los 993.596 denunciados entre enero y junio, con un importante peso cuantitativo de los atracos a personas y locales –30.773, más de siete por hora– y los asaltos a viviendas –57.458, unos 315 por día–. (más…)

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La Paradoja De La Libertad Vigilada

El terrorismo y los delitos sexuales, considerados como supuestos de especial gravedad, eran los únicos que se incluían en el ámbito de aplicación de la libertad vigilada según la anterior redacción del Código Penal (Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Se entendía que, agotada la dimensión retributiva de la pena, la adopción de medidas de seguridad era la respuesta a la peligrosidad subsistente del sujeto implicado en este tipo de delitos.

Ha sido una medida de seguridad no exenta de problemas de aplicación práctica, dada la concurrencia en el sistema penal español con medidas cautelares y con penas de contenido coincidente, al menos parcialmente. (más…)

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[Vídeo] No A La Perpetua

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La Cárcel Y Su Mundo: Reflexiones Para Una Sociedad Sin Jaulas

Cuatro puntos sobre los que reflexionar, nada más. La pregunta fundamental, la que todos los libros eluden siempre, dejándola al margen o tendiendo a confundir de modo más o menos eficaz, esta pregunta fundamental es: si la cárcel significa punición, castigo, pena, evidentemente, hace referencia a la transgresión de una determinada regla (de hecho, la punición interviene en el momento en que la regla se trasgrede, se viola). Ahora, la transgresión de la regla remite a su vez al concepto mismo de regla, es decir, a quién decide –y cómo– las reglas de una sociedad. Esta es la cuestión que los distintos operadores del sector, los expertos, no afrontan nunca. Esta es la cuestión que contiene todas las demás y que, si se desarrolla hasta el final, amenaza con derrumbar todo el edificio social y, con él, sus prisiones. ¿Quién decide, y cómo, las reglas de esta sociedad?

Está claro que todas las chácharas que se cuentan sobre el poder del ciudadano (“el ciudadano, esa cosa pública que ha suplantado al hombre”, decía Darien), sobre la participación directa, se muestran cada vez más como lo que realmente son, mentiras. Decidir, en esta sociedad y en todas las sociedades basadas en el Estado, en la división de clases, en la propiedad, lo hace una reducida minoría de individuos que se autodenomina representantes del “pueblo” y que imponen, basándose en determinados poderes ejecutivos (coercitivos), sus reglas. Esta definición, más bien genérica, resalta de inmediato que regla y ley, acuerdo y ley, no son sinónimos. La ley no es una regla como las demás, es una forma particular de concebir y definir la regla: la ley es una regla autoritaria, es una regla coercitiva impuesta, además, por una reducida minoría. Ahora bien, es posible concebir un modo completamente distinto de definir las reglas, o dicho de otra manera, de tomar acuerdos. Por tanto, si no hay coincidencia entre acuerdo y ley, la pregunta fundamental es: ¿cómo se puede puede castigar a un individuo o conjunto de individuos en base a una reglas coercitivas, esto es, leyes que nunca han suscrito, que nunca han aceptado libremente, que nunca han establecido? Esta es una cuestión extremadamente simple, pero que nunca se formula.

Sin plantear aun la pregunta de qué significa concebir las relaciones entre individuos en términos de punición, castigo, pena; sin plantear aun esta cuestión, es necesario preguntarse si es legítimo, justo, útil, agradable, que un individuo, un conjunto de individuos, sean reprimidos, castigados, encerrados, torturados por la transgresión de normas que nunca han concebido ni suscrito. Es esta la cuestión fundamental a la que se intenta encontrar respuesta, una respuesta que a pesar de ser teórica, debe hacerse espacio en la práctica. Ahora, evidentemente, en la misma forma en que planteo aquí el problema a contraluz, se puede ver cómo pienso afrontarlo.

El libre acuerdo es la posibilidad y la capacidad que varios individuos, más o menos numerosos en su asociación, tienen de establecer en común determinadas reglas para realizar su actividad, actividad cuyas finalidades e instrumentos controlan. Sin este control de las finalidades y los instrumentos del actuar propio, no existe autonomía alguna, que es exactamente la capacidad de asignarse las propias reglas. Existe entonces el dominio, el ser dirigidos por otros, por tanto, la explotación. Justo porque esta sociedad no se basa en el libre acuerdo, esto último se desarrolla solo dentro de pequeños grupos donde existe la conciencia de la posibilidad de tener relaciones de reciprocidad, de libertad, por lo tanto, sin formas coercitivas; pero más allá de pequeños grupos que, de forma conflictiva con la sociedad, buscan vivir de este modo, en este orden de cosas no existe una posibilidad parecida, porque precisamente vivimos en una sociedad basada en la división de clases, en el dominio y en el Estado que, de alguna manera, es producto y garante de esta división de clases y de este dominio. (más…)

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El Castigo Patriarcal No Protege A Las Mujeres

Decir que el poder punitivo es un poder claramente patriarcal es casi una perogrullada. En primer lugar, porque todos los sistemas que configuran la cultura hegemónica actual son patriarcales, pues el patriarcado no sólo es un sistema total sino además global. En segundo lugar, porque es precisamente el poder punitivo (y la cultura del castigo que le subyace) el núcleo fundamental de la cultura occidental hoy dominante en casi todo el planeta. El patriarcado es una forma de violencia cultural y estructural, lo cual es evidente en innumerables ejemplos, uno de ellos las agresiones sexuales a mujeres. Sin embargo, es precisamente también desde esa cultura violenta desde donde se ha construido un sistema de castigo cada vez más perfeccionado por parte del Estado: el Derecho penal y sus instituciones. Es decir, es en el sistema patriarcal en el que se entiende el modelo de justicia penal que tenemos y no es casual que sea así porque es consecuencia del primero y está construido a su imagen y semejanza.

Brevemente podemos afirmar que son dos los rasgos comunes generales que unen al poder punitivo y al poder patriarcal. El primer punto de encuentro estaría en su relación con el capitalismo y el segundo en el control mediante el miedo (a la fuerza, a la pena, al infierno etc) Pero además hay otros rasgos más precisos entre el patriarcado y el sistema penal. Estos son, sin detenernos en desarrollarlos: el desprecio por la vida (no sólo de personas, sino también de animales, plantas…), la generación de siervas (víctimas, incapaces, infantilizadas), la utilización amañada de las ciencias, el interés en la ruptura de los lazos de solidaridad, el fundamento en la lógica dualista (hombre-mujer/buenas-malas/criminales-no criminales), la relación entre el concepto culpa de la punición y el concepto “eres mía” del patriarcado… (más…)

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[Informe] Los Niños De La Dispersión. El lado Más Oscuro De La Política Penitenciaria

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La Toma De ADN Y La Base De Datos Genéticos

LA toma de ADN y la base de datos genéticos[Clica en la imagen para acceder a toda la información]

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Recurrir Un Permiso: Golpearse Contra La Pared

Impotencia y frustración. Hablar con una pared. Chocarse con un muro de piedra, para levantarse, coger impulso y volver a golpearse una vez más, una y mil veces más. Esto es lo que siento cuando me enfrento a un recurso penitenciario.

Esa sensación de que da igual lo que argumente, que el juzgado o Audiencia competente va a desestimar el recurso, con el mismo Auto que el resto de recursos sobre la misma materia. Da igual que el asunto se trate de oficio o de libre designación; es indiferente a qué juzgado o tribunal tenga el honor de dirigirme; no es relevante que mis argumentaciones quepan en tres, cinco, diez o cien mil folios; no tiene trascendencia la cita de distinta jurisprudencia de diferentes órganos jurisdiccionales,… al final el resultado es siempre el mismo: desestimación del recurso.

Esta situación es sumamente desmoralizante para el letrado, por los poquísimos recursos que prosperan, y parecen empujar a un “corta y pega” de unos recursos para otros, porque se puede pensar: “total, para lo que va a servir y el caso que van a hacer”. (más…)

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[Libro] La Cadena Perpetua En España: Fuentes Para La Investigación Histórica

Captura[Para leer/descargar el libro, pincha en la imagen]

El libro trata las fuentes disponibles para el estudio de la historia de la cadena perpetua en España, desde sus inicios en el siglo XIX hasta su abolición en la segunda década del siglo XX, y aporta un análisis crítico acerca de lo que supone para nuestra legislación penal la reciente aprobación de la “prisión permanente revisable”.

Se trata de una obra colectiva coordinada por Pedro Oliver Olmo y Luis Gargallo Vaamonde, y en ella participan varios miembros del Grupo de Estudios sobre la Historia de la Prisión y las Instituciones Penitenciarias: los coordinadores, Eduardo Parra Iñesta, Mae Cubero Izquierdo, Jesús Carlos Urda y Ángel Organero.

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Sanciones Encubiertas En Prisión

Uno de los conceptos que creo que mejor definen a la prisión es el de “institución total”, ideado por el sociólogo canadiense Erving Goffman, y que describe en su libro “Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales” (1.961).

Goffman llama institución cerrada o total a un “lugar de residencia o trabajo, donde un gran número de individuos en igual situación, aislados de la sociedad por un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada formalmente”. Según este autor, una de las características de este tipo de instituciones es que todas las actividades cotidianas están estrictamente programadas y se imponen jerárquicamente, mediante un sistema de normas formales explícitas. Las diversas actividades obligatorias se integran en un único plan racional, deliberadamente creado para lograr de objetivos propios de la institución.

Si bien el autor llevó a cabo sus estudios sobre un hospital psiquiátrico, un ejemplo típico de institución total es la cárcel. En ella, frente al individuo preso, surgen los actos administrativos, que merman su capacidad de autodeterminación como persona y articulan el modo de organización inherente a la institución total. Entre los más significativos de cara a estos fines, aparecen los castigos (sanciones) y recompensas (o beneficios) establecidos legal y reglamentariamente, y utilizados para que el sujeto moldee un tipo de subjetividad determinada, compuesta por las conductas que la institución impone. (más…)

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Presos FIES: El Agujero Negro De La Democracia

El 6 de marzo de 1991, a través de una Circular de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias (DGIP), se oficializaba en España lo que después se ha conocido como ‘el régimen FIES’, apelado también “la cárcel dentro de la cárcel”.

La realidad era algo más compleja: ya desde el año 1979, año en que se aprobó la Ley Orgánica General Penitenciaria –primera Ley orgánica de aquella naciente democracia–, se reconocía en España la posibilidad de aplicar a los internos, en cumplimiento o preventivos, un régimen que se denominaba “cerrado”, en contraposición al “abierto” que se aplicaba a los presos en tercer grado, pero también al “ordinario”, que se preveía para la generalidad de los reclusos, preventivos o clasificados en segundo grado.

El régimen “cerrado” estaba previsto en la citada Ley General Penitenciaria para los internos de especial peligrosidad, y también para aquellos que, sin ser peligrosos, resultaran “inadaptados a los regímenes abierto y ordinario”, como si la adaptación a la vida en prisión fuera un fin en sí mismo, y no un medio para la reinserción social y, en definitiva, para la adaptación a la vida en libertad.

En cuanto al contenido de ese régimen cerrado, la ley y el reglamento que la desarrollaba no contenían más que las líneas generales, de modo que la concreción de las condiciones en que se desarrollaba la vida de estos internos se dejó al albur de la propia DGIP, quien a través de instrucciones, circulares, protocolos y ordenes de Servicio fue llenando el vacío normativo al respecto.

Para muestra, un botón: el 2 de agosto de 1991 se dictará una circular reguladora de las condiciones de vida de los internos en régimen cerrado, que establece que pasarán 22 horas solos en su celda, sin efectos personales, con tan sólo la ropa que lleven puesta y una muda, no pudiendo acostarse más que en las horas de descanso, y debiendo situarse al fondo de la celda cuando aparezca el funcionario. Se les permitirá salir al patio dos horas, en las que tan sólo podrán coincidir con otro interno. Del mismo modo, se prevén registros diarios de las celdas, así como cacheos en todas las entradas y salidas de la celda. (más…)

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Informe Sobre El Aislamiento Penitenciario

El presente estudio elaborado por las organizaciones sociales, académicas y profesionales que constituyen la Coordinadora catalana para la prevención de la Tortura (CPDT), examina las previsiones legales (internacionales y nacionales, por ese orden), las resoluciones jurisprudenciales (de iguales ámbitos), así como las afectaciones a los derechos humanos y las consecuencias psico-sociales, de los denominados Departamentos Especiales de Régimen Cerrado (DERT, en adelante), existentes en los centros de privación de libertad en Catalunya en el último quinquenio.

Para acceder al documento completo entra en este enlace: Informe sobre el aislamiento penitenciario

RESUMEN del INFORME

1. Normativa y Jurisprudencia Internacional en materia de aislamiento

  • Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos de 2015 (también conocidas como Reglas Mandela):

  • La regla nº 38 hace mención a la necesidad que la administración del establecimiento penitenciario vele por atenuar los posibles efectos perjudiciales que el aislamiento tenga sobre las personas.

  • La Regla 43 hace referencia explícita a la prohibición del aislamiento indefinido o prolongado, el encierro en una celda oscura o permanentemente iluminada o la prohibición del contacto del interno con la familia.

  • La regla 44 define el aislamiento como el encierro de una persona sin contacto humano durante un mínimo de 22 horas diarias. Refiriendo también que debe considerarse como el encierro prolongado áquel que se extiende a un período superior a 15 días consecutivos.

  • Las Reglas Penitenciarias Europeas, adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa el 11 de Enero de 2006, establecen en la regla 60.5 que el aislamiento solo se puede imponer en casos excepcionales y por un período definido y tan corto como sea possible. Además, en la regla 102.2 se recuerda que la privación de libertad ya supone en sí misma un castigo para el recluso y que, por tanto, el régimen penitenciario no ha de agravar el padecimiento producido por el encarcelamiento.

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No Hay Nada Peor Que Un Juez Justo

(Muy poco que celebrar: la misma pestilencia a un lado y a otro del banquillo)

De repente, España se llena de juicios que llevan a las cárceles a gentes ricas, poderosas. Y se encausa a políticos, a empresas, a famosos…

¿Debemos matar la crítica aplaudiendo todo esto?

No está pasando nada que sirva a los verdaderamente explotados y oprimidos. El Estado de Derecho debe “relucir”, esplender, cada día más, en todas partes. El Capital y las oligarquías se mueven mejor en ese entorno. España, que quería ser “europea”, era como un África en el Norte, el África del Centro Capitalista, la euro-áfrica. Democracia fallida, Estado fallido, Fallo fallido.

El nuevo orden democrato-cínico mundial va a empezar a pasar la escoba por todos los rincones, pues las inmundicias en las que antes se basaba ya no le sirven.

Va a ser todo más “higiénico”, más “panhigiénico”, decía Illich, pero se va a reforzar de un modo inusitado la explotación y la opresión.

A más ricachones, dirigentes, pederastas, artistas, deportistas, princesas, princesados y demás vómitos de la sociedad, en los tribunales, más se seguirá apretando la tuerca a la masa expoliada, que ya, contenta de ver a sus adversos en las cárceles, cada día sentirá menos su expoliación.

No, no me ilusiona que adornen la cárcel, que le saquen brillo a los barrotes, que conviertan a los carceleros en emisarios del Estado de Derecho y del Estado del Bienestar, que la llenen de cerdos barrigudos y calvorotas para que los lloren, no tanto, los amores que compraron. Me da cierto gusto que el Sistema, para engañarme, en esta partida de ajedrez que juega y gana contra lo poco de humano que queda en el ser humano y también contra lo poco de planetario que queda en el planeta, encierre a sus peones débiles, sacrifique a algunas de sus piezas en posiciones complicadas. Pero yo lo que quiero es llevar a todo el Sistema a la cárcel, y, luego, como ansían los “otros” encarcelados, hacer estallar la cárcel misma. Y que ardan, en un mismo fuego, los presos de lujo y los jueces enlujados. ¡Oh, sí, qué emoción, tanto galardón y tantas propietarios abrazándose como siempre, pero por última vez!

Si alguien piensa que esto es incitación al odio, a la discordia, al conflicto, le diré que no estoy tan seguro, pero que es lo que pretendo cada vez que hablo la boca.

¡Nada que celebrar, mercaderes del espectáculo!
¡Juez estrella, te estrello contra tu mierda!

Me he quedado más tranquilo. Parece que respiro.

Pedro Gª Olivo.

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¿Deben Cumplir Los Presos Las Penas En El Lugar Más Próximo A Su Domicilio?

La lógica dice que sí, la legislación penitenciaria es interpretable y la jurisprudencia confusa, pero la respuesta al final es: lo que Instituciones Penitenciarias decida.

Si ponemos en  relación el artículo 25.2 de la de la Constitución que dice: “La penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas a la reeducación y reinserción social”, con el artículo 1 de la LOGP: “ Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin primordial la reeducación y reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas de libertad” y cerramos el círculo con el artículo 12.1 de la misma LOGP: “La ubicación de los establecimientos penitenciarios será fijada por la administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En todo caso se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”, da la sensación de que lo que nos están intentando transmitir estos tres artículos es que los presos deben cumplir su pena en el lugar más próximo adonde tengan su arraigo familiar y social. Sin embargo, en muchas ocasiones esto choca con la realidad. (más…)

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Estado Punitivo

Endika Zulueta (abogado) habla del Código Penal, Ley de Seguridad Ciudadana, Ley de Seguridad Privada, Ley de Justicia Gratuita, etc. con los que el Estado lucha por la adhesión de la sociedad al nuevo proyecto a través del miedo: miedo a perder el trabajo, miedo a no encontrarlo, miedo a perder la casa, miedo a protestar por la posibilidad de ser multado, golpeado o detenido. La adhesión de la ciudadanía al Estado a través del miedo no es una característica de un Estado democrático sino de uno autoritario. Es una batería represiva y su afectación a la lucha de la disidencia política, por pacífica que esta sea explica en uno de sus numerosos artículos publicados. Pero no se debe perder de vista la otra importante finalidad que tiene: la criminalización de la pobreza. El Estado pretende transformar los problemas sociales en problemas de orden público, con la finalidad de que la sociedad asuma con miedo el “alarmante aumento de la inseguridad ciudadana”, reclamando más policía en los barrios, criminalizándose, no solo al pobre como delincuente potencial, sino a la pobreza en general, eliminándose la solidaridad, legitimando la represión policial, aumentando el apego al poder y ocultando el problema original (la causa de la pobreza) haciendo emerger un problema nuevo que antes no existía (la inseguridad ciudadana), ofreciendo la solución (siempre represiva), consiguiendo que no se hable del problema de la pobreza, sino de la inseguridad que generan los pobres. Ser pobre es símbolo de sospecha policial, suficiente para ser identificado y un indicio para ser detenido, proponiéndose la cárcel, el auténtico símbolo del desamparo, como solución totémica a todos los problemas.