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Nos hacemos eco de un artículo publicado en El Salto por las autoras del libro prohibido, trabajo este donde, a partir de una especie de genealogía del racismo de estado español, se analiza con bastante radicalidad y concrección cómo el régimen de dominación y explotación construye el fantasma de sus potenciales enemigos alimentándolo con la vida de los chivos expiatorios que elige según sus intereses del momento, en diferentes ámbitos, como el de la escuela o el sistema punitivo. En este último campo, sus autoras eligen valientemente el caso de Mohamed Achraf, en el que resulta más que evidente la manipulación racista y criminalizadora de la realidad y la constitución, sostenimiento y desarrollo de la falsificación totalitaria que la sustituye violentamente, igual que masacra los días de Mohamed ofreciendo en holocausto su vida ante el ídolo capitalista. La audiencia nazional confirma ampliamente las conclusiones del libro, al prohibir que lo pueda leer el compañero, con la excusa de que contiene ciertas informaciones que, supuestamente, pueden atentar contra la seguridad de las cárceles y, en realidad, son públicas y de libre acceso para cualquier ciudadano. Así, el tribual de excepción amplía la demostración de cómo el Estado español articula su consustancial racismo creando una categoría de no-personas, presas en este caso, privadas de derechos por su supuesta condición de enemigos, es decir, una situación sin Derecho, al estilo de la prisión de Guantánamo.

LA AUDIENCIA NACIONAL Y LOS DERECHOS DE LOS PRESOS MUSULMANES EN LAS CÁRCELES ESPAÑOLAS

Hace poco más de un año publicábamos el libro La radicalización del racismo. Islamofobia de Estado y prevención antiterrorista (Cambalache, 2019) con la intención de denunciar el racismo de Estado que se reproduce a través de las políticas de “prevención del extremismo violento”.e

En el libro se presenta el caso de Mohamed Achraf como una muestra paradigmática de la maquinaria que el Estado pone a disposición del racismo institucionalizado. Tras la publicación del libro, le enviamos un ejemplar a Mohamed a la prisión de A Lama (Pontevedra) para que pudiera conocer cómo habíamos relatado su caso. Sin embargo, Instituciones penitenciarias se negó a entregárselo y, hace unas semanas, la Audiencia Nacional ratificó la decisión de retener el libro “por motivos de seguridad”.

El auto justifica la prohibición alegando “que en las páginas 113 a 115 se reproducen los indicadores que se pueden encontrar en el Instrumento de evaluación de riesgo de radicalismo violento”. Según la Audiencia Nacional, y a pesar de que el “Protocolo Marco de prevención de la radicalización en cárceles” es público, no lo es el “Instrumento de trabajo”. Sin embargo, nosotras encontramos dicho documento en la página del Senado. De hecho, a día de hoy sigue disponible, de libre acceso, en internet.

El auto judicial también dice que el conocimiento de dichos indicadores por parte de Mohamed supondría la posibilidad de que el “propio interno adaptase artificialmente su conducta a los diferentes parámetros generales de estudio y seguimiento, evadiendo las actividades de observación, intervención y/o tratamiento penitenciario en su caso”. Al tener acceso a dichos indicadores, personas que Instituciones Penitenciarias considera en posible proceso de radicalización, podrían “burlar o distorsionar la valoración por los profesionales sobre el grado de radicalización y de la evolución penitenciaria del interno, así como perjudicar la eficacia del tratamiento penitenciario”.

Sin embargo, en nuestro libro argumentamos que, tal y como el propio Mohamed ha denunciado, esos mecanismos de detección no son más que una manera de sofisticar el racismo islamófobo del funcionariado de cárceles, legitimado y amparado por toda la maquinaria política, judicial y mediática de criminalización de las personas musulmanas, y muy especialmente de los hombres musulmanes.

Mohamed no necesita leer la lista de indicadores para saber qué actitudes suyas se consideran “signos de radicalización”. Entre otras razones, porque se encuentra encarcelado bajo la ley antiterrorista. Por tanto, desde el primer día que entró en prisión fue considerado “radical” por parte de Instituciones Penitenciarias, la Audiencia Nacional, la policía y todos los agentes del orden de este país. Mohamed fue condenado a catorce años de prisión en base a pruebas que él afirma fueron manufacturadas y declaraciones de testigos protegidos (que finalmente confesaron haber sido manipulados por la policía) en el marco de un montaje que se llamó “Operación Nova”.

A finales del año 2018, una vez cumplida su condena, y sin haber llegado a pisar la calle, fue retenido en la cárcel acusado otra vez del delito de “captación”. Desde entonces, sigue encerrado en prisión preventiva. Se encuentra en régimen de aislamiento desde que entró en la cárcel en el año 2004 y toda su comunicación, tanto escrita como oral, está sujeta a vigilancia. Es decir, Mohamed está solo en la celda, sale al patio cuatro horas al día, con dos personas como máximo, y no puede comunicarse con nadie sin que Instituciones Penitenciarias lea o escuche lo que se diga en esas comunicaciones. Esto es así en su vida desde hace dieciséis años. Y, sin embargo, ahora lo acusan de ser una especie de “gran adoctrinador” dentro de las cárceles del Estado. Pero, ¿cómo ha podido realizar sus supuestas funciones de captación mientras sufría esta extrema vigilancia? Y, en tal caso, ¿por qué, si se dedicaba a “captar adeptos”, le han trasladado hasta en doce ocasiones, de cárcel en cárcel, por decisión de la Secretaría General de Prisiones?Nada se sostiene y, sin embargo, este sistema lo mantiene encerrado.

El mismo Mohamed ha explicado en varias ocasiones en la plataforma digital de Tokata los castigos que le han infligido en la cárcel. En su texto Un alegato desde la cárcel contra el Protocolo Antiyihadista en prisiones expresa, con mucha más claridad y contundencia que nuestro libro, la crueldad del régimen carcelario hacia los presos musulmanes en general y, en particular, hacia los calificados como radicales y sometidos a los Ficheros Internos de Especial Seguimiento (FIES).

“El programa falso de antiradicalismo pretende criminalizar a los presos comunes musulmanes que practican su culto a ratos y se les considera radicales.”

“El falso programa busca colgar medallas, galones y méritos engañándose a sí mismo y engañando a la sociedad porque las personas que mete en dicho programa ni son radicales ni nada y los que se apuntan es por salir de una situación penitenciaria peor (aislamiento, FIES, represalias…) a otra menos mala. Igual que los islamistas condenados por terrorismo que han firmado una conformidad, que no lo hacen porque sean culpables sino para evitar una condena mayor, porque de todas maneras les condenarán porque son musulmanes practicantes”.

Los indicadores que la Audiencia Nacional quiere ocultar no son más que la sistematización de una serie de construcciones islamófobas que circulan en el imaginario social dominante. Estas ideas sobre el islam y las personas musulmanas constituyen y activan el racismo institucional a través de, por ejemplo, el hacer del funcionariado (profesorado, técnicos y burócratas, policías, jueces y la clase política). Las coordenadas que se establecen mediante estos indicadores conceden luz verde a la ejecución de medidas policiales, judiciales y penales que se disfrazan de cientificismo y verdad.

“La seguridad” se ha convertido cada vez más en un subterfugio para defender políticas y medidas descaradamente autoritarias y en un mecanismo de justificación de la violencia del Estado, cuyas víctimas racializadas quedan siempre en la penumbra. “Por motivos de seguridad…”, repiten una y otra vez. Pero, ¿de qué seguridad estamos hablando? ¿A quién protege y a quién no?

En el libro sostenemos —a través de una serie de argumentos que no nos es posible desarrollar en un artículo breve como este— que la razón de la existencia de los protocolos de prevención no se encuentra en la voluntad del Estado de “prevenir”, ni en la de hacer frente a “la radicalización” y a “la amenaza terrorista”; por el contrario, se trata de “dar sentido” a una política interior que se viene sirviendo de la retórica de la migración, el islam y el terrorismo para conseguir rédito político, desviando la atención de los problemas socioeconómicos latentes; entre otros, el acceso a la vivienda, el trabajo, la salud o la educación. Mientras la extrema derecha lo hace de forma descarada y abiertamente racista, el resto de facciones políticas se caracterizan por su silencio o su ambigüedad en relación con las cuestiones que atañen al racismo en general y, en particular, a la política antiterrorista como una de las formas en que dicho racismo se institucionaliza.

En La radicalización del racismo tratamos de explicar que este despliegue de medidas es posible y “adquiere sentido” en tanto que se alimenta de —y reproduce— la deshumanización histórica, sistemática e institucionalizada de las personas musulmanas. Es decir, es el racismo el que facilita la justificación y el consenso social necesario para la naturalización del despliegue de violencias estatales en clave racial.

Para concluir este texto, queremos destacar que Mohamed realiza una labor incansable desde prisión, presentando recursos ante todos los agravios a los que ha sido sometido en las diferentes cárceles durante estos largos años de privación de libertad. Así lo ha hecho también en este caso: ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional alegando que su derecho a la información está siendo gravemente vulnerado y, que, por tanto, reivindica su derecho a que el libro le sea entregado.

Ainhoa Nadia Douhaibi
Salma Amazian

Cárceles racistas Política criminal

Leemos un texto de Miguel Amorós, «El Estado con mascarilla», lúcida visión de conjunto de la situación, muy útil para situarse sin ilusiones ante la «crisis del coronavirus». Hablamos con Libertad Francés, de Salhaketa Nafarroa, de las críticas y reclamaciones hechas públicas por algunas asociaciones defensoras de los derechos humanos, garantistas y abolicionistas, frente a la violación de los de los presos, exacerbada por las medidas tomadas en las cárceles relacionadas con la «pandemia mundial», a base de privaciones, represión y más aislamiento, que no de verdadera prevención médico-sanitaria. Gonzalo Tejerina interviene al final, reivindicando la excarcelación de las personas presas con enfermedad mental y señalando la complicidad de los médicos. Hablamos finalmente con Vicent Almela de la prohibición que ha opuesto la autoridad carcelera catalana a su intento de entrar en Brians I a entrevistar a un preso, a pesar de la reciente sentencia del tribunal constitucional en el sentido de que tanto presos como periodistas tienen derecho a ello.

 

covid19 La cárcel mata Política criminal Radio: Tokata Y Fuga

Damos algo de información sobre la situación de Anahí Esperanza Salcedo, compañera anarquista, presa en la cárcel de Ezeiza, en Argentina, a quien el Estado niega la atención médica que necesita con urgencia. También sobre la huelga de hambre de Carmen Badía Lachos, en su 22º día, y sobre el apoyo que está trecibiendo de algunxs presxs en lucha. Entrevistamos a Paz Francés, que ha venido a Valencia a hablar sobre feminismo antipunitivista y a presentar un libro recién publicado, escrito por ella en colaboración con Diana Restrepo: «¿Se puede terminar con la prisión? Críticas y alternativas al sistema de justicia penal?». Leemos algunas cartas de presxs en lucha.

Internacional La cárcel mata Política criminal Presxs en lucha Radio: Tokata Y Fuga Sociedad-cárcel

Entrevistamos a Laura Delgado, abogada solidaria e investigadora del derecho penitenciario, sobre las condiciones de la defensa jurídica de los derechos de las personas presas en las cárceles del Estado español o, mejor dicho, de la indefensión casi absoluta en que están, y de qué se puede hacer, teoría y práctica, para conocer y afrontar la situación real.

Política criminal Radio: Tokata Y Fuga

La demanda por parte de la mayoría de la población de un endurecimiento de las leyes, que se resume en más control y más cárcel, no surge casualmente como exigencia espontanea fruto de un mundo supuestamente más inseguro. Tampoco es por azar que la idea que genera ese desplazamiento del pensamiento general hacia el miedo, el populismo punitivo, ya no solo cuaje en los sectores más conservadores. Ahora el “vivan las caenas” cuaja por fin a todos los niveles sociales, izquierdismo incluido, en virtud principalmente de la aprobación de una serie de leyes de carácter “progre”, que se abrazan como males menores necesarios, y a una cierta sensación de derrota e incapacidad para elaborar crítica. Es un tema complejo, que nos enfrenta a contradicciones, por lo que sería conveniente hacer un poquito de historia.

El denominado por el pensamiento crítico criminológico como populismo punitivo es un término acuñado a mediados de los 90 y se concretaba como: “la utilización del Derecho penal por parte de los políticos para aumentar sus réditos electorales”. A día de hoy podemos afirmar que esta corriente de pensamiento reaccionario actúa, impulsada por dinámicas generadas durante décadas, como un cuerpo social con vida propia siendo finalmente ella quien rige las agendas de la política.

Pero las razones estructurales de la actual deriva autoritaria de las autodenominadas “democracias occidentales”, así como su interrelación con los massmedia, arranca en los 70 en plena recesión económica. Es entonces cuando se empieza a abandonar los discursos garantistas a nivel penal junto al asistencialismo de los años de prosperidad*, acentuando la criminalización de la pobreza como retórica que justifique el “auge de la delincuencia” y por tanto el aumento de la represión. A su vez la violencia política que surge en este contexto es utilizada para aprobar un arsenal de leyes de excepción bajo el manto de la lucha contra el terrorismo y la seguridad nacional.

En estos años el papel de los massmedia será fundamental en la construcción del populismo punitivo. La introducción en las “agendas-setting” (la selección previa de las noticias que se deciden que deben ser las más importantes) de los temas como la inseguridad y la delincuencia se convierten en claves para ganar las elecciones. La mano dura transmite la sensación de estar haciendo algo y sacia la furia cobarde entre los de abajo. A su vez, o como consecuencia, comenzarán a construir la figura de “la víctima” como eje entorno al que enderezar la idea de una justicia vengativa, así como a desarrollar el concepto de “alarma social” como forma de naturalizar esa sensación de inseguridad construida artificialmente. Paulatinamente el miedo inoculado de manera individual al fin será colectivo, dando pie a lo que se vino a denominar “pánico moral”. Pero más allá de los noticieros y la prensa, justo cuando la policía era más impopular, arranca el género televisivo por excelencia, las series policíacas,  llegando hasta hoy desarrollado a unos niveles delirantes. La justificación y la simpatía hacia los esbirros es algo único de nuestros días, pues tanto en la literatura como en la tradición oral nunca salieron bien parados. Hoy utilizando como espejos desde los roles de mujeres fuertes en un mundo de hombres hasta los de polis machotes de los de toda la vida, empujan a admirar al verdugo y despreciar al ajusticiado.

Los cambios legislativos que se derivarán de este clima de miedo se concretarán en dos tendencias, no excluyentes e interrelacionadas entre sí:

La desarrollada en EE.UU. más liberal desde el punto de vista económico que resolverá con la transformación del antiguo sistema penal deficitario, y en teoría de vocación reinsertora, en una mera industria con la progresiva privatización de las cárceles. Nace así el denominado “complejo industrial penitenciario” como lo define Angela Y. Davis (feminista afroamericana y teórica del abolicionismo de las cárceles) alimentado por más de 2 millones de personas en distinto grado de encierro y explotación. Si bien, como apunta Davis, se trataría del resurgir de un esclavismo nunca abolido en la práctica. Siempre hubo trabajo forzado y el porcentaje de negros fue el más elevado.

La otra tendencia, la de marca Europa, a remolque de la lucha contra la insurgencia armada en los ´70, desarrollará las leyes de excepción que vulnerarán su sistema de garantías procesales. Sistema del que antaño alardeaba como seña  demócrata frente a los regímenes fascistas derrotados tras la Segunda Guerra Mundial, evidentemente la península ibérica no contaba. Se doblan las condenas en los delitos “políticos”, se amplía la represión a lo que se considere entorno social de estas organizaciones armadas y se reconoce veladamente la tortura como una herramienta más.  La necesaria complicidad de toda la socialdemocracia europea está fuera de toda duda. La lucha contra ETA, en todas sus etapas, es emblemática de este proceso.

Sin embargo el hecho de que  del populismo punitivo haya adquirido una dinámica propia como forma de juzgar la sociedad, lo lleva inexorablemente con los años a extenderse a otros ámbitos más allá del “terrorismo” y búsqueda de la rentabilidad económica del sistema penal.

 Más cercano en el tiempo, y en esta misma ciudad, el caso de Marta del Castillo, junto con otros previos y posteriores debidamente publicitados,  marcaría estos nuevos horizontes. Curiosamente lo que hoy sería denominado, sin duda, como asesinato machista pasó a ser bandera de la extrema derecha sevillana a favor de la pena de muerte. Coincidiendo en el tiempo  y jaleados por casi toda la prensa, la familia de una niña de Huelva, Mari Luz, junto a la de Marta llevarían a cabo una exitosa campaña a favor de la cadena perpetua. Sin embargo ahora ya no son solo los fachas, o lo que con suficiencia solemos denominar la masa, la que pide más cárcel.

La lucha contra la corrupción

La lucha contra la corrupción, la violencia machista o las leyes para proteger minorías son algunas de las nuevas vías por las que el discurso del control y el miedo está pasando de hegemónico a ser ya prácticamente incuestionable. En la batalla de las ideas parece que también vamos perdiendo.

La izquierda del capital ya abandonó hace unos años la crítica anticapitalista al considerarla casposa, señalando solo al capital financiero como culpable y soñando con un desarrollismo sostenible vigilado de cerca por las instituciones. Ahora ya ni eso: unas hipotecas bien regladas, unos gastos de gestión más austeros, su poquita de regeneración democrática y pa´casa. Que la lucha contra la corrupción es un caramelo que nos dan para dulcificar el amargor de las recientes derrotas no es ningún secreto. Que jueces estrella, periodistas tenaces o policías cargando ordenadores le están lavando la cara al sistema penitenciario tampoco. Regocijarse con la imagen de un pez gordo entrando al talego es lo que tiene, o esa manita en el cogote de Rato, y es que nuestros cerebros son esponjas.

La violencia machista

La violencia machista es tema más delicado y complejo,  y es justo por ello que no debiera obviarse. Que una mujer en una situación extrema, que no tiene porque ser que peligre su vida, utilice todos los recursos que tenga a su alcance no es algo que aquí vayamos a cuestionar. No van por ahí los tiros. No es que precisamente esta vez las “agendas-sitting” hayan sido las que sacaron el feminicidio a la luz, pero ya lo absorbieron. De nuevo el endurecimiento de las condenas, el autobombo policial y el tratamiento sensacionalista de los medios ahogan en este caso las ideas y propuestas más críticas contra el patriarcado como origen de esta violencia y opresión. Esa gran capacidad de fagocitación de la idea del miedo y el control al final siempre ofrecerá la misma receta. Que en nuestro fuero interno quizás nos sea comprensible que haya colectivos feministas que pidan mano dura al Estado debe llevarnos al menos a alguna reflexión. En este sentido el artículo de opinión publicado por SALHAKETA-NAFARROA, a raíz de los casos “Yllanez” y “La Manada”, abre una vía de debate necesario. Parte del hecho de que la justicia del Estado es patriarcal por definición al estar construida “en y desde el patriarcado” y no tanto porque, además, en su práctica tienda a perjudicar a las mujeres como fiel reflejo de la sociedad que nos envuelve a todas, jueces y fiscales incluidas.

Y es que la violación en San Fermín por parte de cinco tíos del grupo denominado La Manada de una chavala, y el posterior circo mediático del juicio, resulta revelador. Imposible no empatizar con la víctima y aborrecer a los agresores, pero de golpe todo el casco viejo de una ciudad  monotorizado por más de 200 cámaras (paradójicamente con alcaldía de EH-BILDU) nos parece un mal menor y 20 años de prisión lo mínimo. No es cuestión de tenerles pena o no que eso tiene que ver más con la percepción que cada cual tenga de la prisión, es que esas cámaras y esas cárceles también nos aguardan a todas, pero a su vez queriendo o no las afianzamos echando leña a la hoguera. En cuanto a la defensa de los acusados de una violación que no reconocen es normal que nos resulte repugnante. Los juzgados son lo que son, que nadie busque ahí templos de la verdad y la justicia.

Los denominados delitos de odio.

Los denominados delitos de odio surgen como respuesta a las reivindicaciones de mayor protección por parte de asociaciones de minorías vulnerables a la violencia fascista callejera. Fue principalmente el chiringuito de la órbita del PSOE “Movimiento contra la intolerancia” del señor Esteban Ibarra, quien mediáticamente se erigió como voz de dichas minorías pidiendo leña también. Nada bueno se estaba cociendo. Los motivos de raza, religión, orientación sexual, pero también  los ideológicos surgen como agravantes. Así en virtud de esta carambola, por ejemplo, cada vez más antifascistas detenidos en acciones se enfrentan a  mayores condenas, la figura del radical se construye como la del nuevo terrorista, antisistema como antisocial. A esta categoría de delitos le debe bastante lo peligroso que se ha vuelto volcar un poquito de guasa y mala leche en internet, aunque para este espacio en concreto ya andan en marcha nuevas reformas penales que sin duda estrecharán a un más el cerco.

Sí, definitivamente Orwell y Foucault pasaron de moda. Justo por eso no es mal momento para revisitar la crítica de la sociedad del control, en vez de desprendernos de ella como de un equipaje incómodo que no sabemos dónde colocar.

* Más que discutible axioma de la progresía que utilizaremos para iniciar el relato.

Pablo de Ronda

Fuentes consultadas en el artículo:

Democracia de la Abolición. Prisiones, racismo y violencia.  Angela Davis. Editorial Trotta.

La Sociedad ImplosivaCorsino Vela. Muturreko Burutazoiak.

Medios de comunicación y populismo punitivo en España: estado de la cuestión. VV. AA. Revista Crítica Penal y Poder, nº 9 (marzo, 2015)

El Populismo Punitivo. Análisis de las reformas y contrareformas del Sistema Penal en España. VV. AA. OSPDH, Universitat de Barcelona

El abordaje de los casos «Yllanes» y «La Manada» como reto. www.salhaketa-nafarroa.com

Ilustración: Belén Moreno Núñez

Fuente del artículo: El Topo. El periódico tabernario más leído de Sevilla

Política criminal Sociedad-cárcel

Charla en video de Laura Delgado, abogada solidaria e investigadora del derecho penitenciario, sobre la indefensión jurídica que sufren las personas presas, pronunciada en las «Jornadas Penitenciarias: Resquebrajando muros de silencio», que tuvieron lugar en la universidad de Salamanca los días 18 y 19 de abril de este año.

Actividad en la calle Política criminal

Hablamos sobre la campaña ahora mismo vigente contra el régimen carcelario de aislamiento y otras actividades de la «sociedad civil» catalana, comentamos sus implicaciones políticas y nos referimos también a sus equivalentes en el resto del territorio dominado por el Estado español, intentando valorar hasta qué punto puede ser aprovechado todo eso en una lucha real contra la cárcel y el poder punitivo.

Política criminal Radio: Tokata Y Fuga

La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA) presentó la semana pasada ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una demanda por la negación reiterada de permisos de salida a un preso de la cárcel de Córdoba, porque, según los carceleros responsables, “todavía le queda mucho tiempo de condena”. Esta persona ha cumplido 46 de los 57 años a los que fue condenado, sobre todo, por una serie de robos realizados en su juventud, cuando era drogodependiente. La demanda recuerda que el Tribunal Supremo dictaminó en varias sentencias de 1993 y de 2000 que una condena superior a 30 años sería “inhumana, por privar de la oportunidad reinsertadora”,  y que el Consejo General de la Abogacía Española también denunció que el sistema penal español es “excesivamente duro” y que la pena máxima de 40 años que contempla la legislación, es superior a la de media internacional. Se refiere también a que el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) consideró que el encarcelamiento de largo plazo tiene graves efectos sobre quienes lo sufren y a que el mismo TEDH ha estimado contrarias al Convenio Europeo, las condenas que no se puedan revisar, y que carece de sentido seguir cumpliendo una vez cumplida un parte sustancial de la pena. Según datos de 2013 de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, además de las condenadas por «terrorismo» –unos 260 presos, casi todos con grandes condenas–, al menos 253 personas cumplen condenas superiores a 30 años en las cárceles del Estado español, lo que vulnera claramente el principio de reeducación y de reinserción en la sociedad como objetivos prioritarios del sistema penal, según la Constitución española. Copiamos a continuación buena parte de dos de las secciones del apartado de la demanda donde se expone su objeto.

Exposición de los hechos

XXX está ingresado en prisión desde el año 1981. Cumple desde entonces una condena acumulada de 58 años y 247 días de privación de libertad. A causa de dicha condena lleva ya privado de libertad unos treinta años en los que disfrutó de algunos beneficios penitenciarios luego frustrados. No ha disfrutado de ninguno de ellos en los últimos ocho años. Su comportamiento en prisión es excelente y no ha sido nunca sancionado.

La extraordinaria duración de su privación de libertad no responde a una condena de cadena perpetua o prisión permanente revisable (recién instaurada en España), sino a 13 condenas acumuladas por delitos de robo, utilización de vehículo de motor, falsificación de DNI, tenencia de armas y quebrantamiento. Se trata esencialmente de delitos de carácter patrimonial, vinculados a la drogadicción. No ha sido nunca condenado por delitos contra la vida o libertad sexual.

Al día de hoy a D. X le falta por cumplir más de 11 años efectivos de condena. De acuerdo a su expediente penitenciario, las tres cuartas partes de su condena se cumplieron el día 9 de agosto de 2014. La fecha prevista de cumplimiento total es en 2028. Sobrepasando todo ello –con mucho- el limite máximo previsto en el sistema penal español.

En noviembre de 2015 solicitó, por primera vez tras ocho años, de la junta de tratamiento que se le otorgara un permiso de salida, de cara a facilitar su resocialización y al haber cumplido ya más de las ¾ partes de su condena.

Por resolución de 3 de diciembre de 2015, la Junta de Tratamiento de la prisión de Córdoba, visto el informe del equipo de tratamiento, le denegó el permiso solicitado. En la resolución, de escasísima fundamentación, se señalaba exclusivamente como motivos para denegar el permiso su “trayectoria delictiva consolidada por comisión de nuevos delitos” y “lejanía de la fecha de cumplimiento de los ¾ partes de condena”. Éste último motivo era erróneo, al haberse sobrepasado con creces dicho sector temporal tal y como señaló posteriormente por la Audiencia Provincial.

Cadena perpetua Política criminal

DERECHOS DE LAS PERSONAS TRANSEXUALES EN PRISIÓN

Las personas transexuales y transgénero en nuestra sociedad son un grupo numéricamente pequeño, pero con una situación personal y social de riesgo para el ejercicio de sus derechos fundamentales, especialmente en lo que se refiere al derecho a la igualdad y a la no discriminación y al derecho a la salud.

Este riesgo aumenta dentro de prisión.

Es habitual utilizar como sinónimos las palabras transexual y transgénero, pero no lo son. La persona transexual es aquella que se identifica como hombre o mujer, habiendo nacido biológicamente como mujer u hombre respectivamente; y la persona transgénero, es aquella que, independientemente de su sexo biológico, no se identifica ni como hombre ni como mujer o se identifica con las dos categorías.

Hoy por hoy, la administración penitenciaria, a través de sus instrucciones, reconoce la existencia de personas transexuales, pero no de personas transgénero.

Respeto a la identidad sexual

El reconocimiento de las personas transexuales en prisión se realizó a través de una Instrucción que recoge el respeto a la identidad sexual de los internos. Aunque poco conocida, dicha Instrucción tiene ya más de diez años. Es la Instrucción 7/2006, de 9 de marzo, sobre Integración Penitenciaria de Personas Transexuales, la que establece un marco a priori protector de los legítimos intereses de este colectivo, en orden a evitar que sufran discriminación por razón de sexo.

Anteriormente, en 2001, se había aprobado la Instrucción 1/2001, en la que ya se acordaban medidas para que la persona transexual a la que no se le hubiera reconocido su cambio de sexo en documento oficial acreditativo de su identidad fuera ingresada en la prisión que correspondiera según el sexo socialmente reconocido y según el que se desarrollara su vida. Sin embargo, esta Instrucción sólo reconocía este derecho a las personas que se hubieran sometido a una operación de cambio de sexo.

La exclusión de otros criterios motivó la aprobación de la Instrucción 7/2006, que viene a reconocer que “las personas transexuales cuya identidad oficial de sexo no concuerda con su identidad psico-social de género podrán solicitar de la Administración Penitenciaria el reconocimiento de ésta a los efectos de separación interna a que se refiere el artículo 16 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria”. Es decir, con esta Instrucción se amplían los supuestos respecto a la anterior que solo reconocía el derecho en caso de haberse sometido a intervención quirúrgica de cambio de sexo.

Cárcel=Tortura Política criminal

1. Introducción

Un tema como el presente ha ciado lugar a tratados y tesis doctorales de altura. Aunque no tantas como el tema se merece. Se pueden destacar varias, pero especialmente dos, una ya antigua del profesor Iñaki Rivera, del año 1997, La devaluación de los derechos fundamentales de los reclusos: la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría y otra más reciente de López Melero, del año 2011, Los derechos fundamentales de los presos y su reinserción socialcon más de 400 y 800 páginas respectivamente.

Iñaki Rivera ya identificaba hace 20 años un problema en construcción, la del recluso como ciudadano de segunda categoría, cuya realidad al día de hoy, es indudable.

En un reciente post en el blog de derecho penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española1, junto al Fiscal ante el Tribunal Constitucional Manuel Miranda, identificábamos de forma breve algunas cuestiones relevantes.

La mayor parte de la exposición se fundamenta en la experiencia compartida con otros compañeros en la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (en adelante, APDHA). También ha sido relevante la adquirida como abogado del Servicio de Orientación y Asistencia Jurídica Penitenciaria (en adelante SOAJP) de Córdoba. No obstante, las críticas que se viertan deben ser entendidas únicamente como propias de quien suscribe y en su caso de la citada Asociación.

La posición no neutral, sino de defensa que nos corresponde a los abogados de las personas privadas de libertad (en adelante, presos en sentido no técnico) debe suponer una apuesta decidida por sus derechos fundamentales. Estos intentos han generado desde antaño una sensación agridulce a los letrados que trabajamos, desde cualquier ámbito de procedencia, en prisión. Por un lado, satisfacción personal y apuesta por los derechos de los más desfavorecidos, con un enganche especial por este tema; y, de forma simultánea, impotencia e insatisfacción profesional por los escasos resultados conseguidos.

Así desde una libertad crítica, me permito identificar algunas cuestiones preocupantes en los operadores de control para la plena vigencia de los citados derechos. Percepciones, que tal vez no sean compartidas por el lector:

Cárcel=Tortura Política criminal