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Entrevista en Coordenadas, de RNE, a Julián Ríos sobre la reforma del Código penal.

Julian Ríos es abogado, profesor de derecho penal en la Universidad de Comillas y experto en derecho penitenciario. Cree que la cárcel es irracional y ha centrado su trabajo de investigación y divulgación a profundizar en la situación de las prisiones y los presos. Fue el impulsor de la Plataforma Otro Derecho Penal es Posible que, a raiz del proyecto que endurece el código penal, tiene más sentido que nunca. Asiste atónito a lo que considera una medida regresiva e inconstitucional: la prisión permanente revisable.

[audio: http://mvod.lvlt.rtve.es/resources/TE_SCOORDE/mp3/4/2/1382044729324.mp3]

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El Gobierno espera que el próximo 21 de octubre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronuncie sobre la «doctrina Parot», según fuentes del Ejecutivo.

El fallo de Estrasburgo será firme y definitivo, y supondría la salida de la cárcel de decenas de presos que habían visto retrasada su puesta en libertad. Además, confirmaría la sentencia adoptada en primera instancia por la Sala Tercera de la Corte europea, que en julio de 2012 condenó por unanimidad a España y declaró «irregular» la aplicación de esta doctrina. La decisión fue recurrida posteriormente por el Gobierno de Rajoy.

El rechazo a la «doctrina Parot» tiene el visto bueno de la mayoría de fuerzas políticas en Euskadi y es muy esperada especialmente por la izquierda abertzale, en un momento de especial tensión por la operación policial contra Herrira, que supone la ilegalización «de facto» de la plataforma de apoyo a los presos.

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La próxima reforma del Código Penal planteada por el Gobierno criminaliza algunas estrategias de economía doméstica, el apoyo a personas que nacieron en otros países, así como la libertad de expresión y la protesta social. Su aprobación supondría un cambio radical del modelo actual, donde lo importante no es lo que hayas hecho sino quién eres y de qué recursos dispones.

Este manifiesto en el que participamos personas de aquí y de allá, que nos apoyamos mutuamente, es el punto de partida de un movimiento contra esta reforma del Código Penal que está en preparación y que supondrá, si no lo impedimos, una injusta agresión sin precedentes a los derechos y libertades de la mayoría de las personas, mientras favorece a unos pocos sectores privilegiados.

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Un centenar de personas se han concentrado este lunes, ante el Palacio de Justicia de Bilbao, para protestar contra la reforma del Código Penal y la «criminalzación, que ya hacen algunos juzgados, de los manteros».

Según ha denunciado la plataforma Mbolo Moy Doole, «hasta el año 2010 muchos manteros fueron detenidos, algunos encarcelados y expulsados, y algunos todavía tienen antecedentes penales de aquellos años», pero, «después de manifestaciones, y con el apoyo de muchas personas, conseguimos que se cambiase el Código penal».

Ahora, han criticado, «se quiere volver atrás» estableciendo «penas de 6 meses a 2 años para vendedores ambulantes u ocasionales» y, además, «desaparece el párrafo que lo convertía en falta si el beneficio no supera los 400 euros». Según han advertido, con estas penas los «manteros» tendrían antecedentes penales, por lo que «no podríamos conseguir papeles, aunque encontrásemos un trabajo».

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Marcos Camacho, más conocido por el sobrenombre de Marcola, según ciertos periodistas, es el «máximo dirigente» de una «organización criminal» de Sao Paulo (Brasil) denominada Primer Comando de la Capital (PCC). Aquí está la entrevista que O Globo le realizó, supuestamente, en agosto del 2010, cuya autenticidad ponen en duda algunos [aquí y aquí]. Sin embargo, para nosotros, que la hemos  encontrado en Barcelona Indymedia, se non è vero, è ben trovato:

O Globo: ¿Usted es del Primer Comando de la Capital (PCC)?

Marcola: Más que eso, yo soy una verdadera señal y símbolo de estos tiempos. Yo era pobre e invisible. Ustedes nunca me miraron durante décadas, para ustedes yo y mis iguales no existíamos. Antiguamente era fácil resolver el problema de la miseria. El diagnóstico era obvio: migración rural, desnivel de renta, pocas villas miseria, discretas periferias; pero la solución nunca aparecía ¿Qué hicieron ustedes? Nada de nada. ¿El Gobierno Federal alguna vez otorgó algún digno presupuesto para nosotros? Nosotros sólo éramos noticia en los derrumbes de las villas de las montañas por las lluvias o en la música romántica sobre «la belleza de esas montañas al amanecer». Solo esas cosas.

Pero ahora estamos ricos con la globalización multinacional de la droga. Y ustedes se están muriendo de miedo. Nosotros somos el inicio tardío de su conciencia social.

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Siempre os he odiado. Sois los hijos de la infamia, la primera línea del capitalismo más desalmado, los verdugos de la clase obrera. No importa que cambie vuestro aspecto. Aunque vuestro uniforme transite del negro hitleriano al verde oliva del infausto Duque de Ahumada, vuestra mirada despide invariablemente la misma indignidad. Siempre os ensañáis con el más débil. Desahuciáis a las familias, apaleáis a los trabajadores, los estudiantes y los parados, torturáis en oscuros calabozos, invocando el deber y el patriotismo. Hacéis desaparecer a vuestras víctimas en simas, barrancos o fosas cubiertas con cal viva. A veces, preferís arrojarlas a las aguas negras y profundas del océano. Sois las legiones que crucificaron a 6.000 esclavos entre Capua y Roma, transformando la Vía Apia en una manifestación del poder imperial, enfurecido por la rebelión de Espartaco, el gladiador tracio. Sois los asesinos de García Lorca, que se vanagloriaban de haber secado un manantial de belleza, con una vil descarga de plomo. Nos vencéis día a día, pero el pueblo os aborrece y sueña con pasear vuestras cabezas en una pica. Estáis en mis pesadillas desde la infancia, cuando os contemplé bajar por la Gran Vía, persiguiendo a los manifestantes con porras y bocachas. Hasta entonces, el mal sólo era una abstracción, pero ese día comprendí que podía encarnarse en una hueste de mercenarios, con la faz ensombrecida por un odio atávico y prerracional. Vuestros crímenes no caerán en el olvido. La mano de Mateo Morral os aguarda en cualquier esquina, dispuesta a hacer justicia. La verdadera poesía no se compone con versos y estrofas, sino con ira y dinamita.

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Una cosa es que una norma penal sea constitucional y otra muy otra es que además sea buena: que sus previsiones y su aplicación vayan a tener más efectos positivos que negativos y que en ese sentido vayan a mejorar el mundo. Sin embargo, el debate prelegislativo sobre la introducción en nuestro Derecho de la cadena perpetua no solo se ha centrado en su tolerabilidad para nuestros valores básicos de convivencia, sino que tiende a identificar la respuesta positiva a esta cuestión con su justicia: si la nueva pena es constitucional, es buena. Y ahí termina la reflexión; donde normalmente debería comenzar.

Lo peor es que no se trata de una reflexión cualquiera. La que ahora se proyecta es la reforma penal más agresiva de la etapa democrática. Afortunadamente no tenemos pena de muerte, pero se propone que tengamos prisión de por vida: ciertos delitos muy graves comportarán una pena permanente de prisión, cuya prosecución a partir de un periodo mínimo de 25, 28, 30 o 35 años podrá ser suspendida si existe un pronóstico favorable de reinserción social.

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Las políticas antisociales que puso en marcha el PSOE y ha continuado el PP sin ninguna clase de complejos, es decir, aplicándolas como Dios manda, están generando grandes bolsas de pobreza y marginación social. La excusa de la crisis, que ellos mismos desataron con la insostenible burbuja inmobiliaria y el desorbitado endeudamiento de millones de familias, viene de maravilla para justificar toda clase de recortes. En la campaña electoral de las últimas elecciones generales, el señor Rajoy dijo que habría determinadas líneas rojas que no cruzaría, pero el tiempo ha demostrado que faltó a la verdad. Mintió porque, como es público y notorio, no va a quedar títere con cabeza, ni piedra sobre piedra del paupérrimo estado del bienestar. Ni los jubilados se van a libran, ya lo están viendo. Con estas políticas, es lógico que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres y, por consiguiente, las desigualdades sociales aumenten a pasos agigantados. Adiós a la clase me

Todo esto sólo puede acarrear malestar, mayor conflictividad social y desórdenes públicos, algo que, por otra parte, ya tiene descontado el Gobierno de la nación. Tanto es así, que, por ejemplo, el capítulo presupuestario para la compra de material antidisturbio, el que se utiliza para zurrarle a la gente, ha ido aumentando año tras año. Pero esto es para los casos extremos, naturalmente. De lo que se trata es de que no se llegue a esta situación, es decir, se pretende que la gente no se atreva ni a salir a protestar, porque claro, como la ciudadanía se eche a la calle en serio no habrá suficiente policía para reprimir tanto desorden, y esto, se mire como se mire, sí que sería un grave problema para el régimen.

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La crisis capitalista ha venido a poner las cosas en su sitio. El capitalismo está mostrando su verdadero rostro, sin máscaras de ningún tipo.

Los trabajadores ya no somos ciudadanos sino súbditos; carecemos de cualquier derecho en cualquier ámbito; Las sucesivas reformas laborales están posibilitando el regreso a formas de explotación que creíamos periclitadas;

Los desempleados son abandonados a su suerte. Nuestros derechos tanto individuales y colectivos así como políticos son apenas aparente. Como así lo demuestra la impunidad con que los cuerpos represivos nos golpean en las manifestaciones, nos detienen, el procesamiento contra luchadores sociales o los encarcelamientos cuando se molesta mas de lo que es admisible para el estado mediante montajes jurídico-policiales, bajo acusaciones de pertenecer a grupos terroristas.

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Frente al pueblo español castigado por los ajustes neoliberales, el Gobierno de Mariano Rajoy avanza en una Reforma al Código Penal que busca acentuar la criminalización de la protesta social –entre otras vulneraciones de derechos. El marco de la iniciativa es el escenario de movilizaciones populares contra las políticas de recorte de lo público y de austeridad. A través de diversas tipificaciones, se amplía la discrecionalidad, se eliminan garantías, se homologan los actos y las potencialidades y se sancionan “difusión de mensajes que inciten a la violencia”.

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