Categoría: <span>Política criminal</span>
¿Es deseable, y aún posible, una sociedad sin pena ni prisiones? Reivindicada por todos, medida y medio natural de castigo de las conductas oprobiosas, quizás nunca antes la cárcel había gozado de tanto consenso. Una cultura del castigo y una sociedad que ha hecho de la prisión su centro oculto, este es el objeto de la crítica de este libro («De los dolores y las penas. Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia»).
Por eso su apuesta es simétrica y contraria: la abolición de la cárcel. Argumentos no faltan. Elevada a lugar del dolor y de la corrupción de la mente, la prisión es solo el espacio para una tortura prolongada. La cárcel no es pues ese medio de rehabilitación con el que se publicita en términos humanitarios. Su naturaleza criminógena es innegable y solo bajo la forma de la venganza, logra resarcir a las víctimas. De ahí la naturaleza irreformable del archipiélago carcelario. Y de ahí también la necesidad de articular un abolicionismo claro y sincero de la «cultura del castigo».
Con la participación de Paz Francés, traductora del libro que presenta «De los dolores y las penas. Ensayo abolicionista y sobre la objeción de conciencia», Madres contra la Droga y Ángel Gil López, ex-miembro del Servicio de Orientación Jurídica Penitenciaria y miembro de ACOPE (asociacion de colaboradores con mujeres presas).
http://www.ivoox.com/abolicion-de-la-carcel-audios-mp3_rf_3111447_1.html
En el país que alberga la mayor población carcelaria del mundo, se ha desarrollado un floreciente negocio privado de prisiones. En esta industria la mercancía que entra en las factorías para ser ‘tratada’ son seres humanos (convictos, en la jerga del estado de derecho), entregadas por la administración judicial y penal norteamericana a determinadas empresas amigas, previamente seleccionadas por su habilidad en el confinamiento a bajo precio de centenares o miles de personas, cuyo suministro en las cantidades ‘reclamadas’ para la rentabilidad del negocio, en todo caso, les está garantizado.
Dos magistrados de la Audiencia Nacional críticos no dudan en compararla con la «doctrina Parot». El Pleno de lo Penal, en una acción concertada con Supremo y Constitucional, acaba de suprimir una práctica vigente desde una sentencia del TC en 2008, que aceptaba el doble cómputo del periodo de prisión preventiva en casos de sumarios acumulados, una situación común a muchos presos vascos. La decisión estira sus encarcelamientos uno o dos años.
Medio año después de la anulación de la doctrina 197/2006 por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, los jueces españoles vuelven a introducir una práctica similar pero que se ubica en otro punto del proceso penal: no en las redenciones durante la ejecución de condena, sino en el periodo inicial de prisión preventiva. Por tanto, sus efectos no resultan tan brutales como los de la llamada «doctrina Parot», pero sí pueden estirar las condenas de decenas de presos en plazos de uno o dos años. Y a efectos políticos, el giro conlleva toda una declaración de intenciones por parte de los tribunales españoles, que transmiten así el mensaje de que seguirán optando por la excepcionalidad.
En el estado español, la máxima seguridad para los condenados por terrorismo se garantiza fundamentalmente a través de tres pilares: una política específica de destino a centros (que ha pasado por dos fases, una primera de concentración y una segunda, y mantenida actualmente, de dispersión), la utilización sistemática de formas de clasificación que conllevan un cumplimiento más restrictivo (primer grado e inclusión en el régimen FIES) y, en tercer lugar, las restricciones regimentales específicas derivadas de estas formas de clasificación, dando lugar a una «singular» política penitenciaria de mayor dureza las medidas que ya no en el ámbito de la ejecución, sino con carácter previo en la determinación legislativa y ejecutiva de la pena en estos casos, se han dirigido a la búsqueda del cumplimiento íntegro y de mayor duración de las penas: elevación de máximos penales, figura del cumplimiento íntegro, o excepcionalización de los beneficios penitenciarios. Cierra el círculo la previsión de un órgano específico para fiscalizar la ejecución, como es la creación del Juzgado de Vigilancia de la Audiencia Nacional.
Leer/Descargar Política Penitenciaria Antiterrorista En España La Dispersión De Las Prisiones De Seguridad
1.- LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA
La justificación de la construcción de un movimiento por una alternativa a las políticas punitivas y en general a la cultura del castigo que le subyace, que a la vez haga frente a la confrontación social que desde hace ya muchos años se está diseñando en el Estado Español, se encuentra en la necesidad de dar una radical (en el sentido de “ir a la raíz”) y verdadera respuesta a los conflictos de la sociedad no basada en el castigo.
Esta necesidad se ha hecho más patente y apremiante en fechas recientes por la concurrencia de dos hechos. De una parte, la presentación del proyecto de reforma de Código penal de 23 de noviembre de 2013 que ha representado el culmen de la evolución que en los últimos diez años está experimentando la política criminal en el Estado, y de otra, por el surgimiento del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que confirma el aumento al recurso de la que ya se denomina “burorepresión”, es decir, la utilización de la sanción administrativa como forma de reprimir fundamentalmente (aunque no sólo) la protesta social.
«El síndrome de Sherwood» es el nombre de la tesis doctoral escrita por David Piqué, Comisario Jefe del cuerpo policial catalán Mossos d’Esquadra. En ella podemos encontrar varias recomendaciones de la mano de dicho comisario para «combatir» lo que denomina como «el creciente fenómeno okupa y antistema», con tácticas que traspasan la linea de la legalidad, como infiltraciones en manifestaciones para crear disturbios, o detenciones especialmente humillantes para conseguir sus objetivos.
Accede al texto de la tesis: Síndrome de Sherwood
Nota de prensa ante el Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita
El Proyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita niega a la ciudadanía su derecho a la tutela judicial efectiva y denigra un servicio público.
La Comisión del Turno de Oficio de la Asociación Libre de Abogados denuncia que la realidad presupuestaria es clara en relación a la financiación del servicio público de la justicia gratuita y la concreción del derecho de acceso a la justicia prevista en la Constitución: para el año 2014 de los 1.507 millones aprobados en los Presupuestos Generales del Estado para Justicia, apenas se destina un insignificante 2´28 % a la Asistencia Jurídica Gratuita (unos 34 millones de euros para todo el País). Y a esto hay que añadir que se desconoce el destino de las ilegales tasas judiciales que por ley deben servir para sufragar la justicia gratuita. La Comisión del Turno de Oficio entiende que esto no solo es una burla, sino una perversión del sistema y un ataque más a un servicio público y al derecho de acceso a la justicia de los ciudadanos.
Una reforma del código penal innecesaria, que lo endurece desproporcionadamente. La Reforma propuesta viene tras una treintena de anteriores reformas del Código de 1995, viene cuando los índices de criminalidad están a la baja y afecta al núcleo duro del Código Penal, modificando la mayoría de las penas con el claro ejemplo de la Pena de Prisión Permanente Revisable, que en realidad es una pena de cadena perpetua y actúa de tractor del resto de las penas, endureciéndolas. Introduciéndose conceptos como las penas indeterminadas o el de peligrosidad como sustitución del de delito. Además, con esta propuesta de Código Penal, se acaba con la posibilidad que alimentaba el código de 1995 de sustituir la prisión por penas alternativas, como trabajos para la comunidad o la posibilidad de cumplir la última parte de la condena en régimen de libertad condicional, que queda como una posibilidad enormemente restringida.
Mª Concepción Sáez, miembro de “Otro derecho penal es posible”.
Charla de César Manzanos Bilbao, de Salhaketa Araba, realizada el 01/02/2014 en el Centre Social Margalló, en Elx, organizada por el Grup Antimilitarista Tortuga, en el seno de las jornadas antimilitaristas de invierno de este año.