Manifiesto: “Movimiento Por Una Alternativa A La Cultura Del Castigo”

1.- LA JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA

La justificación de la construcción de un movimiento por una alternativa a las políticas punitivas y en general a la cultura del castigo que le subyace, que a la vez haga frente a la confrontación social que desde hace ya muchos años se está diseñando en el Estado Español, se encuentra en la necesidad de dar una radical (en el sentido de “ir a la raíz”) y verdadera respuesta a los conflictos de la sociedad no basada en el castigo.

Esta necesidad se ha hecho más patente y apremiante en fechas recientes por la concurrencia de dos hechos. De una parte, la presentación del proyecto de reforma de Código penal de 23 de noviembre de 2013 que ha representado el culmen de la evolución que en los últimos diez años está experimentando la política criminal en el Estado, y de otra, por el surgimiento del anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana que confirma el aumento al recurso de la que ya se denomina “burorepresión”, es decir, la utilización de la sanción administrativa como forma de reprimir fundamentalmente (aunque no sólo) la protesta social.

2.- EL CONTEXTO

La paulatina escalada a la utilización de la sanción, y sobre todo a la sanción penal, responde a una lógica que se viene tejiendo desde hace años y que está marcada por la expansión del Derecho penal, que se aleja del garantismo que algunos han confiado que éste tuviese (y que tal vez nunca haya sido así), para caer en manos de un rigor represivo y de claro sesgo punitivista.

Además, esta expansión ha ido (y va) de la mano de una premeditada y bien construida campaña del miedo y del recurso a, justamente, este tipo de medidas. Es bien sabido que los grandes medios de comunicación de masas, los mass media (especialmente la televisión), tienen un potencial casi ilimitado en la construcción, primero, de opinión pública y, segundo, en su caso, también de alarma social. Esto ha dado lugar a que los medios de comunicación liderados por los poderes fácticos del Estado y de los particulares con grandes influencias (algo propio de las estructuras de poder en sociedades neoliberales) hayan sido claves (como lo han sido en otras ocasiones con muchas otras acciones y más allá de las fronteras del Estado Español) para la asunción de una política criminal de mano dura, que confronta a las personas, que no repara verdaderamente en los conflictos de la sociedad, y para la cual la única respuesta es el castigo duro y ejemplar.

Se sabe también y es importante destacarlo, que las medidas más potentes en este sentido se han tomado en un momento de crisis de la gobernanza, de recortes sociales sin medida y de un empobrecimiento paulatino de la sociedad, lo cual siempre genera una irremediable sensación de inseguridad personal y social, caldo de cultivo para el triunfo de la generación de miedo. Y cuando la sociedad tiene miedo, o se le intenta infundir miedo, la justificación de la creación de más plazas de policía, más dinero para seguridad privada, más empresas dedicadas a la seguridad, por no hablar de la construcción de más cárceles y la compra de armas e instrumentos de vigilancia (negocio bastante lucrativo), es mucho más fácil y parece legitimarse por sí misma, sin que se diga el gran negocio que se está construyendo desde hace años en torno a la seguridad.

Es de esta manera que progresivamente nos hemos visto sumidos en tendencias punitivas (abanderadas por todos los partidos políticos mayoritarios sin excepción) y “aceptando” políticas basadas únicamente en la construcción de enemigos y, en consecuencia, en la legitimación de la ideología de la obtención de seguridad a través del castigo.

Sin embargo, han sido las dos reformas a las que ahora se hacía referencia, conjuntamente con la reforma de la Ley del aborto, las que presentadas en muy breve espacio de tiempo y con obscenas medidas han dado lugar a que numerosos colectivos de diferente índole hayan hecho patente su malestar, ya sea en las calles como mediante escritos en prensa o a través de redes sociales. Movimientos que denuncian, entre otras cosas, la peligrosa tendencia a la criminalización del pobre, de la protesta social, de la persona “enferma”, del mal-trato que se da en los medios de comunicación a las personas que cometen un hecho calificado como delito, del abuso al recurso de la pena privativa de la libertad y la inclusión de la cadena perpetua.

3.- UN PASO HACIA ADELANTE

En este contexto y en este mismo sentido es en el que vemos la necesidad de dar un paso más en la creación de una respuesta social ante la situación que se presenta y hacerlo en una doble vertiente.

Por un lado consideramos que es necesario ir hacia adelante para aglutinar a las diferentes sensibilidades que han convergido en la crítica a estas dos leyes. Por otro, este paso se concreta en un avance en la vertiente de reivindicación de otro modelo de política, de que se apueste por las personas, TODAS, sin excepción, y por el abordaje de los conflictos a través de estrategias que se alejen del castigo.

Esto implica la denuncia de la situación actual. Pero además implica que digamos al Estado de manera clara y firme que no queremos una política criminal que nos aleja entre las personas y como sociedad; una política criminal clasista, xenófoba, patriarcal que utiliza y a la vez coarta la libertad de la mujer; una política criminal del enemigo, del odio a lo diferente, de las etiquetas; una política criminal que vulnera los Derechos humanos, una política criminal que no está al servicio de las personas. Implica que nos “empoderemos” entre todas y todos y evidenciemos que somos capaces de crear un modelo de respuesta a los conflictos sociales que no pase por las sanciones, sean cuales sean.

3.1 El Proyecto de reforma del Código penal.

Todos los calificativos que ahora hemos hecho no son mera palabrería, son consecuencia del cáliz de las medidas que se toman en ambos proyectos.

Para comenzar el Proyecto modifica “el núcleo duro” del Código penal.

En este sentido, por ejemplo, el proyecto de reforma de Código penal hace desaparecer las “faltas”, es decir infracciones menores para en unos casos (los menos) despenalizarlas (aunque en gran medida tendrá su correspondiente sanción en la Ley de Seguridad ciudadana) y en otros (sin dudas los más) convertirlas en lo que ahora denomina el Proyecto “delitos menores”, los cuales sí tienen antecedentes penales. La consecuencia de esta decisión se traduce en la criminalización de conflictos sociales que sin duda podrían solucionarse por otras vías que el Ordenamiento Jurídico ofrece o a través de servicios comunitarios de resolución de conflictos.

El Proyecto también modifica las medidas de seguridad previstas para personas inimputables (básicamente personas que padecen una “enfermedad mental” o que sufren una dependencia). El proyecto refuerza la falsa idea que persiste en el imaginario social de que la persona con algún tipo de “enfermedad mental” es per se una persona peligrosa y por tanto a la que necesariamente hay que apartarla de la sociedad sine die. Y esto se recoge en la propuesta, porque el internamiento en centro psiquiátrico, una medida de seguridad prevista para inimputables, deja de tener límite, ésta se podrá prorrogar hasta que “desaparezca” la peligrosidad.

Pero el concepto de peligrosidad en este proyecto no es exclusivo de quienes tienen una enfermedad mental sino que además se utiliza para generar “alarma social”.Todas las personas sin excepción son susceptibles de ser peligrosas y de este modo se justifican medidas como la llamada libertad vigilada para imputables. Una figura que se impondrá a algunas personas una vez que hayan cumplido su respectiva pena privativa de libertad.

Además hay una modificación del régimen de suspensión y libertad condicional que se convierte de tal manera que muy probablemente dará como consecuencia que sea más fácil entrar en prisión y más dificil salir. Además, llama poderosamente la atención la relevancia que adquiere el pago de la responsabilidad civil a la hora de aplicar estas instituciones, lo que da lugar a una indirecta –y adicional a la ya ampliamente existente- criminalización de la pobreza.

Tal vez la modificación más lamentable del Proyecto haya sido la introducción de la prisión permanente revisable, es decir, la cadena perpetua. Se debe decir (y ahora sorprendentemente parece que incluso el Gobierno lo admite) que de facto la cadena perpetua existe en el Código penal vigente para determinados delitos. Sin embargo esto no puede justificar la institucionalización de esta medida, legalizando la más clamorosa violencia Estatal.

Pero además el Proyecto modifica no ya sólo la parte general de Código penal, es decir, aquella de las penas y de las instituciones aplicables a todos los delitos, sino que además modifica los delitos de la parte especial, cebándose especialmente con los delitos contra la vida (creando tipos exóticos y criminalizando el aborto), delitos contra la libertad sexual (utilizando la mujer como objeto de protección para crear una política criminal que no la protege y que sólo refuerza la política que el Estado desea en su propio beneficio, y en perpetuación de la cultura patriarcal), contra la propiedad (criminalizando al pobre) los delitos contra el orden público (criminalizando la protesta social) y nuevamente se ceba con los extranjeros volviendo a criminalizar el fenómeno del “Top manta” y la “Hospitalidad”.

3.2. Ley de Seguridad Ciudadana

Sobre esta Ley se puede decir poco más que criticar que las sanciones que en ella se establecen son simplemente desproporcionadas e incluso nos atrevemos a afirmar que sólo responden a la lógica de un Estado que se ha abandonado sin escrúpulos a los brazos del autoritarismo.

En este sentido como infracciones muy graves, multadas con entre 30.001 a 600.000 euros se castigan conductas que tienen nombres y apellidos. A modo de ejemplo se castiga “la perturbación grave de la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones numerosas”, esto hace pensar que ¿tal vez la ikurriña el día 6 de julio de 2013 tendrá algo que ver?. Se castiga también “la perturbación de la seguridad ciudadana que se produzca con ocasión de reuniones frente a las sedes del Congreso de los diputados, el Senado y las Asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidos”, claramente castigan las iniciativas de cerca el Congreso y otras similares. También se sancionan toda una serie de restricciones en el derecho de reunión en lugares que se denominan “críticos”, en relación con numerosas reuniones avenidas en los últimos tiempo en las calles y plazas; y también, el denominado ultraje a España, CCAA y entidades locales o sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas efectuadas por cualquier medio; es decir

¿la pitada al Rey en la “Copa del Rey” de fútbol?, por ejemplo. También la falta de colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en la averiguación de delitos o en la prevención de acciones que recuerda a innumerables personas solidarias que han protegido a personas de la detención de la policía está castigada. Un buen ejemplo de ello es el movimiento Herri Harresia, el famoso camarero que se enfrentó a la policía el 25S, acciones de solidaridad con extranjeros y así un largo etc.

Pero además esta Ley criminaliza indirectamente la prostitución, con sanciones desorbitantes, establece multas mucho más altas por realizar un “botellón” y por el autoconsumo que, como en el caso de la prostitución, con unas multas tan altas prácticamente pasa a criminalizarse. Igualmente se sancionan fuertemente actos de ocupación de inmuebles y otros como sacar fotografías a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado que atenten contra su honor o a la propia imagen, con la paradoja de que, justamente esto sucederá simplemente cuando una de estas personas no estén haciendo un “buen” ejercicio de sus funciones…Por tanto, claramente hay una limitación del derecho de información que podría dar lugar a una indefensión de quien eventualmente sufra un abuso policial al limitar las herramientas que lo demuestren.

4.- ALGUNAS REFLEXIONES PARA FINALIZAR

Todas estas modificaciones que acabamos de exponer, conjuntamente con muchas otras que en un documento así sería imposible de desarrollar, responden simple y llanamente a la lógica punitiva que antes se ha intentado plasmar y que de ninguna manera obedece a una política al servicio de la persona y de la comunidad.

Es bien sabido que en la base de los delitos, los conflictos más graves que la sociedad contempla en su seno, hay un variado cúmulo de explicaciones. Así, entre otras, las más importantes se encuentran en problemas sociales tan agudos como la pobreza; las deficiencias en el sistema educativo que alcanzan desde cuestiones tan importantes como la educación sexual, el autocontrol y la construcción de herramientas para los menores y jóvenes como la formación en habilidades que en un futuro puedan ser de utilidad para la persona; el desigual acceso a la cultura; las desigualdades todavía hoy importantísimas entre hombres y mujeres fruto de una sociedad patriarcal. Y a esto se le suma una hipócrita política en otras tantas cuestiones como por ejemplo el medio ambiente, el consumo de drogas, la seguridad vial o incluso la corrupción o los delitos económicos porque, en el fondo, en la base de ellos está simplemente la existencia de un sistema económico y de consumo insostenible e inexplicable.

Detrás de todos los delitos del Código penal existe una explicación social. Sin embargo, la herramienta que el Estado con más ahínco y con más recursos económicos aplica es la de la sanción de las conductas que considera desviadas.

Esto da como consecuencia un Estado con una de las menores tasas de “delincuencia” de todo Europa y, sin embargo, con la tasa más alta de encarcelamiento y parece que la medicina nunca cambia: más sanción (mejor si es de cárcel) y menos apostar por otro tipo de respuestas ante los conflictos, que además sean realmente preventivos. Y diremos ¡Sí, también a aquellos que denominamos “delito”! porque existen alternativas que pasan por otro modelo de justicia más social, más humana y que en definitiva se interese verdaderamente por la sociedad y su gente.

5.- NUESTRA PROPUESTA

Hartas de tener que soportar en nuestro ánimo la cifra de más de 78.000 personas privadas de libertad, hartas de los discursos “Del Otro” con los que no nos identificamos, hartas de programas que sólo fomentan el odio y la violencia Estatal e institucional, consideramos que es el momento de decir que como sociedad somos capaces de crear otro modelo de respuesta social y salir a la calle para pedir que se termine con el punitivismo exacerbado de un Estado autoritario que se olvida de las personas, que actúa en detrimento de nosotras para crear políticas para su propio mantenimiento.

Como os adelantamos en un documento anterior pretendemos con esta iniciativa canalizar una movilización ciudadana en torno a estas cuestiones y abrir un debate para culminar en una manifestación que como base común congregue la necesidad de un cambio de una política criminal a una política social cuyas puntos fundamentales serán los siguientes:

 1º Rechazo a la reforma del Código Penal y Ley de Seguridad Ciudadana.

2º Rechazo a las políticas punitivas que progresivamente y desde hace años se están diseñando en el Estado Español.

3º Rechazo a las políticas del miedo, del enemigo y de legitimación de la ideología de la obtención de seguridad a través del castigo.

4º Rechazo a la criminalización de las personas, todas sin excepción, de las ideas y de la protesta social.

5º Confianza en la capacidad de la sociedad de construir y desarrollar políticas sociales igualitarias en vez de aquellas penales como forma de prevenir y abordar sus conflictos.

6º Apuesta por mecanismos alternativos de resolución de conflictos alejados del castigo.

7º Rechazo al recurso de la prisión como respuesta a los todos los conflictos sociales.

Un comentario

  1. Geles said:

    Me adhiero plenamente al manifiesto

    7 abril, 2014
    Reply

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