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En nuestras cárceles hay condenados a penas eternas de prisión. Sin horizonte de reinserción o de recuperar la libertad. Personas que extinguen penas de cárcel por encima de los límites legales de cumplimiento que fija el código (triple de la pena mayor, 20, 25, 30 y 40 años; ¿les parece poco?). Sin contar a los condenados por delitos terroristas, 177 presos cumplen penas superiores a los 30 años y otros 56 castigos que desbordan los 40 años. Se trata de condenas no acumulables, porque los hechos se cometieron con posterioridad a la fecha de las otras sentencias, lo que impide someterlos, en una interpretación literal de la ley y del criterio de la conexidad procesal, a los límites máximos. Alguien tendría que dar respuesta a ese grave problema, una auténtica cadena perpetua encubierta, que cuestiona todos los principios aplicables para el trato de los presos y condenados.

Un ponencia de Julián Ríos.

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Cárcel=Tortura Política criminal

Las personas privadas de libertad enfermos de sida tienen que soportar ésta en el ambiente más hostil para la persona: la prisión. Este entorno, además de las limitaciones de deambular, le restringirá injustamente derechos que le afectarán a su salud. Es la misma Administración, en este caso la Penitenciaria, la que impide que, entre otras cosas, se le suministre atención sanitaria en condiciones equivalentes al resto de la población, como dice la Ley y el Reglamento penitenciario (artículo 208.1) −en gran medida por el incumpliendo de la ley que establecía la transferencia de profesionales médicos a las comunidades autónomas−; puedan pasar los últimos momentos con sus familiares más cercanos cuando la enfermedad avance y, puedan obtener el reconocimiento de minusvalía en igualdad de condiciones que las personas en libertad.

La Administración penitenciaria señala ahora que el éxito de caer el VIH en prisión del 40% al 11% en los últimos años ha sido gracias a una buena gestión. Ponemos en duda dicha afirmación, pues uno de los principales instrumentos para ello intercambio de jeringuillas no fue una decisión voluntaria, fue impuesta por los juzgados de vigilancia a instancia de quejas de los presos. Debe señalarse que entre 2009 y 2013 fallecieron por VIH en prisión 57 personas. En 2013 cinco lo hicieron por esta causa, uno de ellos en Morón. De los 162 fallecimientos por distintas causas en prisión 50 sucedieron en Andalucía.

La desigualdad de los enfermos de sida y, en general discapacitados, en prisión ha quedado patente con el dictamen de admisibilidad del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas del 27 de noviembre pasado de la demanda presentada por la APDHA. Es la primera reclamación de cualquier tipo interpuesta en este organismo contra España.

La cárcel mata Política criminal

El encierro carcelario enraizó en nuestra cultura hace un buen tiempo, y llegó a convertirse en la manera natural y principal de reacción social frente a una infracción penal. La cárcel le sigue al delito como el día a la noche, y parece ser que nuestro cúmulo de experiencias como sociedad, nuestro nivel de evolución cultural, aún no es suficiente para pensar en algo distinto a una jaula como respuesta para aquellos que no quisieron o sólo no pudieron evitar hacer algo de lo mucho que prohibimos.

Dudo que con estas palabras pueda tejer un boceto riguroso de la realidad carcelaria, de cómo es la vida de las personas que condenamos al más oprobioso de los olvidos. Es difícil que el lector sienta el hambre de meses y la imposibilidad de saciarlo, la afrenta de la comida en mal estado, de la dieta insuficiente, la suciedad que te envuelve y te atraviesa, el miedo constante a los compañeros y a los carceleros, saberte desplazado y abandonado, sin ventanillas donde reclamar, enfermarte sin médicos ni remedios, trabajar en condiciones de esclavitud si es que podés trabajar, que educarte sea una batalla, que todo derecho sea sólo un premio repartido por las autoridades de modo arbitrario, que ver a tus seres queridos implique que ellos deban soportar malos tratos y que intentar comunicarse libremente pueda ser sancionado con aislamiento (encierro dentro del encierro). Celdas húmedas, pequeñas, oscuras, sucias, apestadas de ratas, y claro, todo esto lejos de la vista de la sociedad y de la agenda mediática o las prioridades políticas.

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Según www.naiz.eus, el Colectivo de Presos Políticos Vascos ha decidido abrir «una segunda vía para reclamar el acercamiento a las prisiones vascas». Los presos vascos,  «de forma individualizada, presentarán escritos de queja ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional española, José Luis de Castro, en los que denunciarán la vulneración de derechos humanos y penitenciarios que supone la dispersión». Una vía hasta ahora nunca explorada por el colectivo.

En la primera fase de su primer intento de este tipo emprendido hasta ahora, serán unos cincuenta los presos que presenten los escritos ante la Audiencia Nacional, aunque posteriormente podrían sumarse más miembros del colectivo.

Política criminal Presxs "políticxs"

La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en un auto del 6 de noviembre, ha estimado el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de rechazar la denuncia al respecto del interesado, declarando «nulos» los registros corporales con desnudo íntegro −17 en algo más de dos años, acreditados en la denuncia− al preso independentista Carlos Calvo, y reconociendo que hubo «intromisión en el derecho a la intimidad corporal».

El tribunal  censura que «las decisiones administrativas que acordaron en esas 17 ocasiones el cacheo con desnudo integral de la persona del señor Calvo Varela han de calificarse de arbitrarias por ausencia de justificación sobre su necesidad y proporcionalidad, por su carácter sistemático al afectar a un preso objeto de una intensa y permanente vigilancia y control, lo que aminoraba el pronóstico de riesgo». Y es que según indica el fallo, que se posiciona a favor del recurso de apelación contra un auto previo del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la resolución impugnada «venía a admitir una extraña práctica de motivación a posteriori del acto administrativo». «Como si se pudiera subsanar una ausencia que compromete la legitimidad del acto de suspensión del derecho a la intimidad corporal del interno», indica.

Política criminal Presxs "políticxs"

Desde mayo del 2011, la sociedad en la que vivimos ha conocido una gran oleada de luchas sociales. Espoleada por una crisis económica sin precedentes en los últimos cuarenta años y por la salida a las calles de las multitudes, que buscaban frenar el acelerado proceso de despojo de sus condiciones de vida en que consistía la vía oficial de ‘superación’ de la crisis, que nunca ha llegado a concretarse, la sociedad española ha vivido una frenética sucesión de manifestaciones, huelgas generales y movilizaciones populares. Por supuesto, la respuesta del poder frente a la emergencia de las necesidades y el resurgimiento político de las clases subalternas ha basculado entre la cooptación de los dirigentes de las protestas, los intentos de encabezarlas y encauzarlas, y la represión pura y desenfrenada.

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Desde Salhaketa, asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, nos sumamos al amplio movimiento social e institucional que está reaccionando desde entidades institucionales, judiciales, profesionales y asociativas, así como desde la propia ciudadanía, a la torpe y perversa estrategia del Partido Popular en el País Vasco que ha tratado de convertir la capital de la Comunidad Autónoma, mediante las declaraciones y propuestas de sus representantes institucionales, en un espacio de experimentación de tácticas electorales y de ocultación de su corrupción interna, fundamentadas en comparaciones obscenas y generalizaciones hirientes y violentas que buscan culpabilizar y etiquetar indiscriminada y discriminatoriamente a quienes no son los responsables de fraude alguno y mucho menos de la corrupción generalizada de banqueros, empresarios y políticos que avergüenzan a la ciudadanía y nos han sumergido en una crisis económica endémica, en el incremento constante del desempleo y el empobrecimiento de la población.

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En tan sólo unos días saldrá de prisión Moussa. Llegó al Estado Español en patera cuando tenía 17 años. Tras permanecer tutelado en Centros de Protección de menores por la Generalitat, consiguió el permiso de residencia. Sin embargo la situación de desprotección económica y social, como a la mayor parte de las personas presas, le llevó a intentar tirar adelante al margen de los circuitos de las economías legales. Y, como tantas otras personas, acabó en prisión después de procesos penales en los que entraron en juego criterios de selectividad en base a perfiles raciales. Han pasado ya 6 años y 6 meses desde entonces.

Moussa lleva más de 8 años (1/3 de su vida) viviendo en Catalunya, y desde hace más de 7 mantiene una relación con Silvia, una ciudadana catalana que le ha apoyado durante todos estos duros años de reclusión. Ambos deberían estar contentos porque tras todos estos años Moussa recupera su libertad en pocos días con el objetivo de retomar su vida más allá de los muros de la prisión con el apoyo de Silvia, una entidad social que le ha ofrecido hacer tareas de voluntariado, y de sus amigos.

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Una buena forma de interpretar una sociedad en un tiempo concreto es ver  a quien se encarcela y porque motivo se realiza. Comenzamos entrando en que administración gestiona el sistema penitenciario: No es el ministerio de Justicia, que sería lo razonable, sino que es el Ministerio de Interior, toda una declaración de intenciones sin pérdida alguna.

Las cifras de 2013 dadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias arroja una cantidad de personas reclusas de 66.765, de las cuales el 92,41% son hombres. De esta población, un tercio tiene entre 31 y 40 años y otro tercio entre 41 y 60 años.

El 61,52% de la población reclusa lo está por delitos contra la salud pública y contra el patrimonio, es decir, por drogas y robos. Así, los las personas recluidas por delitos contra la salud pública suponen el 24,32%, mientras que las que están por delitos contra el patrimonio y el orden socio económico ascienden al 37,2%. Las personas con delitos por homicidios o asesinatos son un 5,7%, por delitos contra la libertad sexual son un 4,7% y por violencia de genero un 7,2%.

Que las drogas y los robos destaquen de esta forma frente al resto de los tipo penales a la hora de privar de libertad a las personas, abre multitud de reflexiones sobre el supuesto fin de resocializador de las prisiones. Desde su creación –la realidad carcelaria es un fenómeno relativamente nuevo– las cárceles han supuesto un instrumento de contención, dominación y control de clase.

Artículo en el ABC sobre estas cifras dadas por Instituciones Penitenciarias

Cifras y datos de la Secretaría de Estado Carcelera

www.delderechoydelreves.net

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Más de dos años han transcurrido desde que la Junta pusiera fin al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria, eliminando así un servicio imprescindible para 15.000 personas privadas de libertad en Andalucía. Dos años de excusas para incumplir lo que anunciaba periódicamente a bombo y platillo, la reanudación del SOAJP.

El pretexto actual es que el Convenio que dicen se ha preparado junto con el Ministerio tras la reunión de mayo de 2014 está pendiente de informe del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA). Sin embargo, el Ministerio niega que el borrador esté “preparado” y al CADECA, por su parte, no le consta requerimiento alguno de alegaciones.

Todo ello a pesar de que por vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz que aprobaban la reanudación del servicio: la primera –de IU–, en mayo de 2013, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE y con acuerdo del grupo popular; la segunda, presentada en septiembre por el grupo popular y aprobada por unanimidad. En una comparecencia parlamentaria celebrada en mayo de este año el propio grupo parlamentario del PSOE le pidió al consejero que pusiera fin al problema.

Ante este incumplimiento de los mandatos parlamentarios y de sus propios compromisos, la APDHA ha presentado sendas quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Español para que recomienden a la Consejería la reanudación de los SOAJP.

El Gobierno andaluz y su presidenta deben acabar con esta situación de indefensión. La APDHA anuncia que, de no ponerse fin a esta situación, iniciará una campaña informativa contra el Gobierno andaluz y contra su presidenta, a fin de que la ciudadanía tome conciencia de los efectos de las políticas de recortes en los derechos humanos de los andaluces.

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía

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