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El Estado en su labor represiva se ve obligado de vez en cuando a hacer ciertos reacomodos tácticos, orientado siempre por su estrategia a largo plazo (mantener la dominación usando el terror para que la rebelión nunca se generalice alcanzando niveles que ya será incapaz de soportar).

A nivel global, ocupa una estrategia antiterrorista que se diseña desde un alto nivel en organismos especializados de la cooperación inter-estatal (policías, agencias encargadas del sistema penal, etc).

En España ya habíamos podido ver, en una atenta lectura del auto de procesamiento de los compañeros Francisco Solar y Mónica Caballero, que el esfuerzo de todos estos organismos encargados de distintas fases de la represión está centrado en construir al anarquismo como terrorismo, en contra del sentido común más elemental que alcanza hasta al Diccionario cuando se define al terrorismo como una estrategia de dominación (¡nunca de resistencia contra la dominación!). A tal efecto, se insiste en una especie de paralelismo entre el anarquismo insurreccional y el yihadismo contemporáneo. En ambos casos, dicen, es posible que la actividad terrorista sea ejercida por células autónomas, que no necesitan ni siquiera conocerse entre sí, y que encuentran su unidad práctica al atacar a un enemigo que tienen claramente definido. Mientras en el caso de los anarquistas el teórico es Bonanno, “la táctica insurreccional (…) utilizada por las células de base yihadistas, (es) teorizada, en este caso, por Abú Musab Al Suri, más conocido como Mustafá Setmarian, a mediados de los años 90 y puesta en práctica a medida que los sistemas de seguridad estatales y su coordinación consiguieron dificultar los contactos y movimientos de terroristas internacionalmente”.

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Siete y media de la mañana. Suena un timbre ruidoso insoportable que te hace levantar. Que te recuerda que no puedes decidir hoy tampoco a qué hora salir de la cama. Te giras y no está la persona que te gustaría que estuviera a tu lado. No puedes decidirlo. Tampoco en esos días en los que todas nos juntamos con la gente que más queremos.

De nuevo en pie, a la espera de que aparezca una persona para comprobar si sigues ahí. Abren la puerta, a la misma hora de cada día. Desayuno, ducha, actividades. Salir al aire libre y ponerte a hacer deporte. Correr en círculo, continuamente, lo cual te recuerda que los días pasan de manera repetida deseando que pasen los dos años y tres meses, los tres años y veinte días, o los seis años y un día. Andar un kilómetro en línea recta o mirar el horizonte se convierten en pequeños placeres de la vida imposibles. Comer siempre a la misma hora y con el mismo tiempo. Poco a poco se te va olvidando cómo se cocina. Te encantaría hacerlo, pero no puedes. No puedes tampoco cocinarte tu propia comida. Y después de comer, de nuevo el tedioso timbre. Y de nuevo la puerta que te reencierra. Dos horas, quieras o no. Hasta que suena de nuevo el timbre y, tras comprobar si estás, la puerta se abre. Tampoco puedes decidir quedarte si te apetece acabar la carta que estabas escribiendo, o si te apetece quedarte sumido en tu melancolía. Ni siquiera puedes decidir esas pequeñas cosas. Toca gimnasio, o limpiar el comedor, o trabajar para una multinacional a cambio de uno o dos euros la hora. La tarde pasa. Luego llega la cena, hacia las ocho. Quizá en estos días y si la dirección lo permite, la hora se puede retrasar un poco, pero no mucho más. Después, el timbre y a la hora que decidan has de estar de nuevo tras la puerta que cierran. Así hasta el día siguiente. Quizá era un día en que te gustaría estar con tu amiga, la de la celda de al lado. Estaba mal y te gustaría estar cerca. Pero no, a pesar de que estés rodeada de barrotes, muros y más muros, y controlada mediante videovigilancia, no puedes decidir estar hasta las doce o la una con tu amiga. Eso tampoco se puede decidir. Y así hasta el timbre de la mañana siguiente. Día tras día.

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Aquí la grabación de una entrevista de Anarchist Radio Berlín a gente de la «red anarquista madrileña» Espacio Libertario, sobre los recientes intentos del Estado español para alimentar el fantasma del terrorismo anarquista en su relación con el endurecimiento del castigo y el control represivo de la población por parte del gobierno del que la ley Mordaza es una de las principales medidas, pero no la única. En seis minutos y medio, explican bastante bien lo que está pasando.

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De nuevo todos corren al grito de “que vienen los anarquistas”, y ese nuevo engendro que han parido llamado “Ley Mordaza” tiene ya teta donde mamar… la teta del “terrorismo anarquista”, como si bastante terror no sembrasen ya los poderosos.  Cuando el pobre quiere hacer justicia, el poderoso lo llama terrorismo, y cuando el poderoso es terrorista él mismo lo llama “justicia”.

A la Ley Mordaza poco que faltaría para poder llamarse “Ley Garrote Vil”.  Sin darnos cuenta nos la han metido doblada y en silencio, como todos los ataques que infringen al pueblo desde las más altas curias del poder.

No, ya no se trata de recortes en aquello que debiera ser del pueblo y no del Estado, como la sanidad y la educación… No se trata del problema del paro ni de estar sin trabajo durante años, no se trata tampoco de la reducción de los salarios y de los contratos-basura… Ni siquiera se trata del hambre, de la desnutrición infantil, del descenso del umbral de la pobreza, ni tampoco de los asesinatos de estado llamados también suicidios…

Se trata de la LIBERTAD, con mayúsculas.  El Estado, capitaneado esta vez por el gobierno neo-franquista del PP, ha conseguido de nuevo llevar a las personas humildes y trabajadoras a una lenta y amarga agonía hasta la muerte… quizás no la muerte física inmediata, pero sí la muerte social, la muerte mental y personal, y es que no somos sino muertos en vida para que otros puedan vivir de muerte. 

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A6itUM

Comunicado llamando a la jornada de lucha del sábado:

El próximo 27 de diciembre se ha convocado una manifestación a las 17h en la Plaça Catalunya de Barcelona −en la parte más cercana a las Ramblas− en apoyo de las 11 compañeras encarceladas y represaliadas en el marco de la llamada Operación Pandora −que incluyó destrozos y hurtos en varios centros sociales de Barcelona y en casas particulares− y también en apoyo a las dos compañeras que llevan más de un año encarceladas.

Todas ellas son anarquistas y han sido represaliadas por el hecho de serlo, pero no olvidamos que esto es porque las anarquistas luchamos en contra de la sociedad capitalista y del estado que la orquesta. Qué quiere decir esto? Pues que hoy nos ha tocado a nosotros, pero todas las que luchamos somos susceptibles de ser el blanco de la escalada represiva que nos está tocando vivir estos tiempos y que no hará otra cosa que ir en aumento en los años próximos.

Actividad en la calle Política criminal Sociedad-cárcel

Los mercados proponen e imponen. El estado dispone y se arma contra sus súbditos. Los súbditos claman con nostalgia por una vaga noción de ciudadanía. La regla de oro de la tasa de ganancia y su inseparable reverso –la explotación− engendran una variedad amorfa de monstruos tecnocráticos que, llegado el momento, no dudan en proponer muy racionales soluciones. A día de hoy, la pregunta es si el Leviatán neoliberal seguirá siendo capaz de aplicar soluciones cada vez más severas para asegurar una regla de oro cada vez menos factible. La cuestión es qué nivel máximo de desequilibrio entre crímenes estatal-corporativos –desde arriba− y criminalización selectiva –hacia abajo− puede alcanzarse en un statu quo de paz social, entendido este como el escenario de injusticia sostenible que aún no activa los recursos más extremos del estado de excepción. Durante décadas, el lazo español entre mercado, estado y castigo ha sido presidido por una masiva burbuja criminal inflada por la creciente tensión entre las políticas desde el delito impune y las políticas contra el delito –peor aún: mediante la hipercriminalización de las llamadas infraclases.

Las tendencias penales del neoliberalismo español evidencian una aguda esquizofrenia punitiva. La última reforma del Código Penal, que se discute en estos días, busca establecer las condiciones para una contracción del subsistema penitenciario en el contexto general de un refuerzo del sistema penal. Muchas de las reformas recientes están siendo aplicadas en un marco regulatorio administrativo –la expulsión de extranjeros pobres como sustitutivo de la cárcel es un ejemplo. Mientras se proyectan algunas medidas de “austeridad punitiva” –como una extensión de la libertad condicional que incluye más controles fuera de la cárcel y más posibilidades de reingreso−, la misma reforma da una vuelta de tuerca hacia el excepcionalismo mediante medidas como la “prisión permanente revisable”.

Por Daniel Jiménez

Política criminal

La mañana del martes 16 de diciembre nos ha sorprendido con una oleada  de registros y detenciones… ¿Nos ha sorprendido? No vamos a mentir. Volvamos a empezar. La mañana del martes 16 de diciembre NO nos ha sorprendido. La policía autonómica catalana, los Mossos d’Esquadra, la Guardia Civil y agentes judiciales de la Audiencia Nacional asaltaron más de 10 domicilios y algunos locales anarquistas en Barcelona, Sabadell, Manresa y Madrid, con sus respectivos registros, detenciones, confiscación de material propagandístico e informático, además de aprovechar la ocasión para allanar y saquear también, utilizando todo el  cuerpo antidisturbios de la Brigada Móvil de los Mossos d’Esquadra, la antigua Kasa de la Muntanya, un espacio ocupado que acaba de cumplir 25 años.

Según la prensa, evidenciando como siempre su rol de vocero policial, el objetivo de estas detenciones es desarticular “una organización criminal con finalidad terrorista y de carácter anarquista violento”. Aunque suena fácil repetir una frase hecha una vez más, lo haremos: la única organización criminal que busca aterrorizar a la gente con su carácter violento es el Estado y sus tentáculos: la prensa, el aparato jurídico, sus cuerpos represivos y sus políticos, sean del espectro que sean.

¿Por qué no nos ha sorprendido la actuación represiva? Porque la estábamos esperando. No se trata de jugar a ser oráculos ni nada de eso, sino de saber leer entre líneas, y a veces de manera literal, los acontecimientos. Como sucedió con la detención de otros compas el año pasado, desde hace largo tiempo se están orquestando oleadas como la del martes contra entornos libertarios y antiautoritarios, y si bien las diferentes redadas no fueron ta grandes, evidenciaban un horizonte con situaciones de este tipo.

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Si de algo estamos seguros, es de que el Gobierno español no pasa por sus mejores días. Inmerso hasta las cejas en un pantano de corrupción e incapaz de resolver, por un lado, la remodelación planteada por el soberanismo, y por el otro, los acuciantes problemas económicos que ahogan a sectores cada vez más amplios de la población súbdita, teme que su falta de credibilidad y su impotencia terminen en una crisis de Estado que ante una reacción popular que de no limitarse a votar tendría consecuencias perjudiciales.

El Estado se está endureciendo, como prueba el intento de Interior de crear un fichero de personas arbitrariamente calificadas de “sospechosas” y la sanción a una Ley de Seguridad Ciudadana que da manos libres a la policía para reprimir cualquier movimiento de protesta callejera. Frente a quienes se proponen reformarlo constitucionalmente, o incluso “democratizarlo” para salvarlo, hay un sector político que pretende acorazarlo con toda clase de medidas represivas. Tras él se esconden la mayoría de poderes fácticos con mucho que perder en la crisis. Les ha entrado pánico y por eso el Estado se dispone a dar un golpe de timón; con este objetivo está preparando el terreno. Los medios de comunicación fueron los primeros que se entregaron a la tarea, mucho antes que la policía y los jueces. Noticias fantásticas sobre misteriosos viajeros internacionales mensajeros de la anarquía hace tiempo que circulan, así como otras de mismo cariz alarmista tendentes a criminalizar el único medio opaco al Poder que existe, lo que de por sí es algo escandaloso, el de las casas okupas, los ateneos libertarios y los centros autogestionados.

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El Ministerio del Interior ha creado una base de datos en la que pretende incluir, sin ningún tipo de control judicial ni supervisión ajena, a todas las personas que considere sospechosas de algún delito o relacionadas con alguna investigación. No hará falta que tengan antecedentes penales o que estén imputadas judicialmente, porque las instrucciones de funcionamiento de ese fichero -firmadas el pasado 25 de noviembre por el ministro Jorge Fernández Díaz- dejan al criterio de los funcionarios decidir qué personas se pueden incluir en ese archivo automatizado por considerarlas relacionadas con algo ilegal, aunque sea una simple «infracción».

Interior se ha visto forzado a hacer público el nacimiento de este fichero porque la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a todas las administraciones a anunciar la creación de cualquier archivo a través del BOE. Interior lo publicó en el boletín el pasado 5 de diciembre, pero la polémica base de datos pasó totalmente desapercibida, difuminada entre otros 21 archivos de nueva creación, la mayoría meramente administrativos y sin aparentes aristas que fueron publicados en la misma orden.

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Parecía inconcebible que se atrevieran a seguir adelante con él. Por su irracionalidad, por su carácter abiertamente antigarantista, por el alud de críticas que había recibido de organizaciones de derechos humanos de todo tipo. Sin embargo, el Partido Popular ha decidido apretar el acelerador e imponer en el Congreso de los Diputados su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Lo ha hecho para lanzar a la oposición política y social un rugido  de dureza. Para emular a Fraga y anunciar que la calle es suya y que no permitirá que nadie se la dispute. Hace unos años, el gesto podría haber resultado eficaz. Ahora no. Con la corrupción carcomiendo sus estructuras, con el aumento de la precarización social la decisión del Gobierno aparece como un signo de debilidad que, tarde o temprano, puede acabar volviéndose en su contra.

Ciertamente, este empeño represivo no es nuevo. En los últimos años, cada medida privatizadora, cada despojo de los bienes públicos, comunes, ha venido acompañado de alguna iniciativa dirigida a criminalizar la protesta. Esta estrategia tiene su lógica: avasallar los derechos sociales y laborales básicos exige mantener a raya las libertades civiles, políticas y sindicales que permiten reclamarlos. La propuesta de endurecimiento del Código Penal impulsada por Ruiz Gallardón fue una primera señal en esta dirección. Y la Ley de Seguridad Ciudadana se convirtió muy pronto en su complemento más idóneo.

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