El Ministerio del Interior ha creado una base de datos en la que pretende incluir, sin ningún tipo de control judicial ni supervisión ajena, a todas las personas que considere sospechosas de algún delito o relacionadas con alguna investigación. No hará falta que tengan antecedentes penales o que estén imputadas judicialmente, porque las instrucciones de funcionamiento de ese fichero -firmadas el pasado 25 de noviembre por el ministro Jorge Fernández Díaz- dejan al criterio de los funcionarios decidir qué personas se pueden incluir en ese archivo automatizado por considerarlas relacionadas con algo ilegal, aunque sea una simple «infracción».
Interior se ha visto forzado a hacer público el nacimiento de este fichero porque la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal obliga a todas las administraciones a anunciar la creación de cualquier archivo a través del BOE. Interior lo publicó en el boletín el pasado 5 de diciembre, pero la polémica base de datos pasó totalmente desapercibida, difuminada entre otros 21 archivos de nueva creación, la mayoría meramente administrativos y sin aparentes aristas que fueron publicados en la misma orden.

