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Audio de una ponencia dentro de las jornadas del Tattoo Circus Euskadi 2017

A finales de 1975, las cárceles españolas “guardaban” a 8.440 personas presas. Treinta y cinco años después, ese número se había multiplicado por nueve –sobre 77.000 en mayo de 2010. El endurecimiento de las normas penales y el alargamiento de la privación de libertad han sido las causas principales de ese incremento del secuestro institucional pero no las únicas ni las primeras. La burbuja penal española debe interpretarse como parte y producto de una dinámica civilizatoria (económica, política, cultural…) que exige la toma en consideración de una multiplicidad de factores entre los que no figura la simple variación de las tasas de delito. En términos cuantitativos, esos índices nunca han podido explicar los aumentos de la esfera punitiva desde una supuesta correlación entre crimen y castigo, paradoja que sustenta una de las más básicas premisas de esta tesis: “la inutilidad de cualquier aproximación al funcionamiento del sistema penal desde su única descripción normativa”.

Daniel Jiménez

Política criminal

A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.

Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.

Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.

Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.

Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.

Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.

A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.

Firma el manifiesto

Las madres y padres de los imputados por el altercado en un bar de Altsasu, con el objetivo de aportar todos los datos e información, hemos creado esta pagina web donde podrás encontrar contenido relativo a este caso y buena muestra de toda la solidaridad que hemos recibido.

http://www.altsasugurasoak.com/es/

Actividad en la calle Política criminal

Política criminal

Luego de obtener media sanción en Diputados, el senado deberá debatir la reforma a la Ley de Ejecución Penal 24660 que, de ser aprobada, agravará la situación de los seres humanos privados de libertad en los campos de concentración Siglo XXI de la Argentina, incrementará la llamada inseguridad, aunque probablemente garantice votos al PRO y al Frente Renovador, impulsores de la medida. En ningún país del mundo la mano dura y la represión, legal o ilícita, bajaron los “delitos”. Por caso, Estados Unidos es el país con mayor índice de prisioneros del planeta y también el que ostenta el mayor número de delitos. Como puede apreciarse, sin esfuerzos, la represión a los pobres y a los retobados es el resultado más evidente de estas leyes regresivas. Los países que disminuyeron el índice de delitos y demuelen cárceles lo realizaron con mayor equidad social y penas alternativas al encierro.

La llamamos Ley Sepultura porque – de hecho- extenderá la permanencia de los privados de libertad, en las cárceles de mala muerte del país, haciendo cumplir las condenas “de punta a punta” arrasando sus derechos Desde la Procuración Penitenciara de la Nación, organismo de contralor del Servicio Penitenciario Federal, Ariel Cejas Meliare indicó a esta Agencia: “Se trata de un proyecto que propone aumentar la prisión preventiva y elimina el régimen de progresividad de la ejecución penal para la mayor parte de los condenados, pues impide el acceso a salidas transitorias, semilibertad, libertad condicional y libertad asistida. Esto conllevará el cumplimiento íntegro de las penas para los condenados por la mayoría de los delitos que actualmente son alojados en las cárceles federales, incluyendo los penados por delitos no violentos como el tráfico de drogas a pequeña escala. Además, implica avanzar sobre la autonomía provincial, pues pretende extender este criterio restrictivo a las legislaciones locales”.

Internacional Política criminal

Veintiuna horas sin ver ningún rostro ajeno. A veces incluso, si no hay espejo, ni siquiera el propio. Veintiuna horas sin estímulos, en silencio, sin conversación, sólo con tus propios pensamientos. Veintiuna horas sin actividad física. Veintiuna horas sin poder fijar la vista en el horizonte.

El régimen de aislamiento en la prisión impone un régimen de vida a las personas presas basado en el encierro en soledad durante la mayor parte del día, entre dieciocho y veintiuna horas. Hay personas que están días, otros meses, y otros incluso años, a pesar de que las normas internacionales para el tratamiento de las personas reclusas, conocidas como las “Reglas Nelson Mandela”, establecen que el tiempo máximo de reclusión en aislamiento tiene que ser de quince días.

Este sistema de vida se impone como tratamiento permanente, medida regimental a los preventivos, sanción puntual o medio coercitivo. A lo largo del 2016 pasaron por el régimen de aislamiento en las prisiones catalanas un total de 2.156 personas: 1.487 por haber sido sancionadas y 669 por haber sido clasificadas en primer grado del tratamiento penitenciario.

Si partimos de la premisa constitucional que la prisión, en principio, tiene que actuar como agente de reinserción de las personas presas y, por lo tanto, a una vida en comunidad, ¿qué sentido tiene el aislamiento? Se mantiene afirmando que estos tratamientos funcionan, mientras las personas presas se autolesionan o, incluso, llegan a suicidarse. Ante estos resultados, ¿por qué se sigue aplicando como tratamiento penitenciario?

El Relator Especial de las Naciones Unidas para cuestiones de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes ha recomendado en numerosas ocasiones a todos los países prohibir la reclusión en aislamiento de las personas presas, excepto en circunstancias excepcionales y, en estos casos, por el menor tiempo posible. Entendemos que la reclusión en aislamiento de más de 15 días tiene que ser prohibida dado que numerosos estudios han mostrado que puede causar un daño mental crónico. El aislamiento prolongado genera situaciones que pueden llegar a ser consideradas como tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Además de la vulneración de derechos humanos que supone, es injustificada, por anacrónica e ineficaz.

¿Una sociedad democrática del siglo XXI se puede permitir seguir perpetuando una institución como el aislamiento? A pesar de que la competencia legislativa es del Estado Español, Cataluña en el marco de la ejecución penal puede dejar de aplicar el régimen de aislamiento.

Las entidades y las persones firmantes exigimos que:

– Que el Parlamento de Cataluña se pronuncie sobre la necesidad de suprimir el régimen de aislamiento del sistema penitenciario catalán, para no ser compatible con la dignidad humana ni con el principio de reinserción social.

– Que con el objetivo de dar pasos firmes hacia este objetivo, inste en el Gobierno catalán a respetar la legalidad internacional y, en consecuencia, a aplicar únicamente el aislamiento de forma absolutamente excepcional y exclusivamente como sanción, con una duración inferior a quince días, dejando de aplicarse en cualquier de los otros supuestos previstos en la normativa vigente.

21hores.cat

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La lucha contra el FIES Política criminal

El pasado 19 de Octubre tuvo lugar la vista sobre el recurso a la sentencia de 12 años que condenaba a los anarquistas Francisco Solar y Mónica Caballero por la explosión en la Basílica del Pilar en Octubre de 2013. El argumento de la defensa se basaba en varios puntos, destacando los siguientes:

• Falta de imparcialidad del tribunal que los juzgó.
• Falta de pruebas categóricas.
• Rebajar la figura penal de “daños terroristas”, al no resultar afectados bienes artísticos, ni culturales, ni históricos.
•  Cambiar la acusación de “lesiones terroristas”, ya que en todo caso debería considerarse como una “falta”.
•  Desproporcionalidad de las condenas que recibieron en primera instancia.

El 16 de Diciembre de 2016 se ha hecho pública la resolución del Tribunal Supremo que acorta la sentencia de nuestros compañeros a 4 años y medio de prisión para cada uno, además de 143.317 euros en calidad de indemnización por los daños causados. Teniendo en cuenta que ya han cumplido tres años de prisión, les quedaría por cumplir un año y medio más en las jaulas del Estado. Pero cabe la posibilidad que al ser extranjeros puedan ser expulsados a territorio chileno, quedando en libertad antes de que se cumpla ese plazo, al ser su condena inferior a 6 años.

Nuestra alegría es inmensa pero no completa, pues ya son tres largos años los que permanecen en las garras del enemigo sin poder abrazarles. Hasta el momento de verles de nuevo en las calles y después de ello también, seguiremos luchando contra el encierro, el Estado y la dominación, ya que es tan grande el amor a nuestros compañeros como el odio a quien los encierra.

(vía mail)

Política criminal Presxs "políticxs"

La relación entre libertad y seguridad sufre en España un claro desequilibrio a favor de la segunda, o en perjuicio de la primera, en materia de seguridad ciudadana. Las tasas de delincuencia del país se encuentran entre las más reducidas de Europa mientras las de población penitenciaria destacan por su elevación entre las de los Estados de ese mismo ámbito. Resulta paradójico: más presos de lo normal con menos delincuentes de lo habitual al mismo tiempo.

Parece, en cualquier caso, un caso de inflación punitiva, en el que los legisladores amplían constantemente el catálogo de infracciones de las leyes penales, en un proceso expansivo en el que crecen los ámbitos y las acciones criminalizados al tiempo que se agravan las condenas, con lo que su aplicación se traduce en un insólito aumento de las reclusiones –y de su duración–, en las que, por otra parte, no siempre se materializa el componente educativo o de reinserción que convive en las condenas con el retributivo o de castigo.

La criminalidad, además de ser reducida, tiende a la baja en España. Según Eurostat, el sistema estadístico de la UE, el país pasó de registrar 2.396.900 infracciones criminales –delitos y faltas– en 2008 a 2.268.900 en 2012, periodo en el que la cifra también se redujo en otros quince países comunitarios. Y, según el Ministerio del Interior, la delincuencia cayó a partir de entonces de una manera vertiginosa, ya que el 2015 se cerró con un cómputo oficial de 2.035.625, que supone un descenso ligeramente superior al 15% conforme avanzaba la crisis económica. Esos datos situaron la tasa de criminalidad en 43,7 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, “la más baja de los últimos doce años”, señala el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Más de la mitad de los delitos de los que tienen conocimiento las fuerzas de seguridad son robos y hurtos: 564.657 de los 993.596 denunciados entre enero y junio, con un importante peso cuantitativo de los atracos a personas y locales –30.773, más de siete por hora– y los asaltos a viviendas –57.458, unos 315 por día–.

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El terrorismo y los delitos sexuales, considerados como supuestos de especial gravedad, eran los únicos que se incluían en el ámbito de aplicación de la libertad vigilada según la anterior redacción del Código Penal (Ley orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre). Se entendía que, agotada la dimensión retributiva de la pena, la adopción de medidas de seguridad era la respuesta a la peligrosidad subsistente del sujeto implicado en este tipo de delitos.

Ha sido una medida de seguridad no exenta de problemas de aplicación práctica, dada la concurrencia en el sistema penal español con medidas cautelares y con penas de contenido coincidente, al menos parcialmente.

Política criminal

Política criminal

Cuatro puntos sobre los que reflexionar, nada más. La pregunta fundamental, la que todos los libros eluden siempre, dejándola al margen o tendiendo a confundir de modo más o menos eficaz, esta pregunta fundamental es: si la cárcel significa punición, castigo, pena, evidentemente, hace referencia a la transgresión de una determinada regla (de hecho, la punición interviene en el momento en que la regla se trasgrede, se viola). Ahora, la transgresión de la regla remite a su vez al concepto mismo de regla, es decir, a quién decide –y cómo– las reglas de una sociedad. Esta es la cuestión que los distintos operadores del sector, los expertos, no afrontan nunca. Esta es la cuestión que contiene todas las demás y que, si se desarrolla hasta el final, amenaza con derrumbar todo el edificio social y, con él, sus prisiones. ¿Quién decide, y cómo, las reglas de esta sociedad?

Está claro que todas las chácharas que se cuentan sobre el poder del ciudadano (“el ciudadano, esa cosa pública que ha suplantado al hombre”, decía Darien), sobre la participación directa, se muestran cada vez más como lo que realmente son, mentiras. Decidir, en esta sociedad y en todas las sociedades basadas en el Estado, en la división de clases, en la propiedad, lo hace una reducida minoría de individuos que se autodenomina representantes del “pueblo” y que imponen, basándose en determinados poderes ejecutivos (coercitivos), sus reglas. Esta definición, más bien genérica, resalta de inmediato que regla y ley, acuerdo y ley, no son sinónimos. La ley no es una regla como las demás, es una forma particular de concebir y definir la regla: la ley es una regla autoritaria, es una regla coercitiva impuesta, además, por una reducida minoría. Ahora bien, es posible concebir un modo completamente distinto de definir las reglas, o dicho de otra manera, de tomar acuerdos. Por tanto, si no hay coincidencia entre acuerdo y ley, la pregunta fundamental es: ¿cómo se puede puede castigar a un individuo o conjunto de individuos en base a una reglas coercitivas, esto es, leyes que nunca han suscrito, que nunca han aceptado libremente, que nunca han establecido? Esta es una cuestión extremadamente simple, pero que nunca se formula.

Sin plantear aun la pregunta de qué significa concebir las relaciones entre individuos en términos de punición, castigo, pena; sin plantear aun esta cuestión, es necesario preguntarse si es legítimo, justo, útil, agradable, que un individuo, un conjunto de individuos, sean reprimidos, castigados, encerrados, torturados por la transgresión de normas que nunca han concebido ni suscrito. Es esta la cuestión fundamental a la que se intenta encontrar respuesta, una respuesta que a pesar de ser teórica, debe hacerse espacio en la práctica. Ahora, evidentemente, en la misma forma en que planteo aquí el problema a contraluz, se puede ver cómo pienso afrontarlo.

El libre acuerdo es la posibilidad y la capacidad que varios individuos, más o menos numerosos en su asociación, tienen de establecer en común determinadas reglas para realizar su actividad, actividad cuyas finalidades e instrumentos controlan. Sin este control de las finalidades y los instrumentos del actuar propio, no existe autonomía alguna, que es exactamente la capacidad de asignarse las propias reglas. Existe entonces el dominio, el ser dirigidos por otros, por tanto, la explotación. Justo porque esta sociedad no se basa en el libre acuerdo, esto último se desarrolla solo dentro de pequeños grupos donde existe la conciencia de la posibilidad de tener relaciones de reciprocidad, de libertad, por lo tanto, sin formas coercitivas; pero más allá de pequeños grupos que, de forma conflictiva con la sociedad, buscan vivir de este modo, en este orden de cosas no existe una posibilidad parecida, porque precisamente vivimos en una sociedad basada en la división de clases, en el dominio y en el Estado que, de alguna manera, es producto y garante de esta división de clases y de este dominio.

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