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Llevo 49 días en huelga de hambre. En Dueñas me puse en huelga porque Angel Yuste, el torturador de presos y ahora reciclado como director general de instituciones penitenciarias, se niega a trasladarme al País Vasco, donde tengo a mi familia y donde he nacido, me han traído a Zaragoza para quitarme del medio, como no estoy en el País Vasco continúo en huelga de hambre, hasta que pierda la vida o me lleven, pues es un derecho que tenemos los presos reconocido en el art.12 de la ley orgánica general penitenciaria y el art.9 del reglamento penitenciario, que favorece al acercamiento al lugar más próximo a donde vive la familia. Mis padres viven en Baracaldo (Bilbao), son mayores y no pueden desplazarse tan lejos y mis tios viven en Mondragón (Guipúzcoa) y ocurre lo mismo. Me dirijo a usted para que me ayude denunciando desde fuera esta grave situación, para poner punto y final a todo este abuso.

1 0ct 2013 CP Zuera
Aurelio Fernández Alvarez

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Accede directamente al Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa vuelve a denunciar toda la cadena de responsabilidades que permiten la permanencia de la tortura en el Estado español. Desde el Legislativo, que mantiene la incomunicación, a los policías, que practican los malos tratos, desde los jueces, que se inhiben, al Gobierno, que indulta a los pocos condenados.

No hay que olvidar el ensañamiento continuado contra quienes no tienen el poder de su lado para defenderse, tampoco las torturas infligidas y la impunidad de quien las practica

Herman Wallace, quien pasó la mayor parte de su vida confinada en una celda de 6 x 9 pies, murió el viernes pasado de cáncer de hígado. Wallace y otro recluso, Albert Woodfox, fueron acusados de asesinar a un guardia de la penitenciaría estatal de Luisiana en 1972. (Un tercer recluso, Robert Hillary King, también fue vinculado con el crimen). Los llamados Tres de Angola — ‘Angola’ es otro nombre para la prisión — fueron enviados a confinamiento solitario, donde permanecieron durante décadas, y donde Woodfox sigue estando hoy. Incluso cuando su situación ganó la atención nacional, los funcionarios de prisión de Luisiana resistieron a las peticiones de liberar a los hombres. (En 2008 el guardián justificó su aislamiento continuado a causa de que Woodfox “todavía trata de practicar Panterismo negro, y yo todavía no lo querría andando alrededor de mi prisión porque él organizaría a los nuevos presos jóvenes.”)

COMUNICADO DE NOELIA COTELO RIVEIRO, SECUESTRADA EN LOS CENTROS DE EXTERMINIO DEL ESTADO ESPAÑOL

Ante todo me parece de ley decir que por desgracia no soy “una presa torturada», soy Otra Presa Torturada en este supuesto país de derecho y democrático. Desde la mazmorra donde estoy en un búnker de aislamiento, donde llevo 6 años encerrada, simplemente por el hecho de rebelarme contra las injusticias y las atrocidades que aquí dentro nos hacen los verdugos a quienes llevamos sangre en las venas para reivindicarnos para sublevarmos y les hacemos ganarse ese sustento que reciben del estado por maltratarnos, violar nuestros derechos, torturarnos física y mentalmente o incluso asesinar con total impunidad.

Valiéndose del término abstracto «reinsercción» me mantienen 23 horas diarias encerrada en una mazmorra de 3 metros cuadrados. Debiendo salir a un patio similar a una jaula donde apenas da el sol y por supuesto sola, dado que el ilegalizado régimen F.I.E.S. sigue existiendo. Dispersada de mi familia, dispersada de mi tierra y lejos de mis seres queridos. El submundo carcelario del cual nadie habla por temor a no ser creído.

El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional ha accedido a la propuesta formulada por Prisiones de conceder la libertad condicional para el ex general de la Guardia Civil, Enrique Rodríguez Galindo, condenado por el secuestro y asesinato a manos de los GAL de los etarras José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, según el auto del magistrado José Luis Castro al que ha tenido acceso Europa Press.

Los cadáveres de Lasa y Zabala, secuestrados en Bayona por los GAL en 1983, fueron encontrados años después en una localidad de Alicante donde habían sido asesinados y enterrados usando cal viva para descomponer los cuerpos y dificultar así su identificación. Por estos hechos el Tribunal Supremo condenó a Galindo a 75 años de cárcel en julio de 2001 al igual que al entonces gobernador civil de Guipúzcoa, Julen Elgorriaga. También fueron condenados otros tres guardias civiles a penas comprendidas entre los 73 y los 71 años y ocho meses.