La Cadena De Connivencia Que Mantiene La Tortura

Accede directamente al Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, tras su visita a España

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa vuelve a denunciar toda la cadena de responsabilidades que permiten la permanencia de la tortura en el Estado español. Desde el Legislativo, que mantiene la incomunicación, a los policías, que practican los malos tratos, desde los jueces, que se inhiben, al Gobierno, que indulta a los pocos condenados.

El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, visitó el Estado español entre el 3 y el 7 de junio de este año y este miércoles ha hecho público un informe en el que vuelve a constatar, no solo la existencia de malos tratos y otros abusos policiales, sino que denuncia la cadena de responsabilidades que permiten que, pese a las constantes críticas de organismos internacionales, la tortura siga persistiendo amparada por los poderes públicos.

El informe señala que «los malos tratos infligidos por los miembros de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y la impunidad de la que dichos miembros gozan es una cuestión de derechos humanos sumamente inquietante y de larga data en España».

Nils Muiznieks constata en primer lugar el marco legal que permite el primer espacio de inmunidad para el ejercicio de la tortura y que es el periodo de incomunicación. Por ello, una vez más, «exhorta a las autoridades a que erradiquen la práctica de la detención incomunicada». Junto a ello, recomienda la posibilidad de que los detenidos consulten a un médico de su elección, a que notifiquen su detención y su paradero a sus familias, y a que tengan una vigilancia por vídeo las 24 horas del día en las zonas de detención».

Agentes encapuchados

En este ámbito de incomunicación en el que se producen los interrogatorios en los que se dan casos de malos tratos, el informe del comisario europeo denuncia «el hecho de que la mayoría de los detenidos no puedan identificar a los presuntos autores de los abusos, ya que se les suelen vendar los ojos durante los interrogatorios». Recoge también la queja de la propia Defensora del Pueblo de que en ocasiones los agentes se dirijan a los abogados de los detenidos «portando capuchas».

Además, Nils Muiznieks «toma nota con preocupación de que la incapacidad de las autoridades para identificar a los autores de los malos tratos sea el principal motivo por el que se desestiman las denuncias presentadas contra agentes de las fuerzas del orden». En este punto hace referencia expresa al caso de Mikel San Argimiro, en el que el Tribunal de Estrasburgo ya dictó sentencia contra el Reino de España en la que se señalaba que de haber querido las autoridades, hubiera sido posible la identificación de los agentes que le interrogaron.

Los forenses y los jueces

El trabajo de los jueces tampoco sale bien parado del informe, en el que puede leerse que «al comisario le preocupa que las alegaciones de graves malos tratos infligidos durante la detención, aunque indicadas a menudo por médicos forenses, no hayan conducido en muchos casos a la apertura de investigaciones eficaces».

En todo caso, el informe señala también las diferentes sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que dan cuenta de «la falta de exámenes forenses diligentes e independientes de los detenidos incomunicados, lo cual conduce a investigaciones ineficaces de las alegaciones de malos tratos» por parte de los distintos cuerpos policiales.

En este apartado, el comisario del Consejo de Europa detalla que «toma nota con gran inquietud de que los jueces suelen desestimar los cargos relativos a alegaciones de malos tratos infligidos por las fuerzas del orden».

A lo largo de todo el informe se recogen en varias ocasiones las condenas del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo por la falta de una investigación suficiente de las denuncias de torturas. También figuran en el documento datos de Amnistía Internacional sobre el escaso número de denuncias que terminan en condenas.

Los indultos

La cadena de la impunidad de la tortura tiene su último eslabón en los indultos. La decisión política de permitir los malos tratos por parte de agentes policiales, encuentra un primer ámbito de opacidad en la incomunicación, le sigue la falta de cooperación en la identificación, el escaso celo de los jueces y, si pese a todo se llega a una condena, el Gobierno acaba indultando a muchos de los condenados.

El comisario de Derechos Humanos sostiene que estos indultos «sabotean los esfuerzos encaminados a combatir la tortura» y «menoscaban los principios fundamentales del Estado de derecho».

www.naiz.info

Para muestra un botón: El Tribunal Constitucional Concluye que no Se Investigó Una Denuncia De Torturas

Y continuando con otros aspectos del mismo tema…

Según www.publico.es: La visita a España del comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, ha servido para llamar la atención al Gobierno y reconocer, al nivel más alto de la UE, lo que muchos colectivos y víctimas llevan tiempo denunciando en España: que las autoridades recurren a un «uso excesivo de la fuerza» contra las manifestaciones ciudadanas, importantes violaciones de los derechos humanos como la tortura o el racismo institucional siguen siendo practicadas por funcionarios públicos y el Gobierno favorece la impunidad policial indultando a agentes condenados.

En su informe, publicado este miércoles, los funcionarios europeos dan unas recomendaciones muy claras de cara a impedir que en España los derechos humanos sigan siendo violados por parte de las autoridades: condenar «con firmeza y públicamente todos los casos de malos tratos y abusos cometidos por agentes del orden»; abolir la detención incomunicada, «donde más violaciones de los derechos humanos se producen»; combatir los comportamientos discriminatorios entre los miembros de la fuerza pública; adoptar, cuando antes, una clara regulación del uso de la fuerza por parte de los agentes antidisturbios en manifestaciones, especialmente el uso de las pelotas de goma, y que, en todo caso, los policías vayan identificados, como no ocurre en la actualidad.

«Los indultos en los casos relacionados con violaciones de derechos humano son motivo de grave preocupación»

La situación que se vive en las calles, así como en comisarías, prisiones y Centros de Internamiento para Extranjeros (CIEs), que ha recogido el Comisionado ha sorprendido a los enviados europeos. «La investigación indica un excesivo uso de la fuerza por parte de las agentes de seguridad en las manifestaciones contra la austeridad de 2011 y 2012, que sacaron a la luz violaciones de los derechos humanos que se cometían desde hace años», comienza relatando el documento en el apartado dedicado a esta cuestión. A continuación, ponen el acento en un aspecto que para ellos es condición necesaria para que todo esto pueda ocurrir: «la concesión de indultos por el Gobierno, incluso en los casos relacionados con graves violaciones de derechos humanos, tales como los indultos otorgados en noviembre de 2012 a cuatro agentes de Policía que había sido condenado por la tortura, ha sido motivo de grave preocupación para el Comisario».

Recuerdan cómo, desde 1991, el Comité para la Prevención de la Tortura (CPT) ha venido llamando la atención del problema de los malos tratos por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional en «casos de detención por sospecha de pertenencia o relación a grupos armados o terroristas», algo que desde colectivos vascos se ha denunciando durante años mientras todas las autoridades miraban para otro lado. En opinión del Comisionado, «la propia naturaleza de la incomunicación durante las detenciones favorece las violaciones de derechos humanos». Y también se hacen eco de otra denuncia del CPT desde hace largo tiempo: los interrogatorios a activistas, tanto en Euskadi como en el resto del Estado, los llevan a cabo agentes encapuchados. En cuatro casos se ha considerado que España había violado el artículo 3 del Comisionado Europeo de Derechos Humanos, debido a la falta de investigaciones efectivas sobre las denuncias de malos tratos cometidos en el contexto de régimen de incomunicación.

El documento también recuerda cómo, desde 2011, el número de manifestaciones contra las medidas de austeridad han crecido exponencialmente en España. En 2012 la Policía Nacional registró un total de cerca de 6.000 manifestaciones, un incremento del 50% respecto a 2011. Y también explican cómo las protestas han adquirido nuevas formas: ocupaciones de espacios públicos durante periodos prolongados, desobediencia civil para parar los desahucios, ocupación de edificios abandonados, escraches… Aunque reconocen que esto, sin duda, dificulta la actuación de la fuerza pública, el Comisionado se muestra rotundo a la hora de señalar que «es de vital importancia garantizar que las libertades de expresión y de reunión pacífica sean plenamente respetadas y protegidas».

Denuncian la «falta de normas claras sobre el uso de las nuevas armas de proyectiles»

Entre los episodios más negros del historial de la represión y la violación de derechos humanos en España en los últimos años sin duda están los casos de la manifestación del 15 de mayo de 2011 de Madrid, el desalojo de Plaça Catalunya que tuvo lugar días después y las cargas policiales contra la manifestación que rodeaba el Congreso de los Diputados el 25 de septiembre de 2012, donde, según ha recogido el Comisario, 25 de las 37 personas detenidas ese día presentaron quejas de malos tratos a manos de agentes de la Policía Nacional durante su detención. Y recuerdan que en Madrid, se han puesto 1117 multas administrativas a manifestantes que habían sido identificados por participar en protestas, 230 sólo entre enero y abril de 2012.

También hacen especial hincapié en el uso que hacen los agentes antidisturbios de las balas de goma para atacar a los manifestantes, puesto que «el uso de tales armas presenta un peligro claro como lo demuestra la muerte de una persona afectada por una bala de goma en Bilbao en abril 2012» y las tres personas que en Barcelona perdieron la visión de un ojo sólo en 2012. Y denuncian la «falta de normas claras sobre el uso de las nuevas armas de proyectiles». ¿Una forma fácil para que estos abusos dejen de ocurrir? Como han repetido muchos colectivos: que los agentes antidisturbios vayan identificados.

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