«Prolongar La Condena Sin Límite Es Una Pena De Muerte Lenta»

«El hecho de prolongar una pena sin que tenga fecha límite es insoportable humanamente hablando. Aunque la salida sea al cabo de 30 años, por lo menos hay una fecha fijada, el preso ve el final. Pero en este caso no hay límite. Es por ello que los propios presos comunes bautizaron la cadena perpetua como «pena de muerte lenta». Es una política de destrucción del individuo que no tiene nada que ver con la justicia, sino con la crueldad.»

(Ursoa Parot, hermana de Ion kepa y Unai Parot)

La Corte de Apelación especial para «asuntos antiterroristas» ha decidido recientemente anular la puesta en libertad condicional de Ion Parot. Por lo tanto, seguirá encarcelado, situación en la que se encuentra desde el 5 de abril de 1990 tras ser detenido junto a Jakes Esnal y Txistor Haranburu.

Es la segunda vez que los tribunales especiales franceses deniegan la libertad condicional a Ion Kepa Parot «por motivos estrictamente políticos», según han denunciado su familia, sus abogados y Askatasuna.

Su hermano había solicitado ya en 2006 la libertad condicional. ¿Cuáles son los requisitos exigidos para acceder a ella?

Ion Kepa fue condenado a cadena perpetua simple, pero no se le fijó un número determinado de «años de seguridad». Por lo tanto, a partir de los 15 años de condena, la Ley le permite pedir la libertad condicional, aunque no están obligados a aceptarla. Para ello, tiene que tener un domicilio y un trabajo, ambos homologados por el Ministerio de Justicia. Y dado que tiene prohibido pisar territorio en el denominado Grand Sud-Ouest (prácticamente la mitad sur del Estado francés), el empleo y el domicilio propuestos no pueden encontrarse en esa área. Hay que saber que, entre la preparación y la decisión del tribunal, el procedimiento suele ser muy largo, por lo que entre una demanda y otra pueden pasar de tres a cuatro años.

En la primera demanda fue el Tribunal de Aplicación de Penas (TAP) el que se opuso a su salida de la cárcel ¿En base a qué argumentos?

Entonces el domicilio propuesto se encontraba en Angulema (Poitou-Charentes). Los jueces lo consideraron inapropiado porque algunos militantes de ETA habían sido detenidos en esa zona. Además, le reprocharon «estar a favor del proceso de paz» (en curso en esa época) y no haber cortado sus lazos con «el movimiento vasco», por lo que estimaron «prematuro» dejarle en libertad. Ion Kepa recurrió la sentencia, pero la Corte de Apelación desestimó su recurso y, en consecuencia, siguió en prisión.

Esta vez la preparación del dossier ha sido más complicada…

Así es. Además de tener que buscar un domicilio y un trabajo (en un caserío en Picardía, a unos 1.000 kilómetros de Euskal Herria), Ion Kepa ha tenido que pasar por el Centro Nacional de Evaluación (CNE). Se trata de una estructura nueva creada por la denominada Ley Dati (nombre de la Ministra de Justicia de la época), en principio para casos de gran criminalidad y de violaciones de menores con el fin de evaluar los riesgos de reincidencia. Está compuesta esencialmente por sicólogos y siquiatras de diferentes estamentos, incluidos algunos externos a la administración penitenciaria, y se supone que las cuestiones planteadas en la misma tienen que ver con el perfil personal y sicológico. Digo que se supone porque, cuando trasladaron a mi hermano a la prisión de Fresnes para pasar por la comisión, muchas de las preguntas que le hacían eran de carácter político. Aún así, el CNE concluyó que, en su caso, el riesgo de reincidencia era mínimo.

El TAP también la aceptó el 17 de febrero pasado…

Sí. El presidente del tribunal, Bernard Lugan, era el mismo que en 2007 y conocía perfectamente el caso, pero esta vez su decisión se basó en razonamientos jurídicos y aprobó la demanda. Creo que estudiaron más de cerca su caso, su personalidad, su comportamiento… pero pocas horas después la Fiscalía recurrió la decisión.

¿Con qué argumentación?

Curiosamente, con la misma que el tribunal esgrimió para denegar la primera solicitud, es decir, unos razonamientos completamente políticos, y diría que hasta racistas.

¿Por qué racistas?

Basta con leer la motivación. Textualmente dice que «mantiene el contacto con otros presos vascos», que no ha «cortado con la movida vasca», que «consagra su tiempo a la lectura de libros y periódicos vascos», que «aunque ha tomado conciencia de la gravedad y efectos nefastos de la lucha armada, no ha renegado de sus ideas y convicciones, por lo que la expresión de las mismas impide cualquier evolución de su problemática». Su conclusión, así como la de la parte civil, es que mi hermano es un «reincidente potencial». La mía es que esto es racismo puro. Se diría que no tenemos derecho a ser y sentirnos vascos. Pero la Corte de Apelación los dio por válidos y el pasado 29 de abril anuló la sentencia del TAP.

¿Se esperaban una decisión de este tipo?

Bueno, ya en la fase de instrucción la jueza Laurence Le Vert le amenazó diciéndole que «alguien como usted que ha matado a un juez (en referencia al magistrado del Tribunal de Orden Público franquista Mateu Canovas, por la muerte del cual no tienen pruebas contra mi hermano) debería, como mínimo, cumplir una pena de seguridad de 30 años». Luego, la fiscal del TAP dice que es «prematuro» y que tiene que cumplir 30 años «como en España». Quiero aclarar que incluso si hubiesen aceptado la libertad condicional para Ion Kepa, no se trataba de ningún regalo, ya que tendría que residir en Picardía y no podría venir a Euskal Herria por lo menos durante seis años, lo que supondría que volvería a casa al cabo de 27 años. Si aceptan la próxima petición, en el mejor de los casos, ya habrán pasado 30 años para cuando retorne.

¿Cuál cree que es el objetivo de este proceder?

En mi opinión, los dos estados actúan con un espíritu vengativo evidente. Buscan vengarse, castigarlos, destruirlos. El hecho de prolongar una pena sin que tenga fecha límite es insoportable humanamente hablando. Aunque la salida sea al cabo de 30 años, por lo menos hay una fecha fijada, el preso ve el final. Pero en este caso no hay límite. Es por ello que los propios presos comunes bautizaron la cadena perpetua como «pena de muerte lenta». Es una política de destrucción del individuo que no tiene nada que ver con la justicia, sino con la crueldad.

¿Cree que París se alinea con Madrid en materia de política penitenciaria?

Francia no tiene necesidad de ir de la mano de Madrid para ensañarse contra los militantes vascos.

Pero, por lo menos en el caso de mi hermano Ion, percibo la presión española. Estoy convencida de que les han dicho «no soltéis a Parot» y Francia ha obedecido. Por ejemplo, al escuchar la intervención de la fiscal francesa, se hubiese dicho que era un magistrado de la Audiencia Nacional.

Utilizaba los mismos argumentos y pedía que no había que dejarlo libre antes de 30 años. Además, ahora en el Estado español están en periodo electoral y, si dicen que un Parot está fuera, el PP va a utilizarlo electoralmente. Para mí, el hecho de llamarse Parot tiene su peso, pero repito que Francia no tiene necesidad de recibir instrucciones en materia de política penitenciaria.

Precisamente, una jurisprudencia del Tribunal Supremo español es designada frecuentemente como la «doctrina Parot». ¿Cómo les sienta escuchar el nombre de su familia ligado a dicha medida? Sobre todo es mi hermano Unai quien lleva mal esa denominación. Para él es hiriente ver que se utiliza su nombre para castigar a otros compañeros. Es una carga muy pesada ver que su nombre se asocia a una medida tan horrible. No sé cómo explicarlo. Es algo muy negativo, penoso, es como si dijeran «la pena de muerte Parot». En cambio, yo lo percibo de un modo más mitigado porque mi hermano Unai se encuentra en unas condiciones carcelarias tan extremas, tan demoledoras, sin un horizonte de tope en su condena que por lo menos el hecho de que se hable de él, aunque sea con esa designación tan funesta, es para mí como una forma de evitar que caiga en el olvido.

¿Cómo llevan en la familia una situación tan penosa?

Me da mucha pena mi ama. Ya hace más de cuatro años que no puede desplazarse para ver a sus hijos. Ion está en Muret (300 km) y Unai en Puerto de Santa María (1.200 km). Nuestro padre murió ya, pero llevaba seis años sin poder visitar a sus hijos. Se castiga a los presos y también a sus familias. Es de una crueldad alucinante. Es lo que llamamos la «tortura blanca». Tanto Francia como España se dicen países demócratas, pero todo esto es una aberración. Desde el principio, todo es una aberración ya que mi hermano mayor (Ion Kepa) fue condenado en base a las declaraciones arrancadas a Unai en los cinco días y cinco noches de tortura, lo que, en principio, no debería existir en unos países que se declaran democráticos.

¿Cómo ve el futuro?

Pienso que el conflicto tiene que solucionarse políticamente, pero me pregunto si los españoles y los franceses serán tan inteligentes como lo fueron los ingleses hacia los irlandeses. Y es que lo que tenemos enfrente son casos muy especiales. Los vascos no tenemos suerte al estar enmarcados entre estos dos estados que no se distinguen, precisamente, por su comportamiento democrático. Pero creo que el futuro depende, en gran medida, de nosotros mismos. Aunque somos un país pequeño, si estamos decididos, podemos hacer evolucionar la situación positivamente.

RACISMO

«La fiscal esgrimió unos argumentos completamente políticos y hasta racistas: leer en euskara, mantener contacto con otros vascos o no renegar de sus ideas. Se diría que no tenemos derechos a ser y sentirnos vascos»

«Doctrina Parot»

«Para Unai es hiriente ver que se utiliza su nombre para castigar a otros compañeros. Es una carga muy pesada ver que su nombre se asocia a una medida tan horrible»

Carta

Fuentes del grupo han informado que la misiva dirigida al presidente del Gobierno español también fue remitida a Patxi López, a Miguel Sanz y a partidos políticos.

Arantxa Manterola

Gara

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