Hace poco ha estado en Valencia, dando una charla sobre la cárcel como gestión de la pobreza, Ignacio González Sánchez, que trabaja como profesor de criminología en la universidad de Girona. No es la primera vez que colabora en jornadas de reflexión organizadas por colectivos abolicionistas, antipunitivistas o anticarcelarios y, por ejemplo, en el mes de noviembre participó en las Jornades Obertes ¿Parlem de la presó? en Barcelona, y en Iruñea, en las III Jornadas antipunitivistas. El vídeo de su aportación a estas últimas es el que encabeza esta noticia. Como su propuesta de reflexión crítica sobre la cárcel nos parece lúcida, clara y útil para los mismos fines que nosotrxs perseguimos, imitamos a nuestras compañeras de Familias Frente a la Crueldad Carcelaria y vamos a hacernos eco de una serie de artículos sobre la cárcel y el sistema punitivo publicados en The Social Science Post, una página web que pretende «acercar al conocimiento general» trabajos universitarios. Estos son de hace unos cuantos años, pero, para nosotrxs, todavía actuales. Nos importan bastante poco la originalidad o «las exclusivas» y mucho más que este buen material esté al alcance de lxs enemigxs del poder punitivo.
¿Cuándo fue la última vez que te paraste a pensar en «la cárcel»?
Sin cárcel que atemorizase a los delincuentes y evitase los robos y los asesinatos, la sociedad no podría mantenerse. No obstante, la cárcel como pena apenas cuenta con 300 años. ¿Cómo mantenían un cierto grado de orden las sociedades anteriores? ¿Evita la cárcel que haya robos y asesinatos hoy en día? ¿Por qué nos parece una respuesta tan natural y válida encerrar a alguien que incumple la ley? ¿Por qué los castigos corporales nos generan aversión y a nuestros antepasados no? ¿Eran menos humanos que nosotros? ¿Por qué no consideramos el encierro como un castigo corporal? ¿Es casualidad que la cárcel surgiese paralelamente a las grandes ciudades y a la pobreza? ¿Es la cárcel una institución capitalista?
Descubrir que la cárcel tiene un origen histórico, y que no ha estado ahí “desde siempre”, es en sí mismo un acto político. No hablo ni siquiera de dejar de entender la cárcel como una consecuencia automática de la aplicación del Derecho y verla como una institución política (Foucault, 1975) –algo, por lo demás, fundamental si se quiere entender mínimamente esta institución-, sino simplemente de desnaturalizar el que la respuesta a la delincuencia (¿a todas las formas de delincuencia?) sea encerrar a alguien.
¿Qué sentido tiene encerrar a alguien? O mejor, ¿qué sentidos tiene encerrar a alguien? La cárcel tiene que dar el suficiente miedo como para que quien se plantee delinquir termine por no hacerlo. Para ello ha de tener unas condiciones malas. No obstante, le pedimos constitucionalmente a la cárcel que rehabilite a los delincuentes. ¿Todos los delincuentes necesitan rehabilitarse, resocializarse? ¿Cómo queremos que la cárcel rehabilite si a la vez nos molesta que tengan un televisor –herramienta básica para mantenerse informado-? ¿Cómo podemos convivir con ideas tan contradictorias como reprocharle a la cárcel que sea poco exitosa rehabilitando y a la vez deseamos que muchos delincuentes “se pudran” en la cárcel? No a todos los delincuentes, porque hay de muchos tipos, pero entonces ¿por qué usamos para todos el mismo remedio, la cárcel? ¿Alguien se resocializa pudriéndose? ¿Es justo que le pida a una persona que se reinserte en una sociedad alejándolo de ésta y dejándolo en barbecho junto con otros delincuentes durante años? Ahondar en las contradicciones y en las demandas opuestas a las que tiene que hacer frente la cárcel es un primer paso para comprender sus dinámicas internas.
No obstante, se repite mucho que el problema es que las penas no son suficientemente duras y que delinquir sale gratis. Sin volver a la contradicción de pedirle a la cárcel que sea tan mala como para que nadie quiera ir allí, pero tan buena como para ofrecerle oportunidades a los presos que la propia sociedad no les ha dado, se puede acudir a los datos: España tiene ya uno de los Códigos penales más duros de Europa, y las penas son el doble de las previstas de media para el resto de los países europeos. Es decir, comparativamente, en España se castiga una barbaridad, a pesar de hacerlo de una forma tan civilizada como la cárcel. Estamos en el podio de los países que más castigan de la antigua UE-15. ¿Por qué no sabemos esto, si precisamente la finalidad de las leyes duras es que su conocimiento prevenga el delito? ¿Tiene que ver con un intento desesperado de frenar el incremento de la inseguridad? Podría ser, pero coincide que la delincuencia en España es particularmente baja, especialmente en lo relativo a delitos violentos (de los tres países europeos más seguros en materia criminal). No sólo es baja, sino que la tasa de delincuencia lleva estabilizada en ligero descenso desde 1989, mientras que el número de presos y de policía ha seguido aumentando. ¿Por qué, si no hay más delincuencia, se amplía el uso de sistema penal? Si no hay más delitos pero hay más presos, ¿a quiénes se está encerrando? ¿Por qué se sigue oyendo a políticos que piden el “cumplimiento íntegro de las penas” cuando éste ya se aprobó en 1995? ¿Saberlo no ayudaría a reducir la delincuencia? ¿La delincuencia depende de los cálculos que hagan los delincuentes con el Código penal en mano? Por cierto, ¿quiénes son “los delincuentes”? ¿Alguna vez has delinquido? ¿Te consideras un delincuente?
Lo fundamental, más que estos datos que más adelante se explicarán debida y matizadamente (ver González Sánchez, 2011), es el hecho de nuestra ignorancia al respecto. En verdad, ni siquiera sabemos que lo ignoramos, porque la cárcel y la penalidad nos dan respuestas a preguntas que no llegamos a plantearnos explícitamente, precisamente porque ya tenemos unas respuestas “válidas”, preconcebidas. Esta fuerza cultural que tiene la cárcel para proveer una guía de actuación simple y cuasi automática ante un fenómeno tan complejo como es el de la delincuencia, es tan importante como el hecho de que la mayoría de las personas penalizadas pertenecen a las clases bajas, por lo que algunos autores plantean que no es una respuesta cuasi automática a la delincuencia, sino a la pobreza y el conflicto social inherente a una sociedad desigualitaria. Su faceta material, represiva (de conductas, de cuerpos), y su faceta comunicativa productiva (de categorías sociales, de reducir las ansiedades) se entrelazan y refuerzan constantemente.
En la serie de textos que seguirán a este, me centraré en la “penalidad”, entendida como el conjunto de leyes, procedimientos, discursos, instituciones y prácticas asociadas al castigo como institución social (Garland, 1990). Cómo y cuánto castigamos, o nos castigan. El primer paso es descubrir que, en general, no pensamos sobre la cárcel y el sistema penal, sino que pensamos con él, a través de él. Si la cárcel sirve para reducir la delincuencia y la delincuencia está aumentando, habrá que aumentar los años de cárcel, se piensa lógica y evidentemente (o, mejor, se sabe sin pensar, debido precisamente a que es “evidente”). Raramente nos cuestionamos si la cárcel sirve para reducir la delincuencia, si las penas ya son suficientemente elevadas, o siquiera si la delincuencia está aumentando o no. O cómo mide la policía la delincuencia. Le encargamos al Estado la custodia de ciudadanos y ni siquiera sabemos cuáles son las condiciones del encarcelamiento, ni cuánta gente hay, ni si salen de allí y en qué condiciones. La cárcel promete una solución sencilla a un problema complejo, y tal vez con eso le sea suficiente. Aquí se promete plantear cuestiones sencillas a una institución aparentemente sencilla, pero muy compleja.
¿Cuándo ha sido la primera vez que te has parado a pensar en “la cárcel”?
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Bibliografía:
Foucault, Michel. [1975]. Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión. Madrid: Siglo XXI, 1979.
Garland, David. [1990]. Castigo y sociedad moderna: un estudio de teoría social. México: Siglo XXI, 1999.
González Sánchez, Ignacio. (2011). “Aumento de presos y Código Penal: una explicación insuficiente”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología 13: artículo 4.
