Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Comunicado de Camilo Perez Tamayo en Huelga de Hambre

Que la huelga de hambre derrumbe el castillo de naipes.

Mientras lentamente comienzan las dudas y cuestionamientos de algun@s cada vez mas ingenu@s ciudadan@s sobre la veracidad de las «pruebas», otr@s mucho más critic@s y despiert@s señalan tajantemente que el «caso bombas» se cae como un castillo de naipes.

Tras un mes de disturbios, quema de colchones, sabotaje y daños a la propiedad, las personas detenidas en el CIE (Centro para la identificación y deportación) de Gradisca (Gorizia), literalmente, han llegado a demoler sus jaulas. El centro ya había sido inutilizado por muchos disturbios desde que abrió hace cinco años, hasta el punto que menos de la mitad de la instalación era en realidad operativa. La llegada de los jóvenes que han experimentado revoluciones recientes en el Magreb detonó el polvorín.

Según las abogadas Lourdes Chasco Piérola y Patricia Moreno Arrarás, que forman parte del equipo editor del Portal Derecho Penitenciario, en una entrevista publicada en http://www.afaprema.com, «Hay muchos abogados que se manejan con soltura en el ámbito del Derecho Penal aunque no son tantos los que lo hacen con el rigor y la dedicación que merece una rama del derecho en la que todos -no sólo el acusado o la víctima- nos jugamos tanto. Y sí, son poquísimos los abogados que tienen conocimientos de derecho penitenciario. ¿Las causas? Múltiples. Por un lado, está la pescadilla que se muerde la cola: al desconocerlo casi todo sobre derecho penitenciario, muchos abogados no son conscientes de las posibilidades de defensa y de trabajo que se abren después de que se dicta una sentencia condenatoria y, en su desconocimiento, abandonan literalmente al cliente en el momento en que éste cruza el umbral de la prisión. Por otra parte, es innegable que el Derecho Penitenciario ha sido siempre un derecho “menor” y marginal. Siempre ha tenido una presencia escasa o nula en los programas de formación universitaria; nunca ha llamado el interés del mundo académico ni tampoco el de las editoriales jurídicas; y tampoco los operadores jurídicos le han prestado demasiada atención. Y todo lo anterior es, en principio, inexplicable si tenemos en cuenta que el derecho penitenciario es aquel que marca las reglas de juego cuando el Estado descarga todo su poder coercitivo o de coacción. La cárcel sigue siendo un mundo desconocido y temido.»

SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA:

Me dirijo a usted mediante esta carta abierta para poner en su conocimiento unos hechos que por su extrema gravedad, entiendo que son de sobrada importancia como para que usted les dedique una parte de su tiempo y atención. No en vano lo que ponen en cuestión es nada menos que la viabilidad del fundamento teórico y práctico del estado de derecho. Lo que vengo a referir es un suceso que se supone que jamás podría ocurrir. Que antes de llegar a una cosa así, se activarían los controles y sistemas de garantías del estado para detectarlo y darle solución. Sin embargo esto no sucedió y como consecuencia de ello, hube de pasar cinco años de mi vida en las cárceles españolas en una situación que, pasados diez años, ha sido calificada por órganos judiciales como de prisión indebida.

El lunes 28 de febrero de 2011, el Colectivo «Ne laissons pas faire!» ha hecho público el siguiente comunicado:

El 16 de febrero, el tribunal de aplicación de penas de Paris admitió la demanda de de Jean-Marc Rouillan, concediéndole (por segunda vez desde 2007) un acondicionamiento de pena (“semilibertad”), como primera etapa hacia la libertad condicional.

La fiscalía apeló inmediatamente contra esta decisión: Jean-Marc Rouillan no podrá por tanto abandonar la prisión de Muret el 7 de marzo y tendrá que continuar esperando la decisión del tribunal de apelación.

Este ensañamiento judical contra Jean-Marc Rouillan ha tomado desde hace unos días una dimensión nueva y peligrosa con la aparición, muy aireada en los mass media, de una carta amenazando a la policía supuestamente firmada por Action directe. [Ver: (1); (2)]

Según el diario Información de Alicante, un juez de Alicante ha procesado a un celador del Hospital Psiquiátrico de Fontcalent por presunta agresión sexual a una interna del centro, a la que presuntamente llevaba a lugares aislados durante los días que salían del centro para cometer abusos sexuales. El titular del juzado de Instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, ha dictado el auto de procesamiento contra el funcionario, quien se expondría a una pena de prisión de 9 años por agresión sexual a una reclusa con las facultades mentales alteradas.

El día 18 de febrero de 2011 tuve la oportunidad de leer vuestro artículo… la verdad es que quedé alucinado.

En primer lugar mal lo lleváis si las fuentes de información de vuestro artículo son el sindicato de carceleros ACAIP (¿acaso  no conocéis la ideología fascista que profesa este sindicato? Deberíais conocerla, más que nada para ser un poco coherentes) y la versión «oficial» de Instituciones Carcelarias pues de la amalgama de estas dos fuentes «informativas» elaboráis un producto noticioso donde el contraste y, lo que es peor, la verdad sobre los hechos ocurridos el día 15 de enero de 2011 en el módulo 4 de la cárcel de Valdemoro, brillan por su ausencia.

El diario portugués Público divulgó este video en el que se ve como agentes del Grupo de Intervenção de Segurança Prisional (GISP), una especie de carceleros antidisturbios, agreden violentamente a un preso de la cárcel de Paços de Ferreira (Portugal).