Contra La Macrocárcel De Archidona (Málaga)

La construcción de macrocárceles, o de centros-tipo como gusta llamarlas en lenguaje progresista, proviene de la obsesión en una idea desarrollada por el PSOE allá por los años 90, que pretendía la construcción de grandes establecimientos penitenciarios para hacer frente a la masificación y hacinamiento de presos.

Situación esta producida sin duda, por una legislación cada vez más restrictiva, por un uso indiscriminado de la pena de prisión en las sentencias judiciales y por una gestión retributiva del cumplimiento de la condena. Todo ello, sin menospreciar el dinero a ahorrar al albergar hasta a 2000 personas en una misma localización, y el dinero a embolsarse con el negocio de las cárceles. En los años noventa, la concesión irregular de obras públicas y los escándalos de corrupción por adjudicaciones fraudulentas y otras estafas, produjeron la caída del gobierno socialista, pero la entrada al gobierno del PP tampoco hizo virar la política penitenciaria.

Así, se puede decir que el gobierno de Aznar, se limitó a llenar aún más si cabe las cárceles, con el desarrollo de una normativa sui generis. Recordamos el Plan de Lucha contra la Delincuencia y su presentación con aquél exaltado anuncio de Aznar: ¡¡Vamos a barrer las calles de delincuentes!! ¡¡Vamos a barrer!!, el endurecimiento de penas con la Reforma del código penal de 1995 e incluso el cumplimiento integro de la condena, que prácticamente institucionaliza la cadena perpetua encubierta, una medida contraria a la doctrina resocializadora-rehabilitadora.

La llegada de nuevo del PSOE al gobierno, muestra que tal fijamiento en la idea obedece a que el encierro es un negocio redondo. Es en 2005, cuando el entonces ministro del interior, José Antonio Alonso y la entonces directora general de asuntos penitenciarios Mercedes Gallizo, anuncian exultantes el ‘Plan de Creación y Amortización de Centros Penitenciarios (2006-2012)’ mediante el cual, se crearán 18.000 nuevas plazas para llegar a las 56.000 en 2012. El plan está dotado de 1647 millones de euros con los que se construirán 30 Centros de Inserción Social (CIS) de régimen en semilibertad, 5 unidades de madres con hijos menores en prisión y 11 macrocárceles. Basta recordar, que a día de hoy hay más de 74.000 personas presas en una tendencia progresiva al alza, por lo que éstas plazas resultan ya deficitarias, dando paso a nuevos planes y nuevas construcciones, en un movimiento cíclico, dirigido y muy sugestivo economicamente. El argumento sigue siendo acabar con una sobreocupación superior al 160 %, así como acabar con la dispersión de presos y renovar los penales más obsoletos. Algo, que medidas como éstas no han conseguido hasta ahora.

LA MACROCÁRCEL DE ARCHIDONA

No existe información muy detallada sobre este tipo de nuevas cárceles, ni una definición exacta de macrocárcel, a la que, el Gobierno eufemísticamente las hace llamar Centros-tipo, intentando vender un modelo de prisión moderno, respetuoso con los derechos de los presos y familiares, e incluso como ecológicos, una barrera vegetal ante los muros es suficiente.

La noticia de que la segunda macrocárcel de Málaga se construye sobre terrenos de La Saucedilla en el término municipal de Archidona, colindante con Villanueva del Trabuco y la pedanía de Salinas, NO ha generado un debate en la ciudadanía de esos municipios y en la provincia. La decisión se presentó inconexa con la realidad pues se fundó sobre parámetros negociados y presentados a la opinión pública como puro marketing de venta. Éstos se refierían a la creación de empleo en una comarca necesitada de ello, al aumento/descenso de la seguridad que acarrea en el emplazamiento, al acercamiento de presos y presas a sus lugares de origen, etc., pero no mencionaron en absoluto la actual política penal-penitenciaria que rellena las cárceles sin cesar, obviando la función resocializadora que la constitución le otorga al cumplimiento de penas, así como de preparación para la vida en libertad.

Pocas voces se posicionaron en aquellos entonces contrarias a la construcción de macrocárceles y son más que criticables algunas de las declaraciones ofrecidas por los representantes políticos del municipio: el alcalde Manuel Sánchez (IU), y la oposición Enrique Dominguez (PSOE) y Alberto Arjona (PP), así como las de Ángel Martinez, director de la Sociedad Estatal de Insfraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SEIP).

En primer lugar, decir que al director de la SEIP -negociador por parte del ministerio- le interesaba la imagen de modernidad y de respeto a los derechos humanos, con su discurso moderno para acabar con la incomoda situación de hacinamiento y obviando un hipotético fin de la dispersión que nunca llega. Con todo el cinismo declaró: ‘de los 71000 reclusos que hay en el país, 3500 son malagueños y no todos caben en la prisión de Alhaurín’ [SUR 01.08.08]. No contentos con ello, los representantes políticos le ríen la gracia y le proveen de la cobertura necesaria para salvaguardar una desastrosa política penitenciaria. Sin pensarlo mucho, anuncian ya la prevista masificación de la futura macrocárcel de 1008 plazas: ‘la prisión costará en torno a los cien millones de euros y tendrá 1008 celdas, similar por tanto en dimensiones a la de Morón de la Frontera (Sevilla), con capacidad para más de 2000 reclusos’ [SUR 01.08.08].

Contrasta por otra parte, que el ministerio del interior fuese tan prudente en cuanto al acuerdo con los propietarios de los terrenos, ya que decidido a empezar la negociación, decidió de forma unilateral el emplazamiento, mientras que el alcalde Sánchez le allanaba el camino anunciándolo en términos de imposición ‘que si no hubiera acuerdo se llevaría a cabo un proceso de expropiación’ [Europa Press 01.08.08]. Y es que ya se sabe que con los asuntillos de estado, viene todo centralizado, y decidido… y el alcalde se constituye en el agente más cercano del poder al contribuyente y por tanto verdugo privilegiado. Ahí están las expropiaciones forzadas para mostrarlo.

No obstante, uno de los temas que más interés despertó, el de la creación de empleo, resulta irrisorio. Acoger una macrocárcel en el municipio a cambio de que los 800 obreros encargados de su construcción salgan de las oficinas de empleo de Archidona es algo banal. Mucho daño tiene que estar haciendo la crisis, para confiar en el repunte del empleo en la comarca a base de empleo temporal, pues hay que recordar que la obra tiene un plazo de ejecución de 24-26 meses. Si a esto añadimos las prisas de Arjona que matizó que ‘en la reunión se habló también de duplicar turnos para agilizar las obras’ [SUR 01.08.08], nos encontramos con un contexto idóneo de precariedad laboral, donde contratas y subcontratas hacen su particular negocio a costa de la salud y en ocasiones la vida de los trabajadores, saltándose toda la normativa al efecto. Aún así, en un contexto de crisis como éste, las obras andan ralentizadas mientras que los puestos de trabajo se publicitan a los cuatro vientos, por ‘juntaletras’ adictos al negocio carcelario.

El debate se tiene que redirigir hacia el problema real, que es el crecimiento alarmante de las cifras de condenados a prisión, debido al endurecimiento de las leyes. Esto hace que cada día entren más personas y salgan menos debido a:

  1. Las dificultades en el acceso al tercer grado y a la libertad condicional;
  2. Las dificultades para obtener derechos penitenciarios;
  3. No potenciar el cumplimiento en medio abierto y las penas alternativas a la prisión;
  4. El alargamiento de las penas;
  5. Cierto abuso de la prisión preventiva
  6. El espectacular aumento de la población extranjera

Solo con cumplir la ley, por ejemplo, en el caso de que se permitiera el acceso a la libertad condicional de quienes han cumplido las dos terceras partes de la pena, se librarían miles de celdas, tomando luego fuera las medidas necesarias para integrarlos y que no vuelvan a reincidir. Esto sin olvidar, el tercer grado como régimen de semilibertad, o derechos penitenciarios como los permisos de salida, el cumplimiento en centros terapéuticos, la excarcelación por enfermedad incurable, etc.

Los medios de comunicación tienen mucha responsabilidad en todo esto. La criminalización de la diferencia, de la pobreza y de la disidencia es utilizada para obtener mayores beneficios económicos y para crear un clima de miedo, tensión e inseguridad. Alarmada la población, esta reclama a sus políticos que actúen contra la criminalidad. Y eso luego se manifiesta en mayor control policial, ampliación de los tipos penales y alargamiento de las penas. Nos lo apuntan muy bien los representantes políticos de Archidona cuando dicen que ‘también se habló de la necesidad de mejorar y ampliar los juzgados -actualmente solo hay uno- y el cuartel de la Guardia Civil, ya que se prevé dotar a la zona de un centenar de agentes y en la actualidad apenas hay una docena en el municipio’ [SUR 01.08.08].

Hay que dejar claro que tener mas presos no significa tener mas seguridad, y que al final, lo que se acaba encarcelando es la pobreza y la disidencia social y política a un sistema punitivo incapaz de resolver los conflictos sociales existentes.

LOS GRANDES BENEFICIARIOS

El negocio de la industria carcelaria; ese es el verdadero objetivo del Plan de Infraestructuras Penitenciarias y de la apuesta de mantener a las personas encerradas por cuanto más tiempo mejor.

Este tipo de cárceles, cada vez más grandes y con mayor capacidad resulta más rentables económicamente y ahorradoras de personal, concentrando servicios y sistemas de vigilancia.

La Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios S.A. (SIEP SA) desde Madrid, es la encargada de contratar y adjudicar la construcción a través de concursos públicos donde son las mayores empresas constructoras del país las que parten con claras ventajas para adjudicarse la obra. También se encarga de los aspectos relacionados con la instalación de una cárcel, localización, adquisición de los inmuebles, ejecución de las obras, financiación, etc. Las macrocárceles son un negocio con dinero publico para beneficio de empresas privadas por medio de la construcción, mantenimiento y gestión de la cárcel.

Durante los dos años que dura la construcción se baraja una contratación en torno a 500 trabajadores, entre técnicos, administrativos, oficiales y peones. No sobra mencionar las condiciones laborales a las que se puedan ver sometidos estos últimos trabajadores: subcontratas, accidentes laborales, duplicación de turnos, horas extras, sueldos miserables, contratos basura, precariedad…

Por todo esto, el Grupo DEVENIR se posiciona contrario a la construcción de la macrocárcel de Archidona y apuesta por un debate social sobre la necesidad de la prisión como soporte exclusivo de la pena, y si sus costes no sobrepasan sus supuestos beneficios.

POR LA ABOLICIÓN DE LAS CÁRCELES

LIBERTAD

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Un comentario

  1. Archidonia said:

    Además, el único apoyo a su NO construcción, como es que el lugar está dentro de un Paraje Natural como es la Hoz de Marín, no se ha tenido en cuenta.
    No se como a un proyecto tan brutal lo pueden catalogar como de ecológico.
    Me gustaría saber los metros cúbicos de cemento que se verterán sobre este lugar para una función tan antisocial como la segregación y la muerte social que provocan las cárceles.
    Y es un alcalde de IU… que ante el negocio no deja de ser un politico como otro del PSOE o PP…

    9 marzo, 2011
    Reply

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