Después de 24 años de prisión Jean Marc Rouillan, ex miembro de Action Directe, sale en libertad condicional el jueves 19 [en realidad, en semilibertad]. Rouillan está bien de salud, tanto física como psicológicamente, y no ha renunciado nunca a sus ideales. El activista ha sufrido más de 10 años de reclusión en aislamiento, 7 años en un solo periodo, entre otras vejaciones que ha sido denunciadas a lo largo de los años por sus familiares y amigos y por los grupos de apoyo que ahora celebran verlo en libertad. La justicia francesa y los medios oficiales le han exigido durante años que se arrepintiera y renunciara a hablar de su pasado, pero no lo han conseguido.
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Las negociaciones entre ETA y el gobierno que se están produciendo de un tiempo a esta parte incluyen contrapartidas al abandono de la lucha armada por parte de la organización militar nacionalista que sirvan al mismo tiempo de incentivo para la integración de la izquierda abertzale en el “partido del orden” democrático. Una de esas contrapartidas, exigida tradicionalmente por los nacionalistas radicales como una de sus principales reivindicaciones, sería la eventual liberación de sus presos. El gobierno no puede dictar legalmente una amnistía, lo que sí puede hacer es dejar sin efecto, una vez alcanzada la “pacificación”, algunas de las medidas de “política criminal” dictadas en la “guerra contra el terrorismo” .
«En todas las cárceles de mujeres han aprovechado la instauración de los “módulos de respeto” para restringirnos aún más las posibilidades de realizar alguna actividad, salvo la de patear el patio. Sobre todo a las presas políticas, pues a los hombres que no aceptan este régimen conductista con toques cuarteleros, se los llevan a otros módulos, pero como para las mujeres sólo suele haber un módulo por cárcel, nos ha afectado en todo. En mi caso, prohibición de salir del módulo para hacer ejercicios en el polideportivo. Y con mi salud, la verdad que me ayudaba bastante a mantenerme en forma física. Tras varios meses encerrada a cal y canto, ahora no tienen más remedio que dejarme salir por órdenes médicas, pero lo han puesto con tan mala leche que no me dejan salir más de un par de horas semanales.
Por lo demás bien, aquí resistiendo los embates de los “demócratas” de turno, y ya van 28 años presa”.
Carmela Muñoz Martínez.
Presa política del PCE(r)
Cárcel de Córdoba
Abril 2011
De acuerdo con el número 7 del artículo 130 del Código Penal la prescripción de la pena o de la medida de seguridad es una de las causas por las que se extingue la responsabilidad criminal.
El Tribunal Constitucional no emitirá un único pronunciamiento que avale o revoque la doctrina establecida por el Supremo, sino que resolverá «caso por caso» cada uno de los recursos de las personas condenadas a las que se ha aplicado esta medida que alarga la condena hasta los 30 años y que ha afectado ya a más de 60 prisioneros políticos vascos.
«El hecho de prolongar una pena sin que tenga fecha límite es insoportable humanamente hablando. Aunque la salida sea al cabo de 30 años, por lo menos hay una fecha fijada, el preso ve el final. Pero en este caso no hay límite. Es por ello que los propios presos comunes bautizaron la cadena perpetua como «pena de muerte lenta». Es una política de destrucción del individuo que no tiene nada que ver con la justicia, sino con la crueldad.»
(Ursoa Parot, hermana de Ion kepa y Unai Parot)
Cada persona y cada cárcel es distinta. Las cárceles andaluzas me parecieron las más duras. Principalmente las diferencias se notan en la comida y en la atención médica. Estamos en manos de los funcionarios y de los directores de las cárceles. La situación para los presos varia mucho, hay muchos presos enfermos, la gente va envejeciendo. Yo por ejemplo antes no tomaba ni una pastilla y ahora tomo 12 diarias. Tu salud depende del médico de la prisión y en cada prisión es diferente.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo confirmaba hace sólo unos días: el entramado O´Belén comenzará a beneficiarse del esfuerzo gratuito de aquellos adultos que sean condenados a realizar «trabajos en beneficio a la comunidad». De esta forma, la entidad exponente en la privatización de los centros de reclusión de menores da el salto al más jugoso aún sistema penal de adultos. En este caso, O´Belén se sirve de su condición de «entidad sin ánimo de lucro» para poder solicitar condenados, que son asignados en puestos que van desde auxiliar administrativo hasta personal de mantenimiento.
Tras iniciarse las obras para la construcción de la incineradora en Zubieta en el marco del rosario de proyectos que acabarán con éste precioso pueblo y sus parajes naturales irremplazables, se ha iniciado también otro proyecto que entendemos es si cabe más horripilante, anacrónico y macabro: la construcción, a 100 metros de la incineradora de una «Macro Cárcel», eufemísticamente denominada «Centro Tipo», que con 504 celdas, la mayoría de ellas con dos literas, podría mantener encarceladas a más de 1.000 personas, sin aplicar el índice corrector de hacinamiento que aumentaría su población. Todo ello sin estudiarse las consecuencias que, la coexistencia de estas dos infraestructuras pueda tener para el estado de salud de quienes allí cumplan sus condenas o trabajen.
Según La Vanguardia, Amnistía Internacional ha denunciado este viernes, en su Informe Anual 2011 (Ver informe referido a España) sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que en España persisten las «torturas y malos tratos» y que las investigaciones sobre ellas «siguen siendo inadecuadas». Además, la organización ha criticado que España «no escuche» las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal , que distingue entre atentado «grave» de tortura y atentado que no es grave, y se niegue a abolir la detención en régimen de incomunicación. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos a manos de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo custodia policial. El informe detalla asimismo varios casos en los que denuncias de torturas y malos tratos se han desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos. Otro apartado destacado en el informe es el relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de «castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente».