¿Qué Pasa Con La «Doctrina Parot»?

Las negociaciones entre ETA y el gobierno que se están produciendo de un tiempo a esta parte incluyen contrapartidas al abandono de la lucha armada por parte de la organización militar nacionalista que sirvan al mismo tiempo de  incentivo para la integración de la izquierda abertzale en el “partido del orden” democrático. Una de esas contrapartidas, exigida tradicionalmente por los nacionalistas radicales como una de sus principales reivindicaciones, sería la eventual liberación de sus presos. El gobierno no puede dictar legalmente una amnistía, lo que sí  puede hacer es dejar sin efecto, una vez alcanzada la “pacificación”, algunas de las medidas de “política criminal” dictadas en la “guerra contra el terrorismo” .

La “doctrina Parot” es una de esas medidas para el “cumplimiento íntegro y efectivo de las penas”, que tanto han contribuído a instituir la cadena perpetua de hecho en el sistema punitivo español. Dictada en este caso por el Tribunal Supremo, está en la línea tanto de la “lucha contra el terrorismo” como del “populismo punitivo” que marcan desde hace años las pautas de la política criminal del Estado español. Vulnera el principio de legalidad, que rige supuestamente el sistama penal español,  al aplicar de hecho retroactivamente una reforma de la ley penal del año 2003, desfavorable para las personas condenadas, que dispone que el cómputo de los benficios penitenciarios en casos de acumulación de penas graves se ha de hacer pena a pena y restarse del total de ellas y no del máximo de cumplimiento. La doctrina Parot es la aplicación en 2006 por el Supremo de esta misma medida a una persona condenada por el código del 73 y, al sentar jurisprudencia, alcanza a todas las que se encuenten en el mismo caso. El resultado es que no se apliquen a los condenados a grandes condenas las reducciones de pena por “redención” previstas en el viejo código y eliminadas en el “código de la democracia”, aumentando notablemente el tiempo de sus condenas.

Ha afectado a unos 70 presos políticos, pero también ha perjudicado a decenas de presos sociales, pues, aunque la propaganda al respecto la presentaba como “medida antiterrorista”, por experiencia sabemos que en este campo no es que “la excepción confirme la regla”, sino que la excepción se convierte en regla. De manera que el agravamiento de las condenas que supone se ha ampliado aparentemente a delincuentes sexuales y asesinos en serie, pero, en realidad, a todos los presos sometidos a grandes condenas, agravando su situación de cadena perpetua encubierta y de sometimiento a un programa de destrucción y extermino por parte del Estado. Su derogación ha sido una de las reivindicaciones principales en todas las luchas emprendidas por presos sociales desde que se dictó esta sentencia.

Ahora parece que hay probabilidades de que la doctrina Parot llegue a ser derogada legalmente. Casi todos los medios de comunicación repiten noticias y rumores al respecto. Según Europa press, la mañana de ayer “el TC ha admitido a trámite otros tres recursos que se suman a los que se han presentado últimamente y hacen un total de 24, y a la espera de admisión hay otros 21”. “La Sala encargada de resolver las primeras peticiones de amparo es la Segunda, la misma que elevó al Pleno del TC la decisión sobre Bildu y la previsión inicial es que comience a deliberar en las próximas semanas. Algunas fuentes incluso apuntan a la existencia ya de algún borrador que iría en sentido contrario a la doctrina del Tribunal Supremo”.

Aunque hay que tener en cuenta que la primera decisión en contra de la “doctrina Parot” no traería la liberación inmediata de todos los afectados, ya que el Pleno del TC, ante una consulta de la sala citada “relativa a si los recursos que tenía pendientes contra la «doctrina Parot» debían resolverse de forma conjunta”, decidió “que la cuestión debía dirimirse caso a caso, ya que cada asunto presenta diferentes características”, de manera  que cada uno debería esperar a que se resuelva su recurso en concreto. Esa primera resolución sí que marcaría el criterio para las demás, pero en los casos en que los recursos de amparo ya hayan sido presentados, habría que esperar a su resolución individual, y quienes no hayan presentado ninguna petición ante el TC todavía tendrían que hacerlo.

Los diferentes medios hacen quinielas sobre la correlación de fuerzas entre los magistrados del TC: según El País, por ejemplo: “Si los distintos recursos fueran finalmente resueltos por el pleno del Constitucional debido al estrecho margen en el que se debate el tema, y se repitieran las posturas de los distintos magistrados en las deliberaciones previas, se revocaría la doctrina Parot por seis votos -todos del sector progresista, todos elegidos a propuesta del PSOE- frente a cinco -cuatro conservadores designados por el PP más, presumiblemente, el progresista Aragón-”, “que ya se inclinó en el caso de Bildu, a favor de las posturas de los conservadores”. Ya vemos como una vez más se pone en evidencia que los intereses políticos predominan sobre los argumentos jurídicos en la política criminal del Estado ¿Qué posibilidades hay de que los presos sociales se organicen como en los tiempos de la COPEL para reivindicar que, ya que en un momento dado se vieron perjudicados por las medidas tomadas por motivos políticos, les alcancen también los beneficios ahora que el viento cambia?

Tokata

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