Según Europa press: «Uno de cada diez presos que hay en España (10 por ciento) sufre un trastorno mental, si bien no se incluyen las adicciones a las drogas o de cualquier otro tipo, por lo que el porcentaje de reclusos con alguna patología mental es mucho más elevado, según ha señalado el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo.
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Entrevista realizada por AFAPREMA
Desde 1988 Salhaketa Nafarroa viene trabajando en Navarra por la defensa de los derechos de los presos y sus familiares. Grandes hitos de los que nos hemos beneficiado todos, marcan su historia más reciente: la consecución de la primera sentencia en España que obligaba a una prisión a realizar intercambio de jeringuillas para prevenir el contagio del VIH, por ejemplo. O la ubicación en el mapa de los módulos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) dando a conocer lo que hasta ese momento era una parte oscura de las cárceles españolas… De ellos queremos aprender el resto de asociaciones de familiares de presos, y de su dedicación por hacer llegar a la sociedad la realidad de nuestras cárceles, de las personas que trabajan y viven en ella, y de los sentimientos y dificultades que produce en sus familiares y amigos. Sus recientes jornadas sobre la nueva macro cárcel que se abrirá en Pamplona, reunieron a numerosas organizaciones que acudieron a esta interesante convocatoria. Quisimos saber qué conclusiones se extrajeron durante estos días.
Una delegación de este organismo europeo se encuentra en España para comprobar si en las cárceles y comisarías de Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía se cometen abusos con los presos.
Según El Ideal, el interno fallecido compartía celda con otro preso, que ha manifestado a los funcionarios que no notó nada raro durante la noche.
Materiales publicados en Diagonal:
ACUSAN A LA ADMINISTRACIÓN DE «SEGUIR MANTENIENDO LA PUERTA ABIERTA AL MALTRATO»
El Reglamento Penitenciario, las normas que regulan la vida de las más de 73.500 personas que están presas en el Estado español, acaba de ser reformado por el Gobierno. Además de cambios en el régimen de primer grado –aislamiento penitenciario– la reforma permite que “la administración penitenciaria pueda establecer ficheros de internos que tengan como finalidad garantizar la seguridad del establecimiento”. Es, en la práctica, la legalización del contestado régimen FIES, dos años después de que el Supremo lo anulara.
Según El País, «Con la obra ya casi terminada, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno central al desestimar el recurso de la Diputación de Álava que buscaba paralizar la construcción de la futura cárcel de Zaballa en el término municipal de Iruña de Oca.
La institución foral había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 2008, que eximió al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental. El Supremo dictamina que, a pesar de que el procedimiento no fue el «más adecuado», sí se ha cumplido «con la exigencia comunitaria de una adecuada evaluación ambiental».
Aproximación crítica al concepto de marginación social
La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la pobreza fundamentalmente en una historia personal, antepone las experiencias vitales que conducen a situaciones de exclusión a las explicaciones que, por el contrario, observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad.
El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas, que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.
Estoy leyendo el periódico Odiel de Huelva, y me alegra ver que el Sr. Don Javier Barrero, se implica en mi caso, y que aboga por que me sea concedido un indulto a mi persona, cosa que le agradezco de todo corazón [ver noticia].
Un análisis, desde dentro, de uno de los prototipos de cárcel impulsada por el gobierno español. La cárcel terapéutica: laboratorio de experimentación de un nuevo modelo de gobierno de la población reclusa. Se ofertan mejores condiciones de encierro a cambio de la entrega total de la vida de la persona privada de libertad. Se les conceden unos beneficios para quitarles varios derechos. Todo depende del examen permanente del equipo terapéutico. Dicen los carceleros que el objetivo es la humanización de la cárcel, en realidad no es más que una fórmula para gobernar la cárcel como una empresa: una empresa total en la que todo horizonte de dignidad y autonomía está entregado al carcelero-terapeuta que lo administra como ganancias. Una simbiosis vital entre cárcel y territorio, fomentada por una red de ONGs encargadas de extender el control fuera de los muros de la prisión. El Estado lanza su nueva economía política del castigo: la cárcel terapéutica emerge como espejo del aislamiento, la tortura y la violencia de la cárcel tradicional y como escaparate para el intento de legitimación de las nuevas macrocárceles de «rostro humano».
Presentación del nº 4 de la revista Víscera
