E.G., de 15 años, apareció ahorcado el pasado 11 de septiembre en el centro de menores Albaidel, en Albacete, donde cumplía una condena de 6 meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real. “No sabemos si mi hijo se suicidó –eso es lo que nos dicen– o si alguien acabó con su vida”, explica su madre, Esperanza Patiño, en una carta publicada por el digital La Comarca de Puertollano a finales de noviembre, en la que afirma que, una hora y media antes de que los funcionarios del centro encontraran muerto a su hijo, había hablado con él “con absoluta normalidad”. E.G. llevaba en el centro de menores Albaidel desde agosto, después de que, tras quebrantar una medida de libertad vigilada ordenada por el Juzgado de Menores de Ciudad Real, este juzgado decidiera transformar la medida en un ingreso en régimen semiabierto. “La madre me pidió que solicitara el traslado al centro de La Cañada porque allí el niño no estaba bien, quería salir de allí”, explica a DIAGONAL el abogado de la familia, José Antonio Ocaña, que señala que el mismo día que tenía preparado el escrito para solicitar el traslado los funcionarios del centro encontraron a E.G. muerto en su celda.
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En 2009, bajo el título “Si vuelvo ¡me mato!”, Amnistía Internacional publica un informe sobre la situación de menores en centros de protección, sobre todo centros terapéuticos, a raíz del Informe del Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social”(2009). En ambos informes se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual sistema de protección por varias razones:
- falta de una regulación uniforme y común en materia de protección de menores para todo el territorio nacional; cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, existiendo grandes diferencias entre unas y otras;
- la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades por los abusos que puedan cometerse;
- las carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de los centros que se delega en organizaciones privadas;
- la propia situación y gestión de algunos centros; y
- las dificultades con las que se encuentran las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos para su supervisión.
El 30 de junio el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa hizo público el resultado de su visita llevada a cabo del 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2011 a la prisión de Córdoba. La APDHA dio información a este organismo crucial para la investigación, manteniendo a tal fin comunicaciones con la misma.
Este organismo internacional hace suyas las reiteradas denuncias realizadas por la APDHA. Las Administraciones deberían estar preocupadas y mostrar su máxima disponibilidad para su solución.
Con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, destacamos la desigualdad en atención sanitaria: El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está más deteriorado que el del exterior – en enfermedades graves tales como el VIH-SIDA, la hepatitis C, la tuberculosis o la enfermedad mental -, pero la inversión y el control es inferior al de la calle. Se ha recortado en la medicación y han aparecido cupos para ser tratados, en función de la disponibilidad presupuestaria. Denunciamos también la situación de los Enfermos mentales. Se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. Se incumple así el convenio del año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Otro problema es el aislamiento de los presos debido a la falta de transporte público a las prisiones: las familias, la mayoría con pocos recursos económicos, no pueden afrontar un gasto de entre 60 y 100 euros en taxis, única forma de transporte público en muchas cárceles andaluzas.En cuanto a torturas y represión a las movilizaciones sociales, durante 2013 en Andalucía se han producido 42 situaciones de torturas con 97 personas afectadas. Destacó la represión en dos ámbitos: personas agredidas en el transcurso de las movilizaciones sociales y la represión del derecho de reunión pacifica a través de multas a los participantes.
Por otra parte, durante el año 2013 las personas presas han estado desatendidas jurídicamente como consecuencia de la actitud caprichosa e ilógica del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Tras comprometerse con la APDHA en reanudar el servicio suspendido en el 2012, a través de acuerdo bilateral entre Consejería y Colegios de Abogados, han sido distintas las excusas puestas por el Consejero para no cumplir lo acordado. Incluso vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley reclamando al Consejero la reinstauración del Servicio.
Le dirijo la presente desde la desesperación de una madre rota por el dolor y por la incertidumbre que nos generan, a mí y a toda mi familia, los hechos que a continuación le expongo.
Soy la madre de Emanuel Gómez Patiño, quien con 15 años de edad, se encontraba internado desde el mes de agosto pasado en el Centro de Menores Albaidel, en Albacete, cumpliendo una medida de internamiento de seis meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real.
Encontrándose mi hijo en esas circunstancias, el pasado 11 de septiembre de 2013, recibimos llamada telefónica de la Comisaría de Policía de Puertollano por la que se nos comunicaba que mi hijo había aparecido ahorcado en su habitación de dicho centro de menores, sin que nada pudiera hacerse por su vida. A mi hijo lo enterramos el pasado día 13 de septiembre.
Se terminó la primera temporada de Encarcelados, en LaSexta. Un programa que ha respondido a la lógica de morbo social al que tan acostumbrados nos tiene este canal televisivo: mucho morbo y muy poca crítica consistente e inteligente. Sin embargo lo de esta emisión ha clamado al cielo por la perversidad de sus mensajes.
Puede ser que nuestras críticas no sean fácilmente entendidas para quienes desconocen la realidad de la cárcel y sus implicaciones ya que en este programa tal vez hayan encontrado una fuente mínima de información sobre un fenómeno desconocido. Pero para nosotras este programa lejos de querer denunciar la situación en la que se encuentran las cárceles en muchos lugares del mundo o las situaciones de conflicto social y de pobreza que llevan a muchas personas a delinquir sean de la nacionalidad que sean (el cual podría ser un loable fin) creemos que ha tenido de manera plenamente consciente y premeditada otros objetivos.
Más información en Tokata: El Negocio Del Maltrato Institucional. Fundación Diagrama, Sinónimo De Lucro
A pesar de la petición expresa de adoptar medidas cautelares para evitar la obstrucción a la investigación de la muerte de Alik, el ciudadano armenio que fue encontrado muerto en las dependencias del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de zona Franca (Barcelona), este fin de semana la Delegación del Gobierno en Cataluña ha ordenado la deportación de dos de los testigos clave del caso.
Los abogados de Cerremos los CIE y Migrastudium presentaron el pasado jueves por la mañana un escrito al juzgado de vigilancia del CIE –juzgado de instrucción 30– y otro en el juzgado de instrucción 21 de Barcelona –encargado de hacer el levantamiento del cadáver de la víctima y donde se han abierto las diligencias de investigación–, en el que pedían explícitamente que se acordara la declaración como testigos de varios reclusos del centro de internamiento de extranjeros que habían sido testigos de la agresión policial a Alik antes de ser trasladado a la celda de aislamiento y que pudieron oír los gritos y gemidos del hombre durante las horas previas a su muerte. Dos de ellos ya no podrán testificar, porque ya no están en el CIE Zona Franca. La Brigada de Extranjería del Cuerpo Nacional de Policía española les ha deportado a lo largo del fin de semana. Estas dos personas eran clave para esclarecer los hechos, ya que habían oído con nitidez desde su celda los gritos de la víctima poco antes de morir.