Los amigos y familiares de David Blanco queremos hacer un llamamiento a la participación en la marcha que estamos preparando para el próximo JUEVES 26 DE DICIEMBRE, a las 19:30H en la PLAYA DE PONIENTE (Gijón) con motivo del quinto aniversario de su muerte bajo el lema «Queremos saber la verdad 5 años después»,»Manifestación contra la impunidad policial, por el esclarecimiento de la muerte de David».
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Entrevistamos a tres personas de la Colla Xicalla acerca de la situación actual en los centros de menores de protección, terapeúticos y de castigo, en definitiva de lo que son, sin eufemismos, las cárceles para niños. Se habla además de los últimos abusos policiales en Cataluña, de Mumia Abú Jamal y otros presos políticos en las cárceles de EE.UU. y de la película documental «Presunto culpable».
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¿Es deseable, y aún posible, una sociedad sin pena ni prisiones?
Reivindicada por todos, medida y medio natural de castigo de las conductas oprobiosas, quizás nunca antes la cárcel había gozado de tanto consenso. Una cultura del castigo y una sociedad que ha hecho de la prisión su centro oculto, este es el objeto de la crítica de este libro. Por eso su apuesta es simétrica y contraria: la abolición de la cárcel. Argumentos no faltan. Elevada a lugar del dolor y de la corrupción de la mente, la prisión es solo el espacio para una tortura prolongada. La cárcel no es pues ese medio de rehabilitación con el que se publicita en términos humanitarios. Su naturaleza criminógena es innegable y solo bajo la forma de la venganza, logra resarcir a las víctimas. De ahí la naturaleza irreformable del archipiélago carcelario. Y de ahí también la necesidad de articular un abolicionismo claro y sincero de la «cultura del castigo».
Vincenzo Guagliardo nació en Túnez en 1948. Hijo de una familia de inmigrantes sicilianos regresa a Italia en 1962. Durante años trabaja como obrero metalmecánico en Milán. Es en este ambiente de fábrica en el que se sumerge en la militancia política e ingresa en las Brigadas Rojas. Detenido en 1980 es condenado a cadena perpetua. Durante su reclusión es uno de los pocos excombatientes que no acepta colaborar con la Justicia, esto es, entrar en el programa arrepentidos. Desde abril de 2011 está en libertad condicional junto a su esposa Nadia Ponti, también condenada a cadena perpetua.
De los dolores y las penas. Ensayo abolicionista
Pinchando en la imagen puedes acceder al texto del libro
¿Conocen su caso?
A la edad de 27 años, el periodista conocido como “la voz de los sin voz” fue incriminado por el asesinato de un policía blanco y condenado a muerte debido a su historia con los Panteras Negras y MOVE ––dos organizaciones a las cuales el FBI y la policía política de Philadelphia habían declarado la guerra desde hacía años.
Desde diciembre del 2011, Mumia ya no tiene la pena de muerte gracias al movimiento internacional en su apoyo, pero sus enemigxs en la policía y fiscalía de Filadelfia juran que él morirá en prisión. Nuestra tarea es llevarlo a casa. Les invitamos a mostrar su apoyo por él y todas las y los presxs políticxs afuera de la embajada de Estados Unidos el lunes 9 de diciembre a las 12 del día y también a participar en las otras actividades que llevaremos a cabo durante la semana anterior.
Tras los muros, el espíritu de lucha de Mumia Abu-Jamal no se apaga; por lo contrario, es más fuerte que nunca. Desde abajo y contra el poder, escribe sobre temas que van desde las guerras imperiales hasta la educación, la historia y la música. Se solidariza con los movimientos por la justicia y la libertad en el mundo y exige libertad para otrxs presxs políticxs como Leonard Peltier, “los 9 de MOVE”, Sundiata Acoli, Sekou Odinga, Dr. Mutulu Shakur y Albert Woodfox, entre muchxs otrxs.
Hoy, a las 14:00, ha habido una concentración ante los juzgados de El Vendrell Para protestar por estos hechos, mientras decalraban los Mossos imputados por la muerte de Yassir.
E.G., de 15 años, apareció ahorcado el pasado 11 de septiembre en el centro de menores Albaidel, en Albacete, donde cumplía una condena de 6 meses impuesta por el Juzgado de Menores de Ciudad Real. “No sabemos si mi hijo se suicidó –eso es lo que nos dicen– o si alguien acabó con su vida”, explica su madre, Esperanza Patiño, en una carta publicada por el digital La Comarca de Puertollano a finales de noviembre, en la que afirma que, una hora y media antes de que los funcionarios del centro encontraran muerto a su hijo, había hablado con él “con absoluta normalidad”. E.G. llevaba en el centro de menores Albaidel desde agosto, después de que, tras quebrantar una medida de libertad vigilada ordenada por el Juzgado de Menores de Ciudad Real, este juzgado decidiera transformar la medida en un ingreso en régimen semiabierto. “La madre me pidió que solicitara el traslado al centro de La Cañada porque allí el niño no estaba bien, quería salir de allí”, explica a DIAGONAL el abogado de la familia, José Antonio Ocaña, que señala que el mismo día que tenía preparado el escrito para solicitar el traslado los funcionarios del centro encontraron a E.G. muerto en su celda.
En 2009, bajo el título “Si vuelvo ¡me mato!”, Amnistía Internacional publica un informe sobre la situación de menores en centros de protección, sobre todo centros terapéuticos, a raíz del Informe del Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social”(2009). En ambos informes se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual sistema de protección por varias razones:
- falta de una regulación uniforme y común en materia de protección de menores para todo el territorio nacional; cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, existiendo grandes diferencias entre unas y otras;
- la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades por los abusos que puedan cometerse;
- las carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de los centros que se delega en organizaciones privadas;
- la propia situación y gestión de algunos centros; y
- las dificultades con las que se encuentran las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos para su supervisión.
El 30 de junio el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT) del Consejo de Europa hizo público el resultado de su visita llevada a cabo del 30 de mayo hasta el 13 de junio de 2011 a la prisión de Córdoba. La APDHA dio información a este organismo crucial para la investigación, manteniendo a tal fin comunicaciones con la misma.
Este organismo internacional hace suyas las reiteradas denuncias realizadas por la APDHA. Las Administraciones deberían estar preocupadas y mostrar su máxima disponibilidad para su solución.
Con relación a las personas que se encuentran privadas de libertad, destacamos la desigualdad en atención sanitaria: El estado de salud de las personas que llenan las prisiones está más deteriorado que el del exterior – en enfermedades graves tales como el VIH-SIDA, la hepatitis C, la tuberculosis o la enfermedad mental -, pero la inversión y el control es inferior al de la calle. Se ha recortado en la medicación y han aparecido cupos para ser tratados, en función de la disponibilidad presupuestaria. Denunciamos también la situación de los Enfermos mentales. Se encuentran en prisión porque no existe ningún otro recurso comunitario para ellos. Se incumple así el convenio del año 2006 que obliga a la Junta de Andalucía a trabajar en la excarcelación los mismos y a la derivación a recursos comunitarios adecuados. Otro problema es el aislamiento de los presos debido a la falta de transporte público a las prisiones: las familias, la mayoría con pocos recursos económicos, no pueden afrontar un gasto de entre 60 y 100 euros en taxis, única forma de transporte público en muchas cárceles andaluzas.En cuanto a torturas y represión a las movilizaciones sociales, durante 2013 en Andalucía se han producido 42 situaciones de torturas con 97 personas afectadas. Destacó la represión en dos ámbitos: personas agredidas en el transcurso de las movilizaciones sociales y la represión del derecho de reunión pacifica a través de multas a los participantes.
Por otra parte, durante el año 2013 las personas presas han estado desatendidas jurídicamente como consecuencia de la actitud caprichosa e ilógica del Consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía. Tras comprometerse con la APDHA en reanudar el servicio suspendido en el 2012, a través de acuerdo bilateral entre Consejería y Colegios de Abogados, han sido distintas las excusas puestas por el Consejero para no cumplir lo acordado. Incluso vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley reclamando al Consejero la reinstauración del Servicio.