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Amnistía Internacional (AI) aseguró este viernes que la reforma del Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana que quiere impulsar el Gobierno aumentaría “la indefensión de los ciudadanos ante los excesos de la policía” y reclamó al Ejecutivo que consulte a las organizaciones antes de poner en marcha “medidas que recortan derechos”, como el de reunión pacífica y el de la libertad de expresión.

En este sentido, se mostró preocupada por que el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana “amplíe aún más los poderes discrecionales de la policía” y señaló que las palabras del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, de que la norma pretende “proteger a la policía” no debe ser una justificación para restringir el derecho de reunión pacífica o de libertad de expresión.

El director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, subrayó que, según una respuesta parlamentaria del Gobierno, durante el año pasado se celebraron 14.721 concentraciones o manifestaciones y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado intervinieron en 103 ocasiones por actos violentos, “sólo en el 0,7% de los casos”. “¿Justifican estos datos la restricción del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión para proteger a la policía?”, se preguntó.

A continuación, un cínico y engañoso artículo sobre cárceles del escritor Manuel Vicent en El País. ¿Pues no intenta hacer ver, con la que está cayendo, que las cárceles se están llenando de políticos y financieros corruptos? Y afirma, para más confusión, que, si se legalizaran las drogas, las prisiones se vaciarían. Precisamente ahora, cuando el gobierno pretende aumentar enormemente los motivos legales de encarcelamiento y represión y la arbitrariedad al respecto de los diversos «agentes del orden», cubriendo superficialmente las apariencias de combatir la corrupción y garantizando en realidad su ejercicio impune, lo mismo que el de la violencia de policías y carceleros. Nada sobre la situación real de las cárceles, sobre la tortura y los malos tratos, el elevado índice de muertes, el régimen de máxima crueldad, el desarraigo social y familiar, el progreso de las enfermedades o la degradación de la asistencia sanitaria, su otra cara, ni sobre la criminalización de la locura, el retorcido proceso de humillación «voluntaria» instaurado en los módulos de verguenza, el trato discriminatorio e inhumano contra los migrantes y tantos otros «recortes» en la dignidad de las personas presas. Así «piensa» la autodenominada clase media, esa masa amorfa que vive o quiere vivir de servir «profesionalmente» al régimen de dominación y explotación, aunque tenga que mentir y engañar, en primer lugar a sí misma, para legitimar la injusticia y la opresión de los excluidos, manteniendo su buena conciencia de ciudadanos decentes a quienes no importa hacer de chivatos, policías o controladores de su prójimo, con tal de lograr un salario para poder mantener su nivel de consumo y sus egos miserables. No creemos que este tipo de discurso merme en nada el populismo punitivo en boga ni contrarreste lo más mínimo la política criminal mediática y fascistizante que nos impone el gobierno de derechas trabajando sobre lo aportado en su día por la llamada izquierda. La superficial palabrería de esta calaña va de la mano con el cínico marketing de los sociolistos, que intentan mantener su patente política como han hecho siempre: una retórica ciudadanista e hipócritamente moralista y una política real corrupta, al servicio de la partitocracia y de los intereses particulares de la «clase política» e inescrupulosamente sumisa a los dictados del sistema mundial de opresión y rapiña.