Centros De Menores: ¿Protección O Ánimo De Lucro?

En 2009, bajo el título “Si vuelvo ¡me mato!”, Amnistía Internacional publica un informe sobre la situación de menores en centros de protección, sobre todo centros terapéuticos, a raíz del Informe del Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social”(2009). En ambos informes se pone de manifiesto la necesidad de cambiar el actual sistema de protección por varias razones:

  • falta de una regulación uniforme y común en materia de protección de menores para todo el territorio nacional; cada comunidad autónoma tiene su propia regulación, existiendo grandes diferencias entre unas y otras;
  • la dificultad para denunciar, investigar y determinar las responsabilidades por los abusos que puedan cometerse;
  • las carencias en el sistema de rendición de cuentas por la gestión de los centros que se delega en organizaciones privadas;
  • la propia situación y gestión de algunos centros; y
  • las dificultades con las que se encuentran las instituciones independientes de defensa de los derechos humanos para su supervisión.

No existe una información estadística ni datos fehacientes consolidados y actualizados sobre el número de menores tutelados en España y, menos aún, de aquellos menores que se encuentran en centros terapéuticos por trastornos de conducta. Esto favorece la invisibilidad de estos menores y facilita la vulneración constante y continuada de sus derechos.

Amnistía Internacional se hace eco de la situación en la que viven los menores en algunos centros de protección donde los castigos físicos, el aislamiento, el suministro abusivo de medicación y la ausencia de servicios adecuados para el cuidado de la salud, así como otras conductas y omisiones, han llevado a algunos menores al suicidio.

¿Quién  y cómo se gestiona estos centros? En España hay tres modelos de gestión para los centros terapéuticos del sistema de protección de menores:

  1. Con titularidad y gestión de la Administración pública
  2. Con titularidad de la Administración pública que cede el edificio para su gestión a una entidad
  3. Con titularidad y gestión de una entidad privada

En 2008 de los 58 centros terapéuticos existentes, sólo tres eran gestionados por la Administración pública. El resto son dirigidas por 41 entidades con diferente personalidad jurídica (fundaciones, asociaciones sin ánimo de lucro, empresas mercantiles) bajo convenio con la Administración pública.

De entre todas estas entidades, destacan dos por encima del resto, siendo las que mayor número de denuncias y quejas acaparan por el trato que dispensan a los menores acogidos en sus centros. Se trata de la Fundación O´Belén y de la Fundación Dianova, que son entidades privadas. Y también son las dos fundaciones que poseen el mayor número  de centros en España y que reciben el mayor presupuesto por parte del Estado.

Para hacernos una idea, en el año 2008, entre las dos, reciben un presupuesto de cerca de 17 millones de euros: casi cinco millones Dianova con 7 centros y cerca de 12 millones O´Belén con 5 centros.

Más del 90% procede del pago en concepto de servicios sociales que les aportan las administraciones, pero además cuentan con patrocinadores privados. O´Belén se creó el 22 de junio de 1999 y sus fundadores: por un lado, políticos profesionales y, por otro, empresarios. Se financia en más del 90% con dinero de las administraciones. También cuenta con varios patronos que en 2009 eran Peugot, Alvargómez Gestión Inmobiliaria, Grupo Lábaro, la Diputación de Guadalajara… Es una de las entidades que más denuncias ha recibido sobre malos tratos a menores y en cuyos centros se han producido varios suicidios de menores. El 18 de septiembre de 2009, la Junta de Castilla La Mancha decidió cerrar uno de los cinco centros, asumiendo la protección de los menores allí acogidos. El presidente de la fundación dimitió alegando razones personales. El 16 de octubre de 2009, se cierra el centro de CasaJoven  de Guadalajara donde estuvo ingresada la menor, Silvia, que se suicidó el 12 de abril de 2009.Por su parte, Dianova, está formada por un conjunto de organizaciones autónomas que desarrollan programas sociales dirigidos a la prevención y tratamiento de consumo de drogas en jóvenes. Según el Plan Nacional sobre Drogas, “Dianova tiene su origen en la escisión y posterior reorganización de personas y profesionales vinculados a la asociación El Patriarca”, un grupo fundado por Lucien Engelmaier y catalogado en Francia en 1995 como secta por una comisión de investigación parlamentaria. Cuatro años después, el Parlamento francés alertó sobre Dianova, la calificó de nueva marca de El Patriarca y señaló que constituye el ejemplo más representativo de estructuras comerciales sectarias”. Los recursos que invierten las administraciones públicas en estos centros gestionados por entidades privadas se establecen a partir de una tarifa por menor y día acordada entre la Administración y la entidad, teniendo en cuenta el convenio que regula la gestión de estos centros. Según los datos del Informe del Defensor del Pueblo “La cantidad media que la entidad pública abona a la entidad gestora por cada menor al mes, es de 3.810,30€, lo que pone de manifiesto que la Administración está invirtiendo un elevado presupuesto en la atención residencial a menores en dificultad social, lo que, sin embargo, no está en consonancia con la insatisfacción que manifiestan muchos menores acogidos en este tipo de recursos”. El Estado tiene la obligación de garantizar que la privatización de los centros de protección no compromete ni menoscaba los derechos de los menores.En relación al personal responsable de la protección de menores, la ONU establece una Reglas para la Protección de Menores Privados de Libertad: el personal debe ser competente, suficiente y especializado (educadores, instructores profesionales, asesores, asistentes sociales, psiquiatras y psicólogos). Su proceso de selección ha de ser riguroso y la retribución adecuada. También han de recibir  formación para el correcto desempeño de sus funciones.Este informe de Amnistía Internacional pone como ejemplo de la falta de control sobre la contratación de personal, el caso de una periodista que se infiltró en un centro de Cataluña sin que nadie se ocupara de comprobar su curriculum vitae. En su testimonio refleja que casi ninguno de los supuestos educadores había estudiado nada relacionado con la infancia y conoció incluso a pacientes que, siendo adultos, habían estado en el centro recuperándose de toxicomanías y que, posteriormente, se habían quedado como “cuidadores”.Para ampliar toda esta información:

—Amnistía Internacional “Si vuelvo ¡me mato!” Menores en centros de protección terapéuticos (2009) https://doc.es.amnesty.org/cgi-bin/ai/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=SIAI&SORT=&DOCR=1&RNG=10&FMT=SIAIWEB3.fmt&SEPARADOR=&&INAI=EUR4110109

—Defensor del Pueblo “Centros de protección de menores con trastornos de conducta y en situación de dificultad social” (2009) http://www.defensordelpueblo.es/es/Documentacion/Publicaciones/monografico/Documentacion/centros_menores_problemas_conducta.pdf

—Artículo «Chicos malos, grandes negocios” de Jaime Barrientos  (29/06/2009)
http://www.interviu.es/reportajes/articulos/chicos-malos-grandes-negocios

Fuente: Revista ASD Nº 3 de la Asociación SOS Desaparecidos

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