Hablamos de indefensión jurídica, explotación laboral, tortura, muerte… y de la resistencia contra ellas en las cárceles de mujeres, de hombres, de niños, penales, de extranjeros… de los estados marroquí, argentino, español… Y nos despedimos hasta septiembre.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Tres internos del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores han denunciado en la última semana haber recibido agresiones físicas y verbales por parte de agentes de Policía. Abderrahmane Hadik, de 21 años, Ahmed Zerwal, de 26 años, y Ayoub Bekkach, de 19 años, ciudadanos de origen marroquí que se encuentran detenidos en el CIE de Valencia, han puesto en conocimiento del juzgado y la recién estrenada Fiscalía de Igualdad de Trato y No Discriminación el “acoso” y las “vejaciones” que están sufriendo desde su internamiento, y ante los que poseen numerosos testigos, según explican en su propia declaración.
12.000 presos trabajan en las prisiones de la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias (el estado español, excepto Cataluña) según los últimos datos oficiales publicados[1] por el Organismo Autónomo de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo, lo que supone alrededor del 40% de la población penitenciaria que puede trabajar.
Entre los años 2006 al 2011 el número de presos trabajadores subió de los 11.000 a los 12.442, respecto a un total de 57.000 personas. En el año 1997 eran 3.800 los presos trabajadores, época en la que la población reclusa apenas alcanzaba los 36.500 presos.
Estos presos trabajan en alguno de los 191 talleres productivos ubicados en 53 centros penitenciarios, dedicados a la carpintería metálica, la confección industrial o al cultivo en invernadero; o están ocupados en alguno de los servicios penitenciarios: cocinas y panaderías, mantenimiento, jardinería, lavandería… propios de cualquier prisión.
MANIFIESTO
Analizando la situación política y social de Marruecos uno no tarda mucho en descubrir que el país que iba a ser “la excepción” dista mucho de serlo. Ha llovido poco desde que se aprobó la nueva Carta Magna en el país, y ya ha quedado patente que el eslogan “Marruecos es una Excepción” que tanto se defendió y se difundió en occidente, no dejaba de ser eso: un eslogan, vacío, sin sentido y que respondía a intereses del momento, yendo contra de los deseos legítimos del pueblo marroquí.
Tres años después de una nueva Carta Otorgada, las violaciones de derechos humanos, la impunidad de los verdugos y la falta de transparencia en esta materia, siguen siendo una práctica habitual. Hoy por hoy, la libertad de expresión y de opinión en Marruecos ha devenido una profesión peligrosa. A día de hoy, el empeoramiento de los Derechos Humanos en el país ha quedado manifiesto.
El 13 de agosto murió en la cárcel de Fez, después de 72 días en huelga de hambre, Mustafa Meziani, estudiante de 31 años, militante del partido Annahj Addimocrati (Vía Democrática). Protestaba por su detención, la cual consideraba como un «castigo por sus actividades políticas», y denunciaba la negativa de las autoridades marroquíes a permitirle la inscripción en la universidad. El compañero marroquí que nos ha enviado la noticia, nos informa de que ha entrado en erupción un verdadero «volcán en las cárceles marroquíes: huelgas de hambre y actos de protesta de los diferentes grupos de presos políticos para condenar el asesinato».
La pacífica medida de no ingerir alimentos sólidos como protesta frente a la arbitrariedad y la represión, se inició el martes 12 en horas de la tarde. Ese día, tras una pelea entre dos chicas, que los penitenciarios debieron evitar, en la Unidad 33 de Los Hornos, todo el Pabellón 4 fue sancionado con una medida cautelar. La sanción implica que las cautivas están “engomadas”, en una celda de dos por dos metros, durante 23 horas y 40 minutos por día, solo tienen 20 minutos para hablar por teléfono y bañarse. De ese modo, a todas les impiden asistir a las actividades educativas: primaria y secundaria, talleres, cursos, y ninguna recibe atención médica. Solo entra al P4 una enfermera que toma lista y se va. Hasta el momento, ningún directivo de la unidad penal se hizo presente para notificarse de la huelga y trasmitirlo a cada juzgado, como marcan los protocolos.
Sebastián Bibiloni Palmer, de 48 años y natural de Palma de Mallorca, después de 39 días de ayuno, 6 de ellos también en huelga de sed, al advertirle los médicos de que su vida corría serio peligro, decidió el lunes pasado poner fin a su protesta. En lucha por su libertad condicional, ilegalmente retrasada desde hace tres años, ya aguantó hace unos meses otros 58 días en huelga de hambre, hasta que ingresó en el hospital con un fallo renal. En evidente represalia, fue trasladado en noviembre desde la cárcel de Ibiza a la de Zuera, con el consiguiente alejamiento de su familia. El pasado 3 de julio volvió a ponerse en huelga de hambre, después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel le denegara un permiso ordinario y su petición de adelantamiento de la fecha de revisión de grado prevista para septiembre, para poder pasar de segundo a tercero y salir en libertad condicional. La fecha de cumplimiento a pulso de su condena de ocho años y medio es el próximo 10 de octubre, pero hace tres años que debería estar en libertad condicional. «Todos sus derechos se han visto vulnerados, es una situación muy injusta», dice su abogada, «cumple todos los requisitos para pasar a tercer grado, no tiene partes de sanción, ha pagado la totalidad de las responsabilidades civiles, tiene arraigo familiar y una madre anciana y enferma» .
Wafaa Charaf, de 26 años, militante del Movimiento del 20 de febrero marroquí y activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, denunció en abril que había sido secuestrada, torturada y amenazada de muerte por dos hombres, a todas luces policías. Como consecuencia, fue detenida acusada por la fiscalía de Tánger de “denuncia calumniosa”. El 12 de agosto pasado fue condenada a un año de cárcel y 50.000 dirhams (4500 euros) de multa por «calumnia», aunque no denunció a nadie en concreto sino que relató haber sido secuestrada y torturada por personas desconocidas.
Todo empezó el 27 de abril, al terminar una manifestación de los consejos de obreros y obreras en cuya organización y animación se había implicado. «Por la noche, al volver a casa, se me ocurrió llamarla para felicitarle por su excelente labor durante la manifestación obrera –relata su compañero de lucha Boubker Elkhamlichi, detenido también sobre las mismas fechas–, me respondió llorando, y me contó que había sido secuestrada y violentada. Fui a su casa y en el camino llamé a la Asociación de Derechos Humanos y a los compañeros de Vía Democrática. Cuando llegué a su casa estaba en un estado lamentable. La llevamos a las urgencias del Hospital Mohamed V, dónde le inyectaron tranquilizantes y le recomendaron un medicamento que compramos posteriormente en una farmacia de guardia». El lunes 29 de abril, con el certificado médico en la mano, «presentó su denuncia al Procurador del Rey».
Una Brigada Especial de la policía se encargó del caso «para demostrar que en el Marruecos actual no hay secuestros ni violaciones de los Derechos Humanos. La investigación de la Brigada se focalizó sobre las declaraciones de la víctima y su familia, sin tener en cuenta el certificado médico expedido por una institución sanitaria oficial que le otorgó 12 días de convalecencia». Wafaa y todos los miembros de su familia, incluida una hermana menor de 12 años, «fueron objeto de una serie de interrogatorios maratonianos que duraban más de cinco horas». Basándose en las supuestas contradicciones entre sus declaraciones, «convirtieron a la víctima en la principal acusada».
Aún más más dura fue la sentencia contra Osama Hosni, militante también del Movimiento del 20 de febrero, de 22 años, que fue condenado el pasado 23 de julio a tres años de prisión y a pagar una fuerte indemnización a la policía por «difamación» y «falsa denuncia de tortura». Por haber relatado en un vídeo colgado en youtube cómo fue secuestrado, quemado y violado por «desconocidos».
Sebastián Bibiloni Palmer, preso en la cárcel de Zuera (Zaragoza), lleva en huelga de hambre 35 días y hace dos días decidió ponerse también en huelga de sed. El jueves pasado sufrió un desmayo y tuvieron que trasladarle a la enfermería de la cárcel. Inició su protesta el 3 de julio después de que la Junta de Tratamiento de la cárcel le denegara un permiso ordinario, y rehusara adelantarle la revisión de grado, para poder optar a la libertad condicional, ya que sólo le queda un mes para cumplir a pulso. Su abogada dice que “no puede más”, y que se ha cansado de la indiferencia de las Instituciones. “Nadie le hace caso y va pasando el tiempo. Está cada día peor, ha perdido 20 kilos en un mes», «podría disfrutar del tercer grado desde hace tres años ya que cumple todos los requisitos». Al ingresar en la cárcel de Palma de Mallorca en el 2006, ya estuvo dos meses en huelga de hambre, 45 días en el 2010, denunciando acoso por parte de funcionarios, y, en noviembre pasado, ayunó durante 58 días y tuvo que ser trasladado al hospital al sufrir un fallo renal. Los carceleros han amenazado con pedir al Juez de Vigilancia número 1 de Zaragoza, el cual ya decretó el año pasado la alimentación forzosa contra otro preso en huelga de hambre, que de la orden de usar la violencia para obligar a Sebastián a comer.
Más de dos años han transcurrido desde que la Junta pusiera fin al Servicio de Orientación y Asistencia Jurídico-Penitenciaria, eliminando así un servicio imprescindible para 15.000 personas privadas de libertad en Andalucía. Dos años de excusas para incumplir lo que anunciaba periódicamente a bombo y platillo, la reanudación del SOAJP.
El pretexto actual es que el Convenio que dicen se ha preparado junto con el Ministerio tras la reunión de mayo de 2014 está pendiente de informe del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados (CADECA). Sin embargo, el Ministerio niega que el borrador esté “preparado” y al CADECA, por su parte, no le consta requerimiento alguno de alegaciones.
Todo ello a pesar de que por vía parlamentaria se han aprobado dos proposiciones no de ley en el Parlamento andaluz que aprobaban la reanudación del servicio: la primera –de IU–, en mayo de 2013, sin oposición del grupo parlamentario del PSOE y con acuerdo del grupo popular; la segunda, presentada en septiembre por el grupo popular y aprobada por unanimidad. En una comparecencia parlamentaria celebrada en mayo de este año el propio grupo parlamentario del PSOE le pidió al consejero que pusiera fin al problema.
Ante este incumplimiento de los mandatos parlamentarios y de sus propios compromisos, la APDHA ha presentado sendas quejas al Defensor del Pueblo Andaluz y la Defensora del Pueblo Español para que recomienden a la Consejería la reanudación de los SOAJP.
El Gobierno andaluz y su presidenta deben acabar con esta situación de indefensión. La APDHA anuncia que, de no ponerse fin a esta situación, iniciará una campaña informativa contra el Gobierno andaluz y contra su presidenta, a fin de que la ciudadanía tome conciencia de los efectos de las políticas de recortes en los derechos humanos de los andaluces.