El Estado Marroquí Asegura La Impunidad De Los Torturadores A Su Servicio Encarcelando A Quienes Les Denuncian

Wafaa Charaf, de 26 años, militante del Movimiento del 20 de febrero marroquí y activista de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos, denunció en abril que había sido secuestrada, torturada y amenazada de muerte por dos hombres, a todas luces policías. Como consecuencia, fue detenida acusada por la fiscalía de Tánger de “denuncia calumniosa”. El  12 de agosto pasado fue condenada a un año de cárcel y 50.000 dirhams (4500 euros) de multa por «calumnia», aunque no denunció a nadie en concreto sino que relató haber sido secuestrada y torturada por personas desconocidas.

Todo empezó el 27 de abril, al terminar una manifestación de los consejos de obreros y obreras en cuya organización y animación se había implicado. «Por la noche, al volver a casa, se me ocurrió llamarla para felicitarle por su excelente labor durante la manifestación obrera –relata su compañero de lucha Boubker Elkhamlichi, detenido también sobre las mismas fechas–, me respondió llorando, y me contó que había sido secuestrada y violentada. Fui a su casa y en el camino llamé a la Asociación de Derechos Humanos y a los compañeros de Vía Democrática. Cuando llegué a su casa estaba en un estado lamentable. La llevamos a las urgencias del Hospital Mohamed V, dónde le inyectaron tranquilizantes y le recomendaron un medicamento que compramos posteriormente en una farmacia de guardia». El lunes 29 de abril, con el certificado médico en la mano,  «presentó su denuncia al Procurador del Rey».

Una Brigada Especial de la policía se encargó del caso «para demostrar que en el Marruecos actual no hay secuestros ni violaciones de los Derechos Humanos. La investigación de la Brigada se focalizó sobre las declaraciones de la víctima y su familia, sin tener en cuenta el certificado médico expedido por una institución sanitaria oficial que le otorgó 12 días de convalecencia». Wafaa y todos los miembros de su familia, incluida una hermana menor de 12 años, «fueron objeto de una serie de interrogatorios maratonianos que duraban más de cinco horas». Basándose en las supuestas contradicciones entre sus declaraciones, «convirtieron a la víctima en la principal acusada».

Aún más más dura fue la sentencia contra Osama Hosni, militante también del Movimiento del 20 de febrero, de 22 años, que fue condenado el pasado 23 de julio a tres años de prisión y a pagar una fuerte indemnización a la policía por «difamación» y «falsa denuncia de tortura». Por haber relatado en un vídeo colgado en youtube cómo fue secuestrado, quemado y violado por «desconocidos».

Según Amnistía Internacional: «Estas condenas no harán sino fortalecer la cultura de la impunidad en Marruecos. La tortura solo se erradicará cuando las víctimas puedan romper con garantías el silencio y sus perpetradores sean llevados ante la Justicia». La misma organización presentó en Rabat el pasado 13 de mayo un informe según el cual la tortura en las comisarías de Marruecos es un hecho y goza de impunidad, y el gobierno salió inmediatamente a protestar contra el mismo por su «falta de credibilidad y objetividad», aunque admitió que existen todavía casos de tortura. En su última visita a Marruecos, el Alto Comisariado de la ONU contra la Tortura mencionó la práctica de malos tratos en las comisarías y recibió como respuesta que no es sistemática y que «hace falta tiempo para erradicarla».

El ministro marroquí de Justicia, Mustafa Ramid, se comprometió en junio  a investigar todas las denuncias por torturas, pero advirtió de que, que perseguiría todas las «falsas acusaciones y los intentos de atentar contra la reputación de personas e instituciones». Las organizaciones pro derechos humanos han lamentado que sólo esté cumpliendo la segunda parte de su promesa pero no la primera. No habiéndose registrado ninguna causa juducial por torturas, el hecho de que se hayan pronunciado condenas contra varios denunciantes indica, según ellas, la intención de «atemorizar a las víctimas de torturas y malos tratos». Una de las críticas más frecuentes que recibe Marruecos es el hecho de que la tortura sirva para arrancar confesiones que luego tienen valor probatorio en un juicio, aun cuando el acusado se retracte más tarde y explique que había sido torturado para confesar.

Lo que, en todo caso, resulta evidente es que la «nueva monarquía» marroquí, tran amiga como la vieja de los borbones españoles, se diferencia muy poco del terrible despotismo de Hassan II, a pesar del exceso de palabrería sobre «modenización» en boca de Mohamed V y sus socios. Y que todavía considera necesarias la tortura, la total impunidad de los torturadores y el más descarnado cinismo en la manipulación de las apariencias para mantener su dominio. En eso  se parece también bastante a la «democracia» española.

La Asociación Marroquí de Derechos humanos condena el juicio a Wafaa Charaf

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