Hace dos meses nos enteramos, a través de la publicación de fotos en los medios de comunicación, que menores detenidos en una Cárcel de San Luis habían sido torturados durante una requisa humillante, en la cual quedaron desnudos, arrodillados y con la cabeza contra el piso.
Organismos de DDHH alertamos en aquella oportunidad, como en tantas otras, que no se trataba de un hecho aislado, sino que la tortura es una práctica estructural y sistemática dentro de las cárceles de nuestro país. Y lo volvimos a confirmar esta semana, frente a nuevos hechos de tortura, esta vez en una comisaría de la Ciudad de Neuquén.
Todo empezó con una “operación rastrillo” ordenada en la última semana, que implicó mayor cantidad de patrullajes y más policías en los barrios populares de la ciudad de Neuquén. Decisiones que en el discurso político aparecen como formas de buscar delincuentes, de brindar seguridad a los “ciudadanos”, pero que no son más que acciones destinadas a controlar territorios. El sólo hecho de aparecer como “sospechoso” es suficiente para que un pibe se convierta en objeto de represión policial.
