La Inflación Punitiva: Más Presos Con Menos Delitos

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La relación entre libertad y seguridad sufre en España un claro desequilibrio a favor de la segunda, o en perjuicio de la primera, en materia de seguridad ciudadana. Las tasas de delincuencia del país se encuentran entre las más reducidas de Europa mientras las de población penitenciaria destacan por su elevación entre las de los Estados de ese mismo ámbito. Resulta paradójico: más presos de lo normal con menos delincuentes de lo habitual al mismo tiempo.

Parece, en cualquier caso, un caso de inflación punitiva, en el que los legisladores amplían constantemente el catálogo de infracciones de las leyes penales, en un proceso expansivo en el que crecen los ámbitos y las acciones criminalizados al tiempo que se agravan las condenas, con lo que su aplicación se traduce en un insólito aumento de las reclusiones –y de su duración–, en las que, por otra parte, no siempre se materializa el componente educativo o de reinserción que convive en las condenas con el retributivo o de castigo.

La criminalidad, además de ser reducida, tiende a la baja en España. Según Eurostat, el sistema estadístico de la UE, el país pasó de registrar 2.396.900 infracciones criminales –delitos y faltas– en 2008 a 2.268.900 en 2012, periodo en el que la cifra también se redujo en otros quince países comunitarios. Y, según el Ministerio del Interior, la delincuencia cayó a partir de entonces de una manera vertiginosa, ya que el 2015 se cerró con un cómputo oficial de 2.035.625, que supone un descenso ligeramente superior al 15% conforme avanzaba la crisis económica. Esos datos situaron la tasa de criminalidad en 43,7 delitos y faltas por cada 1.000 habitantes, “la más baja de los últimos doce años”, señala el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz. Más de la mitad de los delitos de los que tienen conocimiento las fuerzas de seguridad son robos y hurtos: 564.657 de los 993.596 denunciados entre enero y junio, con un importante peso cuantitativo de los atracos a personas y locales –30.773, más de siete por hora– y los asaltos a viviendas –57.458, unos 315 por día–.

Estos datos sitúan a España en el grupo de países con menos delincuencia de la UE. Concretamente, entre los cuatro últimos según la última estadística del Ministerio del Interior. Solo Italia, Portugal y Grecia mejoran su situación, que se encuentra a mucha distancia de la que se da en países como Suecia o Bélgica, que triplican y duplican, respectivamente, sus índices.

Duplicar en presos a los países con mayor criminalidad

Sin embargo, y por el contrario, España ocupa el décimo lugar en la clasificación de los países comunitarios por su índice de población reclusa: 150 presos por cada 100.000 habitantes que le sitúan al mismo nivel que el Reino Unido, pese a que este sufre una tasa de criminalidad dos tercios superior, y que hacen que duplique las de Suecia y Dinamarca y que le saque un 50% a Bélgica, los tres países con mayores índices de delincuencia de la UE.

La población penitenciaria se ha mantenido estable en España desde el inicio de la crisis, con una ligera tendencia a la baja de apenas el 4%, ya que pasó de los 64.228 presos con los que comenzó 2007a los 61.614 –de ellos, 7.032 preventivos– con los que cerró 2015 –los datos no incluyen la población reclusa en Catalunya-, aunque con dientes de sierra que reflejan que llegó a alcanzar un máximo de 76.079 al finalizar 2009.

En el posterior descenso resultó clave la política criminal de José Luis Rodríguez Zapatero, que en 2010 sacó adelante la única reforma del Código Penal de 1995 que abrió las puertas de las cárceles hacia la calle al reducir los castigos para el trapicheo de droga y las pequeñas estafas y despenalizar el top manta –aunque también lo hizo en sentido contrario al endurecer las condenas por corrupción y declarar imprescriptible la persecución de los asesinatos y homicidios terroristas– y que, en una medida a caballo entre el tratamiento legal de la extranjería y la necesidad de desmasificar las prisiones, amplió las posibilidades de que los extranjeros sin papeles condenados a penas inferiores a seis años pudieran conmutar su encarcelamiento por la expulsión y el regreso a su país con un destierro de entre cinco y diez años.

¿A qué se debe esa extraña convivencia entre una baja tasa de delincuencia y un elevado índice de población penitenciaria? El abogado penalista y profesor de Derecho de la Universidad de Zaragoza Eladio Mateo Ayala llama la atención sobre un eventual efecto ilusorio provocado por la duración de las condenas. “Es posible que esa elevada población penitenciaria venga de atrás y sea consecuencia del cumplimiento de penas largas. Puede no haber una adecuación cronológica entre presos y condenados en el periodo que trata la estadística”, señala.

Más de 200 reclusos siguen con el código franquista

Algo de razón lleva cuando Instituciones Penitenciarias indica que 231 presos cumplen condenas dictadas con base en el Código Penal anterior a 1995. Solo 44 de ellos cumplen por terrorismo, mientras la lista incluye a 17 traficantes, 42 ladrones, 29 violadores y 89 condenados por otros delitos contra las personas. Les sale a cuenta mantener las condenas basadas en las normas de 1973, código que contemplaba, entre otros aspectos, la posibilidad de ir redimiendo la pena a cambio de trabajar en el presidio. Ese sistema resultaba en ocasiones más apetecible para los presos que las nuevas condenas, más cortas pero sin posibilidad de redención.

“Se delinque menos”, ratifica Mateo Ayala, que desmonta una de las leyendas urbanas sobre la normativa criminal. “Eso de que no se entra en presidio cuando la pena no llega a los dos años no es cierto –explica–. Es potestativo de cada tribunal, que, además de que la condena no supere esa duración, tiene en cuenta otros dos aspectos como el hecho de que sea un delincuente primario [sin antecedentes o con ellos cancelados] y que haya cubierto la responsabilidad civil [indemnizaciones] del asunto”. Y junto con esos requisitos, añade, “en ocasiones se valora la peligrosidad del reo y su disposición a reinsertarse”. Eso, en la práctica, hace que gente con condenas de unos meses acabe cumpliéndolas entre rejas.

Coincide en el análisis con María Ángeles Rueda, profesora de Derecho Penal en la misma facultad. “Una causa que puede explicar la elevada tasa de población penitenciaria en España puede residir, por una parte, en que el número de conductas que se consideran delictivas y que se castigan con penas de prisión superiores a dos años es muy superior al de otros países”, indica, antes de anotar que, desde 1995, “se han producido casi 30 reformas del Código Penal, y casi todas ellas con una ampliación del número de delitos y una agravación de las penas”.

Por otra parte, señala, “hay que añadir un notable endurecimiento de las condiciones para que el delincuente pueda obtener una suspensión de la ejecución de la pena de prisión o para lograr la libertad condicional” como otro de los factores que explican esa elevada tasa de población reclusa. Las estancias en prisión son prolongadas, ya que “quien ingresa lo hace, salvo excepciones de menor duración, para más de dos años”. “Para conseguir la libertad condicional –añade– es necesario cumplir con una serie de requisitos que se han endurecido también”.

Delincuentes, delitos y penas, en cifras

La Estadística de Condenados del INE (Instituto Nacional de Estadística) señala que el año pasado fueron condenados en España 222.862 delincuentes por 288.756 que acarrearon 247.600 penas de prisión. Algo menos del 7,5% de ellas – 11.188 – superaron los dos años de duración y en 1.934 de esos casos, los cinco. A ese número de reclusos que se enfrentan a una prolongada estancia en prisión hay que añadir una parte del 92,6% restante –141.749– que, sin superar los dos años que permiten acceder a la suspensión de la pena, no podrán disfrutar ese beneficio legal por no haber indemnizado a sus víctimas, no poder pagar las multas –los tribunales impusieron 224.900- o tener antecedentes.

Dieciocho años atrás, en 1998, el número de personas condenadas fue de 110.672, algo menos de la mitad que el año pasado. Cuando el INE comenzó a desglosar los datos, en 2007, la cifra de delincuentes se había disparado a 147.160, la de delitos había subido a 213.740 y, sin discriminar su duración, las penas de prisión ascendían a 121.217, a las que había que sumar 11.796 casos de responsabilidad penal subsidiaria –ingreso en prisión por incumplir algún apartado de la sentencia– y 776 arrestos de fin de semana –cuyo cumplimiento entre rejas era ineludible por mucho que su duración conjunta fuera breve–, además de 369 castigos de localización permanente, que normalmente se cumplían en el domicilio señalado por el reo.

Casi la tercera parte de esas 11.188 penas de más de dos años de prisión –3.537– corresponden a delitos contra el patrimonio, otras 741 tienen su origen en homicidios y asesinatos –consumados e intentados–, 760 serán purgadas por agresores sexuales y 666 se derivan de lesiones. Parte de estas últimas proceden de casos de violencia de género, aunque la estadística no las discrimina de otro tipo de agresiones físicas.

Sin embargo, llama la atención el peso que han adquirido los delitos contra la seguridad colectiva, con 4.282 condenas de más de dos años de duración. Este concepto, regulado en el título XVII del Código Penal, engloba, entre otros, los incendios, el tráfico de drogas y los delitos contra la seguridad vial, uno de los grupos en el que desde finales de los años 90 más ha crecido el número de conductas criminalizadas y más ha aumentado la severidad de los castigos que acarrea cometerlas. Los delitos al volante, de hecho, suponen casi el 90% de las infracciones contra la seguridad colectiva, con 89.445 de un total de 102.164, seguidas muy de lejos por el tráfico de drogas, con 12.415.

¿Una política criminal sin base criminológica?

Rueda, por último, echa en falta una mayor presencia de la criminología en las medidas establecidas por el legislador en la lucha contra la criminalidad. “Tenemos una carencia de estudios criminológicos –señala– que nos ayuden a comprender las condiciones que favorecen la criminalidad en nuestra sociedad”. Ese tipo de trabajos, explica, “pueden conducirnos a adoptar medidas no estrictamente penales para combatir determinadas formas de delincuencia”, ya que “reformar constantemente nuestro Código Penal ampliando el catálogo de las figuras delictivas o agravando sus penas no suele ser la mejor decisión para reducir la tasa de delincuencia, y un ejemplo de ello lo tenemos en el tratamiento penal de la denominada violencia de género”.

“A pesar de la profusa regulación punitiva de esta forma de violencia, que se castiga con penas de prisión entre otras, no se reduce su presencia”, anota, lo que“pone de relieve que para combatir este tipo de criminalidad no es suficiente el endurecimiento de la respuesta penal. Por el contrario, es imprescindible estudiar sus causas y proponer medidas que permitan aminorar sus efectos”.

Entre los pocos estudios que abordan la desmesurada relación entre delincuencia y población penitenciaria en España se encuentra el reciente Informe ROSEP, elaborado por la Red de Organizaciones Sociales del Entorno Penitenciario, que concluye que “España no es un país inseguro”, con una tasa de delincuencia inferior a la media europea en un 27%. “Sin embargo –añade–, nuestra tasa de encarcelamiento es la tercera más alta de Europa, un 34% por encima de la media. Encarcelamos a 133 personas por cada 100.000 habitantes, más del doble que Finlandia, Suecia o Dinamarca. La población penitenciaria se ha multiplicado por 8 en los últimos 40 años y sólo en los últimos 20 años hemos pasado de 40.000 a 60.000 personas encarceladas. Este aumento no se ha debido a un aumento de la criminalidad sino a que la duración de las penas ha aumentado”. Tanto como para duplicar a la media europea y multiplicar por nueve las de países como Dinamarca.

Rueda echa en falta una mayor presencia de la criminología en las medidas establecidas por el legislador en la lucha contra la criminalidad

El tercer grado y la condicional desploman la reincidencia

ROSEP considera “posible reducir el número de personas encarceladas sin que aumente la criminalidad ni la alarma social” aplicando “medidas alternativas a la prisión para los delitos más comunes”. Y, como muestra, resalta que desde 2010, con la reducción de las penas por la venta de drogas al menudeo, la expulsión de los presos de origen extranjero y la menor aplicación de la prisión preventiva por parte de los jueces, “la población penitenciaria se ha reducido en 14.000 personas y la tasa de delincuencia ha seguido descendiendo”.

“El exceso de población penitenciaria en nuestro país se corresponde con un déficit en nuestro Estado del Bienestar”, concluyen, ya que “el 60% de las personas presas lo están por delitos contra el patrimonio (robos y hurtos) y delitos contra la salud pública (tráfico de drogas)”, mientras que otro “65% tiene problemas de drogodependencia y un 8% problemas graves de salud mental”.

Sin embargo, no es la política criminal, a menudo diseñada de manera vehemente y a golpe de noticiario, lo único que falla en el sistema. Un estudio de la Generalitat de Catalunya cifra la tasa de reincidencia en el 34%. “Siete de cada diez personas excarceladas han vuelto a la prisión en los cinco años posteriores de seguimiento”, señala el informe, que contiene dos datos de alto interés criminológico: la reincidencia baja al 18,1% cuando el preso ha regresado a la calle a través de un tercer grado, un régimen progresivo de libertad que exige que tenga un trabajo, y se desploma hasta el 11,6% cuando el recluso ha estado en libertad condicional.

Eduardo Bayona

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