Categoría: <span>La cárcel mata</span>

«El índice de prevalencia de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es mucho más elevado entre la población reclusa que entre el resto de población», asegura Cristina Fernández, investigadora del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Así lo han comprobado a través de un informe que ha elaborado junto con otros centros de investigación europeos para estudiar la situación actual de las enfermedades infecciosas dentro de los centros penitenciarios.

El riesgo de padecer VIH dentro de una prisión catalana es entre 20 y 28 veces más elevado que fuera. Mientras que en Catalunya el porcentaje de personas que tienen VIH es del 0,27% este porcentaje aumenta hasta el 7,6% en el caso de las personas presas, según el informe. «El hecho de estar expuestos a estos índices de prevalencia puede contribuir una vulneración de derechos fundamentales», explica Fernández a El Diari de la Sanitat.

Según datos del Departamento de Salut, en 2014 la prevalencia de infección por VIH en población interna en Catalunya era del 9%. Es decir, de las más de 9.000 personas internas, 286 tenían el VIH. La mayoría hombres (90%) con una edad comprendida entre los 40 y 49 años.

Los que suscribimos el presente escrito lo hacemos desde una firme convicción que compartimos: la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. Derechos de los que todas las personas somos titulares, también aquellas privadas de libertad.

Además, nos une a los cuatro alcaldes de diferente ideología el hecho circunstancial de contar en nuestros municipios con personas presas que se encuentran gravemente enfermas, o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad. Son estas circunstancias, y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados, las que nos llevan, en ejercicio de nuestra responsabilidad y desde una óptica estrictamente humanitaria, a trasladar nuestra posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación.

Cuatro son las razones que nos llevan a sostener esta posición: la primera, el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en una situación de privación de libertad. Creemos en una sociedad donde los poderes públicos sean los veladores del respeto a la dignidad humana de todas las personas, porque creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana es una sociedad quebrada en lo humano y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona.

Hace unos días publicamos que en la madrugada del sábado, 27 de febrero, había muerto en la cárcel de Puerto III Moisés Soto Moreno, de 24 años, a causa del abandono médico y la negligencia de los carceleros. Nos basábamos en lo transmitido por una persona que había estado a su vez en comunicación con otras personas presas en el mismo módulo 10 de la prisión donde murió Moisés. Contaban que su compañero de celda, al darse cuenta de que le pasaba algo grave, empezó a golpear la puerta, a llamar a los funcionarios y avisar al resto de los presos del módulo,  que en ese momento se encontraban todos encerrados en las celdas. Más de cien personas estuvieron durante más de una hora golpeando las puertas y llamando a los carceleros responsables sin que estos hicieran el menor caso. Cuando llegaron, era demasiado tarde y ya nada se pudo hacer por Moisés. Los funcionarios amenazaron a los presos del módulo donde había sucedido, cuando les pidieron explicaciones por la mañana, con regresiones de grado y sanciones de aislamiento, si trascendía la noticia. El compañero de celda, testigo de lo ocurrido, había sido trasladado de módulo y nadie sabía dónde estaba.

Que sepamos, no se comentó la noticia en ningún medio de comunicación, hasta ayer, cuando en un periódico de dudosa credibilidad salió publicado que la familia de Moisés Soto Moreno, natural de Jerez de la Frontera, denunciaba que «no se le había atendido a tiempo». Hoy han publicado también la noticia una agencia y algún medio local. La versión de la familia transmitida no sabemos con qué fidelidad por esos falsimedios, de los que nos hacemos eco al no disponer por ahora de mejores infirmaciones, confirma lo relatado por los compañeros de módulo del fallecido. Al parecer, su muerte sucedió a las 8:20 y, según la autopsia, la causa fue «un encharcamiento pulmonar». La familia piensa presentar denuncia por la negligencia en atenderle demostrada por los funcionarios, «ya que ha tenido conocimiento por otros internos de que su hermano comenzó a encontrarse mal durante la madrugada del sábado y que, pese a requerir otros internos la asistencia de un médico, nadie acudió». Las autoridades han inicado las investigaciones de rutina. Moisés llevaba seis años preso, había salido ya alguna vez de permiso y tenía uno concedido para el 2 de marzo. Su libertad estaba prevista para 2017. Estaba enfermo y había pedido infructuosamente ser clasificado en tercer grado para tener acceso a un mejor tratamiento.

De fuentes bien informadas, hemos sabido que en la madrugada de ayer, en el módulo 10 de la cárcel de Puerto III, murió Moisés Soto Moreno, de 24 años, supuestamente por sobredosis y, en realidad, a causa del abandono médico y la negligencia de los carceleros. Sobre las 5, empezó a estar mal. El compañero de celda avisó y todo el módulo, más de 100 personas, empezó a picar puertas ya gritar llamando a los guardias. Pero no vinieron hasta pasada más de una hora, cuando era ya demasiado tarde y el muchacho estaba vomitando sangre. Por la mañana, los presos del módulo 10, muy cabreados, fueron a pedir cuentas a los funcionarios. Éstos les amenazaron con regresiones a primer grado y sanciones de aislamiento si la noticia salía publicada en algún sitio. El compañero de celda del hombre fallecido ha desaparecido, nadie sabe dónde lo han llevado.