De fuentes bien informadas, hemos sabido que en la madrugada de ayer, en el módulo 10 de la cárcel de Puerto III, murió Moisés Soto Moreno, de 24 años, supuestamente por sobredosis y, en realidad, a causa del abandono médico y la negligencia de los carceleros. Sobre las 5, empezó a estar mal. El compañero de celda avisó y todo el módulo, más de 100 personas, empezó a picar puertas ya gritar llamando a los guardias. Pero no vinieron hasta pasada más de una hora, cuando era ya demasiado tarde y el muchacho estaba vomitando sangre. Por la mañana, los presos del módulo 10, muy cabreados, fueron a pedir cuentas a los funcionarios. Éstos les amenazaron con regresiones a primer grado y sanciones de aislamiento si la noticia salía publicada en algún sitio. El compañero de celda del hombre fallecido ha desaparecido, nadie sabe dónde lo han llevado.
Categoría: <span>La cárcel mata</span>
Aunque debe entenderse que nuestra legislación asimila la prisión preventiva a la prisión por condena, en la práctica, no sucede así y es difícil que en los casos en los que se dan enfermedades muy graves o con padecimientos incurables, se sustituya esta medida de privación de libertad temporal hasta que exista una resolución firme que establezca la pena a cumplir.
El primer problema que nos encontramos los abogados, en el ejercicio de nuestra profesión, es la determinación de la competencia objetiva, ya que, aunque con la norma en la mano, nosotros la tengamos clara, tanto el juzgado de Instrucción que esté conociendo del caso, como el de Vigilancia Penitenciaria, se pasan la “bola” de uno a otro, en multitud de ocasiones, de manera que es difícil hacer valer los derechos fundamentales inherentes a la persona enferma privada de libertad.
Legalmente, los fines que se persiguen para la adopción de tal medida privativa de libertad son asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga, evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto, evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, o evitar el riesgo de que el investigado o encausado cometa otros hechos delictivos.
Sin embargo, y por sentido común, es impensable que una persona aquejada de varias enfermedades tan graves como la Hepatitis C, el sida, un cáncer terminal, o enfermedades mentales severas pueda pensar en cometer nuevos delitos o fugarse, cuando su estado de salud le impide en ocasiones moverse o está sometido a un estricto tratamiento, que le obliga a tomar una determinada medicación que tiene que ser suministrada con cierta habitualidad, lo que viene a ser completamente incompatible con un riesgo de fuga.
Según un falsimedio gallego, Álvaro Steven Carvajal Valencia falleció el pasado 19 de enero, a los 24 años de edad, en la celda de la prisión de A Lama (Pontevedra) donde le tenían encerrado. La autoridad carcelera dice estar investigando si se trata de un suicidio o de una muerte por sobredosis. Aseguran que el muchacho muerto había consumido metadona adulterada y que eso fue lo que le mató. No se sabe qué «allegados» sostienen que era consciente del mal estado de la droga y que la consumió con la intención de acabar con su vida, pues llevaba ya muchos meses «muy abatido y deprimido». Suicidio o sobredosis son las excusas más socorridas para encubrir que la cárcel mata. La de A Lama, merece cada día más el epíteto de Centro de Exterminio.
Fuente: Abordaxe
A través de Esculca (Observatorio Para A Defensa Dos Direitos E Liberdades) nos enteramos de que hace unos días, probablemente el 8 de enero, murió en la prisión de Teixeiro J.V.P., natural de A Coruña, por problemas hepáticos. El interno no había recibido el tratamiento para la hepatitis C que padecía. Hace unos días la Fiscalía presentó denuncia contra el SERGAS por responsabilidades penitenciarias derivadas de no faciliar medicamentos a enfermos que acaban falleciendo.
Cuando menos tres, según el texto de la demanda, habrían muerto por la negativa a administrarles las medicinas. «Pero esta sólo es la pequeñísima punta del iceberg», advierte Quique Costas, portavoz de la Plataforma Gallega de Personas Afectadas por la Hepatitis C, colectivo que organizó y lideró las movilizaciones que durante meses pedían una solución a una problemática que causó muertes, «sufrimiento y angustia».
Fue uno de los que levantó la voz en el Parlamento después de la negativa del PP a garantizar los tratamientos e insiste en «que decisiones políticas» del Gobierno de Núñez Feijóo provocaron varias muertes en Galicia. «No lo digo yo ni la Plataforma, es lo que dice la fiscalía después de nueve meses de investigación y 200 folios en las diligencias», aclara.
Más información sobre el abandono de los presos enfermos de hepatitis C
En el programa de Radio Vallekas Erre ke erre del domingo, 17 de enero entrevistan al compañero Alfonso, que nos cuenta la situacion a la que se ven sometidos los compañeros Francisco Xavier Corporales Barruecos y José Antonio Chavero Mejías, presos en la cárcel de Estremera, por defender simplemente su dignidad como personas. Nos habla también de la situación de otro compañero preso que fue agredido hasta perder un testículo por la paliza de unos cuantos carceleros.
En relación con la situación de Xavi y Toni, reproducimos el siguiente llamamiento del Grupo Pro Presxs de Madrid:
¡Inundemos los faxes que indicamos a continuación exigiendo el fin del aislamiento, las torturas y las represalias! ¡Exijamos el fin del abandono sanitario! ¡Exijamos la retirada de la sanción encubierta mediante la aplicación del art. 75.1! ¡Difundamos y denunciemos su situación para que cese la impunidad de la institución! ¡Demostrémosles que Xavi y Toni no están solos! ¡Que ninguna persona presa lo está y que no dejaremos de exigir sus derechos!
MODELO DE FAX
El año comienza como siempre dentro de las prisiones del estado. Mal augurio para lo que resta. Nos llega esta noticia de una muerte dentro de prisión. Esta vez le ha tocado a un resistente a las injusticias y abusos dentro de la cárcel:
Hemos sabido que Manuel Gómez Lidón ha sido encontrado el 1 de enero de 2016 muerto a su celda de la prisión de Palma. La noticia lo ha comunicado Teresa, madre de Manuel, con quien tenía previsto un vis a vis con él ese día mismo. Cuándo ha acudido a la prisión, el jefe de servicio, sin ningún miramiento, le ha dado la fatídica noticia sin ninguna información más, con resentimiento, como siempre han tratado a esta familia.
A finales de los 90, tanto la familia de Manuel, como él mismo, estuvieron en contacto con la Cruz Negra Anarquista de Palma. Teresa y su marido eran asiduos a las marchas en la prisión de día 31 de diciembre, incluso para una de estas manifestaciones Manuel redactó una carta a los compañeros y compañeras que participaron, y se leyó al final del acto. Siempre sabíamos que la manifestación dentro de la prisión se vivía con mucha alegría, y los presos se sentían reconfortados; Manuel y su familia nos lo recordaban siempre. Teresa y su marido, también participaron de jornadas y actos. La última vez que se vió a Teresa fue en la inauguración del local de la CNT, en la calle de Joan Alcover. Estaba contenta porque esperaba la salida de su hijo de la prisión de Castellón, donde había sido trasladado.
Manuel entró de joven a la prisión, por delitos menores, y nunca ha podido salir. Aunque recobró la libertad un par de veces, siempre volvía a entrar: no pudo, como le ha pasado y pasa a mucha gente, recobrar completamente la libertad. Entrar a la prisión a edades tan tempranas provoca, en la mayoría de casos, la destrucción del individuo, la incapacidad para mantener una vida dentro de los parámetros que se tienen como ”normales”. La reinserción nunca se ha abordado con una clara intención de que se materialice, y Manuel era un claro ejemplo.
Manuel estuvo en régimen FIES mucho tiempo. Además, en 1999 recibió amenazas en la prisión madrileña de Soto del Real en represalia por haber denunciado maltratos dentro del módulo XV, el de aislamiento, para que se retractara de los hechos denunciados cuando acudiera juzgado.
Últimamente había abandonado la metadona y hacía mucho de deporte. Esto ha descolocado todavía más a la familia, puesto que lo veían con ánimos y no saben qué ha pasado. La prisión no les ha querido informar de nada, tenemos que esperar la autopsia; toda la información que tiene la familia la reciben de la empresa funeraria que tienen contratada.
Poco más podemos aportar, puesto que la noticia ha sido totalmente inesperada, y todavía más a una fecha como la de hoy. No queríamos que el sufrimiento de la familia se quedara entre ellos. Teresa ya ha pedido ayuda para llegar donde sea, y no nos sorprende: ha sido una madre luchadora, que lo ha dado todo por sus hijos.
Que la tierra te sea leve compañero.
Traducimos esta noticia de contrainfo.cat
Desde Tokata nos sumamos al dolor de familia y amigos y le recordamos en su caracter luchador y resistente en un comunicado de cuando la lucha contra en regimen FIES (31/12/2000):
[box] Desde el modulo de aislamiento de la cárcel de Palma Una vez más, mientras la mayoría de españoles después de haber comido mas o menos bien se dispone a cumplir con la tradición de las uvas, el brindis con champán y a desearse suerte, conviene recordar que a los aislamientos de las cárceles y en este de Palma en particular la cosa para nosotros está, cada vez más, peor. No nos cansaremos de recordarles que los cuatro presos etiquetados como FIES que aquí sobrevivimos, lo hacemos en unas condiciones durísimas. Con el fin de tratar de mejorar esto llevamos prácticamente un año sin salir al patio y hemos llevado a la práctica unos ayunos. Como era de esperar la situación ha empeorado y la represión es continua. En esta cárcel se nos priva de lo más fundamental, estamos sometidos a un cerco con el cual se nos impide que recibamos información del exterior, incluídos de nuestros seres queridos. A la menor protesta se nos esposa a la pata de las camas, somos objeto de torturas físicas de forma continua, palizas, cacheos continuos, insultos y amenazas es el tratamiento de reinserción que recibimos por parte de las autoridadescarcelarias a diario. Los médicos se niegan a reconocer a alguien después de haber recibido una paliza y mucho más a hacer un informe sobre ello. El Juez de Vigilancia deniega por sistema nuestras quejas, nos tacha de mentirosos y da por buenas las falsedades que le son remitidas desde la Administración carcelaria. El fichero FIES da juego para esto y para mucho más, con total impunidad. Parece que no le importa a nadie pero, como decíamos al principio, no dejaremos de denunciarlo ni seguir exigiendo lo que nos corresponde que es, ante todo, un poco de dignidad.
Carlos A. Ríos González / Antonio Jiménez Jiménez / Manuel Gómez Lidón / Antonio Porto Martín
Módulo Aislamiento FIES Cárcel de Palma 31.12.2000[/box]
Se han puesto en contacto con el ABC de Sevilla en varias ocasiones para que rectifiquen una noticia que publicaron el pasado 15/12 sobre lo que el periódico califica como “los privilegios de los reclusos”. Esta información no se corresponde en absoluto con la realidad que se vive en las cárceles, como exponemos a continuación. Este texto fue remitido al ABC, sin que todavía hayamos tenido una respuesta concreta a nuestra petición de rectificación o ampliación de la noticia con la información real de lo que es la asistencia sanitaria a las personas presas.
A la atención del ABC de Sevilla:
Hemos leído el artículo escrito por Amalia F. Lérida y publicado en su periódico hoy (15.12.15) titulado “¿Por qué para 1.800 presos hay 8 médicos y para los mismos habitantes de un pueblo solo uno?”
Varias de las afirmaciones que se realizan en el artículo nos resultan sorprendentes. Se está poniendo en cuestión el que la persona presa pueda tener los mismos derechos que una persona en libertad, cuando ese es un derecho que le garantiza la Constitución. Los artículos 15 y 43 de la Constitución española garantizan el derecho a la vida e integridad física así como el derecho a la protección de la salud. Encontrándose estos artículos de la Constitución en el catálogo de derechos fundamentales, estos derechos tienen un carácter absoluto y están entre aquellos que no pueden verse limitados por un pronunciamiento judicial alguno ni por ninguna pena.
Contexto:
El porcentaje de gente enferma de hepatitis C en las cárceles es muy superior al de la calle. Según datos de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, un 22% de la población reclusa (unas 14.000 personas) está afectada por el VHC y, de ese porcentaje, un 40,5% –o sea, casi un 10 % de las personas presas: unas 6300– tiene también VIH. La propia Secretaría General de Instituciones Penitenciarias reconoció en 2013 el fallecimiento de ocho personas presas a causa de la hepatitis C, dos más que el año anterior, aunque la población reclusa había disminuido. La actitud de la autoridad carcelera ha sido en todo momento restringir por todos los medios posibles, para ahorrarse unos euros, el acceso de las personas presas, ya no a los nuevos tratamientos, sino a los que habían salido anteriormente al mercado, no tan eficaces como los actuales, pero bastante más que el interferón que se estaba administrando en las cárceles, de terribles efectos secundarios: prohibiendo su prescripción a los médicos bajo sus órdenes; excluyendo a los coinfectados; estableciendo cupos; poniendo como condición para su administración el traslado a un hospital de Madrid; negándose a pagarlos, aunque tuviera que entrar en litigios con las comunidades autónomas, y llegando incluso a desobedecer varias sentencias judiciales que le obligan a ello. De manera que el gasto en tratamientos de hepatitis C bajó un 26,04% entre 2012 y 2013 y un 48% desde 2006.
La prisión Madrid IV, en Navalcarnero, contó cuatro muertes entre sus muros en sólo dos meses. El ex preso Erlantz Cantabrana relata la vida dentro de este centro penitenciario.
Cada dos días muere una persona en las prisiones del Estado español. Esta situación, reconocida desde hace años por Instituciones Penitenciarias en sus escasos informes, se viene repitiendo a lo largo de los últimos meses de manera alarmante en el centro madrileño de Navalcarnero. Diagonal ha tenido acceso al diario personal de un expreso político durante su estancia en esta prisión. Erlantz Cantabrana, condenado por su militancia en el Comité por un Socorro Rojo Internacional, permaneció ingresado en esta prisión de enero a octubre de 2008. Su encierro le costó un 65% de minusvalía física y una enfermedad crónica.
Día 1 “Me han trasladado a Navalcarnero. En la enfermería, mala, mala impresión”
La salud de Erlantz se resintió desde su entrada en 2008 en la prisión de Navalcarnero. En sus diez primeros días como recluso ya había sufrido cinco ataques de ansiedad. En las siguientes semanas estos ataques pasaron a tener una frecuencia menor, pero otras enfermedades comenzaron a golpearle: sinusitis, una distensión en el pie, subidas y bajadas constantes de tensión, dolores en las cervicales, diarrea, una esofaguitis que derivaba en abundantes sangrados, problemas cardiacos, infecciones de orina, bronquitis…
Al empeoramiento de la salud física se le sumó el declive de la salud psíquica. Durante su encierro llegó a estar medicado con hasta diez pastillas diarias. La inmensa mayoría de los psicofármacos facilitados en las cárceles “sirven para tener al enfermo –psíquico o no, y ahí radica la gran cuestión– en un estado de letargo continuo”, explica en su diario.
La Audiencia de Pontevedra acaba de estimar el recurso de apelación contra el archivo dictado en los autos DP 1084/2014 del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Pontevedra seguidos por la muerte de EGS, «Gaviotu». El juzgado de instrucción había acordado el archivo del proceso penal instado por la familia que reclamaba la investigación de la muerte de EGS acontecida en el módulo de aislamiento de la cárcel de A Lama.
El juzgado de instrucción había acordado el archivo después de recibir el resultado de la autopsia (cerca de un año después del fallecimiento de EGS) señalando que el informe forense afirmaba que la muerte había sido derivada de una patología cardiaca y sin atender las diligencias de prueba instadas por la representación de la familia.
Ahora el auto de audiencia (714/2015) señala que aunque la autopsia parece descartar que la muerte fuera dolosa, la investigación del juez instructor no basta para excluir otras infracciones penales que pudiesen existir y que no fueron objeto de diligencias probatorias a pesar de la petición expresa de la familia en el proceso. Así podrían exisir delitos de omisión del deber de socorro o de homicidio imprudente y hasta de rigor innecesario. No podemos olvidar que Gaviotu, que mantenía una trayectoria penitenciaria sin incidentes en segundo grado (aunque sin renunciar la reivndicación de sus derechos como preso) fue recluido en el modulo de aislamiento pocos días antes de su muerte sin que hasta hoy se conozcan los motivos de esta decisión, desoyendo el juzgado instructor a petición de la acusacion particular sobre este extremo.