Categoría: <span>La cárcel mata</span>

A mediados de abril, tuvimos noticias de la muerte de un preso llamado Chiqui en la cárcel de Picassent, supuestamente, a causa un infarto de corazón, aunque era un hombre joven. Un testigo presencial nos ha contado que tardaron más de cuatro días en atenderle adecuadamente, a pesar de que se quejaba de un dolor agudo en el pecho y de que se le dormía el brazo izquierdo, síntomas típicos de lo que luego le pasó. A quienes estaban allí les parece que se tardó demasiado en atenderle y les ha quedado una duda muy fuerte sobre la actuación de los médicos responsables, porque el chaval murió 20 minutos después de que los servicios sanitarios carceleros le pusieran una inyección y le dieran una pastilla «para bajarle la tensión».

La cárcel de Villabona ha sido llamada demagógicamente “la cárcel de la esperanza” por los propagandistas de la UTE, experimento terapeútico-penitenciario que se inició allí y que ya ha sido desenmascarado totalmente como el prototipo de un régimen carcelario del que se ha podido decir con justicia que constituye “la otra cara del FIES”, por la vulneración de los derechos fundamentales de los presos y la  merma su dignidad que supone. Pero allí no deja de morir gente, muy frecuentemente por “suicidio” o supuesta sobredosis. El último en morir, una vez más en la enfermería de esa cárcel, de siniestra fama, ha sido Eugenio Hernández Da Silva, de 33 años, por una supuesta sobredosis de heroína y pastillas, según las dudosas fuentes de que disponemos. Los partidarios de la UTE, que cuenta con apologistas tan “prestigiosos” como la “defensora del pueblo” o determinadas personalidades de la “izquierda” amarilla estatal y asturiana, también han aprovechado, como buitres, esta muerte, igual que otras muchas anteriores, para promocionar su “modelo de tratamiento”, haciendo ver que las muertes se producen porque no se lo potencia suficientemente, cuando la verdad es que las «Unidades Terapeúticas y Educativas» y el poder terapeútico de la autoridad carcelera que articulan no crean más que nuevas situaciones de dependencia y degradación que no benefician en nada a las personas presas ni contribuyen, por descontado, a que disminuyan el tráfico y consumo de drogas legales e ilegales en las cárceles.

«El índice de prevalencia de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana) es mucho más elevado entre la población reclusa que entre el resto de población», asegura Cristina Fernández, investigadora del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Así lo han comprobado a través de un informe que ha elaborado junto con otros centros de investigación europeos para estudiar la situación actual de las enfermedades infecciosas dentro de los centros penitenciarios.

El riesgo de padecer VIH dentro de una prisión catalana es entre 20 y 28 veces más elevado que fuera. Mientras que en Catalunya el porcentaje de personas que tienen VIH es del 0,27% este porcentaje aumenta hasta el 7,6% en el caso de las personas presas, según el informe. «El hecho de estar expuestos a estos índices de prevalencia puede contribuir una vulneración de derechos fundamentales», explica Fernández a El Diari de la Sanitat.

Según datos del Departamento de Salut, en 2014 la prevalencia de infección por VIH en población interna en Catalunya era del 9%. Es decir, de las más de 9.000 personas internas, 286 tenían el VIH. La mayoría hombres (90%) con una edad comprendida entre los 40 y 49 años.

Los que suscribimos el presente escrito lo hacemos desde una firme convicción que compartimos: la defensa de todos los derechos humanos de todas las personas. Derechos de los que todas las personas somos titulares, también aquellas privadas de libertad.

Además, nos une a los cuatro alcaldes de diferente ideología el hecho circunstancial de contar en nuestros municipios con personas presas que se encuentran gravemente enfermas, o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad. Son estas circunstancias, y el hecho de que sus derechos no están siendo respetados, las que nos llevan, en ejercicio de nuestra responsabilidad y desde una óptica estrictamente humanitaria, a trasladar nuestra posición y a solicitar la excarcelación de estas personas, así como de cuantas otras se pudieran encontrar en la misma situación.

Cuatro son las razones que nos llevan a sostener esta posición: la primera, el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en una situación de privación de libertad. Creemos en una sociedad donde los poderes públicos sean los veladores del respeto a la dignidad humana de todas las personas, porque creemos que una sociedad que vulnera el principio máximo de la dignidad humana es una sociedad quebrada en lo humano y con enormes carencias democráticas. El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona.

Hace unos días publicamos que en la madrugada del sábado, 27 de febrero, había muerto en la cárcel de Puerto III Moisés Soto Moreno, de 24 años, a causa del abandono médico y la negligencia de los carceleros. Nos basábamos en lo transmitido por una persona que había estado a su vez en comunicación con otras personas presas en el mismo módulo 10 de la prisión donde murió Moisés. Contaban que su compañero de celda, al darse cuenta de que le pasaba algo grave, empezó a golpear la puerta, a llamar a los funcionarios y avisar al resto de los presos del módulo,  que en ese momento se encontraban todos encerrados en las celdas. Más de cien personas estuvieron durante más de una hora golpeando las puertas y llamando a los carceleros responsables sin que estos hicieran el menor caso. Cuando llegaron, era demasiado tarde y ya nada se pudo hacer por Moisés. Los funcionarios amenazaron a los presos del módulo donde había sucedido, cuando les pidieron explicaciones por la mañana, con regresiones de grado y sanciones de aislamiento, si trascendía la noticia. El compañero de celda, testigo de lo ocurrido, había sido trasladado de módulo y nadie sabía dónde estaba.

Que sepamos, no se comentó la noticia en ningún medio de comunicación, hasta ayer, cuando en un periódico de dudosa credibilidad salió publicado que la familia de Moisés Soto Moreno, natural de Jerez de la Frontera, denunciaba que «no se le había atendido a tiempo». Hoy han publicado también la noticia una agencia y algún medio local. La versión de la familia transmitida no sabemos con qué fidelidad por esos falsimedios, de los que nos hacemos eco al no disponer por ahora de mejores infirmaciones, confirma lo relatado por los compañeros de módulo del fallecido. Al parecer, su muerte sucedió a las 8:20 y, según la autopsia, la causa fue «un encharcamiento pulmonar». La familia piensa presentar denuncia por la negligencia en atenderle demostrada por los funcionarios, «ya que ha tenido conocimiento por otros internos de que su hermano comenzó a encontrarse mal durante la madrugada del sábado y que, pese a requerir otros internos la asistencia de un médico, nadie acudió». Las autoridades han inicado las investigaciones de rutina. Moisés llevaba seis años preso, había salido ya alguna vez de permiso y tenía uno concedido para el 2 de marzo. Su libertad estaba prevista para 2017. Estaba enfermo y había pedido infructuosamente ser clasificado en tercer grado para tener acceso a un mejor tratamiento.