Categoría: <span>Actividad en la calle</span>
Ayer quedaron absueltas en apelación por la audiencia provincial de A Coruña las 15 personas que habían sido condenadas en noviembre del 2016 por injurias a la guardia civil durante su participación en una concentración donde se pedía cuentas a ese cuerpo represivo de siniestra historia por la muerte de Diego Viña, ahorcado en 2004 en el cuartel de la guardia civil de Arteixo en circunstancias nunca aclaradas. A continuación, la tradución al castellano desde el original gallego de un comunicado al respecto de Nais Contra A Impunidade.
A Coruña, 31 de julio de 2017
¡¡¡Lxs 15 de Arteixo absueltas!!!
La Audiencia Provincial de A Coruña en sentencia dictada hoy, reconoce que gritar “LA GUARDA CIVIL TORTURA Y ASESINA” NO ES DELITO en el contexto de las acciones PÚBLICAS, LEGÍTIMAS Y SOLIDARIAS de protesta realizadas por la familia y personas solidarias, en las que se clamaba justicia por la muerte de Diego Viña en el Cuartel de la Guardia Civil de Arteixo (donde apareció ahorcado con sus propios pantalones en el año 2004, a la edad de 22 años).
Esta sentencia,viene a legitimar la lucha llevada a cabo por los familiares y personas solidarias en estos últimos 13 años. Tiempo durante el cual se mantuvo permanentemente la legítima reivindicación del esclarecimiento de las “oscuras” causas de la muerte de Diego Viña en el Cuartel de la Guardia Civil.
La sentencia viene también a reconocer que había (y sigue habiendo) causas más que sobradas, para poner en tela de juicio la versión oficial de la muerte de Diego. Ya que, a pesar de que los intentos de depuración de responsabilidades jurídicas de los responsables llevadas a cabo por la Asociación Nais Contra A Impunidade, en una tortuosa peregrinación ante los juzgados de instrucción, penal, contencioso administrativo, audiencia provincial, tribunal supremo, tribunal constitucional y tribunal europeo de derechos humanos, fueron quedando poco a poco enterrados por sentencias y resoluciones injustas (las cuales se limitaban a dar por buena la versión oficial, trasladándonos la carga de probar lo que pasó en un calabozo sin vigilancia, oscuro y tétrico, dando vía libre a una total impunidad).
Y a pesar también de que como única respuesta oficial obtuvimos la apertura de procedimientos sancionadores dirigidos contra las personas asistentes a los actos de protesta (sancionándose a más de 24 personas e imponiéndose cuantiosas multas económicas y embargos), y la incoación de la causa penal que nos trae hoy aquí en la que la guardia civil llegó incluso a denunciar a la hermana del fallecido junto con 14 personas más solidarias y buenas.
Pese a todo ello, hoy la Audiencia nos absuelve, “porque” por vez primera reconoce la concurrencia de elementos fácticos de relevancia como son la desconexión de las cámaras del calabozo donde estaba detenido Diego y la desaparición posterior del pantalón con el que dicen que se ahorcó, legitimando nuestro rechazo de la hipótesis oficial sobre el fallecimiento de Diego.
Con ello, no solo se consigue la exoneración de responsabilidades penales graves, la restitución del honor del fallecido, la finalización de la criminalización de la familia y de los movimientos sociales que la apoyaron, sino que, además, paradigmáticamente, esta última sentencia viene a situarnos en el punto inicial, en el último día de la vida de Diego.
La versión oficial no encaja; lo que se gritaba ¡sí! (“queremos saber como murió Diego; no fue suicidado que fue asesinado”) ya que estas expresiones se mantienen según el Alto Tribunal “dentro del marco de la libertad de acción social y quedan fuera del tipo incriminado según la interpretación estricta que le corresponde” y según la justicia social, como la exprsesión más básica y animal de la rabia, la impotencia y el derecho a luchar por la vida de nuestros seres queridos.
Desde la Asociación Nais Contra A Impunidade, queremos agradecer a infinidad de personas solidarias, colectivos (asociaciones, ateneos, radios, imprentas, grupos musicales, etc.) e individualidades, que durante este proceso nos apoyaron, nos arroparon y gritaron con nosotras. Fueron 7 años de proceso, durante los que nos recorrimos el estado español (Vigo, Santiago, Lugo, Coruña, Ourense, Oviedo, Xixón, Castro Urdiales, Orozko, Bilbo, Barcelona, Lleida, Tarragona, Castellón, Valencia, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada, Almería, Murcia, Albacete, Toledo, Madrid etc, etc), dando charlas, participando en debates, programas de radio y de televisión; explicando nuestra razones, transmitiendo la importancia de la solidaridad, el terror de la impunidad, la fuerza de lo común. En todos los sitios nos despidieron con un abrazo y con un grito: “si tocan a las nais nos tocan a todas”.
También agradecer al colectivo jurídico Grupo de Intervención Xurídico Social A Sensu Contrario por la labor de acompañamiento, asesoramiento y defensa de la causa de Diego y dos juicios represalia, donde hicieron suyas nuestras razones. Y, cómo no, a las personas solidarias juzgadas junto a nosotras, y a sus letradxs, por el respaldo, lealtad y valentía que mostraron.
Hoy es un día alegre para nosotras; para Diego seguro que también.
Nais Contra A Impunidade
Nos hacemos eco de la huelga de hambre de algunos compañeros presos por la excarcelación de las personas presas gravemente enfermas en general y especialmente de Belén Vázquez Campillo y Belén Salsamendi González y de las huelgas de hambre de Soraya Durey y Ruyman Armas Santana exigiendo ser trasladadas a prisiones cercanas a su tierra. Hablamos con Silvia y Toñi, personas muy allegadas a compañeros asesinados y maltratados por la cárcel, de las perspectivas de encuentro y coordinación entre familias de gente presa para defender a nuestra gente, y de la convocatoria de una concentración anta la cárcel de Albocàsser para el 30 de septiembre, en conmemoración de la muerte en ella el año pasado de Daniel Sánchez Molina. Un compañero nos habla de un libro en preparación sobre la historia de las luchas por la libertad sexual, especialmente dentro de las cárceles.
Los días 16 y 17 de junio, un puñado de gente desperdigada en el territorio dominado por el Estado español consiguió ponerse de acuerdo para actuar al unísono, al menos simbólicamente, coincidiendo con la pequeña cantidad de personas presas que están haciendo lo mismo dentro de las cárceles en defensa de una propuesta de lucha con doce reivindicaciones que apuntan hacia otras tantas situaciones de abuso, degradación, humillación y tortura que, en diferentes combinaciones, sufre poco más o menos todo el mundo en las cárceles españolas. Al menos, hacer frente al problema, señalarlo, plantearlo, hacer algo, a diferencia de la mayoría social, más silenciosa o dispuesta al autoengaño que nunca ante la opresión que sufre. Se empezó con la minicampaña «el peculio no es un negocio, sino un derecho» continuando con pequeños actos expresivos en apoyo de lxs presxs en lucha.
En Gasteiz:
En Castellón:
En Madrid:
En Valencia:
En Barcelona:
En Altsasu:
Dedicado a nuestrxs compañerxs presxs en lucha.
Más noticias sobre el desarrollo de la propuesta de lucha colectiva
Por los motivos que se exponen a continuación, convocamos a todas las personas solidarias con la gente presa y enemigas del poder punitivo del Estado, a enviar faxes y cualquier otro tipo de comunicaciones a la Secretaría General de Instituciones Penitenciatrias y otras autoridades responsables exigiendo que se supriman las condiciones que obligan a las familias y otras personas próximas y solidarias a pagar a la banca o a correos y a hacer otros gastos suplementarios para hacer llegar a las personas presas alguna ayuda económica. La administración penitenciaria está obligada por ley a mantener las condiciones para que esos envíos de dinero lleguen a su destino, ¡El peculio de las personas presas no puede ser un negocio, es un derecho!
En noviembre del año pasado venció el contrato que tenía la administración penitenciaria con el banco de Santander para gestionar su dinero. En julio salió de nuevo a concurso la “concesión” y ni el Santander ni ningún otro banco quisieron optar a ella. El motivo evidente es que las prestaciones que el ministerio del Interior y la administración penitenciaria exigen, con la prepotencia que les caracteriza, a las entidades bancarias son inaceptables para ellas, porque, al parecer, no les dejan el margen suficiente de beneficio. Como sabemos bien, los bancos no están por ofrecer ningún servicio gratuito, sino por exprimir a los “usuarios” hasta dejarlos exhaustos, sacando el máximo beneficio posible de su tráfico de dinero ficticio. Tampoco están por contribuir de ningún modo al “interés Público”, como contrapartida del dinero procedente de los impuestos de todos con el que les han «rescatado» y otros evidentes privilegios de que disfrutan. Y mucho menos aún están por la faena de recibir órdenes del Estado, sino que son sus dueños.
En tiempos malos que la evolución fascistizante del poder punitivo del Estado hace parecer mejores que los actuales, la disposición de peculio –dinero para gastos− para las personas presas ha sido una prestación a la que se obligaba por ley el Estado. Ya hemos visto que éste había hecho un intento de venderle su gestión a la banca y convertirla en negocio. Lo que pasa es que la administración penitenciaria parece estar contaminada hasta la médula de la depravada mentalidad carcelera. Como en el terreno sanitario, en que el Estado ha querido pasarles sus funciones a las comunidades autónomas sin aportar ni un céntimo y sin importarle provocar una verdadera catástrofe en la sanidad penitenciaria. Así es como la “clase política” más corrupta de Europa entiende la privatización de lo público: lo quieren todo para ellos. En lugar de ofrecer a los bancos un buen negocio, lo que pretenden es que se ocupen de cumplir gratis una parte de sus obligaciones. Pero ¡buenos son los bancos para dejarse chulear por los carceleros! ¡Para chulos, ellos!
El tema del peculio ya se había puesto difícil para la gente presa, sus familias y amistades, a consecuencia de las restricciones impuestas en 2010 por una instrucción de la SGIP, que convirtieron su gestión en “asunto de seguridad”, con la excusa de que se podía utilizar para mover o blanquear dinero del narcotráfico o de la “guerra santa”. Pero ya sabemos que los verdaderos traficantes y terroristas no van a la cárcel, sino que están en el mismo bando que los carceleros o, mejor dicho, éstos están a su servicio. Y, como pasa siempre, estas medidas de seguridad que en nada afectan realmente a las actividades que pretenden obstaculizar, terminan afectando a la población en general, especialmente a los pobres y rebeldes, trayendo un endurecimiento en las condiciones de control y dominación. En esta caso, desde el 2010, sólo podían ingresar dinero para la gente presa sus familares directos, su abogado y, muy excepcionalmente y, con un montón de trámites burocráticos y comprobaciones, personas que no sean familia “debidamente autorizadas”, en caso de que la persona presa no la tuviera.
Mientras el banco de Santander se hizo cargo de la gestión del peculio, los “funcionarios” de prisiones aprovecharon para ahorrarse un poco más de trabajo. Es proverbial que los boqueras son peritos en trabajar lo menos posible, haciendo que los presos o quien sea lo hagan en su lugar. Así que suprimieron las ventanillas de peculio en todas las prisiones. Y, ahora que sus jefes las quieren restablecer desde arriba, sus sindicatos corporativistas se resisten a ello, con la cantinela demagógica a la que nos tienen últimamente acostumbrados, con apoyo de sindicatos, partidos y medios de incomunicación, de que están agobiados de trabajo, que son pocos de plantilla, y que, entre otros cuentos, por eso les pegan los presos y es necesario que se les dé el estatuto de “agentes de la autoridad”, para poder acusar de “atentado” –con pena de hasta cuatro años− a las personas presas que se atrevan a denunciarles por sus abusos, y que les dejen disponer de sus “medios coercitivos” –cascos, escudos, porras, gases lacrimógenos…− con entera libertad.
Así pues, a pagar, los mismos de siempre. Ese ha sido, es y será, si no lo remediamos, el resultado de este “tira y afloja” entre la banca y el Estado: quienes salen perjudicados han de ser siempre las personas presas y su gente próxima. En esta ocasión, la solución buscada ha sido volver a convocar el “concurso público”, haciendo más atractivo el negocio para el banco correspondiente, al suprimir los servicios gratuitos que debían prestar a los “usuarios”, permitiéndole cobrarlos a precio de mercado. Precio que tendrán que pagar esos familiares para quienes los gastos ocasionados por el encierro de los suyos, agravados, entre otras medidas, por la dispersión y los viajes que tienen que hacer para comunicar, serán un factor añadido de debilitamiento económico y marginalización. Lo que quieren es que los presos se encuentren más y más desarraigados y abandonados en manos del Estado y de sus “funcionarios”, en mayor dependencia y vulnerabilidad.
Y de paso, a las restricciones introducidas por la instrucción 3/2010, que puso la gestión del peculio bajo el control de los subdirectores de seguridad, se añaden oficiosamente otras nuevas, como no podía ser menos. Hay mucha gente presa que lleva meses sin recibir un céntimo, porque no hay nadie autorizado para ingresárselo y la burocracia carcelera pone toda clase de obstáculos para lograr las autorizaciones, o porque los “equipos de seguridad” interpretan como les da la gana las nuevas circulares y no permiten, por ejemplo, a los abogados hacer los ingresos. Otro truco de los boqueras para resistirse a la apertura de ventanillas, único recurso que dejaría la burocracia carcelera para no tener que pagar mordida por hacerle llegar un poco de dinero a la persona querida sometida al castigo del Estado, es que el horario de ventanilla sea distinto del de comunicaciones, de manera que, para lograr el ingreso, hay que desplazarse una vez más hasta la cárcel, siempre alejada de la población más cercana y con medios de transporte muy deficientes.
¡EL PECULIO NO ES UN NEGOCIO, SINO UN DERECHO! ¡BASTA DE ABUSOS CONTRA LAS PERSONAS PRESAS!
Como consecuencia de las declaraciones realizadas por el Sr. Juan Carlos Navarro Pérez, director del Centro Penitenciario de Brians 1, el día 16 de mayo de 2017 en el marco del Grupo de Trabajo sobre el “Régimen de Aislamiento de los Departamentos Especiales de Régimen Cerrado – DERT” de la Comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña, el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona, emite el siguiente
COMUNICADO
El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona (OSPDH) es un Centro de Investigación Universitaria, dentro del cual se ejecuta el Sistema de Registro y Comunicación de la Violencia Institucional (SIRECOVI) en Convenio con el Consejo de los Ilustres Colegios de Abogados de Cataluña (CICAC) des del 1 de setiembre del 2016.
El desarrollo de este proyecto ha tenido como primeras consecuencias la denuncia, por parte del equipo de investigadores que lo integran, a distintas instancias y organismos oficiales, de presuntas situaciones de violencia institucional a personas privadas de libertad. En numerosos casos estas situaciones se han manifestado por parte de internos del centro penitenciario de Brians I, situación que, probablemente, ha provocado que su director fuera invitado a comparecer ante dicho Grupo de Trabajo.
En relación a las declaraciones que el Sr. Navarro ha realizado en dicha sede querríamos señalar:
PRIMERO. Minuto 01:10. “Cuando uno es sujeto de acusaciones graves, disponer del derecho a la defensa siempre está bien, por lo tanto, se lo agradezco”.
Este Grupo de Investigación no ha realizado ninguna acusación ni formal ni informal contra la persona del director de este centro penitenciario el señor Joan Carlos Navarro por ningún tipo de vía ni de medio, ni pública ni privadamente.
SEGUNDO. Minuto 12.33: “También he escuchado a un interno que decía que lo ponían inmovilizado a una cama sin colchón, que lo tiraban, que recibía malos tratos en esta situación de inmovilización, pues les tengo que decir que también es imposible. Hay cámaras que graban 24 horas de forma consecutiva, cualquier manipulación de las cámaras es muy sencilla de detectar, las imágenes grabadas se revisan y se guardan por tres meses a disposición de cualquiera autoridad que las pueda requerir, por lo tanto, es absolutamente imposible que en situación de inmovilización en cualquier celda de cualquier Departamento Especial de cualquier centro penitenciario de Cataluña ocurran cosas como esta”.
En el programa del 21 de mayo en Erre Que Erre (Radio Vallekas), vuelven a hacer hincapié en la propuesta de lucha iniciada por nuestros compañerxs presxs hace ya mas de un año. A continuación, hablan con la madre y la hermana de Luis Manuel Acedo Sáenz [ver noticia en Tokata], abandonado a la muerte en la prision de Picassent. Se lanza una convocatoria para concentrarnos con ellas, el sábado 27 de Mayo a las 11,30 en las puertas del centro de exterminio en Picassent, en memoria de Luis Manuel y tantos cientos de personas presxs abandonadas a su suerte y su enfermedad, dentro de las cárceles del eEstado.
¡¡NI OLVIDO NI PERDON POR LOS MUERTOS EN PRISION!!
¡¡PRESXS ENFERMXS A LA CALLE !!