Más información: tattoocircusmadrid.noblogs.org
Entrevista De Radio Sobre Este Tatto Circus En Cabezas De Tormenta
Categoría: <span>Actividad en la calle</span>
Lxs compañerxs de La Rebelión De Las Palabras difunden, traducida al castellano esta noticia recogida de A Irmandade da Costa, «nuevo blog anarquista que pretende centrar, que no limitar, su contenido, al contexto local y regional de A Coruña», informando de que «las tres personas que habían sido imputadas en el contexto de la marcha a la prisión de Teixeiro de 2013 por un forcejeo con los agentes de la Guardia Civil que comenzó por lanzar pirotecnia al aire con el fin de hacer ruido y llamar la atención de las personas presas, han recibido ya sus peticiones fiscales ante el juicio que tendrá lugar próximamente. Mientras que dos de esas personas recibieron peticiones fiscales inferiores a dos años, hay una tercera persona que arriesga hasta tres años de prisión, por lo que, en caso de que el juez o la jueza decidiese cumplir con los deseos de la fiscalía, esa persona ingresaría a la cárcel inmediatamente.»
Como dicen también en vozcomoarma.noblogs.org: «La represión no nos amedrentó entonces y no lo hará ahora. Fuerza y solidaridad para las tres compas encausadas por su participación en la XIII Marcha a la prisión de Teixeiro.»
Piden tres años de cárcel a quien convocó la XIII marcha a la cárcel de Teixeiro
Una petición fiscal de tres años de cárcel para la persona convocante y otras dos, una de año y ocho meses y otra de año y nueve meses, para dos de los participantes son el absurdo y desproporcionado saldo represivo de la XIII marcha a la Prisión de Teixeiro, sucedida en el 2013.
Aquel año, tras intentar la guardia civil identificar a unx de lxs participantes por lanzar los habituales cohetes con los que lxs manifestantes transmiten su solidaridad a lxs internxs (el ruido permite que lxs presxs se enteren de la protesta), se produjo un pequeño rifirrafe entre picoletos y manifestantes. El asunto no tuvo demasiada trascendencia, ya que ni siquiera hubo detenciones en el momento, y se limitó a un tira y afloja con lxs participantes para intentar que no identificaran al compañero en cuestión. Pues bien, pasados cuatro años de los sucesos llegan las peticiones fiscales para el inminente juicio, además de la imputación por el uso de los artefactos pirotécnicos y otra por supuestas lesiones a un picolo, ambas algo inferiores a dos años de prisión (por lo que no se entra en la cárcel a menos que se tengan antecedentes), y hasta aquí algo más o menos previsible, lo más sorprendente del caso es la petición fiscal de tres años de cárcel para una de las personas que había dado su DNI para convocar la marcha. Se amparan en el artículo legal previsto para manifestaciones en las que desde la organización se promueve el llevar armas o explosivos con el fin de organizar altercados, para, de este modo, poder sostener semejante petición fiscal desproporcionada (que, de ser convalidada por un juez, implicaría el inmediato ingreso en prisión).
Se da el caso de que esta no es la primera ocasión en la que se producen desproporcionadas actuaciones represivas contra los participantes en las anuales marchas a la Prisión de Teixeiro (que ya va por su decimoséptima entrega), pues parece ser que la delegación del gobierno mantiene un pulso con los manifestantes por acabar con semejante desfachatez como puede ser el mostrar solidaridad a las personas privadas de libertad. De esta forma en varias ocasiones se multó a todxs lxs participantes por no ser convocada la marcha; cuando las marchas empezaron a convocarse entonces sancionaron a los coches de los asistentes con absurdas multas de tráfico; se somete siempre a lxs solidarixs a desproporcionados y exhaustivos controles antiterroristas con registros de sus vehículos a cargo de picolos armados con subfusiles; y hasta llegaron a pinchar las ruedas de los coches de los manifestantes en una ocasión (más de veinte ruedas agujereadas de diecinueve coches)… y es que los caminos de la benemérita son inescrutables.
Seguiremos informando.
Análisis de las sesiones del juicio en Radio Onda Expansiva:
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JUICIO POR LA LUCHA CONTRA EL BULEVAR DE GAMONAL. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES TRAS LA DECLARACIÓN DE LOS POLICÍAS
El jueves pasado [9 de marzo)] pudimos asistir a las declaraciones de algunos de los policías que efectuaron las detenciones de los chicos procesados por los incidentes acaecidos en Gamonal. La vista se había suspendido el día anterior porque el jefe de uno de los grupos de policías había relatado como habían recibido información y descripciones de agentes de paisano, y que éstas habían sido claves para efectuar las detenciones de varias personas. Se tratarían de unas comunicaciones que podrían ser relevantes en la defensa de los acusados y de las que se desconocía su existencia.
El juez suspendió la vista hasta que se pudiera acreditar la existencia de las grabaciones con estas comunicaciones. El Cuerpo Nacional de Policía respondió que no tenía ningún tipo de prueba. Sin embargo, según lo testificado por este inspector, sí que se produjo dicha comunicación entre agentes uniformados y de paisano. Por lo tanto resulta muy sospechoso que una prueba que podría resultar clave en la absolución de los procesados, “casualmente”, ahora no aparece. Al no acreditarse la existencia de dicha prueba, el juicio se reanudó con la declaración de éste y otros policías.
Podemos decir que las declaraciones de estos agentes fueron un cúmulo de contradicciones y falsedades. Comenzaron una versión de su actuación en la que se aseguraba que habían detenido a una serie de personas que previamente habían atacado a la policía y provocado altercados. Para apuntalar su testimonio simplemente describen lo difícil que es su trabajo, o bien se arrogan la veracidad de sus versiones dado que como autoridades tienen más credibilidad que otros que no son agentes del orden. Y el resto del mundo debemos creerles. Ante las preguntas de la fiscalía los policías aparentan seguridad, relatan de forma breve como realizan las detenciones y justifican sus intervenciones con bastante aplomo.
A raíz de los hechos acaecidos el pasado 15 de octubre, de madrugada, en un bar de la localidad de Alsasua, once jóvenes de la localidad han sido imputados por actos de terrorismo y siete de ellos han sido encarcelados provisionalmente. Tras un mes en prisión, cuatro de ellos han sido puestos en libertad con cargos y tres siguen en la cárcel. Desde el compromiso por la convivencia, la libertad, la justicia y el respeto por los derechos humanos y los principios del Estado de Derecho, las personas abajo firmantes mostramos nuestra preocupación por el desarrollo de los acontecimientos en torno a este caso.
Consideramos fundamental que la sociedad, sus representantes institucionales, los medios de comunicación y el sistema judicial observen los criterios de cautela, ecuanimidad y proporcionalidad. En este sentido, debemos ser respetuosos con la presunción de inocencia y, por ello, mostramos nuestra preocupación por la publicación de las identidades de los jóvenes —dos de ellos menores de edad—, y por la forma en que se han producido las detenciones, sin citación judicial, en lugares y horarios públicos a pesar de haberse personado anteriormente y de forma voluntaria a declarar. Se les ha negado el derecho al Juez natural y, como han señalado reputados juristas, las garantías procesales (derecho a la defensa, individualización de las responsabilidades, interpretaciones no extensivas, proporcionalidad, no arbitrariedad…) han quedado en entredicho.
Por otra parte, mostramos nuestra preocupación por la calificación judicial de los hechos como delito de terrorismo. La falta de proporcionalidad y la interpretación extensiva vulneran las libertades, las garantías procesales y la seguridad jurídica que a todas las personas nos deben proteger. En este sentido queremos resaltar que los primeros informes policiales, redactados por la Policía Foral y la Guardia Civil, contradicen y rechazan la calificación de los hechos como delito de terrorismo.
Si nos atenemos a las consecuencias penales derivables de la calificación como acto de terrorismo, la privación de libertad entre 10 y 15 años, equivalente a la de un delito de homicidio, no resulta ajustada al grado de gravedad de las lesiones recogidas en los partes médicos. Debemos señalar el perjuicio irreparable que ocasionaría el cumplimiento de penas desproporcionadas en el futuro de estos jóvenes. Debemos subrayar la excepcionalidad de una medida cautelar como la prisión provisional. Preocupa su implementación en jóvenes que reiteradamente han demostrado su voluntad de personarse ante los juzgados. Entendemos el sentimiento de indefensión y desamparo que han mostrado las familias.
Por otra parte, durante el transcurso de estas semanas hemos asistido a un sobredimensionamiento mediático que ha distorsionado la imagen del municipio navarro dañándolo sobremanera, haciendo flaco favor a la convivencia.
Por todo ello, pedimos que imperen los principios de proporcionalidad, justicia y equidad, y requerimos la eliminación de la calificación penal como delito de terrorismo, la devolución de la competencia al Juzgado de Instrucción nº 3 de Pamplona, y la consiguiente puesta en libertad de los siete jóvenes.
A la vez, solicitamos a las autoridades competentes (Fiscalía General, Audiencia Nacional y Audiencia Provincial de Navarra) a que reconsideren sus actuaciones en el sentido mencionado y a las administraciones públicas, medios de comunicación, agentes sociales y políticos y a la sociedad en general que colaboren en la consecución de estas peticiones.
Las madres y padres de los imputados por el altercado en un bar de Altsasu, con el objetivo de aportar todos los datos e información, hemos creado esta pagina web donde podrás encontrar contenido relativo a este caso y buena muestra de toda la solidaridad que hemos recibido.
