El régimen penitenciario, basado principalmente en la búsqueda del orden y la seguridad dentro de las cárceles, ha concebido el primer grado —régimen cerrado—, tanto en la normativa como en su aplicación práctica, como un método para dar solución a los conflictos violentos. Ante la realización de actos violentos por la persona presa en cualquiera de sus formas (físicas contra otras personas —funcionarios, presos— o de presión contra la institución — actos de protesta y reivindicación frente a la vulneración de los derechos humanos básicos—), el sistema carcelario reacciona utilizando unos medios de control/represión basados en el confinamiento y control absoluto de los actos y decisiones de la persona presa. La amenaza latente de la regresión al primer grado posibilita disuadir a las personas de comportamientos violentos y de actos reivindicativos. Si la cárcel, para una parte de la sociedad, actúa preventivamente para disuadir al conjunto de los ciudadanos de la comisión de determinados actos, el primer grado es utilizado de forma similar como argumento disuasorio respecto de la población presa, lo que lo convierte, desde el punto de vista funcional, en una segunda cárcel situada en el interior de las prisiones. Es la cárcel dentro de la cárcel.
Las ponencias son de Julián Ríos Martín, profesor de Derecho Penal, y de Esteban Mestre, representante de España en el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) años 2002-2005
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