Diez meses lleva esperando el preso A.L.G.G., enfermo de hepatitis C en fase 4, a que el Sergas (el servicio de salud gallego) le proporcione tratamiento para su enfermedad. El hombre se encuentra recluido en el penitenciario de Pereiro de Aguiar y le restan 10 años de condena.
El tratamiento le fue solicitado en junio de 2015 por parte del especialista del CHUOU, Sanidad se lo niega obligándolo la que sea trasladado a una cárcel de Madrid para serle suministrado. Ahora, la Audiencia de Ourense obliga a la Xunta a proporcionar el tratamiento y señala en la sentencia que «no existe razón o excusa alguna que justifique que este paciente, por tratarse de un interno del centro penitenciario, y por este único motivo, no se le dispense igual tratamiento y asistencia médica que al resto de la población», como recoge el diario Faro de Vigo.
La decisión del tribunal, que podría ser recurrida ante el Supremo, se basa en el propio Reglamento de Instituciones Penitenciarias que obliga a garantizar «sin excepciones» a la población reclusa «una atención médico-sanitaria equivalente a la dispensada al conjunto de la población». En este sentido, «tendrán igualmente derecho a la prestación farmacéutica y a las prestaciones complementarias básicas que se deriven de esa atención».
Sin embargo, en Galicia no se está cumpliendo pues el Sergas se niega a financiar los tratamientos que entiende le corresponde asumir a Instituciones Penitenciarias, dependientes del Ministerio del Interior obligando la población reclusa a trasladarse a priones madrileñas para ser atendida. De hecho, una sentencia previa del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) fechada el 20 de mayo de 2015 obliga a la Sanidad gallega a suministrar los tratamientos exista o no un conflicto competencial con las autoridades españolas haciendo prevalecer el derecho a la atención sanitaria sobre el interés económico de la administración. La Xunta recurrió y hasta el momento continúa sin facilitar los fármacos a, cuando menos, 165 personas reclusas en cárceles gallegas que precisan tratamiento inmediato de hepatitis C de las 654 enfermas que desarrollan la enfermedad.
Las cifras fueron suministradas por el Fiscal Superior de Galicia el pasado año después de serle requeridas por la Plataforma de personas afectadas por hepatitis C pues el gobierno gallego se niega a informar de la situación de esta enfermedad en las cárceles y de las medidas que está adoptando para atajarla. En este sentido, a pesar de que el Parlamento instó la Xunta por unanimidad en varias ocasiones a tratar «sin más dilación» a población reclusa, hasta el momento «la Consellería no hizo nada para dar cumplimiento a ese acuerdo», denunció la plataforma. En mayo de 2015 la Cámara instó al gobierno a reclamar las competencias sanitarias para hacerse cargo de ellas también en las prisiones. De igual manera esto no aconteció.
Asimismo, Sanidad lleva desde septiembre de 2015 sin suministrar los datos requeridos por la Defensora del pueblo a este respecto.
Después de la denuncia presentada por la Fiscalía en la que señala que la Xunta podría haber cometido un delito de homicidio «por imprudencia grave» en la muerte de 6 enfermos de hepatitis C a los que les fue negado o demorado el tratamiento, la situación que afecta a la población reclusa vuelve a poner en el foco de atención el proceder del gobierno gallego a respecto de este colectivo que, por otro lado, tiene un índice de infección mucho mayor que el de la población en libertad. Así, segun los datos manejados por la Plataforma, una de cada cinco personas encarceladas está afectada por el VHC (hepatitis C). Una estadística que supera 13 veces elratio que afecta a la población no recluida (1,6%). Además, muchas de las personas contagiadas desarrollan también otras enfermedadess de manera pareja, entre ellas el VIH/SIDA.
Cabe recordar que en enero de 2016 el Observatorio de derechos y libertades, ESCULCA, advirtió de la muerte de un preso de Teixeiro que no había recibido tratamiento para la hepatitis.
Información tomada de Sermos Galiza
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