¡Personas Presas Con Enfermedad Mental Fuera De Prisión!

La sexta reivindicación de la tabla de 14 puntos que están defendiendo lxs presxs en lucha desde hace cuatro años dice así: «Respecto a lxs enfermxs mentales, exigimos que se les trate adecuadamente en lugares apropiados para ello y no en las cárceles, y mucho menos en régimen cerrado o en aislamiento. Nosotrxs, como presxs en lucha, nos comprometemos a velar por todxs ellxs. No permitiremos que se les torture ni que se haga negocio con ellxs.» Una reivindicación olvidada al principio por las organizaciones que demandan desde la «sociedad civil» excarcelación de presos enfermos y ancianos, preventivos, gente que está a punto de cumplir su condena, etc. Vicent Almela ha publicado en la web de La Directa el siguiente artículo, que traducimos al castellano, sobre la situación de las personas con enfermedad mental que están en la cárcel, con participación de algunos «expertos», de gente solidaria que desde el principio está intentando señalar ese olvido, como Gonzalo Tejerina, y, sobre todo, de una persona directamente afectada, el compañero José Antonio López Cabrera, y de la hermana de otro compañero que está sufriendo ahora mismo el problema.

EL TRASTORNO MENTAL, UN MURO MÁS DENTRO DE LA CÁRCEL

Alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno mental, la mayoría derivados de haber vivido situaciones traumáticas durante la infancia, o en la misma prisión, o del uso abusivo o la adicción a sustancias, según expertas en el campo de la psiquiatría. Familiares, médicos, psiquiatras y los mismos presos solicitan ser tratados en entornos terapéuticos fuera de las cárceles, y que se acabe con la «sobremedicación».

El pasado viernes 17 de abril un preso de 27 años con antecedentes psiquiátricos empezaba a crear disturbios en el patio del módulo 14 del centro penitenciario de Brians 2, en Sant Esteve de Sesrovires. Según fuentes penitenciarias, el joven estaba muy nervioso, rompió parte del mobiliario y agredió a otros internos. Varios funcionarios del centro lo redujeron por la fuerza «con mucha violencia», según han explicado a la Directa algunos presos que presenciaron la escena, y lo trasladaron al área de salud mental del centro penitenciario. Allí, por orden del médico de guardia, fue inmovilizado en una sala de contención mecánica –una práctica denunciada por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT), multitud de entidades en defensa por los derechos humanos y el propio Consejo de Europa–, sufrió un paro cardíaco y murió. Hacía dos días que esta persona había salido de la Unidad de Psiquiatría de Brians 1 y, previamente, ya había entrado en prisión y había sido considerado «inimputable» por un juez debido a sus problemas de salud mental. Ahora, otro magistrado ha abierto diligencias para investigar las causas de la muerte, y desde el Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona han presentado una denuncia ante el Síndic de Greuges para que investigue lo que pasó realmente.

Desde que se declaró la situación de emergencia por el Covid-19 el pasado 14 de marzo, en las cárceles catalanas han muerto siete personas, tres de ellas por suicidio. Según fuentes del Departamento de Justicia, se estima que actualmente la mitad de los presos tienen problemas de salud mental y un 25% presenta una patología dual (convergencia entre una adicción y un trastorno). Según afirman fuentes de este mismo departamento, el 33% de la población penitenciaria de Cataluña presenta problemas de drogodependencias en la cárcel.

Para tratar a las personas presas con trastornos mentales, en 2018, la Generalitat aumentó un 60% el presupuesto y se instauraron equipos de salud mental permanente, con psiquiatra, psicólogo clínico, enfermeros especializados y terapeutas ocupacionales, en todas las cárceles catalanas. Desde 2003, en el centro penitenciario de Brians I existe la Unidad de Hospitalización Psiquiátrica (UHPP) de Cataluña, a donde se traslada a todos los internos con trastornos mentales agudos. Esta unidad cuenta con una capacidad para 62 pacientes, para atender una población penitenciaria que ronda las 8.000 personas. Actualmente, hay 37 personas ingresadas con trastornos mentales graves.

En las cárceles españolas, según reconocía el año pasado el Ministerio del Interior español, en respuesta a una pregunta parlamentaria efectuada por el senador de EH Bildu Jon Iñarritu, «no existen salas específicas para albergar a las personas con enfermedades mentales». Por lo tanto, estas personas o bien están ingresadas en los módulos ordinarios o en las unidades de enfermería de los centros. Según fuentes ministeriales, sólo el 4,2% de la población reclusa presenta algún tipo de Trastorno Mental Grave (TMG), unos datos que son cuestionados por expertos en el campo de la psiquiatría y la medicina, por familiares y por las mismas personas presas.

Pau Pérez Sales, psiquiatra del hospital La Paz (Madrid), técnico del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) y director de la red SIRA, Considera que el dato que da el Ministerio del Interior «no refleja en absoluto la realidad en las cárceles», ya que, según explica, se estima que alrededor del 40% de la población penitenciaria padece algún tipo de trastorno. «Es cierto que desde 2011 existe el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM), pero, como no está supervisado, cada cárcel lo aplica de una manera diferente, dependiendo de la dirección, y sólo se incluye en él a personas con algún tipo de trastorno psicótico». Actualmente, Instituciones Penitenciarias sólo cuenta con seis psiquiatras para atender a una población penitenciaria de alrededor de 58.000 personas, una ratio que Pérez considera «completamente insuficiente», y que provoca que algunas cárceles tengan que contratar psiquiatras privados para que visiten a los internos: «este psiquiatra va una vez al mes y sólo le puede dedicar diez minutos a cada paciente, así que lo único que hace es recetar psicofármacos para que los presos estén calmados, aturdidos, y que haya los mínimos problemas de orden posibles en el centro.»

Según Pérez, es importante definir qué consideramos como trastorno mental grave: «si sólo consideramos como trastornos mentales agudos la esquizofrenia y el trastorno bipolar, las cifras serían muy bajas, entre un 6 y un 7% en las cárceles, pero la realidad nos dice que hay muchos otros tipos de trastornos que pueden conducir a una persona a la autolesión o el suicidio». El psiquiatra explica que, cuando esto ocurre, los profesionales de la salud mental en las prisiones lo atribuyen a trastornos de personalidad, y normalmente estos internos son sancionados y castigados mediante el aislamiento, la contención mecánica o la prohibición de tener permisos o comunicaciones, «en lugar de ser escuchados y tratados de una forma respetuosa y adecuada al momento que están pasando.»

«En las cárceles hay personas que se han criado en entornos muy complicados y con mucha violencia, y muchas veces estas personas presentan una gran fragilidad emocional, lo que hace que cualquier cambio en sus vidas les desborde emocionalmente y no sepan cómo gestionarlo», explica el médico. Además, con el estado de alarma generado por el Covid-19 se han suprimido desde hace dos meses los vis a vis y las comunicaciones por locutorio entre las personas presas y sus familias. «Los efectos pueden ser muy graves, ya que harán que aumente aún la irritabilidad, el malestar y la inestabilidad emocional de las personas presas. Esto provocará conflictos y, por tanto, más sanciones y castigos hacia ellas». Pérez concluye que el estado de la salud mental en las prisiones dependerá mucho de los recursos que se inviertan y la voluntad política para mejorarlo, que “de momento, es nula, lo que hace que estas personas estén completamente abandonadas.»

Veinte pastillas al día

Para José Antonio López Cabrera, «hay una dejadez total y mucha mala praxis». Habla desde la experiencia, en primera persona, después de haber pasado 30 años privado de libertad en diferentes cárceles catalanas. Ingresó por primera vez con diecisiete años en la Modelo, en 1984, por atracar bancos, y, en ese momento, sufría problemas de adicción a algunas sustancias. «Ya venía con muchos traumas de la infancia, y ahora, después de pagar 30 años, te puedes imaginar cuántos trastornos más he acumulado dentro de la prisión», relata. Según López Cabrera, cuando se cerraron los «manicomios», en 1986, las cárceles se llenaron de personas con enfermedades mentales. «Las personas con trastornos mentales deberían ser tratadas en un centro terapéutico, no en una prisión, y menos aún ser sometidos al castigo y a la violencia por parte de los funcionarios», razona.

«Yo, por ejemplo, nunca había sido diagnosticado antes de entrar, pero en la Modelo me empezaron a medicar desde el primer día, así que me he hecho adicto a la medicación en la cárcel, porque antes no tomaba», explica el preso. En su opinión, «lo que quieren es anularte como persona. En teoría, tienes que tomar la medicación que te corresponde ante el funcionario, pero muchos presos la esconden en la boca o en la mano y luego hacen mercadeo o la venden en el módulo. Como han guardado las pastillas en la boca, a menudo, así se transmiten también muchas enfermedades. Yo, ha habido días en que me he llegado a tomar más de veinte pastillas, iba completamente zombi y no me enteraba de nada», explica.

De los 30 años que ha pasado preso, la mitad ha estado en departamentos de aislamiento, sin contacto con otros internos y sólo con dos horas de patio al día, un estado que «te destruye» y «te va dejando secuelas mentales», que pueden acabar en brotes psicóticos u otros trastornos. «Yo me he mutilado partes del cuerpo y me he autolesionado para conseguir que me sacaran de aislamiento y poder hablar con alguien. Llegas hasta puntos que no te puedes ni imaginar», relata el ex preso. «En las cárceles todo es miseria, y tampoco tienes ninguna clase de relación afectiva. Cuando me dieron el primer abrazo, al salir, me puse a temblar… Cuando una persona está mal psicológicamente, necesita afecto y en la cárcel eso no existe. Porque si muestras debilidad, se te comen.»

La ficha médica de López Cabrera, que hace llegar a la Directa con la voluntad de que se publique, muestra el historial de medicamentos que tenía recetados durante su paso por prisión. Además de los derivados de opiáceos, que normalmente se prescriben a personas con problemas de adicciones a este tipo de sustancias, también se le dispensaban tratamientos con antipsicóticos, ansiolíticos y antidepresivos. Según explica Tere Borrás, experta en adicciones, psiquiatra y educadora social, «los tratamientos con benzodiazepinas, a largo plazo, pueden generar dependencia de la medicación», y considera que «estas personas que presentan cuadros similares, en la cárcel deberían recibir, además de la atención sanitaria y psicofarmacológica adecuada, mucha más atención psicosocial». Borrás considera que a pesar de que en las cárceles catalanas últimamente se están invirtiendo más recursos, pero siguen siendo insuficientes: «normalmente aquí también se acaban haciendo intervenciones muy simplificadoras de un problema muy complejo que, en muchos casos, no acaban teniendo ningún tipo de capacidad de rehabilitación para las personas presas.»

Ahora, después de cinco años en la calle, López Cabrera explica que sigue enganchado al Tranxilium y al Tramadol: «la mezcla de estos dos medicamentos hace que pueda hablar ahora contigo, si no, estaría con una depresión de caballo. A veces, he intentado dejarlo, pero no puedo… Yo ahora estoy fuera, pero en realidad sigo preso: pegado a la televisión todo el día, casi siempre deprimido, sin ganas de nada, tomando medicación a diario para poderme levantar de la cama… que me digan a mí, quién paga 30 años de condena en cualquier prisión y sale bien mentalmente».

Se exigen medidas urgentes

El hermano de Bienve Peña, que forma parte de la asociación Familias de Presos en Cataluña, entró en la Modelo hace siete años, condenado por un atraco de un supermercado por problemas con las drogas. Pocos meses después de su ingreso, sufría una sobredosis dentro de la cárcel, entraba en parada cardíaca y en estado de coma. Desde ese momento, está diagnosticado con amnesia anterógrada, y no recuerda, a corto plazo, nada de lo que le pasa: «Le dices cualquier cosa y al momento ya lo ha olvidado». Actualmente, el hermano de Bienve, del cual ella es la tutora legal, tiene una incapacidad total para trabajar reconocida por la administración, lo que le supone una pensión. «Tenemos el informe de neurología del hospital penitenciario de Terrassa que indica esta afectación mental, y sin embargo la responsable de medicina de Brians sigue pensando que él tiene que estar en un módulo ordinario». Peña explica que su hermano se siente muy inseguro cada vez que hay cambios en su vida, por lo tanto, que el cambien de módulo frecuentemente no ayuda. «Tiene que apuntarse en la mano el número de celda, porque no recuerda dónde tiene que volver después de la comunicación y, cuando ha venido a casa de permiso, no sabe ni cuál es su habitación».

Peña también se queja de que «algunos funcionarios se ríen de él y dicen que hace comedia, y otros presos aprovechan de que no recuerda las cosas para coaccionarle y pedirle dinero que, según ellos, les debía». También comenta que es la trabajadora social la que debe gestionar y pedir los vis a vis y los permisos, «porque él no recuerda nada». Con la situación de emergencia por el coronavirus dentro de los centros penitenciarios «está más nervioso, porque ve a la gente con mascarilla en el módulo y no entiende nada. Llama muy preocupado por nosotros, le explicamos y, al momento, vuelve a preguntar lo mismo». Aparte, según explica Peña, su hermano es una persona en una situación muy vulnerable ante el virus, ya que desde que sufrió la parada respiratoria tiene afectados los pulmones y el hígado: «en la cárcel está empeorando cada vez más, tanto mentalmente como físicamente. Una persona como él debería ser tratada en un centro especializado, que con toda seguridad no es el módulo ordinario de una cárcel.»

Con todo, hace seis meses que Bienve Peña no puede ver a su hermano porque le sancionaron sin vis a vis y comunicaciones por motivos disciplinarios. A pesar de haber cumplido prácticamente el total de la pena –siete de ocho años– aún no disfruta del tercer grado. «¿Crees que es normal que una persona en su estado pague los ochos año íntegros por robar un supermercado?» Se pregunta. «Yo me siento impotente, hace muchos años que lucho, he hablado con mucha gente, pero no he conseguido nada. Lo único que sé seguro es que mi hermano entró en prisión como una persona dependiente de las drogas, y ahora saldrá como una persona completamente dependiente de otra persona.»

Precisamente, una de las catorce reivindicaciones del grupo de presos en lucha activa dentro de las cárceles del estado es pedir la excarcelación de las personas presas con enfermedades mentales, o al menos que no se les apliquen sanciones ni castigos como el aislamiento o el régimen cerrado. Por otra parte, desde colectivos como Oteando o Solidarios de la Sanidad, se está intentando seguir una triple estrategia para visibilizar la situación de las personas con problemas de salud mental en los centros penitenciarios. Según explica Gonzalo Tejerina, médico y miembro de estos dos colectivos: «Por un lado, hemos enviado un escrito al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que se tenga en cuenta a los enfermos mentales en las excarcelaciones que se están reclamando para reducir el impacto del coronavirus en los centros penitenciarios». Por otra, «estamos presionando para que, desde el campo de la psiquiatría española, se pronuncien respecto a las cárceles, ya que siempre son los espacios más olvidados desde esta disciplina». Y, por último, «nos queremos reunir con el Consejo General de la Abogacía Española para abordar la necesidad de tratar el tema de salud mental en las prisiones como un derecho sanitario, y no de seguridad, como hasta ahora, que depende del Ministerio del interior». Según Tejerina, «queda mucho camino por recorrer si queremos atender estas realidades de una forma mínimamente respetuosa, y está claro que las cárceles no son el espacio adecuado para hacerlo».