Basta de ensañamiento contra Georges Cipriani y Jean-Marc Rouillan
Este mes de marzo que termina venía cargado de una esperanza relativa para quienes forman los comités de apoyo a Georges Cipriani y Jean-Marc Rouillan. La cosa empieza mal. La fiscalía de París ha recurrido contra la decisión del tribunal de aplicación de penas que concedía ayer la libertad condicional a Georges Cipriani. La suerte de Jean-Marc Rouillan se decidirà el 31 de marzo.
Parece que la SGIP y la Sociedad estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP) creada en 1992 para llevar a la práctica el «Plan de Amortización y Construcción de centros Penitenciarios» del 91, configurando “un mapa penitenciario moderno y funcional”, están cumpliendo al menos una parte de sus objetivos: la cifra de personas encarceladas siempre va por delante de la de plazas individuales disponibles en las cárceles -y siempre irá, al paso que vamos, pero el hacinamiento no es más que un aspecto de la catástrofe penitenciaria que se trata de administrar-, sin embargo, los “centros tipo” que la citada sociedad estatal se ha especializado en construir se extienden cada vez más por el territorio dominado por el Estado español. Han conseguido implantar la macrocárcel modular, eficaz máquina de control, deshumanización y exterminio, como pieza indispensable del régimen totalitario de dominación y explotación que produce y reproduce en nuestras vidas las condiciones del “devenir mundo de la mercancía que es también devenir mercancía del mundo”.
Según http://www.cuartopoder.es/terramedia/, al menos 14 muertos y decenas de heridos, muchos de ellos de bala, sería el resultado de un motín registrado la semana pasada en la prisión de Ghezal Hesar, una de las más importantes de la República Islámica de Irán. Tal y como informan diferentes organizaciones humanitarias, entre ellas Amnistía Internacional, durante la noche del pasado martes y la mañana del miércoles, varios miles de presos se amotinaron en protesta por el traslado de una decena de compañeros condenados a muerte para su inminente ejecución.
No es nada nuevo que en las cárceles se torture. Lo nuevo es que alguien lo grabe y lo difunda dejando claras las circunstancias que se viven dentro. Cualquiera que no haya pensado nunca en la cárcel y su función en nuestra sociedad puede creer que reinserta. Pero sólo por un momento, porque rápidamente cualquiera se da cuenta, de forma reflexiva o no, que eso es un argumento del todo delirante. Un argumento para tranquilizar conciencias, todo hay que decirlo, poco conscientes. Pero a la que unx reflexiona un poquito toda esa parafernalia de la reinserción se derrumba. Las únicas funciones de la cárcel son castigar a lxs que transgredieron las reglas que unos cuantos han tejido para mantener un orden social basado en la desigualdad, y advertir a el/la que todavía no lo ha hecho qué le espera si lo hace.
A sus 73 años, Luís Dalmau Albert ingresaba en el Centro Penitenciario Lledoners de Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona, por un delito fiscal cometido hace ahora 16 años. Sus últimos meses de vida han sido un auténtico calvario por las condiciones de salud en las que ingresó casi dos décadas después de haber cometido el delito: diabético, con cuatro bypass, sordo y enfermo de Alzheimer.
El jueves 24 de marzo, a las 19,30, habrá una charla de Manuel Pinteño en Santiago de Compostela, Biblioteca Anarquista Ghavilla, rúa Ponte da Raiña nº8. El viernes 25 de marzo se iba a haber otra en la Cas das Atochas, pero esta casa se encuentra seriamente amenazada de desalojo pues una juez ha dictado una orden en ese sentido. Por eso, la charla de Coruña será en el CSA Atreu, rúa Sam Jose, 2 baixo.
http://www.casadasatochas.info/
Según El País, la consejera de Salud [de la Junta de Andalucía], María Jesús Montero, ha anunciado este miércoles que su departamento, en coordinación con Instituciones Penitenciarias, implantará la telemedicina en las cárceles andaluzas, una medida con la que se pretende «mejorar a atención sanitaria de la población reclusa» y en respuesta, ha admitido, «a que en muchas ocasiones tienen dificultades para poder asistir a las citas previstas en los centros hospitalarios por la falta de suficientes efectivos policiales«.
La ley de Violencia de Género de 2004 (en adelante LOVG) fue aprobada por unanimidad en un parlamento mayoritariamente masculino (solo el 36% de los parlamentarios eran mujeres). La anuencia general que ha tenido esta legislación expresa su importancia capital para el Estado y la sitúa en la misma categoría que las directrices fundamentales del sistema como lo es la Constitución de 1978.
Un funcionario de la cárcel de Palma, que trabajó como encargado de la enfermería del centro penitenciario, ha sido sancionado con un año y tres meses de suspensión de empleo y sueldo por haber esposado, sin motivo, a un recluso de la prisión que él consideraba conflictivo. Esta sanción fue impuesta por el secretario de Estado de Seguridad, decisión que ha sido ahora ratificada por el Tribunal Supremo, que ha decidido desestimar el recurso del funcionario.
