Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

Según El País, «Con la obra ya casi terminada, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno central al desestimar el recurso de la Diputación de Álava que buscaba paralizar la construcción de la futura cárcel de Zaballa en el término municipal de Iruña de Oca.

La institución foral había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 2008, que eximió al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental. El Supremo dictamina que, a pesar de que el procedimiento no fue el «más adecuado», sí se ha cumplido «con la exigencia comunitaria de una adecuada evaluación ambiental».

Aproximación crítica al concepto de marginación social

La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la pobreza fundamentalmente en una historia personal, antepone las experiencias vitales que conducen a situaciones de exclusión a las explicaciones que, por el contrario, observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad.

El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas, que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.

Estoy leyendo el periódico Odiel de Huelva, y me alegra ver que el Sr. Don Javier Barrero, se implica en mi caso, y que aboga por que me sea concedido un indulto a mi persona, cosa que le agradezco de todo corazón [ver noticia].

El día 17 de Mayo José Medina Lomas ha inició una Huelga de hambre que fue comunicada así como los motivos de la misma a la prisión, S.G.I.P., D.P.A. y JVP. Los motivos por los que se ve obligado a tomar esta medida son: la continua desasistencia médica y la fuerte represión regimental a la que se ve sometido.

Se trata al menos del quinto preso que ha fallecido en poco más de un año en Puerto 3 en extrañas circunstancias. La cuenta se abrió en febrero de 2010 cuando un interno murió al parecer aplastado por la puerta de su celda, al fallar el mecanismo y aprisionarle el tórax. En mayo, otro apareció ahorcado y con las venas cortadas en el interior de su celda. En julio, otro presidiario era hallado cadáver, según los primeros indicios, por una sobredosis de droga. Y en diciembre, otro apareció ahorcado en su celda.

El pasado 31 de mayo estaba previsto celebrar la vista del juicio de faltas 257/2009, instruido por el juzgado número uno de Betanzos y tramitado a raíz  de una querella presentada por Esculca contra funcionarios del Centro Penitenciario de Teixeiro por posibles malos tratos a presos de la segunda y tercera galería.

Según www.eluniversal.com: «Una investigación sobre la Ley Arizona encontró nexos entre empresas que administran penales en Estados Unidos y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada». «La especialista en temas migratorios Andrea Nill explicó que el ingreso de cientos de indocumentados a prisión generaría ganancias millonarias a Corrections Corporation of America (CCA), el consorcio que opera 65 cárceles y centros de detención de migrantes. Por estos últimos obtuvo ganancias de 74 millones de dólares en 2010».

Florida le abrió las puertas a uno de los mayores programas de privatización de prisiones en la historia de Estados Unidos, en momentos en que el estado busca reducir los costos de mantener a más de 100.000 personas tras las rejas.