Empresas Privadas Que Explotan Los Centros De Detención De Inmigrantes En Estados Unidos Presionan Para Que Se Endurezcan Las Leyes En Beneficio De Su Negocio

Según www.eluniversal.com: «Una investigación sobre la Ley Arizona encontró nexos entre empresas que administran penales en Estados Unidos y personajes que impulsan iniciativas para criminalizar la migración indocumentada». «La especialista en temas migratorios Andrea Nill explicó que el ingreso de cientos de indocumentados a prisión generaría ganancias millonarias a Corrections Corporation of America (CCA), el consorcio que opera 65 cárceles y centros de detención de migrantes. Por estos últimos obtuvo ganancias de 74 millones de dólares en 2010».

«El año pasado el Center for American Progress inició una investigación sobre la llamada Ley Arizona, con la participación de expertos como Andrea Nill.

En el informe final se concluyó que detrás de la norma de corte racista y discriminatoria no sólo había un propósito de política migratoria.

A partir de la información recabada, Andrea Nill tiene claro que el objetivo del grupo que opera los penales, al promover leyes antimigrantes, es evidente: “Es una corporación de prisiones privadas a la que le interesa este sistema que le permita tener más prisioneros, más inmigrantes indocumentados en sus prisiones, lo que leyes como la SB1070 permitirían”.

El estudio documentó también que la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, tenía como colaboradores de campaña y en su administración a personas ligadas a la CCA, quienes presuntamente habrían influido en su decisión de aceptar la ley SB1070, como Pablo Senseman y Chuck Coughlin, identificados como cabilderos o gestores de la corporación carcelaria.

La iniciativa, promulgada en abril de 2010, convierte en delito estatal la estancia ilegal en ese estado y obliga a los agentes policiales a interrogar a cualquier persona sobre su situación migratoria, tan sólo por la sospecha de que sea un residente ilegal.

Antes de que entraran en vigor, las partes más polémicas de la ley fueron suspendidas en julio por la juez federal Susan Bolton. El proceso se desahoga en una corte de apelaciones.»

Más información: http://diariosandiego.com; http://www.laprensasa.com.

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