Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

En este trabajo se revisa la evolución cuantitativa de la población carcelaria en España para el período 1975-2007. Posteriormente se ofrece la explicación más extendida en España para la multiplicación de personas privadas de libertad: la introducción del Código Penal de 1995. Una vez expuestas las limitaciones que el autor percibe en este enfoque, se propone comprender el castigo como una institución social, abierto a procesos más amplios que los que acontecen dentro del sistema penal, para poder seguir avanzando en el estudio del incremento de presos.

Leer: Aumento de presos y Código Penal. Una explicación insuficiente..

La Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura (CPDT), “una plataforma integrada por organizaciones de lucha contra la tortura y la defensa de los derechos humanos agrupadas con el objetivo principal de velar por la aplicación y el seguimiento de los mecanismos internacionales de prevención de la tortura en el Estado español»,  ha presentado hoy, por séptimo año consecutivo, su informe sobre la situación de la tortura en ese Estado. En él se recogen 251 situaciones de agresiones y/o malos tratos por parte de los agentes del Estado español contra 540 personas: 21 casos con 57 denunciantes entre personas sometidas a detención en régimen de incomunicación; 41 casos con 200 denunciantes entre personas que participaban en movilizaciones sociales; 60 casos con 120 denunciantes entre personas migrantes, tanto en centros de internamiento como en la vía pública; 78 casos con 85 denunciantes entre personas presas; 8 casos y doce denunciantes menores de edad, y 54 casos y 77 denunciantes en otras situaciones. Así como 52 casos de personas muertas mientras se hallaban bajo custodia: 52 en las cárceles, 1 niño preso y 6 personas más en manos de los diferentes cuerpos de policía.

Informe CPDT 2010: resúmen; completo..

Según Europa press: «Uno de cada diez presos que hay en España (10 por ciento) sufre un trastorno mental, si bien no se incluyen las adicciones a las drogas o de cualquier otro tipo, por lo que el porcentaje de reclusos con alguna patología mental es mucho más elevado, según ha señalado el vicepresidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal, Alfredo Calcedo.

Entrevista realizada por AFAPREMA

Desde 1988 Salhaketa Nafarroa viene trabajando en Navarra por la defensa de los derechos de los presos y sus familiares. Grandes hitos de los que nos hemos beneficiado todos, marcan su historia más reciente: la consecución de la primera sentencia en España que obligaba a una prisión a realizar intercambio de jeringuillas para prevenir el contagio del VIH, por ejemplo. O la ubicación en el mapa de los módulos FIES (Ficheros de Internos de Especial Seguimiento) dando a conocer lo que hasta ese momento era una parte oscura de las cárceles españolas… De ellos queremos aprender el resto de asociaciones de familiares de presos, y de su dedicación por hacer llegar a la sociedad la realidad de nuestras cárceles, de las personas que trabajan y viven en ella, y de los sentimientos y dificultades que produce en sus familiares y amigos. Sus recientes jornadas sobre la nueva macro cárcel que se abrirá en Pamplona, reunieron a numerosas organizaciones que acudieron a esta interesante convocatoria. Quisimos saber qué conclusiones se extrajeron durante estos días.

Una delegación de este organismo europeo se encuentra en España para comprobar si en las cárceles y comisarías de Madrid, Cataluña, País Vasco y Andalucía se cometen abusos con los presos.

Según El Ideal, el interno fallecido compartía celda con otro preso, que ha manifestado a los funcionarios que no notó nada raro durante la noche.

Según El País, «Con la obra ya casi terminada, el Tribunal Supremo ha dado la razón al Gobierno central al desestimar el recurso de la Diputación de Álava que buscaba paralizar la construcción de la futura cárcel de Zaballa en el término municipal de Iruña de Oca.

La institución foral había interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el acuerdo del Consejo de Ministros del 28 de noviembre de 2008, que eximió al proyecto del trámite de evaluación de impacto ambiental. El Supremo dictamina que, a pesar de que el procedimiento no fue el «más adecuado», sí se ha cumplido «con la exigencia comunitaria de una adecuada evaluación ambiental».

Aproximación crítica al concepto de marginación social

La marginación social, o como se considera políticamente correcto de unos años a ahora, exclusión social (ya que así nos ahorramos términos mas incómodos como pobreza, explotación, desigualdad social, etc.). La definición de exclusión social, la cual cuenta con un amplio consenso político, mediático, sociológico y de los profesionales del campo social, encuadra la pobreza fundamentalmente en una historia personal, antepone las experiencias vitales que conducen a situaciones de exclusión a las explicaciones que, por el contrario, observan claramente que la misma es consecuencia de un modelo económico (capitalismo) que genera, por su propia naturaleza, pobreza y desigualdad.

El Constitucional ha dicho basta. La corte ha abierto un conflicto institucional nada menos que con el magistrado central de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el juez que supervisa el cumplimiento de penas de todos los terroristas, grandes narcotraficantes y menores de todo el país. La situación es tan tensa que el Constitucional, sin paños calientes, acusa por escrito de insumisión al magistrado José Luis Castro Antonio, quien desde hace cinco años -asegura el tribunal- se niega por sistema a seguir sus órdenes para que razone y argumente sus respuestas a las quejas de los reclusos terroristas, que invocan la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva.