Azadi llegó a Grecia en agosto de 2012, procedente del Kurdistán sirio. Los ruegos de su padre y la muerte de uno de sus amigos le convencieron para abandonar su tierra. Sin haber podido registrar su solicitud de asilo, fue detenido en Atenas por poseer documentación falsa (un pasaporte italiano que le había permitido cruzar la frontera). Tras dos interminables meses rebotando por distintas comisarías fue internado en el centro de Corinto a la espera de su supuesta deportación. En la práctica, no se repatría a los inmigrantes encarcelados debido a la situación de conflicto en la que se encuentran sus países de origen o a la imposibilidad de establecer con certeza su nacionalidad.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Dedicado a tod@s l@s que día a día se enfrentan con uñas y garras contra cualquier verdugo
Un escalofrío de odio recorre mi cuerpo, impregna mi alma. Pero no siento miedo, es curioso, lo único que me produce son ganas de matar.
Cuchillo en mano me dirijo a él.
Él no es nadie en concreto, no tiene nombre ni apellidos, podemos llamarle verdugo.
Mi odio se vuelca contra un amplio colectivo ¡demasiado amplio!
Necesito más odio, más rencor en mi cuerpo para acabar con tod@s ell@s.
Debido a cambios en el Código Penal, que han endurecido las penas y aumentado la lista de conductas castigadas, en los últimos años ha habido un incremento de la población penitenciaria. Actualmente hay 133 internos por cada 100.000 habitantes en Catalunya (datos del marzo del 2013), siendo el porcentaje de mujeres presas uno de los más altos de la Unión Europea (7% del total), de las que un 2,2% conviven con los hijos menores de 3 años en situación conjunta de prisión en régimen ordinario (1). Según datos del Informe del 2006 del Defensor del Pueblo Andaluz (2), por la franja de edad y la procedencia social, el 85% de las mujeres privadas de libertad entrevistadas tenían hijos. En el cumplimiento de la pena, un número muy elevado de menores quedan con cargo a familiares, dados en adopción o llevados a casas de acogida. La situación de la destrucción de los lazos familiares es grave puesto que tan sólo el 5% de las criaturas de las presas continúan en el hogar tras la sentencia de la madre (3).
El sistema informático de las tarjetas para el economato de la prisión de Navalcarnero provocó este miércoles, al estar en mantenimiento por espacio de varias horas, un plante de presos y una amenaza de motín en al menos dos módulos de la cárcel.
Los presos no pudieron comprar alimentos hasta las 19.00 horas, lo que provocó escenas de «verdadera tensión», según fuentes carcelarias que cristalizaron en dos conatos de plante en los módulos 4 y 6. Por suerte, la sangre no llegó al río y la dirección de la prisión decidió tomar nota manual de lo que los reclusos deseaban consumir, fiándoles lo que querían comprar.
Cuando la familia de M.A.G consiguió que se iniciaran los trámites para que la Junta de Tratamiento le diera la libertad condicional, ya era tarde. Falleció al día siguiente, a pesar de llevar varios meses con un grave estado de salud y habiendo aportado todo tipo de informes. Entró a la cárcel Cáceres II a pagar una condena de 6 meses por conducir con un carnet retirado. Nuestras condolencias a la familia, que una vez más carga con el sufrimiento que gratuitamente nos obliga a vivir la Administración Penitenciaria por su falta de humanidad ante determinadas situaciones. Cabe preguntarse si se hubiera actuado de una forma tan pasiva, lenta y nefasta de tratarse de un preso de importancia estratégica para la política nacional. Finalmente, esta persona ni si quiera tuvo el derecho a una muerte digna, rodeada de los suyos.
Hoy día 31 de julio, después de 23 días de desobediencia pacífica masiva de los reclusos del Establecimiento Penitenciario de Doña Juana (La Dorada, Caldas), huelgas de hambre continuas y 18 reclusos con los labios cosidos, se levantan las jornadas de protesta.
Ayer los reclusos tuvieron una reunión con delegados del Inpec nacional y regional, Ministerio de Justicia, Caprecom nacional y regional, gobernación de Caldas y Defensoría del Pueblo nacional. En esta reunión se acordó la contratación de personal médico permanente durante 2 meses, periodo en el que se van a atender todas las tutelas por cuestiones médicas que tiene el establecimiento. Igualmente se definió que el día 20 de septiembre se va a evaluar esta medida para extender el contrato del personal médico.
El director del INPEC expidió un memorándum en el cual se compromete a que los prisioneros de los pabellones de alta seguridad tengan derecho a la tenencia de radios y se amplíe la venta de productos en el expendio.
Otro compromiso al cual se llego en dicha reunión fue la investigación de la muerte de los 3 reclusos que han muerto este año en el penal por inasistencia médica, incluyendo la muerte de Misael Maecha Rodríguez del patio número 9 el día martes 23 de julio del presente año, quien falleció luego de sufrir un pre infarto sin que fuera atendido de inmediato por la guardia del penal. Según el comité de Derechos Humanos del establecimiento penitenciario de Doña Juana, el recluso murió de manera indigna sin recibir ninguna atención médica. Sus compañeros de patio realizaron un acto de protesta que fue reprimido por parte de la guardia de custodia con gases e intimidados con sobrevuelos militares.
Desde la Campaña Traspasa los Muros agradecemos la difusión y el apoyo de personas, colectivos, organizaciones y medios de comunicacion en genral a esta justa lucha que vienen afrontando los prisioneros de la cárcel Doña Juana. Pedimos estar atentxs al cumplimiento de los acuerdos que se han logrado y a las posibles represalias que puedan darse contra las personas participantes en estas jornadas.
¡PORQUE LA DIGNIDAD NO SE NEGOCIA!
“Cuando empieza un motín en la cárcel hasta quienes aceptan las reglas de la sociedad se avivan en el noble antojo de libertad, cuando los techos de las cárceles son tomadas por el fuego y los rebeldes es cuando las imposiciones son rebatidas y el enemigo es identificado”
El afán de estas palabras no tienen la intención de victimizar a los presos del estado boliviano, solo describe algunos acontecimientos originados en las cárceles de este territorio. La reverberancia de nuestra mano anárquica llega a aquellos que viven el encierro en las frías ergástulas estatales.
Desde hace ya un año se han iniciado masivos amotinamientos en cárceles del territorio boliviano reclamando la renuncia de Ramiro Llanos Director de Régimen Penitenciario; exigiendo eliminar la retardación de justicia, recibir un trato “humanitario”, transporte para las audiencias, el pedido de los presos extranjeros a ser expulsados a sus lugares de procedencia y el ajuste del prediario. A las protestas se suma el incumplimiento de un acuerdo firmado en el mes de febrero entre los presos de San Pedro y Régimen Penitenciario que llevó a un cuarto intermedio y suspensión de los amotinamientos dando un término de tres meses para que se cumplan la totalidad de los puntos acordados. Ramiro Llanos negó tener conocimiento de este documento y hasta ahora no han cumplido con las peticiones de los presos.
El estado pretende aplicar el nuevo reglamento de régimen penitenciario que señala condiciones más duras y estrictas tanto para los presos como para las visitas. Determinaron el traslado sistemático de los presos de San Pedro a otros panópticos alejados de la Ciudad de La Paz. Pretende no recibir a nuevos presos a partir del 17 de julio, se anuncia el cierre de esta cárcel como medida represiva por las constantes protestas que se han suscitado en el penal paceño. Los amotinamientos son frecuentes, el estado como medida restrictiva procura desarticularlas con el traslado de los presos a cárceles más alejadas. El traslado de los reos de San Pedro va a causar más aislamiento por la distancia de las cárceles a las que pretenden enviarlos; esto va a ocasionar que los familiares tengan más limitaciones de realizar visitas ya que un 80% de los presos y sus familiares son pobres.
Cinco policías nacionales serán juzgados a partir del 8 de octubre por presuntos abusos sexuales a varias internas del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Málaga, cárceles de inmigrantes en situación administrativa irregular en las que esperan ser deportados. Los agentes se enfrentan a penas de entre dos y diez años de prisión, ya que algunos de ellos pueden ser condenados por delitos de “abuso sexual con consentimiento viciado” y con “acceso continuado”, según ha publicado la agencia de noticias Efe.