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“Cuando empieza un motín en la cárcel hasta quienes aceptan las reglas de la sociedad se avivan en el noble antojo de libertad, cuando los techos de las cárceles son tomadas por el fuego y los rebeldes es cuando las imposiciones son rebatidas y el enemigo es identificado”

El afán de estas palabras no tienen la intención de victimizar a los presos del estado boliviano, solo describe algunos acontecimientos originados en las cárceles de este territorio. La reverberancia de nuestra mano anárquica llega a aquellos que viven el encierro en las frías ergástulas estatales.

Desde hace ya un año se han iniciado masivos amotinamientos en cárceles del territorio boliviano reclamando la renuncia de Ramiro Llanos Director de Régimen Penitenciario; exigiendo eliminar la retardación de justicia, recibir un trato “humanitario”, transporte para las audiencias, el pedido de los presos extranjeros a ser expulsados a sus lugares de procedencia y el ajuste del prediario. A las protestas se suma el incumplimiento de un acuerdo firmado en el mes de febrero entre los presos de San Pedro y Régimen Penitenciario que llevó a un cuarto intermedio y suspensión de los amotinamientos dando un término de tres meses para que se cumplan la totalidad de los puntos acordados. Ramiro Llanos negó tener conocimiento de este documento y hasta ahora no han cumplido con las peticiones de los presos.

El estado pretende aplicar el nuevo reglamento de régimen penitenciario que señala condiciones más duras y estrictas tanto para los presos como para las visitas. Determinaron el traslado sistemático de los presos de San Pedro a otros panópticos alejados de la Ciudad de La Paz. Pretende no recibir a nuevos presos a partir del 17 de julio, se anuncia el cierre de esta cárcel como medida represiva por las constantes protestas que se han suscitado en el penal paceño. Los amotinamientos son frecuentes, el estado como medida restrictiva procura desarticularlas con el traslado de los presos a cárceles más alejadas. El traslado de los reos de San Pedro va a causar más aislamiento por la distancia de las cárceles a las que pretenden enviarlos; esto va a ocasionar que los familiares tengan más limitaciones de realizar visitas ya que un 80% de los presos y sus familiares son pobres.

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