El viernes, 4 de julio, se publicó el auto por el que definitivamente se procesa «por terrorismo» a Mónica Caballero y Francisco Solar. El juez, la policía y la prensa, que en este caso trabajan codo a codo, aseguran que las personas acusadas “están vinculadas a FAI/FRI, una organización terrorista de carácter internacional creada a partir de la ideología anarquista insurreccionalista». Está claro que esas siglas, incluidas por la UE en una lista de organizaciones terroristas, se utilizan para justificar el procesamiento «por terrorismo». Lo que no está tan claro es con qué argumentos, pues no han sido mencionadas para nada por Mónica ni por Francisco ni, que sepamos, se les ha relacionado jamás fehacientemente con ellas, y tampoco han sido utilizadas en las reivindicaciones de las acciones de que se les acusa. Siempre según la prensa y el entramado policial-judicial, “dentro de esta organización [FAI/FRI] ambos pertenecen presuntamente a los llamados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC)”. La prensa, en algunos casos incluso la prensa “alternativa”, no ha dejado de relacionar a esta coordinadora con FAI/FRI, basándose únicamente en fantasías policial. de las que se han hecho eco algunos «medios de comunicación», como el Periódico de Aragón, según el cual, por si faltaban adjetivos, los GAC serían “una superestructura de grupos violentos independientes al estilo de la yihad islámica”. Menos mal que las acusaciones contra el resto de las personas encausadas por el mismo caso han sido sobreseídas.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Estimados compañeros:
He recibido vuestro último boletín de fecha Junio 2014. Como ya sabéis, yo me he “descolgado” de la campaña, mis motivos (a grosso modo) ya los habéis publicado, ahí están expuestos, esto no quiere decir que no vaya a seguir luchando contra lo que considero una institución criminal.
El motivo de mi carta, es que he leído el comunicado de los amigos/as de Tamara y quiero solidarizarme con ella. Ya que sé que el Ministerio de Interior está detrás de dicho bulo para desprestigiar la figura de Tamara y de paso seguir, mediante estas intoxicaciones “informativas”, con su vieja política de comisaria de barrio, lo único que ocurre es que ya no engañan a nadie con sus intrigas baratas. Quien ha hecho estas afirmaciones de Tamara debería saber que por lo que fue enjuiciada y condenada ella era la única imputada y por lo tanto no sé de quién se iba a chivar… Lo que no entiendo es que haya personas que den cabida a este tipo de “informaciones”. ¿Quién está detrás? Lo más seguro es que algún “anarquista” infiltrado y la verdad que se me ocurren algunos nombres. En fin, que los que conocemos a Tamara y sabemos lo que hay no dudamos de la integridad de nuestra compañera, y nos hace gracia este tipo de estratagemas baratas, más antiguas ya que el hilo negro… ¡A ver si cambiáis ya de táctica, maderos, que ya estáis muy vistos!
¡No os dejéis dividir por el Ministerio de Interior y sus “CONFITES”!
Un abrazo a Tamara.
PD: Desde estas líneas, también quiero expresar mi solidaridad con Pepita Seoane, mujer valiente, comprometida con la lucha por la defensa de los derechos de los presos y que sabe muy bien de lo que habla. Por eso el Estado pretende callarla, tanto a ella como a cualquiera que sea testigo de primera mano del Crimen de Estado que se practica en los mataderos carcelarios de la “Nación Española” a la vanguardia de las Naciones-Estado torturadoras y asesinas. En esto sí ocupamos un lugar destacadísimos en el ranking mundial; país de verdugos.
No nos vais a acallar, verdugos, el tiempo de la impunidad se va a acabar y tendréis que responder por vuestros crímenes. Vais a pagar, no lo dudéis. Es tan sólo cuestión de tiempo…
Puerto de Santa María, 29 Junio 2014
Había una vez dos pibes que salieron de su casa y fueron asesinados por la policía.
Este comienzo no forma parte de una historia novedosa ni original. Es una historia de todos los días. Es la historia de miles de adolescentes y jóvenes anónimos. Es la historia de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, dos pibes que desde hace ya cinco años faltan.
Jonathan y Ezequiel eran de la Villa 20 de Lugano. Tenían 17 y 25 años. Vivían la realidad que hoy viven muchos pibes de los barrios olvidados de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Tratando de salir como se pueda, esquivándole a la tentación de la plata fácil, aprendiendo a decirle que no al paco, viviendo el cotidiano abuso de la policía, refugiándose en las tardes de cumbia con amigos.
Por lo menos ocho mujeres cautivas en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza (actual CPF IV) fueron torturadas por 30 uniformadas del Cuerpo de Requisa, días atrás. Sin variantes, los distintos testimonios dan cuenta que: “entraron al pabellón a los gritos, empujándolas contra la pared próxima a la cocina mientras las golpeaban con los escudos y palos. Mientras siguieron golpeando con los escudos a las que se encontraban contra la pared, fueron separando a las denunciantes, agarrándolas de los pelos y tirándoles gas pimienta en la cara, a la vez que eran trasladadas a los golpes a las celdas de aislamiento donde fueron alojadas, sin ser formalmente sancionadas a la fecha de realización de las entrevistas. La golpiza duró aproximadamente unos quince minutos y los relatos tomados no varían respecto a los hechos de violencia”. Así lo denunció la Procuración Penitenciaria de la Nación penalmente ante la Justicia, además de entrevistar a ocho de las chicas torturadas.
Según un comunicado firmado por Salhaketa Nafarroa aparecido en http:www.lahaine.org: «Este 6 de Julio como ya viene siendo habitual Salhaketa y Subeltz junto a otras personas afines nos dimos cita en la macrocarcel de Iruñea para acercar la fiesta a las personas presas. El txupinazo anticarcelario nos reune todos los años para denunciar que la cárcel no reinserta, sino que machaca a las personas que se encuentran presas, y nosotras con este pequeño gesto queremos hacerlas participes de algo tan nuestro como los sanfermines.
A raíz de la denuncia de varios educadores que trabajaban a sus órdenes, el director del centro de menores «la Foia de Bunyol», Julián S A, ha sido citado a declarar por el juzgado de Instrucción número cuatro de Requena (Valencia), imputado por un delito de maltrato habitual. El centro, con 25 plazas destinadas a «menores inmigrantes no acompañados, de entre 13 y 17 años», es de de la Generalitat Valenciana, que tiene contratada su gestión con la Fundación Amigó.
Los educadores informaron de que el director les ordenaba que colocaran a los menores conflictivos en situaciones límite a fin de que crearan problemas y quitárselos de encima. Aseguran que, según su jefe, con los menores se debía actuar con mano dura y sin contemplaciones. «Su actitud ante la totalidad de los menores del centro era autoritaria y violenta, lo que causaba miedo a los chicos con los que utilizaba la violencia desmedida por cualquier acto propio de su edad». Cuando llamaron la atención al denunciado y le dijeron que no podían trabajar viendo los «golpes, gritos e insultos a los menores», los educadores fueron despedidos.
La Fiscalía de Valencia al hallar, tras una investigación que comenzó en febrero, indicios de veracidad en las informaciones proporcionadas por los trabajadores denunciantes, acusa al director del centro por un delito de violencia física habitual y cuatro faltas de lesiones, ya que sospecha que el imputado utiliza la fuerza física para doblegar la voluntad de los menores. Además, también ha denunciado como responsable civil subsidiario a la Generalitat Valenciana y a la Fundación Amigó.
A propósito del libro de César Lorenzo Rubio «Cárceles en llamas»
A pesar de la extensa producción bibliográfica, memorialística y documental que han suscitado los años de tránsito del franquismo a la democracia parlamentaria, muy probablemente se trate de una de las épocas de nuestra historia reciente respecto a la que existen más divergencias entre la percepción socialmente más extendida y el desarrollo efectivo de los hechos. Ello es así, entre otros motivos, por el esfuerzo realizado por muchos de los protagonistas de los acontecimientos por presentarse como los propiciadores de la superación definitiva de la dictadura, si bien en realidad el papel que jugaron quienes tomaron las riendas del país tras la muerte de Franco fue exactamente el contrario: el de resistirse a prescindir por completo del legado del dictador. No fue hasta que constataron —por la fuerza de las movilizaciones en las calles y los centros de trabajo, y a costa de decenas de muertos— la imposibilidad de mantener algunas de las características institucionales de la llamada «democracia orgánica» franquista, cuando renunciaron a ellas, aunque sí consiguieron, gracias a la capacidad que tuvieron por mantener en todo momento las riendas del proceso de cambio político, limitar su alcance en algunos aspectos.
En 2013 el Ministerio del Interior repatrió a 3.100 personas inmigrantes en 148 vuelos, según el informe del Defensor del Pueblo. Pero detrás de estas cifras se esconde un negocio para las compañías que emprenden estos itinerarios “de la vergüenza”, según se detalla en el libro “Paremos los vuelos. Las deportaciones de inmigrantes y el boicot a Air Europa”, publicado recientemente por Cambalache. En los aviones ingresan personas “sin papeles” que muchos casos han sido detenidos en “redadas” policiales o han permanecido en un Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE).
El gobierno de España adjudicó el 22 de noviembre de 2012 a las compañías Air Europa y Swift Air el contrato (formalizado el 1 de marzo de 2013) de los vuelos de la deportación por 11.880.000 euros anuales (IVA incluido), con la posibilidad de un incremento máximo del gasto del 10% y la posibilidad de establecer una prórroga por otro año. Dado que no se ha realizado una nueva licitación pública y los vuelos de Air Europa y Swift Air continúan, se deduce que la prórroga se ha llevado a efecto (hasta el 2 de marzo de 2015).
Integrantes de la Campaña Estatal por el Cierre de los CIES, de la Coordinadora Estatal para la Prevención y Denuncia de la Tortura, del Grupo de Acción Comunitaria, y del Observatorio del Sistema Penal y Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona hemos constituido una comisión de Observadores de Derechos Humanos que ha visitado Melilla entre el 3 y el 6 de Julio. Desde esta Comisión elevaremos dentro de 15 días, ante la gravedad y urgencia de la situación que nos hemos encontrado, un Informe ante el Sub-Comité de Prevención de la Tortura de la ONU así como ante el Comité Europeo de Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. A través del cual se les solicitará que realicen una visita urgente para que evalúen directamente las vulneraciones de derechos en que están incurriendo los Estados Español y Marroquí.
Desde la Comisión, como conclusión de esta visita, queremos trasladar al conjunto de la sociedad nuestras conclusiones preliminares, las cuales serán desarrolladas debidamente en el Informe. Cabe destacar que en su trabajo la Comisión nos hemos reunido con diversas organizaciones locales que trabajan por la protección de los derechos humanos en la zona, entrevistado con personas que están en el CETI, realizado acompañamientos a personas enfermas a centros sanitarios, y recorrido el perímetro fronterizo.
Traducción al castellano del texto en catalán de un folleto de presentación de la Asociación de apoyo a personas presas Clivella repartido en la X Mostra del llibre anarquista de Barcelona
«Si tocan a uno, nos tocan a todos«. Es una de las consignas más recurrentes entre los movimientos en lucha cuando éstos reciben los efectos de la represión. Una represión que, en estos ámbitos, afortunadamente llega pocas veces a su último estadio, la prisión. Así, nos encontramos a menudo con que las campañas que tienen por objetivo la absolución o la libertad de personas militantes represaliadas, se centran en solucionar el caso en cuestión, omitiendo cualquier cuestionamiento al sistema penal. Es decir, no se incide en el uso y la finalidad de la prisión, en las dinámicas de la estructura carcelaria, obviando así una reflexión sobre el importante papel que la prisión juega dentro del sistema capitalista y democrático actual. Este hecho puede ser debido a la carencia de conocimiento de la realidad carcelaria o, quizás, a la no consideración de la prisión como un problema social de interés común al que dar una respuesta colectiva. En cualquier caso, es evidente que la realidad carcelaria queda lejos de la cotidianidad de la mayoría de movimientos en lucha, puesto que la práctica totalidad de población reclusa lo está como consecuencia de situaciones de pobreza, marginalidad y desigualdad social.
Las pocas veces que la situación carcelaria se trata en los movimientos en lucha, se suele hacer para reivindicar un estatus político de la persona encarcelada o para poner de relieve ciertas medidas de todavía más excepcionalidad como la dispersión, los regímenes especiales y de aislamiento o la propia Doctrina Parot. Estas últimas, presentándolas como especificidades dirigidas únicamente a presos políticos y obviando que afectan y se aplican también al resto de población reclusa. La diferenciación de estatus entre las personas privadas de libertad refleja la carencia de identificación del sistema punitivo como la herramienta de control que usa el Estado para perpetuar las desigualdades sociales y mantener los privilegios de las clases dominantes. Con esta afirmación no negamos, en ningún caso, que los motivos del encarcelamiento sean políticos en el sentido de ejercer represión hacia una cierta lucha o movimiento ideológico.