La institución del Defensor del Pueblo tiene encomendada, en su calidad de “Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes” (MNP), la supervisión de los centros de privación de libertad; supuestamente, con el fin de que en todos ellos se respeten los Derechos Humanos. Sin embargo, la tendencia que parece imponerse al encomendar esta función a una institución gubernamental como la «Defensoría del Pueblo» –que, además, ha demostrado a lo largo de toda su trayectoria que empatiza más con los potenciales torturadores, es decir, con los agentes de las «fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», que con las personas presas o detenidas, con quienes, por razones de supervivencia, no tiene más remedio que «delinquir», o con quienes salen a la calle a reivindicar algún derecho o a protestar por algún agravio, es decir, con sus potenciales víctimas– esa tendencia, cabe sospechar, es la de que su verdadera función sea más bien el lavado de cara gubernamental y aseguramiento de la impunidad en el ejercicio de la tortura por el que ha optado desde que guardamos memoria el Estado español.
Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
El SISPE (Sistema Informático Social Penitenciario) es un gran banco de datos informático que empezó a funcionar en el 2008, cuando salió publicada en el BOE la orden correspondiente del ministro del Interior [ver información completa], y forma parte del plan AVANZ@ del gobierno para el “desarrollo de la sociedad de la información”. Ha sido creado por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para la cual “la plena incorporación de las tecnologías de la comunicación a las actividades de la Administración Penitenciaria constituye un factor estratégico esencial para garantizar el desarrollo del trabajo en este ámbito social en las mejores condiciones y el progreso de la tecnología en la llamada sociedad de la información”. Contiene informaciones íntimas y confidenciales sobre la totalidad de personas presas en las cárceles dependientes del Ministerio del Interior. Conectando con él, cualquier funcionario, policía, juez, tribunal o fiscal e incluso trabajadores y educadores sociales podrán conocer no sólo los antecedentes del detenido o preso, sino todo su historial personal incluido en su expediente penitenciario: no sólo los datos habituales sobre condena, reincidencia, sanciones disciplinarias o “tratamiento penitenciario”, sino también todo tipo de información confidencial, como tests psicológicos o cualquier otro material elaborado por los equipos de observación, información sobre su ambiente familiar, “situación de su entorno desde que fue encarcelado o información sobre su vivienda habitual y si residía en un ambiente marginal, urbano o rural”, sobre el nivel educativo y los cursos realizados en el talego, así como todos los detalles relacionados con su vida laboral; información tan íntima como las enfermedades contraídas (con especial atención al SIDA), salud mental, discapacidades, tratamientos médicos recibidos o personas con las que se relaciona habitualmente, y también información detallada sobre consumo de drogas.
Entrevistamos a Pedro y Jose, participantes en la Asociación de apoyo a personas presas Clivella, que se acaba de formar en Barcelona, sobre sus objetivos y planteamientos, formas de actuar y de organizarse, primeras experiencias, etc. Hablamos también, entre otras cosas, con una de las personas afectadas, de la absolución de los procesados en la Audiencia Nazional por el cerco al Parlament de Catalunya el 15 de junio de 2011.
Con la tortura se trata de destruir la personalidad de la víctima despreciando la dignidad intrínseca de todo ser humano. Las Naciones Unidas han condenado desde sus comienzos la práctica de la tortura por ser uno de los actos más aborrecibles que los seres humanos cometen contra sus semejantes. El problema de la tortura en España se encuentra no en el hecho de que sea practicada sistemáticamente, sino en que el sistema acabe permitiendo que se den este tipo de situaciones. Intervención de Jorge del Cura (CPDT) y Valentín Aguilar (APDHA) en el CSO Rey Heredia (Córdoba).
El viernes, 4 de julio, se publicó el auto por el que definitivamente se procesa «por terrorismo» a Mónica Caballero y Francisco Solar. El juez, la policía y la prensa, que en este caso trabajan codo a codo, aseguran que las personas acusadas “están vinculadas a FAI/FRI, una organización terrorista de carácter internacional creada a partir de la ideología anarquista insurreccionalista». Está claro que esas siglas, incluidas por la UE en una lista de organizaciones terroristas, se utilizan para justificar el procesamiento «por terrorismo». Lo que no está tan claro es con qué argumentos, pues no han sido mencionadas para nada por Mónica ni por Francisco ni, que sepamos, se les ha relacionado jamás fehacientemente con ellas, y tampoco han sido utilizadas en las reivindicaciones de las acciones de que se les acusa. Siempre según la prensa y el entramado policial-judicial, “dentro de esta organización [FAI/FRI] ambos pertenecen presuntamente a los llamados Grupos Anarquistas Coordinados (GAC)”. La prensa, en algunos casos incluso la prensa “alternativa”, no ha dejado de relacionar a esta coordinadora con FAI/FRI, basándose únicamente en fantasías policial. de las que se han hecho eco algunos «medios de comunicación», como el Periódico de Aragón, según el cual, por si faltaban adjetivos, los GAC serían “una superestructura de grupos violentos independientes al estilo de la yihad islámica”. Menos mal que las acusaciones contra el resto de las personas encausadas por el mismo caso han sido sobreseídas.
Estimados compañeros:
He recibido vuestro último boletín de fecha Junio 2014. Como ya sabéis, yo me he “descolgado” de la campaña, mis motivos (a grosso modo) ya los habéis publicado, ahí están expuestos, esto no quiere decir que no vaya a seguir luchando contra lo que considero una institución criminal.
El motivo de mi carta, es que he leído el comunicado de los amigos/as de Tamara y quiero solidarizarme con ella. Ya que sé que el Ministerio de Interior está detrás de dicho bulo para desprestigiar la figura de Tamara y de paso seguir, mediante estas intoxicaciones “informativas”, con su vieja política de comisaria de barrio, lo único que ocurre es que ya no engañan a nadie con sus intrigas baratas. Quien ha hecho estas afirmaciones de Tamara debería saber que por lo que fue enjuiciada y condenada ella era la única imputada y por lo tanto no sé de quién se iba a chivar… Lo que no entiendo es que haya personas que den cabida a este tipo de “informaciones”. ¿Quién está detrás? Lo más seguro es que algún “anarquista” infiltrado y la verdad que se me ocurren algunos nombres. En fin, que los que conocemos a Tamara y sabemos lo que hay no dudamos de la integridad de nuestra compañera, y nos hace gracia este tipo de estratagemas baratas, más antiguas ya que el hilo negro… ¡A ver si cambiáis ya de táctica, maderos, que ya estáis muy vistos!
¡No os dejéis dividir por el Ministerio de Interior y sus “CONFITES”!
Un abrazo a Tamara.
PD: Desde estas líneas, también quiero expresar mi solidaridad con Pepita Seoane, mujer valiente, comprometida con la lucha por la defensa de los derechos de los presos y que sabe muy bien de lo que habla. Por eso el Estado pretende callarla, tanto a ella como a cualquiera que sea testigo de primera mano del Crimen de Estado que se practica en los mataderos carcelarios de la “Nación Española” a la vanguardia de las Naciones-Estado torturadoras y asesinas. En esto sí ocupamos un lugar destacadísimos en el ranking mundial; país de verdugos.
No nos vais a acallar, verdugos, el tiempo de la impunidad se va a acabar y tendréis que responder por vuestros crímenes. Vais a pagar, no lo dudéis. Es tan sólo cuestión de tiempo…
Puerto de Santa María, 29 Junio 2014
Había una vez dos pibes que salieron de su casa y fueron asesinados por la policía.
Este comienzo no forma parte de una historia novedosa ni original. Es una historia de todos los días. Es la historia de miles de adolescentes y jóvenes anónimos. Es la historia de Jonathan Lezcano y Ezequiel Blanco, dos pibes que desde hace ya cinco años faltan.
Jonathan y Ezequiel eran de la Villa 20 de Lugano. Tenían 17 y 25 años. Vivían la realidad que hoy viven muchos pibes de los barrios olvidados de la Capital Federal y el Conurbano Bonaerense. Tratando de salir como se pueda, esquivándole a la tentación de la plata fácil, aprendiendo a decirle que no al paco, viviendo el cotidiano abuso de la policía, refugiándose en las tardes de cumbia con amigos.
Por lo menos ocho mujeres cautivas en la Cárcel de Mujeres de Ezeiza (actual CPF IV) fueron torturadas por 30 uniformadas del Cuerpo de Requisa, días atrás. Sin variantes, los distintos testimonios dan cuenta que: “entraron al pabellón a los gritos, empujándolas contra la pared próxima a la cocina mientras las golpeaban con los escudos y palos. Mientras siguieron golpeando con los escudos a las que se encontraban contra la pared, fueron separando a las denunciantes, agarrándolas de los pelos y tirándoles gas pimienta en la cara, a la vez que eran trasladadas a los golpes a las celdas de aislamiento donde fueron alojadas, sin ser formalmente sancionadas a la fecha de realización de las entrevistas. La golpiza duró aproximadamente unos quince minutos y los relatos tomados no varían respecto a los hechos de violencia”. Así lo denunció la Procuración Penitenciaria de la Nación penalmente ante la Justicia, además de entrevistar a ocho de las chicas torturadas.
Según un comunicado firmado por Salhaketa Nafarroa aparecido en http:www.lahaine.org: «Este 6 de Julio como ya viene siendo habitual Salhaketa y Subeltz junto a otras personas afines nos dimos cita en la macrocarcel de Iruñea para acercar la fiesta a las personas presas. El txupinazo anticarcelario nos reune todos los años para denunciar que la cárcel no reinserta, sino que machaca a las personas que se encuentran presas, y nosotras con este pequeño gesto queremos hacerlas participes de algo tan nuestro como los sanfermines.
A raíz de la denuncia de varios educadores que trabajaban a sus órdenes, el director del centro de menores «la Foia de Bunyol», Julián S A, ha sido citado a declarar por el juzgado de Instrucción número cuatro de Requena (Valencia), imputado por un delito de maltrato habitual. El centro, con 25 plazas destinadas a «menores inmigrantes no acompañados, de entre 13 y 17 años», es de de la Generalitat Valenciana, que tiene contratada su gestión con la Fundación Amigó.
Los educadores informaron de que el director les ordenaba que colocaran a los menores conflictivos en situaciones límite a fin de que crearan problemas y quitárselos de encima. Aseguran que, según su jefe, con los menores se debía actuar con mano dura y sin contemplaciones. «Su actitud ante la totalidad de los menores del centro era autoritaria y violenta, lo que causaba miedo a los chicos con los que utilizaba la violencia desmedida por cualquier acto propio de su edad». Cuando llamaron la atención al denunciado y le dijeron que no podían trabajar viendo los «golpes, gritos e insultos a los menores», los educadores fueron despedidos.
La Fiscalía de Valencia al hallar, tras una investigación que comenzó en febrero, indicios de veracidad en las informaciones proporcionadas por los trabajadores denunciantes, acusa al director del centro por un delito de violencia física habitual y cuatro faltas de lesiones, ya que sospecha que el imputado utiliza la fuerza física para doblegar la voluntad de los menores. Además, también ha denunciado como responsable civil subsidiario a la Generalitat Valenciana y a la Fundación Amigó.