Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas

La sección primera de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, en un auto del 6 de noviembre, ha estimado el recurso de apelación contra la decisión del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria de rechazar la denuncia al respecto del interesado, declarando «nulos» los registros corporales con desnudo íntegro −17 en algo más de dos años, acreditados en la denuncia− al preso independentista Carlos Calvo, y reconociendo que hubo «intromisión en el derecho a la intimidad corporal».

El tribunal  censura que «las decisiones administrativas que acordaron en esas 17 ocasiones el cacheo con desnudo integral de la persona del señor Calvo Varela han de calificarse de arbitrarias por ausencia de justificación sobre su necesidad y proporcionalidad, por su carácter sistemático al afectar a un preso objeto de una intensa y permanente vigilancia y control, lo que aminoraba el pronóstico de riesgo». Y es que según indica el fallo, que se posiciona a favor del recurso de apelación contra un auto previo del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, la resolución impugnada «venía a admitir una extraña práctica de motivación a posteriori del acto administrativo». «Como si se pudiera subsanar una ausencia que compromete la legitimidad del acto de suspensión del derecho a la intimidad corporal del interno», indica.

Política criminal Presxs "políticxs"

El mundo de las cárceles en España es un tema tabú, del que muy poca gente, salvo los que tienen familiares dentro, conoce su verdadera realidad. Como ocurre en nuestro mundo, del sufrimiento de los demás siempre hay alguien que obtiene provecho económico. Eso ocurre también intramuros. Los presos se han convertido en los nuevos esclavos del siglo XXI porque el Estado de Derecho se suele estrellar con los muros de las prisiones, como dice en una entrevista en este mismo número la abogada Charo González.

El negocio de las cárceles ha sido denunciado en numerosos foros de Internet, en publicaciones radicales o de apoyo a presos y en blogs de escasa repercusión. Los medios de masas casi nunca recogen noticias que pongan en duda a la institución penitenciaria. Sin embargo, lentamente, gracias sobre todo al testimonio de presos y organizaciones humanitarias o de apoyo a los reclusos, va emergiendo la información a la superficie.

El Organismo Autónomo de Trabajo y Prestaciones Penitenciarias (OATPP), dependiente de Instituciones Penitenciarias, funciona como una empresa de trabajo temporal (ETT) y tiene a más de 12.000 presos trabajando en unos 200 talleres. A ellos hay que sumar los que están bajo el control del CIRE (Centro para la Iniciativa de la Reinserción) de la Generalitat catalana, que va por libre. Los internos están cobrando sueldos ínfimos, no tienen derechos laborales y están generando una producción por valor de millones de euros con grandes beneficios para las empresas que los utilizan y que además tienen la ventaja de que se ahorran el pago de luz, agua, teléfono e incluso parte de las cuotas de la Seguridad Social, que corren a cuenta de la Administración; y todo ello gracias a los convenios con la OATPP.

Explotación en prisión

cartell 22 novembre Thumbnail

Después de mucho tiempo intentando emprender el vuelo como colectivo, estamos contentas de invitaros desde Clivella, colectivo de apoyo a personas presas, a la jornada que hemos planeado para el próximo sábado 22 de noviembre a partir de las 18:30h bajo el nombre «La prisión nos afecta a todas: levantemos la lucha contra la reclusión y el castigo» que se celebrará en Can Batlló (Sants-Barcelona).

En el sentido de una de las líneas de acción de Clivella, la visibilización de las prisiones y las luchas de las personas presas, hemos creído interesante aprovechar el paso por Barcelona de algunos compañeros con un largo recorrido en este frente para que nos aporten su punto de vista y así debatir jumtos sobre las perspectivas, la manera y  lo necesario que es articular una lucha social amplia contra la reclusión y el castigo, es decir, contra las prisiones.

Para hacerlo contaremos con las aportaciones de Pote, miembro de Salhaketa y de la Cordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura que nos hablará sobre las luchas en las cárceles en clave de género con especial referencia al caso de Nanclares de la Oca, y de Jorge del Cura, miembro del Centro de Documentación sobre la Tortura de Madrid y portavoz de la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura, que nos dará datos relevantes de la situación de las presas y de las condiciones de vida actuales en las prisiones del Estado y de Cataluña.

Esperamos que vengáis para enriquecer el debate e intercambiar puntos de vista.

Al anochecer, habrá cenador, los fondos del cual irán para la autogestión del colectivo y seguidamente podremos disfrutar de la pieza teatral «La Esclusa», una obra de Michel Azama interpretada por Ana Plaza. Se trata de un monólogo que relata la última noche a la prisión de una mujer que lleva 16 años presa, largas horas donde lo de  dentro y lo de fuera se funden con el miedo y la esperanza.

Al final, cerraremos la noche con la música y el ingenio del cantautor Juanito Piquete que nos regalará sus mejores canciones.

Clivella, col·lectiu de suport a persones preses
clivella@riseup.net

Actividad en la calle Debate sobre objetivos y medios de lucha

Hace unas semanas llegó un nuevo preso a la cárcel Sevilla I, en Mairena del Alcor. Decía sufrir tuberculosis. También explicó que había dejado la medicación 15 días antes, aunque no aclaró si por prescripción médica o por decisión propia. Ante la incertidumbre, los médicos de la prisión le pusieron en aislamiento respiratorio preventivo y contactaron con el centro y con el sanitario que le había tratado en libertad. Fue la única forma de no correr riesgos de contagio.

El episodio muestra las dificultades por las que pasan los 312 médicos que trabajan en las cárceles españolas, relata Antonio López Burgos, uno de los doctores de la prisión sevillana y hasta hace unos días, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Para estos profesionales, la solución está muy clara: «Hay que conectar los servicios sanitarios de las cárceles con los sistemas de salud autonómicos».

La cárcel mata

Desde mayo del 2011, la sociedad en la que vivimos ha conocido una gran oleada de luchas sociales. Espoleada por una crisis económica sin precedentes en los últimos cuarenta años y por la salida a las calles de las multitudes, que buscaban frenar el acelerado proceso de despojo de sus condiciones de vida en que consistía la vía oficial de ‘superación’ de la crisis, que nunca ha llegado a concretarse, la sociedad española ha vivido una frenética sucesión de manifestaciones, huelgas generales y movilizaciones populares. Por supuesto, la respuesta del poder frente a la emergencia de las necesidades y el resurgimiento político de las clases subalternas ha basculado entre la cooptación de los dirigentes de las protestas, los intentos de encabezarlas y encauzarlas, y la represión pura y desenfrenada.

Política criminal

Un grupo de expertos del Instituto Vasco de Criminología elaborará el primer listado oficial de personas sometidas a vejámenes entre 1960 y 2010.

En los últimos 30 años, los informes de Amnistía Internacional, del Comité de Prevención de la tortura del Consejo de Europa, de Relatores Especiales de Naciones Unidas o las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas que daban cuenta de denuncias han recomendado no solo la puesta en marcha de medidas preventivas sino de una adecuada investigación efectiva en el campo judicial y social, así como la necesidad de políticas de reconocimiento y reparación a sus víctimas.

La ausencia de investigación judicial efectiva, en algunos casos, ha sido incluso reconocida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. También en diferentes épocas, sectores de intelectuales o jueces, ayuntamientos e investigaciones independientes señalaron la frecuencia de la práctica de la tortura y la necesidad de prevención e investigación efectiva

Ponentes: Francisco Etxeberria, reputado antropólogo forense que lidera el equipo que está confeccionando un detallado informe sobre tortura encomendado por el Gobierno vasco, Laura Pego, miembro del Instituto Vasco de Criminología y José Luis Úriz, articulista

Cárcel=Tortura

La prescripción del «delito de calumnias» del que se acusaba al abogado Alfonso Zenón ha sido el motivo de su absolución. Una falta de la que le acusó el exconsejero de Interior del Gobierno de Lakua, Rodolfo Ares, por haber denunciado que la Ertzaintza practicó torturas cuando él dirigía el Departamento. El abogado realizó estas declaraciones después una redada de la Policía autonómica en febrero de 2010 en la que los detenidos fueron incomunicados y tras la que denunciaron malos tratos. Unos hechos que, desgraciadamente, no nos son extraños en Euskal Herria. La paradoja reside en que la polémica se situó en las acusaciones de Zenón en lugar de hacerlo en los hechos que denunció.

Sin categoría

Desde Salhaketa, asociación de apoyo a las personas presas y sus familiares, nos sumamos al amplio movimiento social e institucional que está reaccionando desde entidades institucionales, judiciales, profesionales y asociativas, así como desde la propia ciudadanía, a la torpe y perversa estrategia del Partido Popular en el País Vasco que ha tratado de convertir la capital de la Comunidad Autónoma, mediante las declaraciones y propuestas de sus representantes institucionales, en un espacio de experimentación de tácticas electorales y de ocultación de su corrupción interna, fundamentadas en comparaciones obscenas y generalizaciones hirientes y violentas que buscan culpabilizar y etiquetar indiscriminada y discriminatoriamente a quienes no son los responsables de fraude alguno y mucho menos de la corrupción generalizada de banqueros, empresarios y políticos que avergüenzan a la ciudadanía y nos han sumergido en una crisis económica endémica, en el incremento constante del desempleo y el empobrecimiento de la población.

Política criminal

Iniciamos con una introducción la emisión de una nueva sección grabada sobre las luchas contra la cárcel en el territorio del Estado español desde la COPEL hasta los FIES. Leemos una carta de Ceive solidarizándose con Noelia Cotelo. Hablamos de la fuerte petición fiscal a tres personas de Lleida por apoyar la lucha de los presos, de dos muertes recientes en la cárcel de Villabona, y de la situación de los prisioneros palestinos en manos  del Estado de Israel.

De La COPEL A Los FIES: Materiales Para Una Historia De Las Luchas Contra Las Cárceles En El Estado Español

Radio: Tokata Y Fuga

«Todos los detenidos del modulo de contención Nº1 (F1 y E2, 45 internos), comenzaron una Huelga de Hambre – el 21 de octubre pasado-, a raíz de las nulas respuestas de los directivos del establecimiento a sus demandas. Esta cárcel contiene a individuos que residen en Córdoba capital, Río Cuarto, Villa María, San Francisco; entre otras ciudades. El propósito central de ésta JUSTA PROTESTA es develar la sistemática vulneración de los Derechos Humanos cometidas por los encargados y directivos del establecimiento. El pedido general de los 45 internos es el URGENTE TRASLADO A SUS CIUDADES DE RESIDENCIA, o de lo contrario el traslado a otro establecimiento penitenciario cercano a su lugar de origen; ya que al estar alojados a cientos de kilómetros, hace que se pierda contacto con sus familiares, los cuales son un pilar fundamental para que se logre la rehabilitación e inserción total de los sujetos dentro de la sociedad”. Palabras de María Pueblo, familiar de unos de los huelguistas. En este complejo los familiares son sometidos a un recurrente verdugueo que, por caso, censura arbitrariamente la entrada de alimentos y al desnudo total con flexiones e “inspección ocular” para ingresar a visita. Por su parte, los presos son sancionados con el encadenamiento a una sillas o a la cama durante 23 horas. Más abajo, continúa el texto de MP.

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