Hace unas semanas llegó un nuevo preso a la cárcel Sevilla I, en Mairena del Alcor. Decía sufrir tuberculosis. También explicó que había dejado la medicación 15 días antes, aunque no aclaró si por prescripción médica o por decisión propia. Ante la incertidumbre, los médicos de la prisión le pusieron en aislamiento respiratorio preventivo y contactaron con el centro y con el sanitario que le había tratado en libertad. Fue la única forma de no correr riesgos de contagio.
El episodio muestra las dificultades por las que pasan los 312 médicos que trabajan en las cárceles españolas, relata Antonio López Burgos, uno de los doctores de la prisión sevillana y hasta hace unos días, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria (SESP). Para estos profesionales, la solución está muy clara: «Hay que conectar los servicios sanitarios de las cárceles con los sistemas de salud autonómicos».
A excepción de Cataluña, con competencias propias, las prisiones –incluidas sus enfermerías y profesionales sanitarios– dependen de Instituciones Penitenciarias, del Ministerio del Interior. La organización del sistema se enmaraña si tenemos en cuenta que la atención sanitaria que se ofrece en las prisiones es básica: el 99% de sus médicos son de medicina familiar.
Por tanto, si el reo necesita atención especializada, hay dos opciones. En algunos casos, la cárcel contrata a un profesional que pasa consulta periódicamente entre rejas, algo «no operativo, insuficiente», según López Burgos. Así, con más frecuencia de la deseable, los presos con situaciones más complejas deben salir de la cárcel para ser atendidos por el especialista, con el dispositivo de seguridad y el trastorno que ello comporta a los hospitales y a los propios presos.
Hace tres años, Euskadi asumió la gestión de la sanidad en las cárceles de su territorio y la integró en su sistema de salud, Osakidetza. Catalunya ha hecho lo mismo. En el resto de España, la atención sanitaria en las cárceles sigue estando aislada. Ya han pasado 11 años desde que la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud diera un plazo de 18 meses para que las autonomías integraran en sus sistemas de salud la atención a los presos, pero la disputa por quién asume determinados gastos de la integración bloquea el traspaso de competencias.
«Tenemos la sensación no solo de que estamos parados sino que se está yendo al traste. A raíz de la crisis, la actual Administración resuelve a base de recortes. Tenemos problemas con la atención a la salud mental, pero no es contagioso, entonces no preocupa, porque tenemos menos incidencia de VIH y hepatitis C que décadas atrás. Así, como hemos dejado de ser un problema de salud ambiental comunitaria, estamos en un continuo invierno», denuncia López Burgos.
De los cerca de 70.000 reclusos que hay en las cárceles, el 22,4% tiene hepatitis C y el 6,3%, VIH. Los trastornos mentales son la patología más frecuente: la padece el 40% de los presos. La incidencia de estas enfermedades es muy superior entre rejas que en libertad.
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