Tokata | Boletín de difusión, debate y lucha social Entradas
Manuel Fernández Giménez, estaba cumpliendo condena en primer grado en la cárcel de Villena (Alicante II). Tuvo un problema con otro preso al que había prestado una tele y no se la quería devolver, y se pelearon. La madre de Manuel habló con el director de la cárcel y le pidió que trasladaran su hijo a otro módulo para evitar más enfrentamientos. El director le dijo que no podía hacer nada, que se arreglaran entre ellos. Se volvieron a pelear y, como castigo, trasladaron a Manuel a la cárcel de Albocàsser (Castellón II), en aislamiento. Él había estado ya en esa cárcel, quejándose a su familia de que le pegaban los carceleros.
A los diez o doce días, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido el domingo, 22 de octubre, a la una de la madrugada, que el chaval había faltado al recuento y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto. No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Al principio, le dijeron que no sabían cuándo iba a llegar, pero a última hora avisaron de que ya estaba en camino y llegó a Murcia por la tarde, a las 18:30.
Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran los padres, pero sólo ellos. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara. Pero pudieron ver que tenía heridas en ella y marcas de dientes en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: marcas en la barbilla que alguien cercano identificó como muy parecidas a las que deja un “taser” (aparato para aplicar descargas eléctricas); marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; tenia los dedos amoratados y algunas uñas rotas, como si hubiera estado forcejeando para defenderse; el pecho lleno de heridas y cardenales; marcas en el cuello… Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.
Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de una abogada, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con la abogada al juzgado de guardia con ese papel, allí lo denunciaron todo y pidieron una segunda autopsia. Nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción nº 4 de Castellón, que lleva el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de “muerte súbita a estudio”. Tuvieron que oponerse a la orden del juzgado de Castellón para evitar que enterraran el cuerpo sin tener en cuenta los signos evidentes de violencia que presentaba.
La familia se encuentra consternada e indignada por todo lo sucedido. No sólo les han entregado muerto a un muchacho de 28 años recién cumplidos que unos días antes rebosaba salud; les han comunicado la muerte con verdadera brutalidad; se han resistido en todo momento a facilitarles la menor información sobre lo sucedido: llamaran a quien llamaran, todos les daban largas, con burocrática prepotencia y sin ningún respeto por su dolor y ansiedad; cuando ven el cuerpo lo encuentran lleno de huellas de haber sufrido malos tratos; aún no saben nada de los resultados de la primera autopsia… Creen que ha muerto violentamente, a manos de los carceleros, ya que él estaba en aislamiento y no tenía contacto con nadie más. Piensan ir hasta el fondo del asunto y ya han presentado denuncia en el juzgado de guardia de Murcia, aportando las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y exigiendo una segunda autopsia. Su abogada les ha comunicado que esta petición ha sido denegada, en espera de que se conozcan los resultados de la primera autopsia realizada supuestamente en Castellón. Temen que al demorarse tanto la intervención médica, ya no se pueda averiguar lo que ha pasado a través de ella, e incluso que el juzgado ordene antes que el cadáver sea incinerado.
Leemos y comentamos algunos comunicados y reflexiones de nuestros compañeros presxs en lucha. Hablamos del nº 4 del boletín anticarcelario Desde dentro, que acaba de salir. Conversamos con Daniel sobre el próximo estreno del documental «COPEL: una historia de rebeldía y dignidad».
Copiamos una carta enviada al colectivo Fuera Del Orden por la compañera presa en Alemania, que fue acusada de expropiar un banco y condenada por ello a siete años y medio. La carta ha sido publicada en el fanzine anticarcelario Desde Dentro nº 4.
Hola!
(…)
Mi situación actual: Estoy en la misma prisión provisional en Colonia desde que mi sentencia está en revisión, es decir, en custodia de investigación. Estoy en un centro de detención normal, allí me puedo «mover» como todas las demás, participar en actividades, visitar a otras presas en su celda, trabajar, etc. Pero tengo algunas restricciones extra como que no puedo participar en actividades de otros módulos (justificadas por mi «peligro», según mi caso). Además, sigo teniendo el correo controlado, porque todavía buscan otrx «cómplice». (Normalmente casi nadie tiene el correo controlado en el tiempo de revisión). Por lo tanto, se me niegan las llamadas y visitas a largo plazo, a excepción de las llamadas con mi madre, ya que está gravemente enferma. Pero también estas llamadas son supervisadas estrictamente.Por lo demás tenemos una terapia de trabajo con el ordenador («AT-PC»), donde estamos ocupadas con el ordenador e incluso nos pagan por ello. Sin embargo, a menudo no hay terapia.
Tengo una televisión, un reproductor de CD, un reproductor de DVD y un hervidor eléctrico en mi celda y por supuesto algunos libros, un montón de correo, revistas, etc. Cada día me dan el «Junge Welt» y cada dos semanas «La Directa» de Barcelona.
Hay una hora libre diaria, tres horas para visitar a otras presas en su celda (que siempre he utilizado desde el primer día sin excepción), de vez en cuando deporte (también hago deporte diariamente en el patio y en la celda) y por el momento participo en un grupo semanal interesante («Grupo Antiracista», dirigido por la asociación de Colonia contra el racismo). Podemos ducharnos solamente dos veces a la semana (!!!) excepto cuando trabajamos, entonces todos los días.
Hace unos meses, la situación con otras compañeras de prisión era mejor y más solidaria. Ahora somos menos, que estamos unidas y nos apoyamos, pero todavía algunas. La mayoría son «pobrecitas» que no tienen nada ni a nadie, la mayoría se drogan y solo se preocupan de sí mismas. Además hay muchas Sintis, Romas y/o europeas orientales que la mayoría están dentro por trivialidades, algunas de bandas organizadas.
Saludos solidarios y combativos.
Lisa
[box] Para escribir a la compañera:
Lisa – Buchnr.: 2893/16/7
JVA-Koeln (Frauen)
Rochusstrasse 350
50827 Koeln
Deutschland [/box]
Hablamos con una persona de la plataforma de afectados de hepatitis C de Castilla La Mancha y con otra que acaba de salir de la cárcel de Villena, donde esperó inútilmente durante año y medio a que le dieran el tratamiento contra la hepatitis C que tenía prescrito. Nos dan detalles sobre este caso concreto y algún otro parecido y sobre el abandono que sufren aún muchas personas presas enfermas de hepatitis C a quienes la administración carcelera se niega a proporcionar un tratamiento que muchas necesitan con urgencia. Leemos algunos comunicados de compañeros presos en lucha y hablamos también de la situación de «los 9 de Turín», víctimas de un montaje policial del Estado italiano.
Reproducimos la siguiente nota, publicada en www.derechopenitenciario.com, de la acusación particular y popular en el procedimiento contra dos carceleros de la cárcel de Brieva acusados por dos presas de acoso y abusos sexuales. Nos parece interesante para ver cómo funcionan estas cosas, aunque no compartimos el optimismo de quienes lo publican al elogiar la «defensa de los derechos de las personas presas», efectuada supuestamente en este caso, pues nosotros vemos aquí, más bien, cómo se ha construido la impunidad para los asquerosos carceleros violadores, que finalmente se han salido de rositas, con la evidente complicidad del sistema judicial y de la sociedad española, y la indefensión para dos presas migrantes que han sufrido humillaciones y abusos desde el principio hasta el fin de este asunto y se pretende que se den por satisfechas con una seudocondena para sus violadores y torturadores, pues tortura y violación con recochineo es lo que nos parece han cometido los repugnantes funcionarios con estas compañeras, abusando de su extrema vulnerabilidad, y tanto la sentencia como la conformidad previa con ella de las acusaciones nos parecen de una extrema indulgencia, que establece un precedente más de impunidad frente a los abusos de los carceleros.
El 30 de enero de 2014, C., una interna con destino en cocina en la prisión de Brieva fue abordada por un funcionario, M., que era …, quien le propuso mantener relaciones sexuales, hacer un trío junto con la pareja de aquella, E., comentándole que a ésta ya se la había echado un polvo, eso sí rapidito.
Cuando C. volvió a la celda pidió explicaciones a su pareja acerca de lo que le había comentado el funcionario y se enteró todo el módulo de lo sucedido, incluidos los funcionarios y la Dirección.
La Dirección del Centro solicitó a estas internas que formularan por escrito lo sucedido. Ambas refirieron que tenían una situación de acoso desde hacía tiempo y que temían perder sus destinos si lo denunciaban pero estaban hartas. Dicho relato se puso en conocimiento de la DGIP, lo que dio lugar a que acudieran a Brieva dos Inspectores y elaboraran una información reservada, e hicieran la propuesta de abrir un expediente disciplinario al funcionario, suspenderle provisionalmente de funciones y poner en conocimiento de la Fiscalía las actuaciones elaboradas.
Como consecuencia de esa investigación, resultaron con propuesta de apertura de expediente y puesta en conocimiento de la Fiscalía un total de cuatro funcionarios.
Esta denuncia dio lugar al Procedimiento Abreviado 341/14, que se siguió en el Juzgado de Instrucción nº 1 de Ávila, practicadas diligencias la Magistrada dictó un Auto de sobreseimiento el 18 de diciembre de 2015 por entender que existían versiones contradictorias y no estaban acreditados los hechos objeto de denuncia.
La acusación particular y popular ejercida por la Asociación Clara Campoamor, recurrió el Auto de archivo y la Audiencia Provincial de Ávila revocó en parte, ordenando se siguieran las diligencias contra dos de los funcionarios M. y N. contra los que el Juzgado dictó Auto de Transformación por abusos sexuales.
El Mº Fiscal calificó los hechos de delito continuado del art. 443.2 y la acusación particular y popular como constitutivo del art. 443.2 y 181.2.
En septiembre de 2017 se señaló la vista y resultó una sentencia de conformidad para M. un año de prisión y seis de inhabilitación, como autor de un delito continuado del art. 443.2 y para N. un año y medio de prisión y seis años de inhabilitación como autor de un delito continuado del art. 443.2, accesorias y costas.
Señalar que la instrucción fue laboriosa pues E., que tenía autorizado desde 2013 el traslado a su país, Brasil, tardó más de un año en conseguirlo, pues a instancia del abogado de un funcionario la Juez ordenó suspender el traslado, recurrido el Auto, se revocó y se hizo prueba preconstituída.
Las declaraciones de las presas denunciantes se grabaron y terminaron en el programa de Ana Rosa Quintana, lo que motivó que tuvieran temor a seguir denunciando pues se sintieron muy vulnerables, pidiendo el traslado a otro Centro Penitenciario.
El Auto de archivo fue para ellas poner en duda lo que referían, por lo que aunque ya no estén en España, eran extranjeras y han sido expulsadas, ha quedado acreditado que eran víctimas de acoso, que no mentían.