Manuel Fernández Giménez, estaba cumpliendo condena en primer grado en la cárcel de Villena (Alicante II). Tuvo un problema con otro preso al que había prestado una tele y no se la quería devolver, y se pelearon. La madre de Manuel habló con el director de la cárcel y le pidió que trasladaran su hijo a otro módulo para evitar más enfrentamientos. El director le dijo que no podía hacer nada, que se arreglaran entre ellos. Se volvieron a pelear y, como castigo, trasladaron a Manuel a la cárcel de Albocàsser (Castellón II), en aislamiento. Él había estado ya en esa cárcel, quejándose a su familia de que le pegaban los carceleros.
A los diez o doce días, llamaron por teléfono a su madre, diciéndole que Manuel había fallecido el domingo, 22 de octubre, a la una de la madrugada, que el chaval había faltado al recuento y que habían ido a la celda que ocupaba y lo habían encontrado muerto. No le dieron ninguna otra información más que el teléfono de la funeraria. La madre habló con algún empleado de la misma que le preguntó si quería que trasladaran el cuerpo de Manuel a Murcia y ella le dijo que sí. Al principio, le dijeron que no sabían cuándo iba a llegar, pero a última hora avisaron de que ya estaba en camino y llegó a Murcia por la tarde, a las 18:30.
Cuando llegó el cuerpo, los empleados de la funeraria no les querían dejar verlo. Después de insistir, consintieron en que lo vieran los padres, pero sólo ellos. Estaba tapado hasta el cuello, de manera que sólo se le veía la cara. Pero pudieron ver que tenía heridas en ella y marcas de dientes en la frente. Exigieron que lo destaparan y pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo: marcas en la barbilla que alguien cercano identificó como muy parecidas a las que deja un “taser” (aparato para aplicar descargas eléctricas); marcas de esposas y ataduras en muñecas y brazos, y también en los tobillos; tenia los dedos amoratados y algunas uñas rotas, como si hubiera estado forcejeando para defenderse; el pecho lleno de heridas y cardenales; marcas en el cuello… Hicieron fotos de todo y llamaron a la policía nacional para que vieran aquello. Vinieron cuatro agentes, pero se negaron a mirar siquiera el cuerpo, diciendo que no era cosa suya al haberse producido la muerte en Castellón.
Los empleados de la funeraria no trajeron ningún papel, ni certificado de defunción, ni informe de la autopsia, ni nada. Les tuvieron que exigir algún documento que certificara la situación, a través de una abogada, ya que se negaban a entregarlo, y les dieron un acta de enterramiento. Fueron con la abogada al juzgado de guardia con ese papel, allí lo denunciaron todo y pidieron una segunda autopsia. Nombraron una procuradora para pedir los documentos en el juzgado de instrucción nº 4 de Castellón, que lleva el caso. Llegó un papel que solamente decía que autorizaban a enterrar el cuerpo y que había muerto en Albocàsser de “muerte súbita a estudio”. Tuvieron que oponerse a la orden del juzgado de Castellón para evitar que enterraran el cuerpo sin tener en cuenta los signos evidentes de violencia que presentaba.
La familia se encuentra consternada e indignada por todo lo sucedido. No sólo les han entregado muerto a un muchacho de 28 años recién cumplidos que unos días antes rebosaba salud; les han comunicado la muerte con verdadera brutalidad; se han resistido en todo momento a facilitarles la menor información sobre lo sucedido: llamaran a quien llamaran, todos les daban largas, con burocrática prepotencia y sin ningún respeto por su dolor y ansiedad; cuando ven el cuerpo lo encuentran lleno de huellas de haber sufrido malos tratos; aún no saben nada de los resultados de la primera autopsia… Creen que ha muerto violentamente, a manos de los carceleros, ya que él estaba en aislamiento y no tenía contacto con nadie más. Piensan ir hasta el fondo del asunto y ya han presentado denuncia en el juzgado de guardia de Murcia, aportando las fotos de las lesiones que presentaba el cuerpo y exigiendo una segunda autopsia. Su abogada les ha comunicado que esta petición ha sido denegada, en espera de que se conozcan los resultados de la primera autopsia realizada supuestamente en Castellón. Temen que al demorarse tanto la intervención médica, ya no se pueda averiguar lo que ha pasado a través de ella, e incluso que el juzgado ordene antes que el cadáver sea incinerado.
