Aunque haya muchos otros tipos de condicionamiento social y político, el Estado es fundamentalmente violencia, coacción, amenaza sobre la población que pulula dentro de sus fronteras para obligarla a adaptarse a unas condiciones determinadas de dominación y explotación. El sistema penal es la compleja tecnología social en la que se organiza esa violencia, esa coacción y esa amenaza. Su función principal es regularizar las conductas, vigilar y neutralizar a la gente refractaria, tipifican-do y reprimiendo las desviaciones, identificando y aislando a la porción de la población que incurre en ellas, sometiéndola a unos mecanismos de control y castigo que la debiliten, por desgaste y por miedo, y la hagan previsible. O, por lo menos, tenerla controlada como anomalía, en una situación que se pueda administrar y explotar. Puesto que el mundo capitalista no puede ni quiere ofrecer verdaderos incentivos positivos para ese proceso de “reinserción”, y que siempre habrá un gran número de individuos con claros motivos para buscarse la vida por su cuenta o ir contracorriente, la integración en la vida social de los supuestos desviados consistirá necesariamente en un debilita-miento subjetivo, que les ponga, permanentemente a ser posible, en posiciones de humillación y dependencia, haciéndoles representar ante los sumisos el pecado castigado, la inviabilidad de la rebeldía, de la libre autodeterminación. La cárcel, el castigo por excelencia para quienes son atrapados desobedeciendo las leyes penales, además de un negocio, es un arma, un antagonismo, tecnología coercitiva, violencia organizada para dominar y, si no, destruir a una clase de gente, la de quienes no ofrecen al sistema social la suficiente “seguridad cognitiva”, como dicen los teóricos del “derecho penal del enemigo”.
Ofrecer una visión de conjunto de lo que está pasando ahora mismo en las cárceles del Estado español sería una tarea amplia y compleja. Y tampoco nos interesa a nosotros hacerlo desde un punto de vista supuestamente objetivo, “científico” (antropológico, sociológico, jurídico…), o desde una óptica autodenominada moral, humanitaria, describiendo la catástrofe y lamentándonos por ella, como hace la sociedad del espectáculo con todos los desastres que ella misma provoca. Y menos aún ninguna perspectiva integracionista, asistencialista o garantista, basada en los “derechos y libertades fundamentales” proclamadas por el régimen político imperante, ni siquiera una perspectiva abolicionista. Porque nos resulta repugnante la hipocresía democrático-humanista que todas ellas comparten y que tanto contribuye a justificar la dictadura del Capital. Un Estado capitalista sin poder punitivo nos parece aún más utópico que la misma anarquía, y nada deseable, ya que lo único que podría hacer posible un capitalismo sin coacción penal sería la extensión e intensificación hasta el absoluto de la servidumbre voluntaria, el logro de un objetivo soñado y ya casi totalmente logrado por la dominación: que todo el mundo obedezca pensando que es libre y que hace lo que ha decidido que le conviene, que sus deseos y las maneras de alcanzarlos no desborden en ningún momento los cauces estatales y mercantiles.
Para nosotros, no se trata de discutir con los agentes de la dominación sobre cómo debe ser ejercida, sino de acabar con ella, o al menos de minarla, de ir haciendo una labor de zapa, de sabotaje. La nuestra es una perspectiva anarquista, que ve el sistema penal como un momento fundamental del régimen de dominación y explotación al que vivimos sometidos, debilitando el cual se debilita también éste, y viceversa. Además de que nos parece imposible enfrentarse a ese régimen soslayando sus mecanismos de control y represión. Estamos hablando de una máquina social, que hace de los individuos humanos piezas suyas, o más bien, hace uso de nuestros órganos, de nuestras células, de nuestras neuronas, se vale de nuestros miedos, de nuestros odios, de nuestros deseos… para funcionar. Y esos espacios subjetivos están directamente a nuestro alcance, es responsabilidad nuestra lo que haya en ellos. El sistema punitivo es un mecanismo de dominación y queremos que nuestra perspectiva sea la de la resistencia contra él, pero no una resistencia testimonial, ideológica, sino una resistencia efectiva, real. La que haya, por débil que sea, pero real. Ese es el punto de vista que nos interesa, el único que nos parece digno adoptar. La cárcel es una lucha, es lucha de la máquina de guerra punitiva contra la gente que tiene atrapada, y la gente se defiende, porque está viva. Así que en la cárcel hay siempre lucha, un conflicto permanente. Pero nosotros, cuando hablamos de “lucha anticarcelaria”, queremos hablar de una lucha social anticarcelaria, una lucha solidaria de los oprimidos contra la opresión.
La lucha contra el FIES como marco de referencia
Para enfocar la situación presente dentro de las coordenadas generales esbozadas, hemos escogido como referencia la lucha contra el FIES. Sobre todo, porque las fuerzas sociales capaces de afrontar problemas como el que estamos intentando plantear no surgen por generación espontanea y desaparecen sin dejar rastro, en un instante, sino que vienen de lejos. Como el Estado y el Capital, que medran dominándolas y explotándolas, y sin abolir los cuales no se puede neutralizar el aspecto punitivo de su poder. El desarrollo del régimen totalitario de dominación y explotación imperante ha abarcado toda una época y aún está en pleno auge. Para considerar seriamente las condiciones de existencia de una colectividad consciente –equiparable al “proletariado revolucionario” o al “movimiento anarquista”–, capaz de hacerle frente, si queremos identificarnos con ella para darle continuidad en el tiempo y en nuestras vidas, necesitamos una perspectiva histórica que permita reflexionar sobre su origen, vicisitudes y manifestaciones, sus momentos de evolución y regresión, sus derrotas y sus victorias, sus aciertos y sus errores, para potenciar los unos y minimizar los otros.
