La Devaluación Más Actual Que Nunca De Los “Derechos” Y “Libertades” De Las Personas Presas Por La Máquina Carcelaria

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Ayer salió publicado en la página web de La Directa el siguiente artículo donde se denuncia que, de 35 ejemplares enviados a personas presas del número se esa revista donde se hablaba de la convocatoria de la huelga de hambre colectiva del pasado mayo, no se tiene noticia de que haya llegado a su destinatario ni una sola. Lo único que se sabe, de momento, es que en una ocasión el envío ha sido retenido por los carceleros con la “motivación” comodín habitual de que su contenido “tiene como objetivo la desestabilización de los centros penitenciarios”. No sólo esa limitación arbitraria de la “libertad de información” de las personas presas, sino también el hecho de que unas actividades perfectamente pacíficas y legales como los ayunos y huelgas de hambre, dirigidas a reivindicar que al menos se cumpla la legalidad vigente, se considere que ponen en peligro el “orden penitenciario”, demuestran que ese orden, con la “relación  de sujeción especial” de las personas presas con respecto al Estado que implica, no tiene por finalidad la “rehabilitación” de quienes lo padecen, sino su degradación más o menos progresiva, la devaluación de sus derechos, “la construcción jurídica de un ciudadano de segunda categoría”, como dice Iñaki Rivera Beiras, consultado al respecto en el artículo que va a continuación, y el sometimiento, más o menos permanente, más o menos revisable, de las personas presas a unas condiciones de vida infrahumanas.

Una notificación recibida por uno de los presos informa que la publicación ha sido retenida porque su contenido “tiene como objetivo la desestabilización del sistema penitenciario” y por lo tanto, la dirección del centro “considera no conveniente la suya entrega”

El número 451 de la Directa -publicado el pasado 4 de abril- incluía el reportaje “Se reaviva la lucha dentro de los muros”, que explicaba la propuesta de lucha colectiva que un grupo de presos y presas en diferentes centros penitenciarios del Estado español habían emprendido, con el objetivo de visibilitzar y denunciar las constantes vulneraciones que sufren diariamente a las prisiones. Para elaborarlo, la Directa contactó por carta con una cuarentena de reclusos que participaban en la propuesta de lucha y que colaboraron explicando sus experiencias y aportando testimonios de primera mano. Una vez publicado el reportaje, y como hacemosl habitualmente, desde el colectivo se decidió enviar la publicación a todas las personas que habían colaborado -entre ellas, los 35 presos que nos habían hecho llegar sus testimonios. Hasta hoy, no teníamos constancia de que nadie hubiera recibido la publicación, a pesar de que hace más de dos meses que se envió, ni tampoco se nos había devuelto ningún ejemplar o enviado ninguna notificación por parte de Instituciones Penitenciarias. Gracias a un documento de intervención de correspondencia que nos hace llegar el abogado de uno de los presos, ahora ya sabemos los motivos por los cuales la Directa ha sido “intervenida”.

Según la notificación, firmada por el subdirector de seguridad del centro, el contenido de la publicación “tiene como objetivo la desestabilización del sistema penitenciario”, y por lo tanto la dirección del centro “considera no conveniente su entrega”. Para justificar esta acción se ampara con los artículos 51.5 de la Ley Orgánica Penitenciaria y el 128.2 del vigente Reglamento Penitenciario. Según las normativas, las únicas publicaciones que pueden ser vetadas son las que “no cuentan con depósito legal o pie de imprenta” -que no es el caso de la Directa-, o aquellas que “atentan contra la seguridad y el buen orden del centro”. En este caso, la responsabilidad recae sobre la dirección del centro en cuestión, y se tiene que notificar resolución tanto al interno como al juez de vigilancia. De todas las publicaciones enviadas a un total de 35 reclusos encerrados en once centros penitenciarios diferentes de todo el Estado español, sólo tenemos constancia de esta notificación, a pesar de que ningún otro interno haya recibido la Directa. Algunos de ellos, incluso nos han contactado por carta para pedirnos explicaciones sobre por qué no habíamos enviado el número.

Una censura encubierta

A pesar de que el derecho a la libertad de prensa es un derecho constitucional para todo el mundo y que, por lo tanto, tendría que ser respetado también dentro de los centros penitenciarios, la realidad se muy diferente. Según Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universitat de Barcelona, “hace mucho tiempo que se aplica la censura de publicaciones dentro de las prisiones y para justificarlo siempre se utilizan conceptos muy poco claros, normalmente bajo la excusa de que atentan contra la seguridad del centro”. El de la Directa -explica- es un caso muy claro “de atentado contra la libertad de expresión e información del preso porque no podrá recibir una publicación, que es completamente legal, por su situación de interno”.

Para Rivera, toda esta relación entre el recluso y las Instituciones Penitenciarias entra dentro de la teoría de sujeción especial, en la que el interno tiene una posición de inferioridad y subordinación a la institución que le obliga a acatar una serie de normas y reglamentos y a someterse a un régimen disciplinario: “esta situación perpetúa la desigualdad y la devaluación de los derechos de las personas privadas de libertad, y en el caso de la libertad de prensa, se trata de una vulneración más de todas las que ya sufren los presos diariamente”.

A última hora de la tarde del lunes, el senador de Euskal Herria Bildu Jon Iñarritu presentó una pregunta escrita a la cámara alta solicitando información sobre este veto. El miembro del grupo mixto en el Senado ha formulado un total de tres peguntas –que también tendrán que ser contestadas por escrito– dónde en primer lugar demanda la razón por la cual Instituciones Penitenciarias considera que la Directa tiene como objetivo “desestabilizar el sistema penitenciario”, requiriendo los artículos que justificarían la medida. En segundo término, Iñarritu pregunta en qué centros penitenciarios se ha retenido la publicación y para acabar reclama un listado de las ocasiones en las cuales se han llevado a cabo la misma práctica durante la última década.

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