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Vicente Soriano fue detenido “ilegalmente” por la Guardia Civil tras negarse a presidir una mesa electoral por motivos ideológicos. Ahora, la fiscalía pide una pena-multa por su acción de desobediencia

“Una cuestión ética y el ser consecuente conmigo mismo”. Estas han sido dos de las razones que llevaron Vicente Soriano a desobedecer la designación de la Junta Electoral de Zona para ser presidente de una mesa electoral en Albaida –la Vall d´Albaida– en las elecciones municipales y autonómicas, en mayo del año pasado.

Dentro del término de alegaciones correspondiente, Soriano respondió a la designación de la Junta Electoral de Zona con una carta en la que alegaba una “cuestión de principios”, declarándose “ideológicamente como anarquista”. En su escrito exponía que no quería participar de un sistema que “desvía dinero público a fines privados”, que “destina ingentes cantidades de euros a la represión y la muerte”. Además, acusaba a las instituciones de “estar alejadas de la realidad social del día a día, sin dar opción a afrontarla de manera colectiva, privándonos de nuestra responsabilidad y empoderamiento mutuo para reconducir nuestras vidas”. Y señalaba que “la corrupción del sistema es intrínseca a él”.

La respuesta de la Junta Electoral fue breve y concreta. Soriano incurriría en un delito electoral, “por abandono o incumplimiento en las Mesas electorales”, y debería enfrentarse a una “pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a veinticuatro meses”. Tras los hechos se puso en contacto con personas y colectivos que habían emprendido iniciativas similares de insumisión y desobediencia civil. Es el caso del colectivo antimilitarista Tortuga en Elche o de Des-censo electoral en Euskadi, que son reflejo del incipiente movimiento de insumisión electoral en el ámbito estatal.

Reproducimos el texto de un correo que hemos recibido, donde se explica muy claramente cuál es la situación actual del compañero Gabriel Pombo Da Silva, preso en la cárcel de Dueñas cuando legalmente debería estar ya en la calle, así como las artimañas de las administraciones carcelaria y judicial para justificar su negativa a excarcelarlo, lo que están haciendo sus defensores para contrarrestarlas y la necesidad de apoyar precisamente ahora al compañero poniendo en evidencia la mala fe del Estado español y su intención de mantener a Gabriel preso incluso contra sus propias leyes. Se trata de hacer lo que podamos para atraer la atención sobre el abuso que se quiere cometer contra el compañero y presionar para que lo suelten lo antes posible.

Hola compas, voy a intentar resumiros lo más claramente posible la semana tanto caótica como muy tensa que tuvo que pasar Gabriel. Como sabéis, hace unos meses se denunció a las autoridades alemanas el hecho de que en España se le hacía cumplir la condena de 30 años impuesta por la audiencia de Girona, mientras él había sido extraditado de Alemania a raíz de una euroorden emitida por el tribunal de Albacete para la condena de 3 años y 7 meses que tenía pendiente allí. Cuando la extradición él se acogió al principio de especialidad que estipula que las autoridades alemanes autorizan la extradición solo por el motivo mencionado en la euroorden.

Al recibir la denuncia por parte del abogado alemán con los datos  confirmando que le estaban haciendo cumplir otra condena en España, la Fiscalía de Colonia se dirigió al tribunal de Albacete para recordarle que por el principio de especialidad que rige los acuerdos europeos la extradición se había concedido para su condena y que por lo tanto es esta condena la que tendría que estar cumpliendo ahora mismo. En paralelo los abogados españoles hicieron los debidos trámites hacia la audiencia de Albacete. Hace dos semanas esta misma audiencia reconoció los fundamentos legales de estos recursos y confirmó que Gabriel estaba cumpliendo su condena por lo cual tendría lógicamente que ser excarcelado al final de dicha pena, o sea el 2 de septiembre. Pero al mismo tiempo que se le notificaba a Gabriel esta decisión, se avisaba a la audiencia de Girona de la situación, la cual se dirigió en seguida al fiscal para preguntar cómo se podía ”legalizar” la situación de Gabriel para que cumpla la condena larga de 30 años.