Después de 24 años de prisión Jean Marc Rouillan, ex miembro de Action Directe, sale en libertad condicional el jueves 19 [en realidad, en semilibertad]. Rouillan está bien de salud, tanto física como psicológicamente, y no ha renunciado nunca a sus ideales. El activista ha sufrido más de 10 años de reclusión en aislamiento, 7 años en un solo periodo, entre otras vejaciones que ha sido denunciadas a lo largo de los años por sus familiares y amigos y por los grupos de apoyo que ahora celebran verlo en libertad. La justicia francesa y los medios oficiales le han exigido durante años que se arrepintiera y renunciara a hablar de su pasado, pero no lo han conseguido.
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Las negociaciones entre ETA y el gobierno que se están produciendo de un tiempo a esta parte incluyen contrapartidas al abandono de la lucha armada por parte de la organización militar nacionalista que sirvan al mismo tiempo de incentivo para la integración de la izquierda abertzale en el “partido del orden” democrático. Una de esas contrapartidas, exigida tradicionalmente por los nacionalistas radicales como una de sus principales reivindicaciones, sería la eventual liberación de sus presos. El gobierno no puede dictar legalmente una amnistía, lo que sí puede hacer es dejar sin efecto, una vez alcanzada la “pacificación”, algunas de las medidas de “política criminal” dictadas en la “guerra contra el terrorismo” .
De acuerdo con el número 7 del artículo 130 del Código Penal la prescripción de la pena o de la medida de seguridad es una de las causas por las que se extingue la responsabilidad criminal.
El Tribunal Constitucional no emitirá un único pronunciamiento que avale o revoque la doctrina establecida por el Supremo, sino que resolverá «caso por caso» cada uno de los recursos de las personas condenadas a las que se ha aplicado esta medida que alarga la condena hasta los 30 años y que ha afectado ya a más de 60 prisioneros políticos vascos.
«El hecho de prolongar una pena sin que tenga fecha límite es insoportable humanamente hablando. Aunque la salida sea al cabo de 30 años, por lo menos hay una fecha fijada, el preso ve el final. Pero en este caso no hay límite. Es por ello que los propios presos comunes bautizaron la cadena perpetua como «pena de muerte lenta». Es una política de destrucción del individuo que no tiene nada que ver con la justicia, sino con la crueldad.»
(Ursoa Parot, hermana de Ion kepa y Unai Parot)
Cada persona y cada cárcel es distinta. Las cárceles andaluzas me parecieron las más duras. Principalmente las diferencias se notan en la comida y en la atención médica. Estamos en manos de los funcionarios y de los directores de las cárceles. La situación para los presos varia mucho, hay muchos presos enfermos, la gente va envejeciendo. Yo por ejemplo antes no tomaba ni una pastilla y ahora tomo 12 diarias. Tu salud depende del médico de la prisión y en cada prisión es diferente.
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias lo confirmaba hace sólo unos días: el entramado O´Belén comenzará a beneficiarse del esfuerzo gratuito de aquellos adultos que sean condenados a realizar «trabajos en beneficio a la comunidad». De esta forma, la entidad exponente en la privatización de los centros de reclusión de menores da el salto al más jugoso aún sistema penal de adultos. En este caso, O´Belén se sirve de su condición de «entidad sin ánimo de lucro» para poder solicitar condenados, que son asignados en puestos que van desde auxiliar administrativo hasta personal de mantenimiento.
Según La Vanguardia, Amnistía Internacional ha denunciado este viernes, en su Informe Anual 2011 (Ver informe referido a España) sobre El estado de los Derechos Humanos en el Mundo, que en España persisten las «torturas y malos tratos» y que las investigaciones sobre ellas «siguen siendo inadecuadas». Además, la organización ha criticado que España «no escuche» las recomendaciones de la ONU y otros organismos internacionales sobre la definición de tortura que figura en el Código Penal , que distingue entre atentado «grave» de tortura y atentado que no es grave, y se niegue a abolir la detención en régimen de incomunicación. En el apartado sobre España, el informe destaca que han continuado las denuncias de tortura y malos tratos a manos de «funcionarios encargados de hacer cumplir la ley» y que no se han tomado medidas para recopilar y publicar datos sobre los casos que pudieran suponer violaciones de los derechos Humanos de personas bajo custodia policial. El informe detalla asimismo varios casos en los que denuncias de torturas y malos tratos se han desestimado o cerrado sin profundizar en la investigación de los hechos. Otro apartado destacado en el informe es el relativo a los Derechos de la Infancia, en concreto sobre el internamiento de menores con problemas sociales o de conducta en centros en los que se producen casos de «castigos corporales, aislamiento, prescripción indebida de medicamentos y asistencia médica insuficiente».
No es que tengamos ni una pizca de fe en las instituciones supranacionales europeas para la prevención de la torura, pero es interesante observar como el gobierno español recurre a esos mecanismos internacionales de legitimación y lavado de cara para asegurarse impunidad y manos libres en la elección de los medios con que garantizar, no la vigencia de los derechos humanos, sino la del régimen de dominación al que todos esas “administraciones” sirven. Lo mismo que, como hemos visto, hace dentro de las fronteras del Estado español al designar «Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT)» a la Oficina del Defensor del Pueblo español, institución cuya actuación en este campo ha consistido, desde su creación en 1981, en ocultar la existencia de esa lacra en lugar de combatirla [ver artículo sobre el tema]. En este caso se trata de la designación por el gobierno, sin publicidad ni consulta, es decir, saltándose los preceptos formales correspondientes, del “juez estrella antiterrorista” Baltasar Garzón como integrante de la terna de candidatos a miembro del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa (CPT), encargado de vigilar que no se cometan torturas. Un verdadero escarnio encomendar esta función a un magistrado de la Audiencia Nacional, tribunal de excepción que utiliza sistemáticamente la detención incomunicada, la cual ha sido denunciada como un espacio de impunidad que permite la existencia de las torturas y restringe derechos fundamentales de las personas detenidas por numerosos organismos internacionales (entre ellos la propia CPT) y relatores de la ONU, que han recomendado asímismo que los delitos de terrorismo también fuesen juzgados por los jueces naturales y no por la Audiencia nacional, como garantía del respeto de los derechos humanos de las personas detenidas. Muchas de las que lo han sido por orden de Garzón han denunciado torturas sin que este juez haya facilitado lo más mínimo la tramitación de las denuncias. Por razones como estas, una serie de asociaciones y colectivos han firmado una carta protestando contra esa candidatura.
Desde el pasado lunes, día 2 de Mayo, Gabriel Pombo Da Silva, compañero anarquista preso en la cárcel de Aachen (Aquisgrán, Alemania), se encuentra en completo aislamiento, mayor, si cabe, del que ya venía soportando. Tras tres horas de registro a su celda por parte de una docena de carceleros bien dispuestos a romperlo todo haciendo que buscaban algo, y varios partes disciplinarios, así acaba por ahora la pataleta del nuevo jefe de servicios, Stelten, emperrado en ganarse medallas reduciendo a un irreductible.